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La pedagogía de la crisis ética
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Por Darío Balvidares | 05/06/2025 | Argentina
Fuentes: Huella del Sur
La ética pública en disputa
Walter Benjamin
sostenía que la ética es memoria histórica, un compromiso con los
vencidos para evitar la repetición de las catástrofes del pasado.
Advertía que el acto ético consiste en detener el tiempo y escuchar el
reclamo de quienes han sido silenciados. Karl Marx, por su parte,
entendía la ética no como una doctrina moral abstracta, sino como praxis
transformadora, una acción concreta para abolir la explotación y las
relaciones de poder que perpetúan la injusticia.
Ambas
perspectivas convergen en un punto crucial: la ética pública no se
reduce a normas jurídicas, sino que es el fundamento de la
responsabilidad y la emancipación. Cuando las instituciones abandonan
esos principios, el abuso de poder se naturaliza y la justicia se
convierte en instrumento del privilegio.
Privilegios judiciales y blindaje institucional
El
caso Lago Escondido exhibe sin filtro la connivencia entre jueces,
empresarios y políticos. En octubre de 2022, magistrados como Julián
Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Yadarola, Pablo Cayssials y Juan
Bautista Mahiques, fiscal general porteño, junto al exministro Marcelo
D’Alessandro, viajaron a la estancia de Joe Lewis sin que jamás se
explicara el motivo de la invitación con el patrocinio del Grupo Clarín.
Facturas falsas emitidas después del viaje intentaron encubrir los
gastos, y los chats filtrados de Telegram revelaron estrategias para
frenar la difusión del escándalo.
Sin embargo, el juez Sebastián
Ramos cerró la investigación con el argumento de que las pruebas fueron
obtenidas de manera ilegal, evitando cualquier revisión sobre el posible
delito de dádivas. Como corolario, el Consejo de la Magistratura, con
el voto clave del senador Eduardo Vischi (quien había cambiado de
postura en la investigación de la estafa de la criptomoneda $Libra),
archivó el sumario disciplinario contra los jueces involucrados.
La
invitación a Lago Escondido, lejos de ser un simple encuentro social,
refuerza la sospecha de intercambio de favores entre la justicia y los
sectores económicos concentrados. Pero la estructura judicial prefirió
clausurar la causa antes que exigir explicaciones.
Espectáculo y doble vara
En
contraste con la inacción frente a Lago Escondido, el caso de la jueza
Julieta Mackintach fue castigado con rapidez y dureza. Autorizó la
filmación del documental Justicia Divina en plena causa por la muerte de
Diego Maradona. La Corte Suprema bonaerense la apartó en 24 horas (con
una licencia por 90 días) y el periodismo exigió su juicio político.
Aquí,
la ética judicial se aplicó con aparente rigurosidad, porque no
afectaba intereses corporativos. Mientras Mackintach fue presentada como
un ejemplo de corrupción, los jueces que aceptaron un viaje privado
financiado por empresarios siguen ejerciendo sin rendir cuentas. La
justicia se vuelve selectiva: si la falta no perjudica al poder, se
castiga con fuerza; si amenaza intereses empresariales o políticos, se
archiva sin consecuencias.
Operadores al resguardo
La
lógica del blindaje judicial también se verifica en el caso de Fabián
“Pepín” Rodríguez Simón, operador del macrismo prófugo en Uruguay desde
2020, evadiendo una orden de captura por asociación ilícita. La Corte
Suprema y la Cámara Federal han dilatado su extradición, dejando su
situación en un limbo legal.
Un escenario similar ocurrió con el
espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri, donde la
entonces AFI realizó seguimientos a periodistas, jueces y opositores
políticos, incluyendo a los familiares de las víctimas del submarino ARA
San Juan.
Se los fotografió en misas y marchas, y los informes
generados por la inteligencia estatal se usaron para anticipar sus
reclamos.
En 2021, el juez Martín Bava procesó a Macri por seis
hechos de espionaje, pero la Cámara Federal porteña lo sobreseyó,
argumentando que las tareas de inteligencia fueron necesarias por
seguridad presidencial.
En cada uno de estos casos, la justicia
actuó como un escudo protector, asegurando que ciertos sectores operen
con absoluta impunidad.
Represión sistemática y silencio judicial
Mientras
la justicia protege a jueces, operadores políticos y empresarios,
guarda silencio absoluto frente a la represión sistemática comandada por
la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cada miércoles frente al
Congreso. Las fuerzas federales ejecutan operativos con golpes, uso de
gas pimienta y detenciones arbitrarias, fuera de su área de competencia.
Periodistas, jubilados y manifestantes han sido agredidos, sin que haya
una intervención judicial para limitar el abuso de poder.
La
pregunta es inevitable: ¿dónde están los jueces y fiscales que deberían
frenar el uso ilegal de la fuerza estatal? En contraste con su
inmediatez para sobreseer a los jueces de Lago Escondido, no hay
investigaciones ni pronunciamientos sobre el accionar represivo del
Gobierno.
Este silencio judicial no es casualidad. Es parte del
mismo sistema que protege los privilegios de la corporación judicial y
económica, mientras criminaliza la protesta social.
La performatividad del poder y la pedagogía crítica
Cada
acción del poder comporta una gestualidad performativa (tiene un efecto
sobre las conductas), que no solo afecta a los implicados directos,
sino que educa a la sociedad sobre lo que es aceptable, legítimo o
inevitable. Cuando jueces blindados viajan a Lago Escondido y la causa
se archiva sin debate, el mensaje implícito es que ciertas alianzas
quedan fuera de la indagación. Cuando el espionaje a los familiares del
ARA San Juan se justifica como seguridad presidencial, se instala la
idea de que la vigilancia estatal puede ser legítima si se administra
con discreción. Cuando la represión semanal frente al Congreso se trata
como protocolo habitual, el derecho a la protesta queda reducido a una
excepción.
La pedagogía de la crisis ética impone la
naturalización del abuso de poder. La justicia deja de ser un
instrumento de equidad y se convierte en un mecanismo de reproducción de
privilegios. Pero esto no es un accidente, sino una lección
estructurada: una educación tácita sobre quiénes pueden ejercer poder
sin restricciones y quiénes deben someterse a él.
Frente a este
escenario, la única vía para desmontar esta pedagogía del sometimiento
es construir una pedagogía crítica, capaz de revelar los dispositivos de
encubrimiento y desafiar la construcción de la impunidad. La justicia
no puede limitarse a ser una maquinaria que administra leyes: debe
sustanciarse en su capacidad de transformación. Como planteaban Walter
Benjamin y Karl Marx, la ética no es una mera formulación normativa,
sino el resultado de una memoria activa y una praxis liberadora.
Solo
si la justicia actúa como herramienta de emancipación podrá garantizar
su función esencial: no la de preservar el orden existente, sino la de
quebrar las estructuras que sostienen la desigualdad.
Nuestra
lucha colectiva debe apuntar a democratizar el Poder Judicial, para que
deje de funcionar como la casta aristocrática que perpetúa privilegios
en el siglo XXI.
Referencias:
Benjamin, W. (1940). Tesis sobre el concepto de historia.
Marx, K. (1845). Tesis sobre Feuerbach.
Fuente: https://huelladelsur.ar/2025/06/01/la-pedagogia-de-la-crisis-etica/
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.