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Sobre el campo de concentración y exterminio en Jalisco
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Por | 13/03/2025 | México
Fuentes: Nodo de Derechos Humanos
El hallazgo del campo de exterminio en el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco el pasado 5 de marzo de 2025 es un ejemplo de la crueldad y la atrocidad normalizada, institucionalizada y encubierta en México. Las imágenes y testimonios sólo pueden equipararse con las más terribles historias de genocidios en el mundo.
La descripción de los actos brutales e inhumanos ejecutados durante por lo menos trece años en ese lugar, dan cuenta de una larga lista de crímenes ejecutados de forma cotidiana. La negligente actuación de las autoridades de Jalisco y federales demuestran algo más que una omisión. El rancho ya había sido identificado por las autoridades desde 2017 a raíz del relato de un sobreviviente. En septiembre de 2024, agentes de la Guardia Nacional realizaron un operativo en Teuchitlán y detuvieron a diez hombres que portaban armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas. En ninguno de esos dos momentos se inició una investigación por parte de la Fiscalía de Jalisco ni de la General de la República. Incluso después de los últimos hallazgos del campo de exterminio la Fiscalía del Estado de Jalisco no ha ofrecido ningún informe sobre el hallazgo, lo cual es sumamente grave y termina por implicarles en esta larga cadena de ejecución de crímenes graves e inhumanos.
Por
la gravedad de los crímenes ejecutados en el rancho Izaguirre
estamos ante varios tipos de genocidio y de crímenes de lesa
humanidad.La intención no es cometer un genocidio por
cometerlo, sino lucrar, explotar, abusar, someter, controlar y
denigrar los cuerpos con fines económicos y de poder.
Estamos
ante “genocidio mediante matanza” porque dieron muerte a más de
una o dos personas. Es presumible por los testimonios de
sobrevivientes y por las características de los crematorios
encontrados que hayan sido miles de personas las ejecutadas, y por
los indicios que revelan los videos de Guerreros Buscadores dichas
ejecuciones deben haber sido de las formas más atroces. Los
probables perpetradores directos (en este caso el Cártel Jalisco
Nueva Generación) decidieron deliberadamente quitarle la vida a
estas personas por fines económicos y de fortalecimiento de su
estructura paramilitar.
Estamos
ante “genocidio mediante sometimiento intencional a condiciones de
existencia que hayan de acarrear su destrucción física”, pues
para que el cártel cumpliera sus objetivos decidió deliberadamente
explotar en las condiciones más violentas y precarias a miles de
personas y exterminarlas de forma sistemática durante por lo menos
trece años.
Estamos
ante un “genocidio mediante el traslado por la fuerza de niños”,
pues por los testimonios de sobrevivientes hubo niñas que fueron
secuestradas para llevarlas al rancho y ser sometidas a abusos y
vejaciones sexuales por quienes comandaban esa operación, para
después asesinarlas. Esos traslados eran deliberadamente ejercidos
contra niñas, buscadas con esas características de edad.
Estamos
ante “genocidio mediante lesión grave a la integridad física y
mental de las personas”, no solo de las ahí ejecutadas, sino de
toda una población, pues el daño emocional profundo se extiende a
todas las familias y personas cercanas a las personas ejecutadas.
Estamos
ante un “crimen de lesa humanidad”, uno de los crímenes más
graves “de trascendencia para la comunidad internacional en su
conjunto”. Eso debe justificar una investigación amplia y
conllevar a una responsabilidad penal individual y estructural. El
campo de concentración y extermino en Jalisco transparenta una
práctica generalizada y sistemática contra una población civil. Es
muy probable que autoridades estatales y federales de por lo menos
tres administraciones presidenciales hayan tenido conocimiento de
dichos crímenes.
Estamos
ante un “crimen de lesa humanidad de asesinato”, ante un “crimen
de lesa humanidad de esclavitud”, ante un “crimen de lesa
humanidad de traslado forzoso de la población”, ante un “crimen
de lesa humanidad de privación grave de la libertad”, ante un
“crimen de lesa humanidad de tortura”, ante un “crimen de lesa
humanidad de violación”, ante un “crimen de lesa humanidad de
esclavitud sexual” y ante un “crimen de lesa humanidad de
desaparición forzada de personas”.
Todos
estos tipos de genocidio y crímenes de lesa humanidad están
incluidos en el Estatuto de Roma, la característica particular es
que tal vez no fueron perpetrados por razón de raza, etnia, religión
o nacionalidad, pero sí de clase y de género (hombres y mujeres en
busca de trabajo y niñas) y el motivo del exterminio sistemático
era encubrir una explotación extrema en beneficio de una empresa
ilegal y para satisfacer un sadismo desbordado. Las víctimas eran en
su mayoría jóvenes entre 20 y 25 años, buscando trabajo y otras,
como mencionamos antes, eran niñas.
La
cruel realidad a la que nos enfrentamos en México en la que tenemos
un índice de impunidad del 99 %, las cifras de atrocidades y la
configuración de un Estado criminal nos lleva a la encrucijada en la
que estamos ahora. Estamos ante la imposibilidad de recurrir a las
vías legales porque el Estado, al funcionar a partir redes
clientelares y de impunidad, no se va autojuzgar.
Sabemos
que mientras miramos horrorizados el campo de concentración y
exterminio en Jalisco, probablemente muchos otros siguen activos o
están siendo instalados en todo el territorio mexicano, bajo la
protección de autoridades municipales, estatales y federales. Lo
sabemos porque así ha sido esta guerra desde 2006, porque
atrocidades como estas se han vuelto cotidianas durante 19 años.
El
terrible caso de Teuchitlán da una pista clara y brutal de a dónde
van los y las desaparecidas en México. Nos permite sentir la
crueldad que desembocó en esos crematorios y que viene del sadismo
paramilitar de los cárteles y de la ambición inhumana y cobarde de
gobernantes y empresarios (legales e ilegales). No hay en México un
sólo estado sin desapariciones, el subsuelo de todo el territorio es
una gran fosa y más allá de que las estadísticas oficiales suban o
bajen los índices de violencia, la crueldad va en aumento, se
generaliza, se rutiniza.
Es
inevitable que al nombrar Teuchitlán no pensemos en genocidio, en
uno que muy probablemente involucra autoridades municipales,
estatales y federales. Es difícil imaginar que los gobernadores de
Jalisco de los últimos doce años no tuvieran indicios de que algo
de esta magnitud ocurría y es indignante que no hubieran iniciado
investigación alguna. Además, la repuesta de la administración de
Claudia Sheinbaum ha sido tan poco asertiva que parece encubrimiento.
También
es atroz que Jalisco no sea el único caso. Y que presidentes,
gobernadores y presidentes municipales se encuentren encubriendo
campos de exterminio como el del rancho Izaguirre. Algo que ha
quedado claro en 19 años de guerra es que los cárteles pueden
operar con estos niveles de sadismo, crueldad e impunidad porque
tienen la protección de las más altas autoridades civiles y
militares.
El
horror del campo de concentración y exterminio en el rancho
Izaguirre exige una respuesta clara y contundente de la sociedad
mexicana y de la del mundo. Esta respuesta corre el riesgo de seguir
las rutas del oportunismo político y la fabricación de verdades
históricas que castiguen a chivos expiatorios para mantener impunes
a los responsables estructurales.
La
respuesta no puede ser intentar abrirle la puerta el intervencionismo
de Estados Unidos, bajo la excusa del terrorismo, pues es en buena
medida el responsable de que los cárteles tengan un flujo constante
de armamento y hayan heredado tácticas brutales muy similares a las
promovidas por la Escuela de las Américas y sus símiles
posteriores.
La
respuesta no puede ser convertir nuevamente las atrocidades en
munición electoral, pero tampoco puede ser usar la excusa de una
oposición oportunista para apostar al olvido y la impunidad, como ha
ocurrido transexenalmente con el caso Ayotzinapa y tantos más.
No
podemos permitir que se minimice el asunto con una fiscalía
especializada, con un trato de caso emblemático que acaba en
tratarlo como una situación aislada. Esto requiere una urgente
investigación sistémica, pues lo que deja claro el infierno de
Teuchitlán es que la cobardía, el sadismo y la ambición de los
cárteles no tiene límites, y quienes deberían de combatirlos son
más bien sus cómplices. A partir del 5 de marzo de 2025 todos los
presidentes municipales, gobernadores y presidentes de por lo menos
los últimos 19 años deben ser tratados como sospechosos de
genocidio y crímenes de lesa humanidad, porque lo son.
¿Quién
puede investigar y sancionar a quienes desde el Estado son o han sido
cómplices de este genocidio cotidiano si son quienes detentan el
poder del Estado? El no poder responder con confianza esa pregunta es
trágico. Es terrible que no fueran las autoridades de Jalisco en
2017 ni la Guardia Nacional en septiembre pasado quienes encontraran
e iniciaran una investigación sobre este campo de concentración y
exterminio, fue el colectivo de Guerreros Buscadores, fue nuevamente
la gente que, ante la negligencia del Estado, organiza desde abajo su
dolor y su coraje y se enfrenta a los monstruos más brutales. Queda
claro una vez más que donde la crueldad masacra y el Estado
entierra, las familias buscadoras encuentran.
Debemos
tener claro que si queremos sobrevivir y evitar que la crueldad y el
horror acaben de ocupar cada rincón de nuestro país y de nuestra
cotidianidad no podemos dejar pasar un umbral más hacia el terror
cotidiano y la crueldad normalizada. Más allá de la disputa
política entre poderosos esto debe ser un parteaguas para todas y
todos en México, no podemos tragarnos más mentiras que cuestan
vidas, no podemos dejar de señalar a quienes usan al Estado para
enriquecerse y son cómplices en convertir a México en un campo de
exterminio. Urge gritar con convicción y compromiso:
¡Teuchitlán
NUNCA MÁS!
Nodo de Derechos Humanos – www.nodho.net
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.