El pasado marzo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von
der Leyen, anunció su plan de rearme para Europa, un día después de
que el presidente Donald Trump pusiera en pausa la ayuda militar a
Ucrania. Von der Leyen presentó un fondo de 150.000 millones de euros como parte de un paquete de propuestas para aumentar masivamente el gasto en defensa.
El
pasado 25 de marzo, la Comisión Europea seleccionó 47 proyectos de
minería prioritarios para el suministro de materias primas como el
litio, níquel, grafito, cobalto o manganeso. Entre ellos, se encuentra
la mina de Doade, situada en el municipio de Beariz, provincia de
Ourense, aprobada como Proyecto Estratégico para la extracción de litio.
En su texto, la Ley de Materias Primas Críticas
(CRMA) de la Unión Europea, aprobada el año pasado, establece un marco
para la autorización de proyectos extractivos para el abastecimiento
de materiales “cruciales” en la transición ecológica y digital, así
como para la industria de defensa y aeroespacial. La CRMA establece
varios objetivos para el 2030; entre ellos, reducir al 65% de la compra
de materias primas a terceros países.
El plan de rearme y la Ley
de Materias Primas Críticas tienen el propósito de fortalecer la
“autonomía estratégica” de la UE, ya que buscan garantizar un
suministro estable de materias primas para reforzar la industria de
defensa europea y asegurar la producción de tecnología militar avanzada.
El informe Blood on the Green Deal, elaborado por Corporate Europe Observatory (CEO) y el Observatoire des Multinationales (OdM), revela cómo los trabajos de lobby han
influido el proceso legislativo de la CRMA, que se ha convertido en
una “barra libre” para la industria de defensa y aeroespacial, en tanto
que promueve la desregulación ambiental para facilitar nuevos
proyectos de minería en toda Europa. Ahora, le ha tocado a Galicia.
Un proyecto minero a 500 metros de una zona protegida
“Hace
dos meses que la empresa presentó el proyecto en la Consellería, hemos
solicitado una copia de la documentación a la Xunta y todavía no hemos
recibido contestación”, explica Victor Gil, presidente de la Comunidad
de Montes de Framia y miembro de la plataforma vecinal SOS Suído Seixo.
“La única información que tenemos es la que nos llega a través de los
medios”.
El proyecto de lamina de Doade, presentado por Recursos Minerales de Galicia —filial del grupo Samca,
propiedad de la familia de multimillonarios Luengo Sanz— abarcaría una
extensión de 13,62 hectáreas, con galerías subterráneas de entre 50 y
300 metros de profundidad. Un negocio que conllevaría una inversión de
120 millones de euros para la extracción de minerales de litio,
moscovita y feldespatos durante más de 40 años.
El litio es un
metal clave en la fabricación de baterías para el almacenamiento de
energía, dispositivos electrónicos portátiles y baterías recargables
para vehículos eléctricos. Una investigación
de Luis M. Varela, publicada por el Instituto Español de Estudios
Estratégicos (IEEE), destaca el papel clave del litio en tecnologías de
almacenamiento y en la producción de energía, lo que lo convierte en
un material fundamental en la industria militar.
Recursos
Minerales de Galicia ya había presentado en 2018 el proyecto de
explotación para la zona minera, entonces llamado Alberta I, que
incluía los municipios de Forcarei, Lama, Beariz, Avión y
Cerdedo-Cotobade. La ausencia de un estudio de impacto ambiental motivó
entones informes negativos del Instituto Geológico Español (IGME) y la Sociedade Galega de Historia Natural,
que destacaban la posibilidad de drenaje ácido de las minas y la
presencia de minerales radiactivos. Además, la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil emitió un informe negativo debido al riesgo de
afección a las masas de agua con metales pesados, que derivó en el
cierre del procedimiento en el 2020.
Por todo ello, la plataforma SOS Suído Seixo
ya ha avisado que recurrirá ante la Comisión Europea la designación de
la mina de Doade como Proyecto Estratégico. Afirman que la iniciativa
de concesión minera actual “es esencialmente la misma del 2018, con un
nombre diferente”. Las comunidades de montes afectadas han acordado
oponerse al proyecto, aunque temen que se recurra a la expropiación
forzosa de los terrenos al ser declarados de utilidad pública.
Según un informe
elaborado por el Observatorio Ibérico de la Minería (MINOB),
Ecologistas en Acción y SOS Suído Seixo, el proyecto se encuentra en
una zona de alto valor ecológico y paisajístico, propuesta para su
inclusión en la Red Natura 2000 desde hace más de una década. El
documento alerta sobre los riesgos de pérdida de biodiversidad y
contaminación de aguas, así como la posible presencia de minerales
radiactivos.
“Las instalaciones en superficie se encuentran a 500
metros de la Zona Especial de Conservación Serra do Cando”, explica
Joam Evans, de Ecologistas en Acción. “Además, el proyecto contempla el
consumo de 25.700 litros de agua por hora, lo que provocará un
descenso significativo del nivel freático, afectando a las traídas y
captaciones de agua existentes”.
Desde Ecologistas en Acción
denuncian “el uso de la figura de interés público para acortar plazos,
sortear alegaciones ambientales y poder recurrir a expropiaciones
forzosas”. De hecho, la Unión Europea ha establecido que los proyectos
de extracción de materias primas tendrán un plazo máximo de 27 meses
para obtener sus permisos.
Explotaciones sobre una legislación obsoleta
Galicia ocupa la cuarta posición de producción minera de España, con 362 explotaciones activas en todo el territorio. Según la Estadística Minera de 2023, la comunidad alcanzó un valor de producción de 337,08 millones de euros, lo que representa el 9,4% del total estatal.
A comienzos de este año, el Gobierno gallego de Alfonso Rueda anunció
la licitación de 51 derechos mineros caducados para fomentar la
investigación y posible explotación de materiales minerales. Además, el
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MitecoO)
ha presentado
recientemente el Programa Nacional de Exploración Minera 2025-2029,
centrado en la identificación y evaluación de recursos presentes en más
de 1.000 balsas y escombreras de proyectos mineros existentes en todo
el país.
Un informe
presentado por Amigos de la Tierra junto al Observatorio Ibérico de
la Minería y la Oficina Europea del Medio Ambiente, alerta sobre los
riesgos sociales y ambientales asociados a los proyectos mineros
declarados estratégicos por la Comisión Europea. El documento denuncia
la falta de transparencia en el proceso de selección de estos
proyectos, así como la obsolescencia de la actual Ley de Minas, que no
garantiza ni la protección del medio ambiente ni la participación
efectiva de las comunidades afectadas. “El lobby minero no quiere que se
toque la Ley de Minas, así como tampoco quiere que se toque la Ley de
Expropiación Forzosa”, afirma Evans.
La empresa promotora del proyecto de la Mina de Doade, Recursos Minerales de Galicia, es miembro de la Cámara Oficial Mineira de Galicia, una entidad de derecho público tutelada por la Xunta que actúa como lobby del sector. Tal y como reveló El Salto, la Xunta ha destinado fondos públicos a campañas de greenwashing impulsadas por esta Cámara, presentando la minería como una actividad “sostenible” y “compatible con el medio ambiente”, mientras apoya la reactivación de derechos mineros caducados y proyectos altamente cuestionados por su impacto ambiental y social.
Fuente: https://www.elsaltodiario.com/galicia/litio-gallego-nuevo-militarismo-europeo