La trama que hoy tiene bajo férreo cuestionamiento a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y al director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, citado al Congreso para dar explicaciones, y que ha sido leída como trama pasional, en realidad esconde una disputa clave para la institucionalidad democrática del país: el control de la policía y del aparato de seguridad que ejecuta el combate al crimen organizado y que también permite el acceso al flujo de información de las causas más sensibles para el poder político y económico.
La disputa por el control de la PDI comenzó mucho antes de que en enero pasado la exjefa de Inteligencia, Consuelo Peña, ordenara el traslado de cuatro funcionarios que trabajaban junto a Steinert cuando ella era Fiscal Regional de Tarapacá y que provocó el enojo de la ahora ministra, lo que ha sido señalado como el origen del conflicto.
Ya durante el segundo semestre del año pasado el alto mando de la policía civil detectó una operación para desprestigiar a Peña, y también al jefe máximo de la PDI, Eduardo Cerna. Y en esa operación, señalaron altas fuentes de la policía civil, estuvieron involucrados los mismos oficiales que rodean a la ministra de Seguridad.
En esos meses de 2025, varios medios de comunicación recibieron antecedentes reservados sobre una causa penal por tráfico de drogas en la que estaba —y aún está— involucrado el hijo de la prefecto Peña. La información venía acompañada de comentarios referentes a supuestas acciones de la exjefa de Inteligencia para interferir en esa indagatoria, y de la complicidad de Cerna para cuidar a una oficial en la que depositaba su mayor confianza.
La investigación de Reportea —basada en entrevistas con altas fuentes de La Moneda, la fiscalía, personas vinculadas a esa causa, la PDI, además de otros antecedentes acumulados desde noviembre del año pasado—, muestra un cuadro de aguda disputa al interior de la policía civil.
Ese flujo continuo de información referido a denuncias cruzadas al interior de la policía, apunta a que la crisis desatada entre Steinert y la PDI no se originó por el enojo de la ahora ministra porque uno de los funcionarios trasladados en Tarapacá sería su pareja, que es el comentario que ha circulado profusamente —incluso con videos— en redes sociales, en el Congreso y también en medios de comunicación.
Lo que sí es efectivo es la dimensión que adquirió este conflicto —hasta entonces soterrado—, apenas Steinert asumió como nueva ministra de Seguridad del gobierno de José Antonio Kast. Dos días después del 11 de marzo recién pasado, la ahora ministra envió un oficio a la PDI solicitando información sobre el traslado de los cuatro funcionarios que trabajaban junto a ella en Tarapacá, tal como reveló radio Biobío. Un día después de que recibió la respuesta a ese oficio, el 20 de marzo, la ministra que tiene bajo su control a ambas policías, convocó al director Eduardo Cerna y le ordenó que cursara el retiro de la jefa de Inteligencia, Consuelo Peña.
Una alta fuente de La Moneda confidenció a Reportea en estos días, que la razón esgrimida por Steinert para justificar esa orden, fue la causa penal en la que está involucrado el hijo de la ahora exjefa de Inteligencia. Los argumentos son prácticamente calcados a los difundidos por el grupo de oficiales críticos de Cerna durante el segundo semestre del año pasado, y que fueron detectados por el alto mando policial.
Incluso en la PDI, la fiscalía y La Moneda ha circulado la información de que Steinert se habría comunicado con funcionarios de la Fiscalía Regional de Los Ríos, donde se tramita la causa penal donde aparece el hijo de Peña, para solicitar antecedentes de esa indagatoria. Consultada esa fiscalía, indicaron que, al menos, la Fiscal Regional Tatiana Esquivel no recibió ningún llamado solicitando antecedentes sobre esa causa.
Otro elemento clave y desconocido en esta historia es la incorporación al gobierno de dos oficiales de la PDI que, señalan desde el alto mando de la policía civil, forman parte del grupo que le ha hecho la guerra a Cerna, y a quienes dentro de la institución denominan “Los Lobos”, debido a que en su gran mayoría provienen de la Brigada Antinarcóticos, cuya insignia es el rostro de un lobo gris. El mismo grupo al que pertenecían los oficiales que trabajaban con la entonces fiscal Steinert en Iquique y que fueron trasladados.
Uno es Marcelo Atala, llamado a retiro en febrero de 2025 cuando era el jefe de la Prefectura Antinarcóticos de la Macrozona Norte. Fue nombrado por Steinert como jefe de la División de Crimen Organizado de la Subsecretaría de Seguridad Pública. El segundo es Paulo Contreras, ex Inspector General de la institución, llamado a retiro por Cerna a fines de 2024, y que acaba de incorporarse a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).
Paulo Contreras era un oficial de la mayor confianza de Héctor Espinoza, el exdirector general de la PDI que acaba de ser condenado por hechos de corrupción, y que además mantenía una relación cercana con Luis Hermosilla, quien fue abogado de Espinosa y nexo con el otro exjefe de la PDI caído en desgracia, Sergio Muñoz, condenado por la justicia por filtrar antecedentes reservados al mismo Hermosilla, relacionados con causas políticamente sensibles, como la compraventa de la minera Dominga y otras que afectaban al Presidente Sebastián Piñera.
Tanto Atala como Contreras fueron llamados a retiro luego de cumplir más de 30 años de servicio, aunque al interior de la PDI para nadie es un misterio que ejercían una dura oposición a la gestión de Eduardo Cerna, quien asumió la dirección de la policía en marzo de 2024, en medio de la crisis desatada por los escándalos protagonizados por sus antecesores.
Quienes en el Congreso, la fiscalía y la misma PDI miran con preocupación la ofensiva liderada por Steinert, indican que otro foco de alarma lo constituye el desmantelamiento que realizó la ministra de la Unidad Estratégica que funcionaba en el ministerio, que estaba constituida por personal técnico, y que tenía como objetivo centralizar y coordinar la información proveniente de las distintas instituciones que forman parte del Sistema de Seguridad Pública, según revelóLa Tercera. La pregunta que ronda ahora entre los actores que componen ese sistema, es quién tendrá el acceso para controlar y gestionar esa información.
Cerna contra la pared
La situación actual de Cerna es en extremo delicada. Tanto la ministra Steinert como el Presidente Kast han señalado a la prensa que la decisión de solicitar la renuncia de Consuelo Peña fue del jefe de la policía, lo que no es cierto. Cerna hoy está citado a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados para aclarar el episodio. En La Moneda creen que tiene dos posibilidades: o desmiente al Presidente —y a Trinidad Steinert— y cuenta la verdad, lo que lo dejaría automáticamente fuera de la institución, o avala la versión entregada por el gobierno, lo que lo deja menoscabado frente al personal de su alicaída institución ya afectada en su médula por problemas de corrupción de sus antecesores. El escenario perfecto para quienes buscan dejarlo fuera de la PDI.
Tanto el grupo de oficiales críticos de su gestión, como los actuales habitantes de La Moneda, comparten la inquietud de una supuesta cercanía de Cerna y sus oficiales de confianza con las autoridades del gobierno anterior. Fuentes cercanas a quienes desde el interior de la PDI critican la conducción del director general, incluso comentan que Consuelo Peña y Cerna serían muy cercanos a Cristina Vilches, la oficial de Inteligencia que debió abandonar su cargo en medio del caso Monsalve. Incluso indican que una de ellas habría mantenido una amistad muy cercana con unos de los ministros del gabinete político de Boric.
Ese parece ser un patrón común en esta historia: atribuir vínculos amorosos para tapar una disputa de poder y de control institucional.
La ministra Steinert no respondió preguntas para este reportaje, aunque desde su círculo cercano reforzaron lo que ella ha señalado en público respecto de la renuncia de Consuelo Peña: “Fue una decisión institucional, solicitada por la PDI”.
También negaron que ella haya realizado alguna solicitud a la Fiscalía de Los Ríos respecto de la causa penal que afecta al hijo de Peña. Consultados sobre las conversaciones que la ministra sostuvo con Eduardo Cerna referente a esta historia, indicaron que “referirse a conversaciones privadas sin autorización de las partes no es posible realizar”. Y respecto a cuando conoció Steinert la situación del hijo de la exjefa de Inteligencia policial, señalaron que se trata de un “caso de conocimiento público, cubierto por distintos medios de comunicación”.
Desde comunicaciones de la PDI no estuvieron disponibles para realizar comentarios sobre estos hechos.
Alerta de contrainteligencia
Cuando la ministra Steinert aún era la Fiscal Regional de Tarapacá, dejó huellas del enojo que le produjo el traslado de los cuatro funcionarios de la PDI que trabajaron codo a codo con ella en la exitosa investigación al “Clan Chen” (banda de origen chino) que se dedicaba a las estafas transnacionales, y que fue desbaratado el 9 de enero pasado luego de masivos allanamientos en Iquique, Alto Hospicio y Santiago.
Los cuatro funcionarios fueron trasladados a distintas regiones del país dos días después de ese operativo, por orden de la entonces jefa de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, debido a alertas de contrainteligencia que apuntaban a posibles actos de corrupción en que estarían involucrados.
Según confidenciaron a Reportea fuentes de la PDI, la fiscalía y La Moneda, Consuelo Peña manejaba antecedentes que activaron una alerta por eventuales faltas a la probidad. En concreto, un plan para repartirse bienes que fueran hallados al interior de las casas allanadas ese 9 de enero. Y aunque según la información que se maneja hasta ahora esa alerta no implicó una denuncia formal a la justicia, sí se tomó la decisión de separar al grupo.
Fuentes cercanas a los cuatro funcionarios trasladados, indicaron para este reportaje que ellos sabían que hace tiempo venían siendo monitoreados por contrainteligencia, un área que estaba bajo el control de Peña, y que por lo mismo durante el operativo tomaron precauciones. Una de ellas fue evitar que sus integrantes participaran directamente en los allanamientos. Ellos niegan cualquier hecho de corrupción asociado a su labor policial.
Steinert no disimuló su enojo. Realizó varios llamados al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, para que intercediera ante Eduardo Cerna, pero la decisión del traslado se mantuvo.
Valencia señaló en entrevista con radio Cooperativa que “la fiscal steinert me plantea su preocupación por el cambio del equipo durante una etapa importante del procedimiento (…) tomé contacto con el director Cerna, le transmití este asunto, esta preocupación, tuvimos una conversación y entendí perfectamente que había razones propias de aquellas que son relevantes para su institución que justificaban un cambio de esta naturaleza”.
Pocos días después de esas conversaciones, el 20 de enero, Steinert renunció al Ministerio Público para asumir como ministra de Seguridad del Presidente José Antonio Kast.
Lo que ocurrió de ahí en adelante es historia conocida: apenas dos días después de asumir su nuevo cargo, Steinert envió un oficio a Cerna requiriendo información sobre el traslado de los funcionarios, y un día después de recibir la respuesta firmada por Consuelo Peña, solicitó que la jefa de Inteligencia fuera apartada de su cargo. Eso ocurrió en una reunión a puertas cerradas que sostuvo con Cerna durante el viernes 20 de marzo.
Luego de que fuera cuestionada por la decisión, se aferró a la versión de que la renuncia de Peña fue una decisión institucional del jefe de la PDI.
Reportea no pudo confirmar si Steinert está al tanto de la disputa entre oficiales de la policía por el control de la institución, pero lo que sí es claro es que la incorporación de algunos de los integrantes del grupo crítico con Cerna al gobierno en cargos por fuera del Ministerio de Seguridad, como la llegada de Paulo Contreras a la ANI, indica que el cambio en la correlación de fuerzas en torno a la policía civil podría excederla.
Como sea, a esta historia le quedan capítulos relevantes. El próximo miércoles 15 de abril vence el plazo otorgado por la Contraloría para que Steinert y el jefe de la PDI expliquen el oficio enviado por la ministra solicitando antecedentes sobre el traslado de los cuatro funcionarios desde la Región de Tarapacá. Esto luego de que el diputado Raúl Leiva (PS) alertara de que la ministra pudo haberse extralimitado de sus funciones.
También están pendientes las explicaciones que dará Cerna durante la tarde de este lunes en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, y la probable interpelación de diputados opositores a Steinert, eso sí por una arista distinta relacionada con su nombramiento, luego de que Reportea revelara que a inicios de noviembre, y mientras aún era Fiscal Regional de Tarapacá, Steinert ordenó no presentar un recurso para intentar anular el juicio donde ocho acusados por hechos de corrupción durante la pandemia fueron absueltos.
Entre los acusados estaba el exintendente regional, Miguel Ángel Quezada (UDI) y la pareja de un diputado del Partido Nacional Libertario, además de representantes de empresas proveedoras de campañas electorales de los partidos del oficialismo.
La pregunta que sigue sobre la mesa es en qué fecha comenzaron los acercamientos entre Steinert y el equipo del Presidente Kast para que ella se sumara al gobierno. En específico, en qué momento el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, invitó a Trinidad Steinert a incorporarse al ministerio de Seguridad. La versión que se ha entregado hasta ahora es que recién tomaron contacto un par de días antes de que se oficializara el nombramiento. La vocera de gobierno, Mara Sedini, dijo otra cosa. Los protagonistas de esta trama de lucha de poder aún no sacan todas sus cartas.
La entrada Lo que esconde una “trama pasional”: la lucha por el control de la PDI y de la nueva institucionalidad de Seguridad que remece a la policía y a la ministra Steinert se publicó primero en Reportea.