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Con motivo del 22 de marzo: Día Mundial del Agua
Principales conflictos hídricos en Argentina
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Por Mario Hernandez | 27/03/2025 | Argentina
Fuentes: Rebelión
Declarado en 1993 por la ONU. Luego, en 2005 se inaugura el Decenio Internacional del Agua. Su principal objetivo, es crear conciencia de la importancia de cuidar este líquido vital, imprescindible para todas las especies del planeta Tierra, dar a conocer la problemática de millones de personas que carecen de agua potable, y las medidas a adoptar para resolverlo.
En 2025, el enfoque está puesto en el papel fundamental de los glaciares en el ciclo del agua y en los desafíos que enfrenta el mundo debido al cambio climático. Este año, el lema central es «Salvemos nuestros glaciares», destacando la urgencia de su conservación para garantizar el abastecimiento de agua dulce. La preservación y cuidado de las aguas, tanto superficiales como subterráneas, sea de ríos, lagos, mares y océanos, glaciares, humedales y manantiales, o de acuíferos de diferente tipo, es fundamental para el equilibrio de la naturaleza y de los ecosistemas, además de la provisión hídrica potable a las personas y sociedades de seres humanos en el planeta. El agua que se obtiene y utiliza precisa que se tenga cuidado en no contaminarla o extraerla en exceso, a riesgo de agotar la fuente de provisión de la misma y secar la tierra. Incide sobre el cambio climático; de ahí la importancia de reducir vertidos, las inundaciones, las sequías, la contaminación del agua y su escasez. Además de los gobiernos, instituciones, industrias y empresas nacionales y transnacionales, la conservación del agua es una responsabilidad de cada comunidad y de cada ciudadano. La minería irresponsable y los vertidos contaminantes son otra amenaza para los recursos hídricos.
A continuación, los principales conflictos hídricos en Argentina
Famatina: Cuarto Festival Puentes de Agua
Se desarrolló este fin de semana en el pueblo de La Rioja que
echó a cinco mineras. Se trata de un encuentro organizado en forma
autogestiva por defensores del agua y los territorios que tiene como
objetivo intercambiar experiencias de resistencia contra los
extractivismos, visibilizar las diferentes problemáticas y pensar
estrategias comunes de lucha.
Puentes de Agua es un espacio para que las diferentes asambleas y
colectivos del país puedan poner en común estrategias de
resistencia y existencias frente a un modelo de muerte.
Las ediciones anteriores de este Encuentro/Festival se
desarrollaron en la localidad catamarqueña de Andalgalá junto a la
Asamblea el Algarrobo; la segunda en la ciudad bonaerense de Cardales
(Exaltación de la Cruz) junto al colectivo Exaltación Salud, y la
tercera en el departamento sanjuanino de Jáchal con la Asamblea
Jáchal No se Toca.
Esta cuarta edición se lleva adelante en Famatina, un pueblo que,
junto a otros como Chilecito, logró impedir la instalación de cinco
proyectos mineros de compañías como Barrick Gold, Osisko Mining
Corporation, Shandong Gold, Midais y Seargen.
Entre el sábado 22 y el lunes 24 de marzo se acercaron
integrantes de la Comunidad Costera de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, Vecinas Autoconvocadas Humedal Urbano
Génova VACHUG de Berisso Pcia. Bs As, Asamblea Por el monte Córdoba,
Brigada Forestal Aromito de Salsipuedes Córdoba, Asamblea Mar libre
de Petroleras de Mar del Plata, Radio Comunitaria La Revuelta de Mar
del Plata, el Área de Salud y Ambiente del Frente Darío Santillán-
Corriente Plurinacional. (Regional: abarca La Plata, Berisso,
Ensenada y Florencio Varela), el Movimiento de Mujeres y Diversidades
Indígenas por el Buen Vivir, la Asamblea No a la mina Esquel, el
Centro Comunitario Yakacuaha de Moreno, la Asamblea Interbarrial de
Parque Saavedra, la Coordinadora Plurinacional Basta de Falsas
Soluciones, la Red Plurinacional de Pueblos Fumigados, Rebelión
Científica Argentina, Exaltación Salud (Cardales), XR Argentina,
Círculo Autónomo Feminista Cuarto Menguante Bs As, Asamblea Ancasti
por la Vida, la Campaña fuera Mekorot, Asamblea Jáchal No se Toca,
Colectivo Después de la Deriva, entre otras.
El Festival Puentes de Agua nació en 2022 como respuesta a las
detenciones de Aldo Flores y Enzo Brizuela el 30 de mayo de 2022, con
el objetivo de acompañar la lucha de la Asamblea El Algarrobo, de
Catamarca. Como respuesta colectiva, más de 200 personas de
distintos territorios nos convocamos entre el 22 y el 23 de octubre
de 2022 en Andalgalá y Choya.
En enero de 2023, tres integrantes del colectivo de vecinas y
vecinos Exaltación Salud fueron detenidxs por la policía al
intentar desplegar una bandera que decía Basta de Cáncer / Paren de
Fumigarnos durante el acto de inauguración de un Hospital Modular en
Los Cardales en el que se encontraba el entonces presidente Alberto
Fernández. Dos meses después, el 11 de marzo de 2023 hicieron el 2°
Festival Puentes de Agua junto a las y los compañerxs de la Asamblea
Exaltación Salud.
En 2024, la Asamblea Jáchal No Se Toca (San Juan) se encontraba
en una campaña para reclamar por el avance de la causa por el
derrame de un millón setenta y dos mil litros de solución cianurada
en la mina Veladero ocurrido en septiembre de 2015. Unos meses antes,
integrantes de ese colectivo habían viajado con su reclamo a la
Ciudad de Buenos Aires y ahí decidimos acompañarlos en su
territorio con un Puentes de Agua que hicimos en marzo.
¿Por qué en Famatina este año?
En 2006, vecinos y vecinas del Departamento de Famatina se enteraron de que la empresa minera Barrick Gold pensaba instalarse en su territorio. Poco a poco comenzaron a informarse sobre lo que implicaba la megaminería y comprendieron que la Barrick se llevaría toda su agua.
A partir de allí comenzaron con acampes, muraleadas, panfleteadas y con toda esa fuerza colectiva lograron no sólo echar a la Barrick, sino también impedir otros cuatro intentos de instalación de mineras: la china Shandong Gold, la canadiente Osisko Mining, la salteña Midais y la riojana Seargen.
Festival en defensa del agua en Trelew
El 22 de marzo es el Día mundial del agua, mientras su
disponibilidad está en peligro tanto por el cambio climático, como
por el saqueo de los bienes comunes naturales. Es esencial, pero,
cuando no la contamina, el extractivismo consume millones de litros
diarios. Por esto, la Unión de Asambleas de Comunidades y la
Comisión por la Memoria del Pueblo de Trelew organizaron, el sábado
22 de marzo desde las 15:00 en la Laguna Chiquichano, un festival en
defensa del agua.
Hoy los gobiernos, el de Javier Milei y los gobernadores, como
Ignacio Torres del PRo, o Raúl Jalil del PJ de Catamarca, elogian e
impulsan políticas extractivistas, mostrando que no hay grieta en
este punto en los partidos patronales.
“El
agua vale más que el oro”, es una consigna que se repite desde
hace años en Chubut y que se repite en distintos puntos del país.
En la provincia, esa consiga tiene como bandera la defensa de la Ley
5001, amenazada por los intentos tanto del Pro de Ignacio Torres,
como del PJ y la UCR de habilitar la megaminería contaminante en la
provincia.
La defensa del agua contra la megaminería sigue vigente en la
provincia, por eso ante las políticas extractivistas que impulsa
Milei y Torres con el RIGI, que quiere habilitar la explotación de
uranio, oro y plata, y otras formas de extractivismo como el fracking
en el Golfo de San Jorge, y el hidrógeno verde es necesario
movilizarse y ganar las calles como en diciembre de 2021 cuando
derrotaron la megaminería de Arcioni y los Fernández.
Este 24 de marzo, activistas ambientales que vienen defendiendo en
las calles los bienes comunes se volverán a movilizar porque la
dictadura sigue vigente en la deuda externa que el gobierno de Javier
Milei y los gobernadores quieren hacernos pagar con más saqueo y
contaminación.
Denuncian la construcción de un barrio privado en la reserva de biósfera en San Fernando
Es un área sobre el Río Paraná, dentro del Delta, para la cual
se comenzó con la canalización y desmonte de terrenos por parte de
desarrolladores. La construcción incluye la creación de un complejo
llamado “Ciudad Náutica” con más de 400 lotes que incluye un
balneario, un parque náutico, un patio de comidas, instalaciones
deportivas y otras iniciativas inmobiliarias.
La Reserva de biósfera Delta del Paraná, significa que la zona
afectada es un humedal protegido, crucial para el ecosistema local.
Esta condición fue designada por UNESCO en el año 2000 y se amplió
en el año 2007. Hablamos de una zona ubicada en la segunda y tercera
sección de las Islas del Delta Bonaerense, en la jurisdicción del
Municipio de San Fernando.
La empresa responsable del proyecto se llama Desarrollos y tiene
sus oficinas en la localidad de La Reja, en el partido de Moreno. Son
también propietarios del barrio privado náutico Albardón, en el
Río Paraná de las Palmas y Arroyo Cuevas Grandes, en las islas de
San Fernando, frente al puerto de Escobar.
Quienes habitan en esta zona están alarmados por la magnitud e
impacto del proyecto, del cual hay incertidumbre sobre los permisos
municipales y la respuesta y poca intervención de las autoridades.
Al día de hoy se están realizando trabajos con retroexcavadoras
y maquinaria pesada. Lo que significa un alto impacto ambiental y la
desaparición del humedal.
Vecinas y vecinos isleños autoconvocados se están movilizando por
este tema y por eso convocan a firmar una petición
(https://chng.it/Q5jXZnRx4J).
Buscan generar conciencia y acción además de buscar apoyo y
asesoramiento para detener o modificar el proyecto.
Tigre: El Guazú Nambi está en peligro
Por Ernestina Arias
En Tigre vecinas y vecinos denuncian que se sigue destruyendo el
humedal con el aval del municipio, que permite el avance inmobiliario
sobre el barrio y el arroyo Guazú Nambi. En octubre de 2024
sufrieron los primeros embates sobre el territorio de forma ilegal
sin haber sido consultados y sin que se haya realizado el impacto
ambiental pertinente. La Asamblea Isleña llevará a cabo el Festival
El Río Es Memoria el próximo domingo 16 de marzo a partir de las
11:00 en la Estación Fluvial para visibilizar esta problemática,
además de otras en el marco del mes de la Memoria, Verdad y
Justicia. A través de la voz de una vecina describimos la lucha que
realizan cada día.
Vivir en el Guazú Nambí
Maru vive en la isla desde hace 20 años y desde el primer día
que se mudaron con su compañero Daniel usan el arroyo Guazú Nambí
para poder cruzar todos los días, es el punto más cercano con el
continente. “Está muy cerquita de mi casa –relata– nosotros
estamos sobre el río Luján y del lado de enfrente tenemos el
continente. Vamos remando ahí hasta el Guazú Nambí que son 5 o 10
minutos. El arroyo entra justo a un barrio que lleva el mismo nombre
se llama Parque Guazú Nambí, es un barrio popular, donde viven 200
familias, capaz que un poquito más.”
Hasta hace muy poco el barrio no tenía agua potable, Maru
describe que el barrio se manejaba con el aguatero: “venía el
camión y traía el agua, quien tenía tanque en su casa se los
cargaba y el que no, teníamos tanques en la calle y de ahí se
abastecían. Muchos de la isla nos abastecemos de esa manera, aparte
de cruzarnos para ir a trabajar, para llevar a los niños y niñas al
colegio, que algunos no van a la isla, esa era la manera, comprar
nuestros víveres y demás cosas. Hará un par de años llegó el
agua corriente y para nosotros sigue siendo nuestro lugar de
abastecimiento, en la isla no tenemos agua potable. En pandemia AySA
empezó a repartir agua por los muelles, estaba muy bueno, pero con
este gobierno nefasto que tenemos de Milei nos cortaron absolutamente
todo, no hay plata para nada así que nos quedamos otra vez sin el
suministro de agua potable, el reparto que nos daban. Así que
seguimos abasteciéndonos ahí en Guazú Nambí.”
“Somos
varios los vecinos que usamos ese arroyo, muchos que vivimos sobre el
Luján, el arroyo Caraguatá desemboca justo de la mano de enfrente
del Guazú Nambí, también vienen muchos vecinos del arroyo
Carapachay que está mucho más arriba, es la manera que tienen de
cortar camino. Acá no vivimos todos tan cerca, pero al vivir en la
isla uno dice vecino, es mi vecino, por más que esté más lejos. En
el Espera, un vecino sí tiene que venir por la estación fluvial
tarda más o menos una hora en llegar a la casa, y usando este arroyo
Guazú Nambí, viniendo desde el continente tarda 20 minutos. Así
que es un punto estratégico que tenemos ahí”, refiere Maru.
Historia de un despojo
Para ponernos en contexto de lo que ocurre ahora con el arroyo y
el barrio Maru nos relata los orígenes. “De un lado del arroyo
está el barrio Parque Guazú Nambí, y del otro lado el predio ex
SOEVA, un predio que en sus comienzos se llamó Laura por el apellido
de la familia que había comprado, era un recreo muy conocido.
Después se lo venden a SOEVA, que es el Sindicato de Obreros y
Empleados Vitivinícolas. El recreo pasó a manos de SOEVA, durante
la dictadura se la quedan los milicos y cuando vuelve la democracia,
según lo que han contado los vecinos, lo empiezan a administrar en
el gobierno de Menem. Nunca nadie paga nada, así que se lo va
quedando el Estado hasta llegar a las manos de la municipalidad de
Tigre. En el 2010, por decreto, Sergio Massa cede la calle principal
que atraviesa el predio del ex SOEVA por la que entramos, que es la
calle Sucre y sale a otra que se llama Dellepiane. En esa calle
Dellepiane tenemos conexión directa a Ruta 27, que ahora la llaman
Agustín García y estamos ahí nomás de Nordelta. Dellepiane es una
de las pocas calles que está sin privatizar, que tiene salida al río
Luján. Massa le cede esta calle Sucre a un privado, dos hermanos de
nombre Súcari y otro socio llamado Sielecki, obligándolos a hacerse
cargo de la realización de la nueva calle, cosa que no hicieron,
tenían un tiempo para hacerlo y no lo hicieron. Y estos tipos los
ponen como cuidadores honorarios de este predio y se lo terminan
vendiendo en un valor muy mínimo. Pasaron los años y la única
entrada que tiene el barrio es esa calle, que decimos está cedida
ilegalmente porque quien tiene ese poder es el Concejo Deliberante y
también tiene que estar aprobado por Provincia y pueden ser cedidas
en caso de que sea una calle en desuso. Jamás fue una calle en
desuso esa calle, se usa hace más de 60 años y es la única entrada
que tiene el barrio.”
Ya más cerca en el tiempo Maru indica que “en octubre del 2024
un vecino del barrio comenta que iba a venir gente de la
municipalidad, que los predios estaban vendidos. Nos enteramos de una
reunión de un día para el otro, en un horario que quien labura es
medio imposible. Algunos vecinos del barrio pudieron asistir y otros
de la isla. Cuando llegaron a la reunión estaba Mario Zamora, el
hermano de Julio, el intendente. Se presentó como asesor del
intendente, para contarnos que en muy poquito tiempo arrancaban con
la obra de la nueva calle, porque la calle Sucre ya estaba cedida,
vendida, que no la íbamos a poder utilizar más e iban a cerrar la
calle y a sacar el puente que es el que usamos, un puentecito que
atraviesa el Guazú Nambí y pasas de un lado del barrio para el
predio de SOEVA.” Ante la primera pregunta de vecinos por el arroyo
Mario Zamora titubea y admite que van a hacer un barrio privado,
confirma Maru. “A la gente más que nada le interesaba qué era lo
que iban a construir ahí. Primero dijo que torres, de dos, tres
pisos, después terminó diciendo de seis, que el barrio tenía un
espejo de agua, y nosotros sabemos que al tener al monstruo este
Nordelta muy cerquita, está casi toda la costa de Luján
privatizada. Este es uno de los pocos lugares que queda sin
privatizar. Nosotros donde estamos tendríamos que hacer una hora más
de viaje para Villa La Ñata para poder cruzar o 45 minutos más o
menos hasta la estación fluvial de Tigre, así que el resto está
todo privatizado. Obviamente hay salidas al río Luján, pero son
todas de barrios privados, ellos te dicen que hay amarras de cortesía
que se pueden usar y todo, pero es mentira. Vos llegas ahí con tu
bote y obviamente no hay gente que quiera convivir con otros vecinos
de islas, así que es mentira y no nos dejan utilizar esas entradas.”
Organización
Frente a tal situación no quedaba otra alternativa que
organizarse, sostiene Maru y relata las formas que encontraron para
hacerlo. “Nos unimos con los vecinos del barrio Parque Guazú Nambí
y empezamos a hacer asambleas, empezamos a averiguar, hicimos
presentaciones en la municipalidad para que nos digan realmente qué
era lo que iban a hacer ahí en el predio. La municipalidad no nos
daba demasiada información, así que sentimos todo el tiempo que
estaba del lado del privado. Pasaron 3 o 4 días y llegó una
retroexcavadora que desmontó una parte del predio, gente con misma
ropa de la municipalidad y empezaron con motosierra en mano a talar
árboles. Todo esto sin un cartel de obra sin absolutamente, un
permiso de nada y sabiendo que los vecinos ya estábamos en pie de
guerra contra esto porque no hubo una audiencia pública, no nos
dijeron qué van a hacer, no sabemos si van a elevar un montón los
terrenos como sabemos que hacen por arriba de los 4 metros, si se iba
a inundar el barrio, si se iban a quedar con el arroyo, que es el que
utilizamos la gente de la isla. Tenemos todo documentado en videos,
en fotos, subimos a redes haciendo todo el tiempo denuncias a la
municipalidad. Mucho perjudicado y poco beneficiado, obviamente los
de mayor poder adquisitivo al nuestro eran los que iban a estar
beneficiados y este grupo de privados. La municipalidad
nunca nos dio bola.
Logramos una medida cautelar, la Jueza Federal Sandra Arroyo
Salgado nos dio 90 días y en esos 90 días hicimos varios cortes en
Ruta 27 en Nordelta informando a la gente, a algún que otro barrio
de alrededor que tenemos, informándole a mucha más gente de la isla
y haciendo presentaciones en la municipalidad, hasta que nos
enteramos de que lo que quieren hacer es la continuación de un
barrio que está dentro de Nordelta que se llama Puerto Escondido. Lo
que ellos quieren hacer es la ampliación de ese barrio. Y no tienen
solamente el predio del ex SOEVA, sino que ya tienen comprado un
montón de terrenos. No sabemos en qué circunstancias, obviamente,
pero dentro de ese predio está una parte de la calle Dellepiane, que
creemos que también se la van a quedar, por ende, termina quedando
la calle pública sin acceso para la gente que viene a pescar, es la
única parte que quedó pública con acceso al río Luján. Antes de
que se venza la cautelar se presentó otra vez en la justicia el
pedido de renovación, por suerte nos la concedieron y ahora tenemos
180 días hasta el 17 de agosto del 2025 esta medida de la cautelar.
Luego la jueza se tuvo que declarar incompetente, entonces todo bajó
acá a Fiscalía de Rincón y nos tocó por sorteo el Fiscal Jorge
Sebastián Fitipaldi y el juez Orlando Díaz.
Yo pertenezco a Asamblea Isleña y la verdad que la asamblea fue
el puntapié para poder activar con todo esto. Hicimos un montón de
denuncias, fuimos a la a la Dirección Provincial de Islas (DPI), la
verdad que se lavaron las manos, no nos dieron bola, nos dijeron que
del lado del río Luján para el margen derecho ellos no tienen nada
que ver. A partir de la investigación de la denuncia y el pedido de
cautelar se desprendió el posible delito que es esta venta ilegal,
por lo que seguimos, en pie de lucha. El arroyo lo seguimos usando,
seguimos transitando, organizándonos con la asamblea isleña estamos
ahí al pie del cañón. A pesar de que en un momento la gente del
barrio pensó en que no hay manera, de que sí o sí esto se iba a
hacer, de que es un hecho, esperando que el privado presente estudios
de impacto ambiental, porque este barrio se puede inundar. Nosotros
no creemos en firmar ningún contrato con el privado y creemos que
podemos recuperar ese predio para algo para toda la comunidad, ya
bastante daño nos están haciendo Nordelta y un montón de otros
barrios privados construyendo sobre el humedal y la verdad que este
lugar es falla de inundación, también cuando hay mareas este lugar
se inunda, el barrio, las casas están hechas en altura como en la
isla, el predio es inundable, entonces creemos que si van a edificar
ahí no hay manera de que no nos afecte. Ni hablar de quedarse otra
vez con la costa pública, que es de todos y de todas, y de esta
manera se queda solo para muy poca gente, la privatizan y no podés
acceder, se van a terminar quedando con nuestro arroyo que, en caso
de emergencia, de urgencia, estamos a un cruce del continente, es
mucho más rápido poder llamar a la ambulancia que llega al
continente y nos asista, que hacerlo por el río.
El futuro llegó hace rato
Entre las tantas formas de defender el lugar que habitan, las y
los vecinos realizan festivales culturales con artistas locales en la
Estación Fluvial de Tigre, como el próximo domingo 16 de marzo a
partir de las 11:00, tal como cuenta Maru. “Este domingo hacemos un
festival con la Asamblea, se va a llamar El Río es Memoria,
obviamente en vísperas del 24 de marzo, y vamos a estar difundiendo
todo este tema del Guazú Nambí. Tomamos como referencia al Guazú
Nambí porque es casi el último lugar que queda, que no se comió
Nordelta, esta gigantesca empresa que viene destruyendo todo, incluso
a los carpinchos. Algunos vecinos de Nordelta se acercaron a las
reuniones que teníamos en el barrio y contaron esta problemática:
Nordelta te vende naturaleza y en realidad lo que hace es destruirla,
hay gente que se ha ido a vivir ahí creyendo que iba a vivir en la
naturaleza y en realidad ahora les están matando los carpinchos en
la cara, los electrocutan, aparecen los carpinchos muertos, no les
importa nada. De hecho, terminaron edificando sobre el humedal y por
eso tenemos todos los problemas que tenemos ahora por eso. Tigre
cada vez se inunda más y queremos defender lo poco que queda de
estas zonas, presentar un proyecto y hacer algo para la comunidad.
El Guazú Nambí tenía la forma como una especie de herradura que
empezaba acá en Río Luján y desembocaba en el canal aliviador que
es ahora la pista nacional de remo. Ahí está el canal aliviador y
el puente de cemento que lo atraviesa se llama Guazú Nambí
justamente porque el arroyo terminaba ahí. Cuando hacen el primer
barrio privado de Tigre que se llama Santa María, pegado al barrio
parque Guazú Nambí, rellenan una parte del arroyo y nos quedamos
sin poder dar la vuelta como se podía hacer antes, todo esto contado
por una de las vecinas más antiguas del barrio, pero era un arroyo
navegable totalmente y ahora quedan unos 400 metros de arroyo nada
más.
Si los dejamos avanzan y se terminan quedando con lo que queda del
arroyo, vienen por eso vienen por nuestro territorio”, finaliza
Maru.
“El
Pantanillo no se toca”
El humedal El Pantanillo está en peligro por la presión
inmobiliaria, que busca desmontar y construir en una zona protegida
por la Ley de Bosques de Córdoba. Este ecosistema permite proteger a
Carlos Paz de inundaciones ante las crecientes de los arroyos y
lluvias abundantes.
Por los barrios Altos del Valle y Colinas, en el oeste de Villa
Carlos Paz, Córdoba, pasa un arroyo llamado El Sauce. Su cauce
termina desembocando en el Lago San Roque. En el camino de este
arroyo existe un humedal conocido como El Pantanillo. La
municipalidad, gobernada por la fuerza política “Carlos Paz
Unido”, encargó y pagó en 2015 un informe hidrológico de El
Sauce, complementado luego con un estudio geomorfológico de todo el
oeste de la ciudad, realizado en 2020. La conclusión de dichos
trabajos científicos es que la ciudad necesita preservar El
Pantanillo y realizar obras de canalización para proteger la zona de
inundaciones y escorrentías. Sin embargo, lejos de ocurrir esto, se
promueve la urbanización de ese espacio en detrimento del humedal.
Toda historia de ataque al medio ambiente es una historia de
corrupción que, generalmente, involucra a funcionarios públicos y a
alguna empresa. En este caso, los funcionarios públicos son de
Ejecutivo municipal –encabezado por Esteban Avilés–, los
concejales del oficialismo y tres ediles de la “oposición”. La
empresa que promueve la urbanización se llama Quattro Pilares.
Los humedales son esponjas y filtros de agua. Son una
infraestructura natural donde el agua entra por un extremo y sale por
el otro, más limpia y con un caudal más moderado. Otra manera de
decir esto es: uno de los servicios ambientales de los humedales es
la regulación hídrica. Ante crecidas y lluvias torrenciales, los
humedales actúan como protección contra inundaciones. Por eso, El
Pantanillo es una infraestructura natural que defiende la vida de los
vecinos.
El último episodio de traición de los gobernantes de Carlos Paz
a su comunidad ocurrió el 16 de enero pasado. En plena temporada
turística, y con violaciones a su propio reglamento, el Concejo
de Representantes aprobó en tiempo récord una ordenanza que permite
el cambio de uso del suelo en la zona del humedal, donde Quattro
Pilares tiene sus intereses.
Recientemente, la Secretaría de Ambiente de la provincia
respondió a una solicitud de información pública tramitada por la
abogada Marcela Fernández, vecina de la ciudad. La información
obtenida revela que el predio se encuentra dentro de la
Categoría II de conservación de la Ley de Bosques de la provincia
(N° 9814). ¿Qué significa esto? Que allí no se puede urbanizar.
La Categoría II (amarillo) incluye a “sectores de bosques
nativos de mediano valor de conservación que pueden estar degradados
o en recuperación, pero que con la implementación de actividades de
restauración pueden tener un valor alto de conservación”.
La municipalidad tiene la potestad de cambiar el uso del suelo,
excepto cuando está en contradicción con una ley de orden público,
como la Ley
de Bosques. Si la municipalidad continúa permitiendo el avance
de este proyecto, los funcionarios que lo autoricen podrán ser
investigados por el delito de abuso de autoridad e incumplimiento de
los deberes del funcionario público. Como le pasó a Raúl Costa, ex
Secretario de Ambiente de la provincia, condenado
en 2023 por incumplir normativa ambiental.
Ahora los vecinos vamos por la derogación de la ordenanza Nº
7178/2025, que dictó el cambió de uso del suelo y pone en riesgo a
El Pantanillo.
Negocios inmobiliarios y complicidad gubernamental en Carlos Paz
Quattro Pilares es una empresa con contactos en el poder político
local y provincial, con un proyecto de urbanización sobre el arroyo
y el humedal. Sus dueños compraron un terreno de 22 hectáreas a
precio irrisorio frente al barrio Altos del Valle. En 2018,
comenzaron el desmonte sin ninguna autorización. Dichos
desmontes fueron parados porque los vecinos llamaron a la Policía
Ambiental de la Provincia, que ordenó el cese. Pero, en 2020,
en plena cuarentena, Quattro Pilares volvió a la carga con el
desmonte. En esa oportunidad, la Policía Ambiental ni siquiera se
hizo presente.
Tras el desmonte, construyeron una hormigonera e impactaron El
Pantanillo con rellenos de cemento. Las autoridades municipales
estaban anoticiadas de todo esto, pero decidieron ignorar las
recomendaciones científicas hechas para proteger los intereses de la
comunidad y priorizar los intereses particulares de una empresa. En
ese marco, sancionó la ordenanza que habilita las edificaciones.
Al mismo tiempo, la Administración Provincial de Recursos
Hídricos (Aprhi) emitió una extraña cédula de notificación donde
se borra el cauce del arroyo El Sauce de su cartografía. Esto
también beneficia la aprobación de la nueva zonificación para
posibles proyectos privados. Lo cual revela una cooperación entre el
gobierno municipal y el gobierno provincial para aprobar este
proyecto con una apariencia de legalidad.
La defensa de esta ordenanza, que hacen tanto los representantes
de la empresa como los concejales, es la misma: este proyecto es
“progreso” para la ciudad, se hace para responder a necesidades
de los vecinos, y los únicos que se oponen son “ambientalistas
dogmáticos” y contrarios al progreso.
Sin embargo, los hechos desmienten este discurso. Si este
fuera un proyecto que responde a intereses comunitarios, entonces no
estaría en contradicción con las recomendaciones científicas ni
con la Ley de Bosques de Córdoba. Tampoco se hubiera necesitado de
maniobras dudosas para aprobar la ordenanza, como apurar la votación
dentro del Consejo de Planificación, ignorar el llamado al Foro
Urbano Ambiental para escuchar la opinión de la población, hacer
cambios entre la primera lectura y la audiencia pública, y
establecer dicha audiencia a las 4 de la tarde en un día de más de
35 grados.
Por último: Carlos Paz tiene un Defensor del Pueblo electo
por voto popular, Víctor Curvino, que no estuvo presente en la
audiencia pública realizar el 14 de enero pasado. Recién el día 6
de marzo recibió a los vecinos. Prometió una respuesta formal
dentro de dos semanas, plazo que no cumplió.
Si destruyen el humedal El Pantanillo, nuestras vidas están en peligro
El arroyo El Sauce ha tenido crecidas y el oeste de la ciudad ha
pasado por lluvias torrenciales. El resultado de esto han sido
inundaciones de calles e incluso de casas. Crecientes que hubieran
sido muchísimo peores sin la presencia del humedal, incluso dañado
como está. Por ejemplo, la crecida del 2014 que destrozó dos casas
y donde hubo que evacuar a más de 30 personas.
Si permitimos que Quattro Pilares, en connivencia con quienes nos
gobiernan, asesinen al humedal, entonces las inundaciones posteriores
a la obra pueden llegar a costar millones en daños a la propiedad de
los vecinos y a la propiedad pública. Incluso correrán riesgo vidas
humanas.
“En
el punto de desagüe con el arroyo Los Chorrillos (Sitio 8) ante
eventos de magnitud el ingreso de agua a las viviendas supera los 2
metros, por lo cual sus habitantes corren peligro de muerte por la
magnitud de la afectación.” (Del estudio geomorfológico del
INA-CIRSA, página 86).
Los vecinos movilizados en defensa de El Pantanillo respaldamos
nuestros argumentos con estudios científicos que rigen el bien
común. El poder que quiere asesinar a El Pantanillo tiene de su
lado mentiras y demagogia. Los vecinos movilizados en defensa de El
Pantanillo tenemos de nuestro lado argumentos basados en la
legislación vigente como la Ley de Bosques, la Ley de la Reserva
Hídrica Los Gigantes, entre otras.
El poder que quiere asesinar a El Pantanillo tiene de su lado una
ordenanza que viola leyes provinciales y nacionales. Los vecinos
movilizados en defensa de El Pantanillo tenemos de nuestro lado
compromiso ciudadano y solidaridad entre vecinos. El poder que quiere
asesinar a El Pantanillo tiene de su lado únicamente la prepotencia.
Sabemos el escenario al que queremos llegar: no sólo la caída de
este proyecto inmobiliario, sino la restauración del ecosistema
impactado por Quattro Pilares y que la municipalidad lleve a
cabo las obras necesarias para proteger a los barrios de Carlos Paz,
tal como lo recomendaron los estudios científicos que el mismo
gobierno municipal encargó. Quienes quieren instalar una narrativa
de “ambiente” versus “progreso” quieren ocultar la verdadera
narrativa: los intereses legítimos de la comunidad versus los
intereses espurios de una minoría.
Las Comunidades Mapuche como guardianas de las cabeceras de
cuencas fluviales
Esta investigación basada en trabajos etnográficos muestra cómo
las comunidades mantienen una profunda conexión con los paisajes
acuáticos de la región. Destaca los desafíos y conflictos que
enfrentan las Comunidades Mapuche, incluyendo la continua desposesión
territorial y la lucha contra las formas de uso del ambiente que
atentan contra el Itrofillmongen (todas las formas de vida).
En un contexto actual de extractivismo y despojo voraz de los
pueblos y territorios, seguimos plantando resistencia desde distintos
espacios de vida. Nunca dejaremos de aprender del conocimiento de
nuestros ancestros, de nuestros mayores, del Kimun Mapuche, un
conocimiento con lengua propia el “Mapudungun” que se revitaliza
y fortalece de la mano de nuestros jóvenes.
Demandamos el RECONOCIMIENTO de los territorios indígenas como
territorios únicos y cruciales en tiempos de urgencia ambiental y
profundos cambios socioecológicos y culturales por avanzadas
extractivistas. Marichiweu! Marichiweu!
Fuera Mekorot
Por Gustavo Montenegro
Tras un viaje a Israel encabezado en abril 2022 por el entonces
ministro del interior, Wado de Pedro, el Consejo Federal de
Inversiones y cinco provincias argentinas (San Juan, Mendoza,
Catamarca, La Rioja, Río Negro) suscribieron convenios para la
gestión de recursos hídricos con Mekorot, la compañía estatal de
aguas de Tel Aviv.
Mekorot es uno de los puntales de las políticas de apartheid del
Estado sionista contra el pueblo palestino. Ya en 1967, Israel
dispuso una orden militar que impide a la población palestina el
desarrollo de cualquier obra hídrica sin autorización previa de las
autoridades. “La población palestina que vive bajo la ocupación
militar israelí ha seguido sufriendo hasta nuestros días las
devastadoras consecuencias de esta orden. No puede perforar nuevos
pozos, instalar bombas ni ahondar pozos ya existentes, y además se
le niega el acceso al río Jordán y a los manantiales de agua
dulce”, denuncia un informe
de Amnistía Internacional de noviembre de 2017.
En contraste, Mekorot realiza todo tipo de perforaciones y
explotación de manantiales en los territorios ocupados para
favorecer los asentamientos ilegales de los colonos israelíes.
Mekorot vende parte del agua a firmas palestinas, pero en
volúmenes limitados.
Todo esto configura un cuadro de escasez de un recurso básico
para los agricultores y la población palestina en general.
En el caso de la Franja de Gaza, donde el 90 o 95% del suministro
de agua está contaminado o no es apto para el consumo humano -según
el informe ya citado de Amnistía Internacional-, Israel no permite
el traslado de agua potable desde Cisjordania.
El acaparamiento del agua y su limitación al acceso de los
palestinos es un capítulo más de una política de anexión
territorial, redadas constantes en Cisjordania, bloqueo y
bombardeos sobre la Franja de Gaza, y discriminación de la población
árabe-israelí.
Es por todo esto que los acuerdos firmados con Mekorot deben ser
cancelados. En 2011, el entonces gobernador bonaerense, Daniel
Scioli, intentó avanzar con Mekorot en la construcción de una
planta potabilizadora en La Plata, también tras una visita a Israel.
Esa obra se terminó suspendiendo debido al rechazo público que
genera la compañía.
En los acuerdos hídricos con el Estado israelí participan tanto
gobiernos del Frente de Todos (La Rioja, San Juan, Catamarca) como de
Juntos por el Cambio (Mendoza). Los lazos políticos con el Estado
criminal de Israel están más allá de toda grieta.
No olvidemos que el primer viaje al extranjero de Alberto
Fernández fue a Israel -una señal política. Sergio Massa es
un admirador de las políticas de seguridad israelíes y
Wado de Pedro, que lidera el desembarco de Mekorot, un hombre de la
vice Cristina Kirchner.
A su vez, la dirigente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich,
promovió durante su gestión como titular de Seguridad el lobby de
seguridad israelí (compra de lanchas militares, drones y sistemas de
vigilancia), que es el mismo que reprime a la población palestina.
Del otro lado de la interna de JxC, el jefe de gobierno porteño
Horacio Rodríguez Larreta hizo su propia gira por Israel a
mediados de año, como parte de sus reuniones con círculos de poder
para afianzar su precandidatura presidencial.
Como en Palestina, Mekorot viene por nuestra agua
En febrero 2023, cinco provincias argentinas firmaron convenios
para recibir asistencia técnica de Mekorot, la compañía estatal
del agua de Israel, para “hacer más eficiente el manejo del
agua”: Catamarca, Formosa, La Rioja, Río Negro y Santa Cruz se
sumaron a San Juan y Mendoza, que ya lo habían hecho en septiembre
de 2022.
El acto estuvo encabezado por el ministro del Interior, Wado de
Pedro, y su par de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, con la
presencia de varios gobernadores y gobernadoras, el embajador de
Israel, Eyal Sela, el presidente de Mekorot, Yitzhak Aharonovich, y
el titular de la Cámara de Comercio Argentino Israelí, el ex
montonero Mario Montoto. Se trata de un nuevo mojón, de una larga
serie de hitos, en el intento de la empresa israelí de incidir en el
manejo de nuestros recursos hídricos.
Mekorot –fuente en hebreo– está denunciada a nivel mundial
por restringir el suministro de agua a las comunidades palestinas, en
lo que se ha denominado un auténtico “apartheid del agua”. La
empresa mantiene el control sobre todos los aspectos del acceso al
suministro. El 85% de esta población no tiene acceso al agua,
pudiendo disponer de solo 40 litros diarios por persona cuando la
recomendación son 100 litros, según los estándares de la
Organización Mundial de la Salud.
“El
agua es un elemento vital y, sin embargo, millones de personas en el
mundo no tienen acceso a él”, sostuvo Yitzhak Aharonovich,
presidente de Mekorot, en el acto mencionado previamente. Y resaltó:
“Israel tiene una vasta experiencia en la utilización de este
valioso recurso estratégico”. Podría ser una declaración más,
pero como veremos más adelante, el Estado israelí utiliza
“estratégicamente” el recurso como otro instrumento colonial
sobre los territorios palestinos. Ese es el modelo que planean
exportar y que nuestros gobernantes están comprando.
Rechazo de organismos de Derechos Humanos
Desde
organismos de Derechos Humanos, asambleas ambientales, muchas
relacionados con la problemática del agua, y organizaciones
relacionadas a la causa palestina –el Comité Argentino de
Solidaridad con el pueblo Palestino y la Federación de Entidades
Argentino Palestinas– se ha organizado un frente de oposición
al avance de esta empresa colonial en nuestro territorio que tiene
una página
web: fueramekorot.org.
“No
queremos que Argentina negocie con el apartheid ni lo normalice. La
‘Misión de cooperación científico-tecnológica entre Argentina e
Israel en manejo del agua’ nos obliga a señalar además que el
Estado de Israel restringe el acceso al agua de la población
palestina desde 1967. Las extremas diferencias que hay en el acceso
al agua por parte de los palestinos y de los israelíes da cuenta del
apartheid del agua”, manifestó la Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos en ocasión de conocerse la realización de la
mencionada misión.
Antecedentes de Mekorot en Argentina
“Mekorot,
como muchas empresas de Israel, tiene una fuerte incidencia en todo
el territorio argentino porque la embajada israelí tiene un rol
bastante activo desde hace tiempo en nuestro país. Mekorot tuvo
convenios con la provincia de Santa Cruz y en Córdoba hizo un
trabajo de consultoría en una planta de tratamiento de aguas
residuales. En el 2011, en la provincia de Buenos Aires, hubo un
intento un poco más ambicioso de construir en la ciudad de La Plata
una planta potabilizadora de aguas con una licitación bastante
amañada, un contrato por 170 millones de dólares”, cuenta a Canal
Abierto Silvia Ferreyra,
militante ambiental y participante de la multisectorial ¡Fuera
Mekorot!.
En el caso mencionado, a través de pedidos de informes y de
investigaciones posteriores quedó demostrado que la empresa había
tenido una incidencia muy fuerte en la elaboración de los pliegos de
la licitación. Ese contrato pudo detenerse por la movilización
y la denuncia de distintos sectores: las organizaciones de la
diáspora palestina, ATE y la CTA y algunos legisladores
provinciales. “Se armó un proceso de debate, de movilización,
de difusión y se pudo frenar ese contrato. No sólo por las
irregularidades sino por lo que implicaba que el Estado provincial
convenio con una empresa condenada internacionalmente por violaciones
a los derechos humanos y, además, por el modelo de gestión que
propone para la gestión de los recursos hídricos que implica la
mercantilización del agua”.
Tras el viaje de egresados de los gobernadores a Israel, se
empezaron a firmar convenios entre las provincias participantes y la
empresa. “Con la intermediación del Consejo Federal de
Inversiones, las provincias de San Juan, Mendoza, La Rioja,
Catamarca, Formosa, Río Negro y Santa Cruz firmaron de manera
directa con Mekorot para poder recibir los servicios de la empresa.
Posteriormente, a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI),
Santiago del Estero y Santa Fe firmaron también convenios para las
mismas tareas. Casi todos los convenios son para diseñar los planes
maestros de aguas de las provincias, para poder adecuar la normativa
legal a los cambios que sea necesario a hacer y otros proyectos
menores.
Desde la campaña Fuera Mekorot y distintas organizaciones que
luchan por el agua en estas provincias, se hicieron pedidos de
informes para conseguir información sobre los convenios. “Nos
interesa saber cuál es el alcance, cuál es la contraparte, qué
compromisos hacen los gobiernos en relación a esta asesoría, quién
paga. Sobre todo, sabiendo que en Argentina nosotros tenemos un
montón de organismos que tienen especialistas y profesionales de
larga trayectoria en la materia de recursos hídricos que podrían
brindar los mismos servicios –el INA (Instituto Nacional del
Agua), el ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento), y
otros–. Nunca nos otorgaron la letra de los convenios. Lo
único que logramos del CFI es una respuesta que dice que ellos no
están obligados a responder porque no están alcanzados por la Ley
de Acceso a la Información Pública, porque son un ente autárquico
y no tienen obligación de rendir cuentas”, explica Ferreyra.
El agua como mercancía
El modelo de gestión que propone la empresa israelí postula que
toda la inversión sea abonada por los usuarios a través de la
tarifa. Son los usuarios los que amortizan la inversión de la
empresa. También propone un esquema de dos aguas: un agua potable de
mayor calidad, a un costo mayor, y un agua corriente de menor
calidad, proveniente del reciclaje de los residuos cloacales y de las
aguas residuales, que se utiliza para el riego, usos industriales y
otros. “Entonces, es el mercado el que regula el uso entre una
y otra calidad del agua, sabiendo que eso perjudica a los sectores de
menores recursos, que tienen más a mano un agua de menor calidad por
un menor precio. Es la tarifa la que regula el consumo de agua”,
concluye la referente de ¡Fuera Mekorot!.
De la multisectorial Fuera Mekorot participan: Asamblea Agüita
Pura Para San Juan; Asamblea El Algarrobo y Asamblea Pucara
(Catamarca); Asamblea Riojana Capital; Asamblea Las Heras Por El
Agua; Asamblea Socioambiental de Guaymallén; El Foro Río De La
Plata; APDH; Liga Argentina por los DDHH; BDS (Boicot, Desinversión,
Sanciones) Argentina; Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo
Palestino; Comisión Sur por Palestina – Federación de Entidades
Argentino Palestinas; Tribuna Ambiental; Ambiente En Lucha; Red
Ecosocialista; Instituto Futaleufú; Tierra Para Vivir; Marabunta;
Corriente Nuestra Patria; Coordinadora Basta De Falsas Soluciones
(Bfs); Asamblea de Choyacatamarca; Asamblea Permanente del Comahue
Por El Agua; Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad
(FIT-U).[/mks_toggle]
Salinas grandes presente en el Tribunal Internacional de la Naturaleza
El conflicto con la cuenca de las comunidades indígenas de las
Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc se ha vuelto cada vez más
fuerte, a raíz del interés de las empresas trasnacionales y la
complicidad del gobierno provincial, todo esto hace que las
comunidades endurezcan su posición en defensa de sus territorios.
Por eso lxs referentes de las comunidades no sólo hacen sus
asambleas y reuniones varias, sino también cuando salen a diferentes
actividades en el exterior, llevan su mensaje de lucha y defensa de
sus derechos.
En este caso nos referimos a la presencia de Verónica Chávez de
la comunidad de Tres Pozos y gran luchadora en defensa de la cuenca
de Salinas. Estuvo participando en el 6to. Tribunal
Internacional de la Naturaleza, realizado en Toronto, Canadá, el 28
de febrero pasado.
En esa oportunidad Verónica llevó la preocupación de las
comunidades respecto a la intrusión de empresas extractivas en su
territorio sin consultarles a ellos.
Recordemos que en las Salinas existe, entre otros, el litio, un
elemento muy necesario para asegurar los cambios en la matriz
energética mundial, pero que para su extracción hace falta mucha
agua, en una zona, donde justamente no abunda el líquido elemento.
De manera que las comunidades son conscientes de los perjuicios que
van a soportar si no se controla esa explotación.
Saben que va a faltar agua para sus animales, para la flora y
fauna del lugar y fundamentalmente, para las personas que allí
viven. O sea que vislumbran un futuro muy difícil para
continuar viviendo y desarrollándose en el lugar como lo venían
haciendo. Eso y dejar sus territorios ante esa realidad, serán
una sola cosa.
Por eso, necesitan tanto que se respete su derecho a la Consulta
Libre, Previa e Informada, para que ellas puedan expresar sus
necesidades y sus dudas respecto a las diferentes exploraciones de
empresas que se quieren llevar a cabo con el permiso del gobierno
provincial.
Mendoza: una marcha por el agua, los derechos de las mujeres y la
resistencia
Mientras el Carrusel de la Fiesta de la Vendimia avanzó por las
calles de Mendoza con su despliegue de carrozas y reinas, una
contramarcha recorrió el centro con un mensaje diferente.
El contracarrusel, una manifestación de movimientos sociales,
ambientales y sindicales denunció la megaminería, el extractivismo
y el avance de políticas que vulneran derechos fundamentales. Este
año, la movilización estuvo marcada por la confluencia con la lucha
feminista del 8M y el rechazo a las políticas nacionales y
provinciales.
Romina Caballero, de la Asamblea Ambiental de Uspallata,
subrayó la importancia de la movilización en un contexto de
represión creciente. También aseguró que la comunidad va a avanzar
en la lucha por el cuidado del agua pura: “El agua de Mendoza no
se negocia ni ayer, ni hoy, ni nunca y el pueblo lo va a decir cada
vez más fuerte”.
“Es
un momento clave y súper importante para visibilizar las
problemáticas que sufrimos anualmente en la provincia y también las
embestidas mineras que año a año quieren volver a esta provincia y
buscan formas y diversas formas para retornar”,
expresó Belén Brizuela, de la Asamblea
por el agua pura de Guanacache,
Graciela, vecina autoconvocada de Tunuyán, consideró que los
proyectos megamineros “son falsas promesas de trabajo. Son
trabajos y contratos basura. No hay progreso con la minería. Lo
único que hay es contaminación y de eso no se vuelve”.
La jornada coincidió con el 8 de marzo, Día Internacional de la
Mujer Trabajadora, y numerosas organizaciones feministas hicieron oír
sus reclamos. La crisis económica, la violencia de género y la
criminalización de la protesta fueron ejes de la movilización.
Una entrevista para entender qué pasa en Mendoza con la
megaminería
—¿Por
qué le dicen no a la megaminería en Uspallata?
—Mendoza
es tres oasis en el desierto, y desde ya que no estamos dispuestos a
perder ni uno. En Uspallata están las nacientes del Río Mendoza,
que es el único río que abastece a todo el Oasis Norte, del que
beben más de un millón de habitantes, riega 250.000 hectáreas de
cultivos (la mundialmente famosa «Tierra del Malbec»), y
sustenta el cuarto polo industrial del país. Justo ahí pretende
instalarse el Proyecto San Jorge para hacer megaminería de cobre,
oro, plata y molibdeno, según consta en el Informe de Impacto
Ambiental (IIA) de 2008. Y también recordamos que todavía quedan
tramos de la maravillosa ingeniería hidráulica del tiempo de los
huarpes. Tenemos una de las leyes de Aguas más antiguas del planeta
(de 1884). O sea, acá ya había una gobernanza del agua, antes de
que hubiera una Constitución Nacional. Todo esto demuestra que cada
gota de agua es sagrada para nosotros, lo llevamos en el ADN, marcado
a fuego en el imaginario colectivo. La sola idea de que nos
contaminen y nos disminuyan el caudal aguas arriba nos resulta
sencillamente aberrante, y creo que eso explica todas las puebladas
para defender el agua pura a lo largo del tiempo y el territorio.
—¿Qué
particularidades tiene este proyecto?
—Este
proyecto es incluso peor que el que nos presentaron en 2008, que
tenía 141 errores inadmisibles. Dos de las escombreras y el dique de
colas llevaban una geomembrana que ahora ya no está, «desapareció».
El caudal del arroyo El Tigre no les alcanza para más de cuatro días
de producción a pleno, y varía mucho estacionalmente. ¿De dónde
van a sacar el agua entonces si no es de perforaciones o del glaciar
Tambillos?
Después de todos los intentos de derogar y/o modificar la Ley
7722 (que prohíbe el uso de las soluciones contaminantes y limita
desde 2007 la avanzada minera), incluso del delirante intento de
hacer un tren para lixiviar con cianuro y ácido sulfúrico. ¿Quién
puede creerles que van a renunciar al oro, la plata y el molibdeno
que no pueden extraer por el método de flotación con xantato (sales
del ácido xántico)?
El dictamen de la Universidad Nacional de Cuyo (Uncuyo) ya
demostró que el xantato, que se degrada en disulfuro de carbono,
está al mismo nivel del cianuro en la Ley Nacional de Residuos
Peligrosos, y estarían emitiendo 270 veces más que el máximo
establecido en dicha ley. Sería muy sencillo respetar el espíritu
de la 7722 si tan sólo se remitiera a la Ley Nacional de Residuos
Peligrosos, tal como hace la ley cordobesa hermana de la 7722 (9526),
en lo que hace a la interpretación del texto “y otras sustancias
tóxicas similares”. Todo esto si hubiera voluntad política de
proteger el agua y a la población, en vez de los intereses de las
corporaciones extranjeras.
Una historia de organización y luchas
—La comunidad ya expresó, hace años, el rechazo a este proyecto. ¿Podría describir cómo fue ese proceso?
—Desde
que la megaminería se presentó en nuestro territorio, en 2008, se
terminó la paz y comenzó la contaminación social, ya que vivimos
en la angustia permanente ante el riesgo de que nos envenenen el
agua. La estrategia de Mendoza ha sido la de proteger con leyes, que
hemos parido y sostenido con el pueblo en las calles. Primero con la
creación por ley de Áreas Naturales Protegidas, con la que se
blindó la cuenca completa del Valle de Uco (Oasis Centro), y
parcialmente los otros dos. En 2007, gracias a las heroicas puebladas
de Alvear en el sur, se logró la sanción de la Ley 7722, cuyo eje
es, además de la prohibición del uso de sustancias tóxicas, la
obligación de someter a debate legislativo cada fase (prospección,
exploración y explotación, entre otros), con dictámenes de todos
los municipios que comparten la cuenca.
—Otro
punto fue el rechazo legislativo.
—En
2011, durante la gobernación de Francisco «Paco» Pérez,
antes abogado de la Barrick Gold, logramos el rechazo legislativo de
San Jorge, luego de la toma pacífica de la Legislatura un 22 de
febrero. Y la histórica audiencia pública de Uspallata, donde se
hicieron presente 2000 personas y más del 70 por ciento de los 300
oradores se manifestaron en contra. En el medio, podemos marcar como
hitos en Uspallata la conversión del casino en centro cultural y la
creación de la radio Comunitaria la Paquita, que actualmente estamos
tratando de reactivar, ya que fue crucial para el resultado de
aquella audiencia pública.
—Y
diciembre de 2019…
—Así
llegamos al Mendozazo por el agua del 2019, diez días de lucha
permanente, en toda la provincia, que han quedado plasmados en la
bellísima película HAM (Historia del Agua de Mendoza). La película
está siendo ferozmente censurada por estos días, por lo cual para
el 1° de marzo estamos planeando proyectarla simultáneamente en
todo el territorio.
—Con
el antecedente de defensa de la 7722. ¿Por qué cree que el gobierno
provincial insiste?
—Creo
que, después de esa pueblada, dejaron de subestimarnos y comenzaron
a infiltrarnos, aislarnos y perseguirnos individualmente. Todo esto
acompañado de una agresiva estrategia publicitaria en los medios
masivos, donde los funcionarios de gobierno actúan como promotores
de la megaminería y el fracking. Con el claro objetivo de tildarnos
de violentos, terroristas, y culparnos del desastre económico que
ellos mismos provocaron. Según la consabida estrategia del divide y
reinarás, del miente y miente que algo quedará, de la doctrina del
shock. También creo que se confiaron en el estrés postraumático
colectivo de la pandemia, pero evidentemente han despertado al
gigante dormido. Y tengo grandes esperanzas, a la luz de todas las
manifestaciones que se están dando, de que otra vez vamos a dar
vuelta la historia, porque en Mendoza en realidad la que manda es el
agua.
La corporación: Minera San Jorge (MSJ) y Solway Holding
La Asamblea de Uspallata investigó a la empresa Minera San Jorge (MSJ), que impulsa el proyecto minero del mismo nombre. Dan cuenta que pertenece a la multinacional Solway Holding, asentada en Malta, una empresa off-shore radicada en paraísos fiscales. «De esta depende Solway Investment Group, con sede en Zug (Suiza). Y otras 43 subsidiarias, radicadas en países como Luxemburgo, Chipre, Malta, Islas Vírgenes y San Vicente y Granadinas. Esta estructura corporativa le permite evadir impuestos, eludir reclamos y realizar grandes transacciones financieras fraudulentas de manera impune», denuncia Eugenia Segura.
Y explica que Solway nació en 2000 de la fusión de empresas
metalúrgicas, mineras y sociedades financieras, adquiridas a partir
del desmembramiento de la Unión Soviética y la apropiación de sus
empresas públicas. Su fundador es Alexandr Bronstein, nacido en
Rusia en 1954, actualmente con ciudadanía de Estonia e Israel.
Solway adquirió MSJ a la canadiense Coro Mining por cinco millones
de dólares, en sociedad con otra corporación (Aterra). En 2011,
adquirieron el 30 por ciento y en 2015 el resto. E impusieron como
nuevo CEO ruso a Taras Nechiporenko.
Solway Investment group abre su sede en Suiza en 2015. En 2020,
Alexandr Bronstein transfirió todo el holding a sus hijos, Cristian
y Daniel, ambos ciudadanos alemanes. Desde la Asamblea señalan que,
en 2022, tras el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, Solway se
desprendió de todos sus inversores, empresas y empleados en Rusia.
En Argentina, Solway se quedó con el total de MSJ.
«Los motivos de la ‘desrusificación’ de Solway tienen que
ver con la enorme campaña de exposición de los magnates rusos por
parte de la prensa internacional, en la que cayeron sus propietarios.
Solway posee (además de MSJ), inversiones megamineras en Estados
Unidos, Guatemala, Indonesia, Macedonia y Ucrania», detalla
Segura.
Y afirma que, en todos estos países, la imposición de las
explotaciones de Solway ha sido impuesta con mano dura, generando
conflictos ambientales, sociales y económicos, que derivaron en
acusaciones hacia Solway y sus subsidiarias, por hechos de sobornos,
contaminación, persecución, intimidación, criminalización de la
protesta social y asesinatos de opositores e indígenas.
El 3 de diciembre de 2024 se publicó en el Boletín Oficial de
Mendoza el registro en el país de la empresa “Zonda Metals GbmH”,
conformada un año y medio antes en la misma sede de Solway
Investment Group, en Suiza.
«Con información tomada de fuentes verificables, como el
portal Bussiness Monitorse, se constata que MSJ pertenece a capitales
transnacionales especulativos y fraudulentos, que su metodología
para imponer sus planes devastadores es coercitiva y criminal, y que
Zonda Metals GbmH es una empresa fantasma de los mismos dueños»,
destaca la asambleísta.
Aliados extractivos
—¿Qué rol juegan los gobiernos?
—El
gobierno provincial creó una empresa mixta, Impulsa Mendoza, al
mando de Emiliano Guiñazú, ex secretario de Energía y Minería del
primer gobierno de Alfredo Cornejo, y ex ceo de las empresas de
Enrique Pescarmona, imputado en el caso Odebrecht. Y puso frente de
la Secretaría de Energía y Minería a Jerónimo Shantal, quien no
cubre los requisitos para ese cargo. Hay conflictos de intereses,
personas que están de ambos lados del mostrador y dejaron afuera del
negocio, y muy resentidos, a las Cámaras de Empresarios y de
Servicios Mineros, y otros especuladores y profesionales del sector.
Entonces comenzaron a meter de prepo una zonificación en el Oasis
Sur, con un paquete de 63 proyectos en un área que ocupa medio
Malargüe.
—¿Y
cómo juega el proyecto San Jorge en ese contexto?
—El
proyecto San Jorge es la verdadera punta de lanza y porque es único
que está listo para pasar a fase de explotación, y que además es
el único que cuenta con el fallo de la Corte Suprema de Justicia
provincial para utilizar “otras sustancias tóxicas similares”,
con lo que pretenden sentar precedente jurídico para el resto.
Mientras el intendente (Francisco Lo Presti) se dedica a perseguir,
calumniar y hostigar vecinos, y a inaugurar oficinas mineras.
—¿Y
el gobierno nacional?
—Es
de público conocimiento que en el extractivismo siempre han estado
alineados, así como las declaraciones públicas del presidente
Javier Milei sobre que quien tenga el dinero para pagar, puede
contaminar todos los ríos que quiera. Además, está la ingeniería
legal aportada por el RIGI. Esto también explica el apuro por
acelerar los procedimientos, ya que lo quieren tener aprobado antes
de octubre para que San Jorge pueda entrar en el marco del RIGI.
—Respecto
al Poder Judicial. ¿Qué leyes vulnera este proyecto?
—Ya
están violando la Ley 7722, en su espíritu, que es que no le echen
sustancias tóxicas al agua, el artículo 1. Pero también, y sobre
todo en su cuerpo, que es el artículo 4, al impedir que dictaminen
los trece municipios que comparten la cuenca, reduciéndolo a sólo
uno donde está emplazado el proyecto. También la Ley 6599 de
Monumentos Naturales, y la Ley Ambiental Provincial 5961. También
estarían violando las leyes nacionales de Ambiente 25.675, de
Residuos Peligrosos 24.051, el Acuerdo de Escazú, y nuestro derecho
constitucional a un ambiente sano.
Violencia y criminalización
—¿Cuándo reactivaron la propuesta de San Jorge?
—En
enero de este año, con la presentación del Informe de impacto
ambiental, y la inauguración de las oficinas con la patota de la
Uocra (sindicato de la construcción), que motivaron dos puebladas en
48 horas en Uspallata, más todas las movilizaciones que están
sucediendo en la ciudad y otros puntos de la provincia.
A fines de de enero sucedió lo previsible. El gobierno provincial
y municipal avanzaron en la inauguración sorpresiva de la oficina de
la minera en Uspallata. Fue tomado como una provocación, en un lugar
que ya dijo que no a la megaminería. Se produjo una movilización
espontánea para repudiar a la empresa y sus aliados. Y sobrevino lo
que ya sucedió numerosas veces para imponer el extractivismo. Una
patota, en este caso del sindicato de la construcción (Uocra), atacó
a los vecinos y vecinas. Lo que motivó la movilización en la
localidad. Todo fue plasmado en tres crónicas de Eugenia Segura,
donde detalla lo sucedido el 24 y 25 de enero. El lunes 24 de febrero
detuvieron al asambleísta Mauricio Cornejo y allanamientos
arbitrarios en casas de vecinos y vecinas. La Asamblea denunció la
criminalización de quienes defienden el agua.
—¿Cómo
continuará la situación respecto al proyecto minero y la reacción
de la población?
—Estamos
en la etapa de inicio de los dictámenes técnicos y sectoriales.
Después de eso viene la Consulta Libre e Informada de los
expedientes a la comunidad en general y a los pueblos originarios
según el Convenio 169 de la OIT. Y luego de eso la audiencia
pública. Entretanto, estamos en estado de alerta permanente y
movilización hasta que logremos echarlos definitivamente con la
sanción del proyecto de ley del Área Natural Protegida
Uspallata-Polvaredas, presentado por los vecinos en 2009, y con el
respeto a nuestro derecho a un ambiente sano, y a todas las leyes que
nos amparan.
Fuentes:
Red
Eco Alternativo, Argentina Indymedia, aporrea.org,
Vecinas y vecinos autoconvados del Delta, Agencia Tierra Viva,
Resumen Latinoamericano, Prensa Obrera, Kay Pacha / Equipo Pueblos
Originarios del SERPAJ, Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo
(Comecuco) / Agencia FARCO
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.