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Declaración pública: Greenpeace alerta que proyecto del Ejecutivo debilita la protección ambiental en Chile
Declaración pública: Greenpeace alerta que proyecto del Ejecutivo debilita la protección ambiental en ChileLa conducción del Ejecutivo en materia ambiental genera profunda preocupación. Ya en sus primeros días dio señales inquietantes con la retrotracción de 43 decretos ambientales, de los cuales 38 siguen sin registrar avances a un mes de su retiro, pese a que la ministra Toledo ha reiterado que todos serían reingresados a la brevedad. Esa misma línea se profundiza ahora con la presentación de una ley regresiva que impacta directamente en la naturaleza, ecosistemas y la biodiversidad.
Resulta especialmente grave que esta propuesta debilite y/o elimine herramientas clave de protección ambiental, limitando la capacidad de prevenir daños, afectando la protección de los ecosistemas y reduciendo derechos fundamentales como el acceso a la justicia ambiental y la participación ciudadana. En la práctica, esto deja a las comunidades con menos herramientas para defender su entorno y compromete el uso responsable de los recursos públicos.
Primeramente, el proyecto debilita gravemente la evaluación técnica. En la práctica, esto permitiría aprobar proyectos y modificaciones sin una revisión adecuada de sus impactos, lo que podría traducirse no solo en proyectos de menor calidad, sino también en permisos más deficientes y en un mayor riesgo para el medio ambiente y la salud humana. Se instala, de facto, la promesa del “chao guías ambientales” que hiciera el candidato Kast, lo que podría conllevar que criterios que antes eran evaluados por especialistas con trayectoria en salud pública, glaciología, recursos hídricos, bosques u otras áreas, podrían ser omitidos. Esto afecta el núcleo de la legislación ambiental, cuyo propósito es prevenir daños muchas veces irreparables antes de que ocurran, y abre la puerta a más y peores emergencias ambientales.
En segundo lugar, el proyecto sacrifica los fiordos patagónicos y la biodiversidad. Reduce explícitamente el monitoreo ambiental y, además, permite relocalizar operaciones de empresas salmoneras que ya han deteriorado gravemente los fiordos de la Patagonia, entregándoles nuevas ubicaciones. Todo ello podría ocurrir sin evaluación ambiental, mediante decisiones discrecionales de la autoridad de turno y sin participación ciudadana. A esto se suma el retraso, por varios años y sin una justificación razonable, de normativas destinadas a proteger el patrimonio ambiental y la biodiversidad del país.
En tercer orden, el proyecto debilita la capacidad de prevenir daños ambientales, al quitarle herramientas a los Tribunales Ambientales para frenar proyectos cuando existe riesgo para el entorno. Esto rompe el equilibrio entre proteger el medio ambiente y permitir el desarrollo, dejando a las comunidades más expuestas frente a daños que pueden ser graves e irreversibles.
Asimismo, se eliminan herramientas para impugnar una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y se dificulta el acceso a la justicia, al reducir los plazos para presentar acciones en un escenario donde ya existen importantes barreras técnicas y económicas.
Por último, estas deficiencias del proyecto también podrían aumentar los costos para el Estado, es decir, para todos los chilenos: recursos públicos podrían destinarse a reembolsar proyectos evaluados bajo estándares más débiles cuando se detecten problemas en su tramitación, generando un incentivo difícil de justificar, salvo para quienes podrían beneficiarse de malos proyectos.
Greenpeace se declara en estado de alerta ante la tramitación de un proyecto peligroso para el país, que, con la excusa de favorecer la inversión y corregir procesos, genera incluso más incertidumbre, limita derechos adquiridos y -lo que es más grave- sacrifica el medio ambiente y la salud de las personas.
Matías Asun, director Greenpeace Chile
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Investigadora italiana invita a repensar la alimentación en tiempos de crisis
La doctora Mónica Di Donato, investigadora de la Fundación FUHEM de Madrid y miembro asociado del Grupo GEEDS de la Universidad de Valladolid, visitó la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valparaíso, donde expuso sobre economía ecológica y compartió con académicas e investigadoras de la Escuela de Nutrición y Dietética.
Con una invitación a repensar el sistema alimentario como parte de las soluciones frente a la crisis global, la doctora en Economía Mónica Di Donato visitó la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valparaíso, en el marco de una agenda académica que combinó divulgación científica, diálogo interdisciplinario y proyección de futuras colaboraciones.
La investigadora italiana, actualmente vinculada al área Ecosocial de la Fundación FUHEM de Madrid y miembro asociado del Grupo GEEDS de la Universidad de Valladolid, fue invitada por la doctora en Salud Pública Catalina González, académica de la Escuela de Nutrición y Dietética y coordinadora nacional del Observatorio del Derecho a la Alimentación en Chile (ODA Chile), red que —con apoyo de la FAO— busca incidir en políticas públicas orientadas a garantizar la seguridad y soberanía alimentaria.
La principal actividad de su visita fue la conferencia titulada “Crisis ecosocial y metabolismo alimentario de los hogares: un análisis de las desigualdades en el uso de los recursos naturales y sus impactos ambientales”, realizada en el auditorio de la Facultad de Farmacia. La instancia convocó a cerca de treinta personas, entre autoridades de la Facultad y de la Escuela de Nutrición y Dietética, académicos, académicas, investigadoras y estudiantes.
Convergencia de factores
Durante su presentación, la doctora Di Donato planteó que el actual escenario global debe entenderse como una “multicrisis”, donde convergen factores ambientales, sociales y económicos. En ese contexto, enfatizó la necesidad de avanzar hacia transformaciones estructurales: “Es importante tener en cuenta que es necesario pensar una transición ecológica justa, sostenible para todas las personas y, sobre todo, que el sistema alimentario dentro de ese escenario puede contribuir, y mucho”, afirmó.
La investigadora explicó que si bien el sistema alimentario es parte del problema, también constituye un espacio estratégico de intervención. En esa línea, destacó el potencial de modelos agroecológicos: “Si transitamos hacia un modelo productivo agroecológico, donde la población pueda tener un acceso más justo a alimentos más sanos y sostenibles, seguramente el sistema alimentario aligerará sus presiones ambientales y sociales”.
Consultada sobre las oportunidades para Chile, la académica advirtió sobre los desafíos de impulsar una transición ecológica en un contexto de alta demanda de recursos naturales: “Hay que ser críticos con ese marco. La transición hay que pensarla para la gente del país, para los recursos que tenemos, entendiendo que la sostenibilidad es el único camino que nos queda”, señaló.
Para ampliar enfoques
La visita se enmarcó en un proyecto de investigación que la economista desarrolla en Santiago y que permitió articular su participación con la red ODA en América Latina. Según explicó la doctora Catalina González, el encuentro respondió a la necesidad de ampliar enfoques en el estudio del comportamiento alimentario: “Ella trabaja justo en temas que a nosotros nos parecen relevantes y que pueden abrir nuevas miradas a la línea de investigación que ya tienen las profesoras de la Escuela de Nutrición UV”, indicó.
En particular, destacó el aporte de la economía ecológica para complementar investigaciones centradas en consumo alimentario, incorporando dimensiones como el uso de recursos naturales y los impactos ambientales.
Tras la conferencia, la jornada continuó con un espacio de preguntas, un encuentro protocolar con autoridades académicas y una reunión de trabajo con investigadoras del Centro de Investigación del Comportamiento Alimentario (CEIC-UV), donde se identificaron puntos de convergencia para futuras colaboraciones científicas.
Para la doctora González, la evaluación de la actividad fue muy positiva: “Me parece un tema relevante, innovador y necesario”, concluyó.
Con más de once publicaciones en el ámbito de la economía ecológica, la doctora Mónica Di Donato ha centrado su investigación en el análisis de la dimensión energética y material de los sistemas económicos, particularmente del sistema alimentario. Su visita invitó a reflexionar sobre la necesidad de integrar conocimiento científico, políticas públicas y prácticas sociales para avanzar hacia modelos de desarrollo más sostenibles y equitativos.
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Realizan en Maipú “operativo social barrio digno Eduardo Miño”Con una alta participación de vecinas y vecinos, este fin de semana se realizó en la Villa San Luis Tres el “Operativo Barrio Digno Eduardo Miño”, impulsado por el Partido Comunista y las Juventudes Comunistas de la comuna de Maipú.
La jornada incluyó atención de médicos generales, asesoría jurídica, veterinaria, peluquería, podología, servicio social, espacio infantil y música en vivo. Todos los servicios fueron gratuitos y estuvieron a cargo de voluntarios que, en su mayoría, son militantes, profesionales y vecinos de la misma comuna.
En la actividad participaron el concejal Ariel Ramos y el diputado Marcos Barraza, quienes trabajaron junto a sus equipos durante la jornada sabatina.
El secretario político del PC Maipú, Adrián Prieto, afirmó que hoy los trabajadores y trabajadoras de Maipú viven un escenario adverso que responde al “mal gobierno de ultraderecha”, apuntando al alza del costo de la vida y al deterioro en el acceso a derechos básicos de niños, jóvenes, adultos y personas mayores. “Es imperioso que la resistencia provenga del mismo pueblo, desde la organización y la solidaridad en los barrios”, señaló. Además, adelantó que el operativo continuará replicándose en sectores con mayores niveles de abandono y necesidades como los que tiene la comuna de Maipú, indicó el dirigente político local.
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Eric Campos por negociación del salario mínimo: “Se va instalando la idea de un gobierno cruel”
Eric Campos por negociación del salario mínimo: “Se va instalando la idea de un gobierno cruel”Durante la jornada de este martes, la Central Unitaria de Trabajadores mantuvo la quinta reunión con el Ministerio de Hacienda en relación con la discusión del aumento del sueldo mínimo, donde el gobierno de ultraderecha rechazó la propuesta de la CUT para que se alcance la suma de 647 mil pesos y ofreció apenas un alza de 23 mil.
El secretario general de la CUT, Eric Campos Bonta, señaló que, “el gobierno defiende los intereses de los grandes empresarios, lo ha dejado claro en su ley miscelánea, y nosotros estamos defendiendo el derecho a las familias trabajadoras a llegar a fin de mes”, asegurando que el ejecutivo actúa además de actuar indolencia ante el alza del costo de la vida, busca recortar programas y beneficios sociales.
“Se va constituyendo la idea de un gobierno cruel”, concluye, el dirigente sindical.
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Sobre los pasos a seguir, Eric Campos, sostiene que desde la CUT entrarán en conversaciones con parlamentarios, para lograr que la discusión sobre el salario mínimo se base en criterios de subsistencia para las familias trabajadoras y no en términos macroeconómicos. “Esta demostrado que el alza del salario mínimo no impacta como ha intentado instalar la derecha y el gobierno”, asegura Campos Bonta.
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Por último, el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores, hizo un llamado a este primero de mayo para manifestarse en forma masiva. “Tenemos que darle esperanzas al pueblo de Chile para oponernos a una agenda regresiva, anti popular, anti derechos y por sobre todo, basada en la crueldad del gobierno”, remató el dirigente sindical.
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Este viernes se vivirá el primer 1 de Mayo en el mandato del presidente Jose Antonio Kast, en medio de una ascendente desaprobación, un alza del costo de la vida muy elevado, y la discusi´+on de una mega reforma tributaria, catalogada cómo “Ley de los Superricos”, por parlamentarios de oposición. Por otra parte, no existen proyectos de ley o medidas concretas para la clase trabajadora, en cuanto a calidad de vida, ni en salario, ni en seguridad.
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CPLT detecta 50 entidades municipales sin página de transparencia y otras con fallas principalmente en publicación de escala de sueldos, contratos y presupuesto
CPLT detecta 50 entidades municipales sin página de transparencia y otras con fallas principalmente en publicación de escala de sueldos, contratos y presupuesto50 organismos municipales del país operan sin siquiera una página web en que den cumplimiento a sus obligaciones legales de transparencia activa, según detectó el Consejo para la Transparencia (CPLT) en su más reciente fiscalización correspondiente al período 2025 a organismos vinculados a municipios. Específicamente se revisó el nivel de cumplimiento de 257 instituciones: corporaciones municipales (181), asociaciones de municipalidades y junta de alcaldes (58), fundaciones municipales (8) y entidades regionales (10).
Pero la opacidad no se limita a quienes no tienen página web. La fiscalización muestra un problema más profundo: incluso entre quienes sí publican, la información clave muchas veces no está disponible o está incompleta. El resultado global lo confirma: el cumplimiento promedio de las entidades que sí publican alcanza solo un 73,7% (se asigna un 100% cuando la entidad publica de forma completa y actualizada toda la información que mandata la Ley de Transparencia).
Si los resultados se clasifican por niveles de cumplimiento, 90 organismos se encuentran en un nivel “Bajo”, con un promedio de 53,7%; 89 en un nivel “Medio”, promediando éstos un 78,6%; y 78 está en un nivel “Alto”, alcanzando un índice de cumplimiento promedio de 91,5%.
Si el análisis de desagrega por materias, las principales infracciones se concentran en la publicación de la escala de remuneraciones, con menos de un 21% de cumplimiento, seguida por información sobre participación ciudadana, presupuesto y su ejecución, y adquisiciones y contrataciones.
En este contexto, la presidenta del CPLT, Natalia González, advirtió que “cuando no existe siquiera una página donde publicar información, lo que hay es opacidad total. Y cuando la información está incompleta o desactualizada, el efecto es el mismo: la ciudadanía no puede saber cómo se usan los recursos públicos”.
“Las principales brechas se concentran precisamente en lo más relevante para el control ciudadano: cuánto se paga, a quién se contrata y en qué se gastan los recursos. Es decir, información básica que permite seguir la ruta del dinero público”. Agregó que “estos espacios no pueden quedar fuera del escrutinio. La transparencia es una condición básica para prevenir riesgos y fortalecer la confianza pública”.
Finalmente, sostuvo que “por eso estamos impulsando una propuesta de modernización a la Ley de Transparencia, con el objeto de ampliar expresamente su alcance a todo el Estado, incluidas entidades que se forman bajo el alero del derecho privado, pero que cumplen una función administrativa con recursos públicos. Hoy este grupo de entidades han sido incorporadas al sistema de transparencia, a través de un esfuerzo jurisprudencial del Consejo y la Contraloría General de la República. Sin embargo, y a pesar de una serie de fallos en su contra por parte de los Tribunales de Justicia, todavía discuten ante estos su calidad de obligadas, generando una verdadera dilación en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia”.
Desde el CPLT recalcaron que el acceso a esta información no es opcional. Es un derecho establecido por ley, y cualquier persona puede exigirlo y reclamar cuando no se cumple. Ante infracciones, el CPLT puede sancionar con multas al jefe de servicio del órgano infractor y, en ciertos casos, a todos los demás funcionarios que comparten responsabilidad hacia abajo.
Revisa el documento: Reporte corporaciones municipales, asociaciones de municipalidades y otros organismos del ámbito local y regional
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