Cuando el gobierno presentó en marzo el Informe Nacional de Homicidios 2025, omitió un dato que sí figuraba en la versión original del documento: el número de muertes causadas por agentes estatales, incluido inicialmente en el reporte elaborado por el Ministerio de Seguridad, la fiscalía, la PDI, Carabineros y Gendarmería.
La cifra estaba incorporada en el capítulo sobre delincuentes fallecidos “en el contexto de su propio delito”, categoría que agrupa las muertes ocurridas durante la comisión de un ilícito. Pero el desglose fue retirado por solicitud del Ministerio Público.
Esa categoría —que agrupa muertes causadas tanto por civiles como por agentes estatales— muestra un aumento explosivo desde 2023, año en que se promulgó la Ley Naín Retamal (normativa que entregó mayores resguardos legales a uniformados y creó la figura de la “legítima defensa privilegiada”), lo que a juicio de los expertos consultados para este reportaje podría haber influido en que ahora funcionarios de Carabineros y la PDI se restrinjan menos a la hora de usar sus armas de servicio.
Reportea accedió a las cifras totales del ítem “delincuente fallecido en contexto de su propio delito”. Si entre 2018 y 2022 el número se movió entre 23 y 35, en 2023 la tendencia se quebró: 49 homicidios. En 2024 la cifra creció a 72, tendencia que se mantuvo el año pasado.
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Esos números finalmente no aparecieron en el informe final dado a conocer por el gobierno a inicios de marzo pasado (ver aquí). En el documento solo se consignó el porcentaje que representa esa categoría respecto del total de homicidios ocurridos en el país: un 6,4% en 2025. El número se duplicó respecto de 2018, cuando alcanzó un 3,2%.
Los homicidios contabilizados en ese ítem se dividen en dos, los que son producidos por obra de un civil y los que ocurren por la acción de algún agente estatal. Según las fuentes consultadas para este reportaje, en 2025 los segundos fueron responsables de más de 40 muertes.
La decisión de excluir ese desglose se tomó en las últimas semanas del gobierno anterior, tal y como lo confirmaron a Reportea autoridades de la administración de Gabriel Boric. Según indicaron, fue por una solicitud de la fiscalía.
Desde el Ministerio Público confirmaron la información. En una respuesta por escrito, señalaron que solicitaron no incluir el desglose “porque no correspondía a los lineamientos metodológicos acordados con el Ministerio de Seguridad”, el organismo que lideró la elaboración del informe, el que “no entrega información —ni en la publicación de 2025 ni en las anteriores versiones— sobre los perpetradores de los delitos de homicidios consumados, quiénes los cometen, sus profesiones o la calidad funcionaria del victimario”
Y aunque hasta ahora el debate no había trascendido a la opinión pública, entre los expertos desde hace años que se discute la necesidad de que Chile contabilice las muertes producidas por la acción de los agentes estatales, como lo recomiendan agencias internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).
La cifra de la discordia
Reportea pudo confirmar con autoridades del gobierno anterior que la cifra de muertes por la acción de agentes estatales se construyó a partir de información aportada por Carabineros y la PDI, y de la revisión de bases de datos de causas judiciales en poder del Ministerio Público.
La exsubsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, el organismo que lideró la elaboración del informe, aseguró a Reportea que “cualquier innovación en el informe puede ser un problema, porque no hay con qué compararlo”.
Eso sí, acotó Leitao, el aumento de ese tipo de homicidios no fue “un hecho que se haya revisado especialmente” durante la elaboración del informe. ¿La razón? Según la exsubsecretaria “en la práctica se explica porque aumentan los delitos que se cometen con arma de fuego, y entonces ha aumentado la persecución de esos delitos”.
No es la única que apunta a eso como un factor para explicar el aumento de este tipo de homicidios. Mauricio Duce, académico e investigador del Núcleo Milenio de Complejidad Criminal, de la Universidad Católica y la Universidad de Tarapacá, asegura que “esto puede estar asociado a otro fenómeno que hemos detectado: la mayor presencia de armas de fuego. El mayor acceso a armas de fuego te puede generar, efectivamente, un aumento de resultados de muerte producto del uso de esas armas. Puede ser una combinación de varios factores.”
La advertencia de los expertos
Entre los expertos consultados por Reportea hay consenso: es necesario que exista transparencia respecto a las personas que han fallecido a manos de civiles o agentes estatales.
Mauricio Duce aseguró que cree necesario que esas cifras se presenten ante la opinión pública “por razones de transparencia, por una parte, pero también por razones de conveniencia para el propio sistema, para entender bien los fenómenos”.
“Puede ser que no necesariamente estuvieran en el resumen del informe, pero sí en una base de datos que uno pudiera acceder públicamente. Yo creo que sería conveniente que se hicieran públicos, independiente de que tal vez no podamos ir hacia atrás por lo costoso que es”, agrega Duce.
Alejandra Mohor, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, va más allá: “No se trata sólo de la conveniencia o no, de la importancia o no. En un marco democrático esta es una exigencia para poder ejercer una adecuada supervisión sobre el uso de las fuerzas de los agentes estatales”.
Desde el CESC, comenta Mohor, monitorean los niveles de muertes a manos de agentes estatales desde hace años. Han publicado libros e informes, y la poca transparencia a la que se han enfrentado en esas ocasiones, dice ella, coincide con lo que vislumbra en el informe de homicidios: “Nosotros hemos venido haciendo monitoreo desde el año 2018 del uso de las fuerzas, con muchas dificultades de acceder a la información. Entonces esto de que habría una negativa desde un actor del aparato público de publicar estas cifras, es bastante consistente con lo que hemos venido viendo en el proceso de monitoreo desde entonces”.
¿Efecto Naín Retamal?
El Informe Nacional de Homicidios revela que las cifras de delincuentes abatidos por civiles o policías tuvieron un aumento considerable a partir de 2023.
¿Qué ocurrió ese año en que la cantidad de delincuentes fallecidos aumentó? Según Duce y Mohor, una hipótesis que podría explicar ese aumento es la aprobación de la Ley Naín Retamal.
La normativa, aprobada en abril de 2023, se promulgó con el objetivo de dar mayores resguardos legales a las policías a la hora de usar sus armas de fuego, y creó la figura de la “legítima defensa privilegiada”.
El aumento de ese tipo de homicidios, dice Duce, “podría ser una consecuencia de cambios legislativos que experimentamos el año 2023, particularmente de la ley Naín Retamal”. El académico comenta que “esto es una hipótesis posible, en la medida en que se empleó en la esfera de protección de la legítima defensa, y por tanto los funcionarios se han sentido más seguros en términos del uso de armas letales. Esto se reflejaría en que un mayor uso de armas letales como mecanismo de defensa, también podría aumentar la letalidad de esas intervenciones”.
Eso sí, acota Duce, él no vislumbra un aumento significativo en las cifras de delincuentes fallecidos a manos de civiles o policías.
Mohor coincide con el diagnóstico sobre la ley Naín Retamal que hace Duce. Según ella, “podemos nuevamente hipotetizar que esa bullada ley generó también una percepción en los agentes policiales de poder efectivamente actuar de acuerdo a lo que se les faculta, pero en la máxima posibilidad de lo que están facultados”.
Para Mohor, sin embargo, el marco normativo es una extensión de lo que Mauricio Duce denomina un “contexto cultural punitivo”. En otras palabras, lo que la sociedad considera que hay que hacer con la delincuencia.
“¿Para qué el marco democrático?”
Detrás de esta discusión estadística hay episodios recientes que ilustran por qué el debate importa.
Fue solo un disparo. Horacio Boudon tenía 26 años cuando murió acribillado por el disparo de un carabinero. Sin antecedentes penales, bodeguero de una farmacia y mecánico, el joven falleció a eso de las 21:00 del 13 de marzo pasado, cuando un funcionario policial intentó realizarle una fiscalización vehicular. Boudon habría intentado huir, y fue ahí cuando el carabinero disparó la bala que, según el certificado de defunción del joven, entró y salió por su tórax y abdomen.
Son hechos que están siendo investigados por la fiscalía, pero tanto la familia del fallecido como los vecinos que presenciaron su muerte han asegurado que el joven escapó porque el uniformado estaba de civil, y Boudon habría pensado que se trataba de una encerrona.
No es primera vez que ocurren casos como el Boudon, y Alejandra Mohor considera que podría responder a un factor más general. Según la investigadora del CESC, el hastío de la sociedad con la delincuencia “va construyendo un relato que normaliza el uso letal de la fuerza ante situaciones delictivas de cualquier índole, incluso ante situaciones no delictivas como son la evasión de un control policial”.
“Si se evade un control de tránsito es una falta que ha terminado, y lo venimos rastreando desde hace ya un tiempo, con la muerte de personas. Entonces hay una una pena de muerte asociada a una falta”.
¿Qué efectos tiene lo anterior? Mohor continúa: “Esto genera, por una parte, una normalización, e incluso una cierta deseabilidad, de que las instituciones y los funcionarios policiales actúen con el máximo nivel de fuerza posible. Y todavía no sabemos si es delincuente, pero parece que lo fuera”.
Lo anterior, dice la experta, atenta contra la presunción de inocencia: “Cuando estamos todos convencidos de que por el hecho de que a una persona se le ponga una etiqueta de delincuente merece las penas del infierno, entonces ¿Para qué marco democrático? ¿Para qué marco procedimental? ¿Para qué garantía de derechos?”.
Hay consenso en torno a esto. Mauricio Duce asegura que “el contexto cultural punitivo, y una cierta legitimidad social de este tipo de respuestas, probablemente explica esto. Hace tiempo hay un discurso sumamente represivo instalado, de justificación de la legitimidad de la respuesta violenta frente a la delincuencia”.
Por esto, según Mohor, la normativa que regula el uso de la fuerza estatal es un reflejo de lo que la sociedad quiere hacer con la delincuencia. De ahí viene su diagnóstico de leyes como la Naín Retamal: “creo que cometeríamos un error si nos quedamos solamente con eso, porque si derogamos la ley mañana, yo te aseguro que el escenario no va a cambiar de manera significativa”.
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