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Otro golpe a la educación y el ataque al derecho a huelga
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Por Darío Balvidares | 27/05/2025 | Argentina
Fuentes: Huella del Sur
El gobierno escala en la profundización del ajuste educativo y la limitación de los derechos laborales con la publicación de los Decretos 341/2025 y 340/2025. Estas medidas, presentadas como herramientas de “ordenamiento” y “eficiencia”, intentan maquillar la estrategia de desmantelamiento de la educación pública y del disciplinamiento social a través de la restricción del derecho a huelga.
La negociación salarial docente fragmentada
El Decreto 341/2025
elimina la intervención directa del Estado Nacional en la negociación
salarial docente, modificando la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo.
Hasta ahora, el artículo 10 de la ley establecía que el salario mínimo
docente debía ser acordado en una mesa de negociación entre el Gobierno
Nacional, las provincias y los sindicatos docentes. Con el cambio
impuesto por el decreto, la negociación se traslada al Consejo Federal
de Educación, eliminando la participación directa del Ejecutivo nacional
y dejando el acuerdo salarial sujeto a la capacidad de negociación de
cada provincia.
Este desplazamiento no es menor: en un contexto de
ajuste presupuestario y reducción de transferencias a las provincias,
el nuevo esquema abre la puerta a diferencias salariales profundas entre
las distintas jurisdicciones y a una mayor precarización de los
docentes en regiones con menor capacidad económica. Además, la
Secretaría de Educación solo podrá refrendar los acuerdos si su
implementación es “viable presupuestariamente”, lo que añade un nuevo
filtro para limitar aumentos salariales.
Es decir, el gobierno no
interviene porque se define como anarcocapitalista, pero solo para el
caso en que los “acuerdos provinciales” no superen el índice de la
inflación (en el mejor de los casos) o según sea el antojo discrecional
del señor presidente, autopercibido como el “topo del Estado”, el que lo
viene a destruir (según sus propias declaraciones).
Por otro
lado, el artículo 9, que originalmente establecía que el Estado Nacional
debía garantizar el financiamiento educativo mediante la asignación de
recursos a las provincias, ahora permite la reasignación de fondos según
criterios de eficiencia y cumplimiento administrativo. Otra farsa en el
mismo sentido de la anterior, el gobierno se reserva el derecho de
redistribuir recursos discrecionalmente, lo que implica subordinar a los
gobernadores provinciales (que algunos mucho no necesitan para rendir
pleitesía) a los designios de las “fuerzas del cielo”; lo que genera
incertidumbre sobre la posibilidad concreta de aumento del
desfinanciamiento de la educación pública en ciertas jurisdicciones.
La educación como actividad esencial y el ataque al derecho a huelga
El Decreto 340/2025
amplía la lista de actividades esenciales, incluyendo la educación
dentro de esta categoría a través del inciso f del artículo 3. Esto
implica que, en caso de huelga, las instituciones educativas deberán
garantizar un mínimo del 75% de su funcionamiento, limitando
drásticamente la capacidad de los docentes de ejercer medidas de fuerza.
Lo
que no pudo salir por ley, me refiero a declarar a la educación como
servicio estratégico esencial, como lo hemos explicado en el artículo, “Educación como servicio estratégico esencial”,
lo vuelve a imponer por decreto el gobierno anarcocapitalista que usa
al Estado solo para castigar; la violencia simbólica y la violencia
física (como la represión sistemática de todos los miércoles a lxs
jubiladxs) son sus instrumentos preferidos para naturalizar las
continuas violaciones de derechos y vejaciones jurídicas.
Este
cambio no es accidental, forma parte de una estrategia para debilitar la
herramienta de presión más importante que tienen lxs trabajadorxs, en
un momento en el que la política de ajuste amenaza las condiciones
laborales y salariales de los docentes. Si el nuevo esquema de
negociación fragmentada ya debilitaba la capacidad de obtener mejoras
salariales, la restricción al derecho a huelga elimina cualquier
posibilidad de lucha para revertir el deterioro.
Además, el
decreto introduce la categoría de actividades de “importancia
trascendental”, que deben mantener al menos el 50% de su operatividad en
jornadas de paro, afectando también a sectores vinculados a la
educación universitaria y terciaria. Los sindicatos docentes y la CGT
han calificado la norma como inconstitucional y anticipan que
presentarán recursos judiciales contra su implementación. ¿Y un plan de
lucha?
Un intento de burlar el fallo judicial contra el Mega DNU 70/2023
El
Decreto 340/2025 no solo limita el derecho a huelga, sino que también
busca reponer de manera autoritaria las reformas laborales que la
Justicia ya había suspendido en el Mega DNU 70/2023. En diciembre de
2024, la Cámara Nacional del Trabajo declaró la inconstitucionalidad del capítulo laboral de ese decreto, señalando que el Ejecutivo no podía modificar unilateralmente derechos laborales protegidos por la Constitución.
Ahora,
el gobierno intenta reintroducir esas restricciones mediante un nuevo
decreto, ampliando la lista de actividades esenciales y limitando la
capacidad de los trabajadores de ejercer medidas de fuerza. La
estrategia es clara: si el poder Judicial bloquea una reforma por
inconstitucional (cosa que debería pasar más seguido), el Ejecutivo la
impone por otro camino, sin debate legislativo ni consenso social.
La
pregunta no es sólo hasta dónde llegará el topo del Estado con sus
ajustes y vejaciones jurídicas, sino qué capacidad de respuesta
colectiva habrá para frenar esta nueva ofensiva violatoria de los
derechos laborales.
Fuente: https://huelladelsur.ar/2025/05/22/otro-golpe-a-la-educacion-y-el-ataque-al-derecho-a-huelga/
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.