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Guatemala: la empresa antes que el pueblo
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Por Dani Domínguez | 28/04/2025 | América Latina y Caribe, Ecología social
Fuentes: Climática [Imagen: el presidente de la Gremial de Pescadores, Cristóbal Pop, a bordo de su barca. Foto: EDDY ZETA / PRENSA COMUNITARIA]
Desde hace ocho años, los habitantes de El Estor luchan contra una compañía minera a la que acusan de contaminar el lago que les da sustento. Tras estar más de dos años paralizada, ahora podría retomar su actividad pese a la negativa de la población indígena.
«La carretera está así por ellos, por los camiones», asegura el periodista
comunitario Juan Bautista Xol. Lo cierto es que ya ni siquiera se
le puede llamar carretera al maltrecho camino por el que se llega a su
municipio, El Estor, en el departamento de Izabal, en Guatemala.
Debido al pésimo estado del firme, se tarda casi una hora y cuarto en recorrer
los apenas 40 kilómetros que lo unen con la localidad de Panzós. En mitad de la
vía, un par de personas rellenan los huecos con tierra de forma voluntaria con
la esperanza de que algunos de los pocos vehículos que circulan les entreguen
unas monedas en señal de agradecimiento.
Al pasar cerca de una de las garitas, Xol opina que es mejor «cerrar las
ventanas, por seguridad». Los cristales de la furgoneta están tintados. Un
coche circula en sentido opuesto: «Son ellos, son de seguridad de la empresa»,
asegura el periodista. Las chimeneas ya se divisan en el horizonte. Son los estandartes
de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y de la Compañía
Procesadora de Níquel de Izabal (PRONICO), ambas subsidiarias de Solway
Investment Group, una firma suiza de capital ruso que cuenta desde 2011 con
los derechos del proyecto minero Fénix, uno de los más grandes de toda
Centroamérica, situado a escasos 3,5 kilómetros de El Estor.
Desde hace años, la mina y las empresas que la explotan marcan la
vida diaria de miles de personas que viven a su alrededor, en su mayoría
indígenas pertenecientes al pueblo maya Q’eqchi, como Juan Bautista: «Ahora la
planta está parada, pero cuando estaban procesando, por las mañanas, se veía
una nube rojiza saliendo de las chimeneas», cuenta mientras la furgoneta
circula al lado de las instalaciones. Según las mediciones llevadas a cabo por la organización
periodística Forbidden Stories en 2019, tomando como referencia las
recomendaciones de la ONU, el nivel de contaminación era tan alto en esos
momentos que el aire de El Estor solo debería ser respirado durante una hora
como máximo para evitar problemas de salud.
A finales de 2022, las compañías filiales que explotan la mina, sospechosas de corrupción, fueron sancionadas por Estados Unidos, lo que supuso la paralización de sus actividades. En enero de 2024, sin embargo, fueron levantadas las sanciones, por lo que la multinacional europea anunció su intención de lograr «lo antes posible las credenciales de exportación necesarias para reanudar las operaciones». Lo consiguió a finales de agosto. Ahora se centra en iniciar el mantenimiento de la planta de procesamiento y en habilitar la mina para reiniciar la producción de níquel entre mayo y julio de 2025.
La organización vasca Mugarik Gabe y el diario
guatemalteco Prensa Comunitaria han reunido a un grupo
de unas 30 personas, entre las que hay líderes y lideresas comunitarias del
territorio, para que expongan sus preocupaciones ante los medios. Entre ellos
está La Marea.
«Actualmente estamos divididos», reconoce Cristóbal Pop Coc,
presidente de la Gremial de pescadores artesanales de la localidad y una de las
voces preeminentes en la lucha contra la compañía minera desde 2017. En este
tiempo, su actividad reivindicativa le ha costado el ingreso en prisión
provisional hasta en dos ocasiones, acusado de detención ilegal y de
instigación a delinquir. Como pescador, su pelea se ha centrado en
denunciar la contaminación del lago Izabal, el mayor de todo el país y
el principal sustento de las comunidades que habitan en sus riberas, además de
un lugar sagrado dentro de la cosmovisión maya.
Pero los peores recuerdos no se han reactivado solo tras la concesión de la
nueva licencia de exportación. El Estor vive en estos momentos su enésimo shock.
A finales de octubre, un mes antes del encuentro, uno de los fundadores de la
Gremial, Felipe Xo, de 48 años, fue asesinado cuando se
dirigía a trabajar. Él había sido uno de los miembros de la resistencia local
contra las actividades mineras y la población identificó al presunto
asesino como un «fiel colaborador» de la compañía. A través de un comunicado,
sin embargo, la multinacional ha negado «cualquier vínculo de relación laboral
entre CGN-PRONICO y el presunto atacante», a la vez que asegura respetar «los
derechos y opiniones de todos los miembros de la comunidad» y solicita «una
investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y llevar a los responsables
ante la justicia».
La viuda de Xo, Cristina Ico, de 46 años, lleva un traje de flores y la tristeza pintada en el rostro. Aunque hace apenas un mes que asesinaron a su marido, ha querido estar presente en este encuentro. No habla castellano, sino q’eqchi, por lo que el periodista Juan Bautista ejerce de traductor: «Yo solo quiero justicia. Cuando estaba mi esposo, era quien traía el dinero a casa. Ahorita no tengo cómo vivir. Tengo una hija mayor y ella y su pareja me están ayudando, pero tengo deudas y los cobradores no paran de venir a la casa», expresa tras asegurar que debe terminar de pagar la barca, el motor y el equipo de pesca de su marido. Unos objetos que ya no tienen sentido en su vida. A causa de su delicada situación económica, el féretro para el enterramiento fue donado por la municipalidad.
Los últimos meses han vuelto a encender las alarmas en la ciudad, avivando
traumas que, en realidad, nunca llegaron a apagarse desde la aparición de una enorme mancha roja en
la gran masa de agua, el punto de inflexión de toda esta historia. Fue el
propio Cristóbal Pop quien la encontró el 1 de abril de 2017 al salir de
madrugada a faenar en el lago. A partir de ese momento, se rompió el velo de
silencio que operaba sobre el proyecto minero y, según denuncian, comenzó
la represión.
Toma la palabra Angélica Choc, lideresa comunitaria: «Nunca he
escondido mi rostro. Soy una mujer luchadora en la defensa de los derechos
humanos y los territorios. Si nos quieren exterminar, aquí doy mi vida
para defender mi tierra, mi lago». Es cierto, ella no se oculta, pero
muchos de los presentes prefieren no ser fotografiados o no decir sus nombres.
Angélica también tendría derecho a tener miedo. Su marido fue asesinado en 2009
por el jefe de seguridad de la compañía minera, en esos momentos en manos de
una empresa canadiense. Otro cadáver en una lista que en los últimos años no ha
parado de crecer en el municipio. La lideresa tardó 12 años en lograr
que el asesino fuese condenado a una pena irrisoria: dos años
de prisión.
Una
consulta fraudulenta
Ese mismo 2021 en el que Angélica Choc logró una sentencia favorable, el
ambiente de tensión se tornó irrespirable en El Estor. Meses antes, la Corte de
Constitucionalidad de Guatemala paralizó el proyecto minero y ordenó la
realización de una preconsulta y una consulta con las comunidades del área de
influencia de la mina, dando cumplimiento así al Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que
establece que las comunidades nativas deben ser consultadas «en lo que atañe al
proceso de desarrollo, en la medida en que este afecte a sus vidas, creencias,
instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de
alguna manera». Un convenio ratificado por el Gobierno de Guatemala en 1996
pero que llevaba más de dos décadas siendo incumplido en El Estor.
Allí, sus habitantes no habían tenido ni voz ni voto ante un proyecto que extraía
el material de sus tierras y que, sin embargo, no dejaba en el territorio los
beneficios de su venta.
La filtración masiva de documentos de la compañía minera al proyecto
Forbidden Stories demostró que, a pesar de la orden judicial, la empresa no
paralizó su actividad. De acuerdo con lo publicado por los diferentes medios
que participaron en la investigación «Mining Secrets», entre ellos El
País, durante dicho periodo la mina siguió en funcionamiento y, de hecho,
consiguió beneficios récord.
La Marea ha enviado preguntas en reiteradas ocasiones a Solway pero no ha
recibido respuesta.
En ese contexto, y ante la exclusión de la consulta de los cuatro Consejos
Ancestrales Maya Q’eqchi, representados por 97 autoridades elegidas en las
diferentes asambleas comunitarias, el 4 de octubre de 2021 la población inició
un bloqueo de la carretera que lleva a la mina para cerrar el paso a los
camiones que sacan el níquel hacia el puerto y a los que entran cargados de
carbón para el funcionamiento de la planta procesadora.
Ante esta situación, la compañía minera solicitó al Gobierno de Guatemala «la intervención inmediata de las autoridades para que participen activamente en lograr la estabilización de la situación», según se puede leer en uno de los correos filtrados. La influencia de la multinacional quedó patente: el Ejecutivo declaró el estado de sitio en la región y envió 500 soldados y otros tantos policías a la localidad de El Estor. «A pesar de todo, luchamos juntos durante 21 días, día y noche. Entonces estábamos unidos…», recuerda Cristóbal Pop con pesadumbre.
Juego
sucio
Ese periodo quedó marcado en la vida de los ciudadanos de El Estor.
Recuerdan soldados a pie, helicópteros, drones, guardacostas… En medio del
estado de sitio, se celebró la consulta, definida como «una farsa» por
Forbidden Stories y los medios que participaron en la investigación: «Los
documentos señalan los esfuerzos por manipular la consulta desde los despachos.
En uno de ellos se detalla la necesidad de “comprar líderes” en tres barrios de
El Estor con donaciones para “actores clave y partes interesadas” relacionadas
con la pregunta. En ellos se dibuja una hoja de ruta para dirigir y tomar el
control de la votación». Estas maniobras ya eran conocidas de manera informal
en el municipio y han sembrado la duda sobre prácticamente cada una de las
personas que viven en El Estor. Todos podrían haber sido potencialmente
comprados. Todos podrían haberse dejado comprar.
Semanas después del agitado referéndum, el viceministro de Desarrollo
Sostenible del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Óscar Pérez,
anunció que el proceso había finalizado de «forma exitosa», dando vía libre a
la continuación del proyecto. Sin embargo, miles de vecinos y vecinas del
municipio nunca han reconocido el resultado al considerar que no se
realizó «de buena fe», una de las máximas recogidas en el Convenio 169.
Guadalupe Xol asegura que intentó ser sobornada para que firmase un acuerdo en el
que reconocía que la consulta se había efectuado de manera legal, según corroboró la investigación
Mining Secrets. Su firma fue valorada en 3.000 quetzales,
algo menos de 400 dólares. Pero no la vendió, lo que provocó que fuese
expulsada de algunos órganos de dirección indígenas que sí habían sucumbido a
los intereses de la multinacional. Al lado de algunos de sus vecinos, Xol toma
la palabra para resumir años de lucha: «Hemos peleado para evitar que
invadieran nuestra plaza pública y para que no colocaran 600 jaulas [de peces]
en nuestro lago. La caña de azúcar también la evitamos, y ahora luchamos contra
la explotación minera. Se llevan nuestros recursos y nos dejan la contaminación. Si no podemos sembrar o no
podemos pescar por el desastre que causan, ¿de qué vamos a vivir? ¿Por
qué tenemos que vivir en la pobreza si tenemos recursos naturales? Porque nos
los quitan. Dicen que traen desarrollo, pero nos criminalizan y nos mandan
a la cárcel por pelear por nuestros derechos».
Tres años y medio después, el desconcierto se une a la desconfianza y el
cansancio en El Estor. Nadie comprende cómo es posible que Estados Unidos haya
levantado las sanciones a CGN y PRONICO a principios de 2024, máxime si se
tiene en cuenta que, al mismo tiempo, el Departamento de Estado del país
norteamericano sancionaba al exministro de Energía y Minas Alberto
Pimentel por, según se explica en la nota de
prensa, recibir «un importante pago ilícito a cambio de iniciar el
proceso de consulta con las comunidades locales de El Estor, Izabal, en
Guatemala, en beneficio de entidades privadas».
Miedo en
el horizonte
Según anunció la multinacional minera, además de comprometerse a establecer
«un amplio programa anticorrupción», se ha trasladado la propiedad de las dos
subsidiarias guatemaltecas –CGN y PRONICO– a Estados Unidos, en concreto al
estado de Nueva York, «para asegurar que las dos empresas estén sujetas a las
leyes y regulaciones estadounidenses». Diferentes fuentes consultadas por La
Marea, sin embargo, consideran la posibilidad de que se produzca una
entrada de capital norteamericano en la compañía. Así, el pasado octubre,
ambas filiales reconocieron que se encontraban «en la fase de búsqueda de
financiamiento para reiniciar sus operaciones».
Este medio ha tratado de contactar con el Departamento de Estado de Estados
Unidos para conocer más detalles sobre el fin de las sanciones, pero no ha
obtenido respuesta.
Desde mediados de enero, el Ejecutivo guatemalteco se encuentra en manos
de Bernardo Arévalo, que ganó las elecciones a
principios de año después de 12 años de gobiernos conservadores. En él ponen
sus esperanzas los habitantes de El Estor para evitar que la compañía minera
reactive sus operaciones, a pesar de que su Gobierno ha otorgado la licencia de
exportación a la multinacional. «Yo no esperaría que este Gobierno dé el visto
bueno para reiniciar la producción. Yo le di mi tiempo a Arévalo, le di mi
apoyo, y no puede permitir que la empresa vuelva a operar sin hacer la
consulta», explica Cristóbal Pop. De acuerdo con las fuentes preguntadas
por La Marea, el Gobierno todavía cuenta con una batería de
herramientas para impedir que se reanuden las actividades. Asimismo,
recuerdan que la licencia de exportación se renueva cada año, por lo que puede
ser revocada en cualquier momento. No obstante, sostienen que el Ejecutivo, a
pesar de su discurso público, no parece tener voluntad política para ello.
Pero la posición mayoritaria entre las personas congregadas es clara: la
consulta debe volver a repetirse, pero esta vez sin excluir a las
comunidades ni a sus líderes. «La Constitución dice que tenemos derecho a
defender nuestros recursos naturales y por eso el pueblo debe decidir si quiere
o no minera. No es una cuestión individual mía, de lo que yo quiera o no, sino
del pueblo», sostiene Angélica Choc.
Este medio ha enviado varias preguntas al Ministerio de Energía y Minas de
Guatemala pero no ha obtenido respuesta.
A primera hora de la tarde, la avenida principal de El Estor está
tranquila. Por ella no pasan 150 camiones de forma diaria, como sí sucedía
cuando la planta de procesamiento funcionaba a pleno rendimiento y teñía
de rojo el cielo caribeño de la zona. Y también los tejados de las casas,
que todavía guardan ese color. Desde el lugar, no se puede intuir la dimensión
de la mina, que ha deforestado las montañas que rodean el municipio en busca de
un beneficio que no repercute en los lugareños.
Cristóbal Pop ya ha dejado la pesca y ahora trata de subsistir haciendo a
mano coloridas hamacas que vende por 450 quetzales (algo más de 55 euros):
«Esto es lo que me enseñaron cuando estuve en la cárcel». Ni él ni sus
compañeros y compañeras saben cuál será el destino de El Estor en los próximos
meses. Sus vidas llevan años a merced de las decisiones de una empresa
que les marca el paso y el futuro.
Periodistas
criminalizados
Aunque hablan en q’eqchi, en medio de la conversación entre algunos vecinos
de El Estor se escucha una palabra en castellano: empresa. Según el
periodista Juan Bautista Xol, sí existe una traducción del concepto, pero es
más largo: aj tawasinel ch’och’. Además, tiene una connotación
muy fuerte: «la que explota».
Bautista es, en la actualidad, el único periodista comunitario en la
localidad. A sus 30 años, no tiene estudios de periodismo ni de comunicación,
pero lo sucedido en su entorno le ha obligado a ejercer como tal, primero a
través de Facebook y, ahora, de la mano de Prensa Comunitaria, uno
de los pocos diarios independientes de Guatemala. «Yo no sabía las
consecuencias de hacer esto. Me han vigilado, me han perseguido, me han
difamado y me han criminalizado», relata.
Bautista denuncia registros ilegales en su casa. Tuvo que abandonar El
Estor durante dos meses y medio ante el peligro que suponía seguir allí. Al
regresar, todo era diferente. Los problemas con su familia y su esposa le
hicieron caer en una depresión. «Me enfermé, pero ahora esto es una motivación
para mí. El hostigamiento, la persecución. Me han intimidado, pero no
han hecho que me rinda. Tengo energías para seguir documentando la lucha de
las comunidades, del pueblo», asegura.
El caso de Juan Bautista no es el único en la localidad. Carlos Choc denuncia
que lleva siendo perseguido por la justicia guatemalteca desde 2017, lo que le
ha llevado a tener que abandonar su pueblo. Su delito fue fotografiar
el cadáver del pescador Carlos Maaz, asesinado por la policía durante unas
protestas que se produjeron ese año contra la contaminación del lago. Era la
prueba que desmentía la versión policial, que afirmaba que no se había
producido ningún muerto durante los disturbios. Choc fue acusado de amenazas,
instigación a delinquir, asociación ilícita y daños y detenciones ilegales.
Todas las causas fueron cerradas en enero de 2024 pero, según explican
desde Prensa Comunitaria, El Estor no es un lugar seguro para
ninguno de sus reporteros: «La empresa lo controla todo allí».
El pasado año, Reporteros Sin Fronteras (RSF) colocó a Guatemala en el
puesto 138 (de un total de 180) en su ranking de libertad de
prensa, lo que supuso un descenso de 11 posiciones respecto a 2023. Según
expone la organización, aunque la libertad de expresión está garantizada en la
Constitución, este derecho «es constantemente vulnerado por autoridades y
actores políticos».
Este reportaje se publicó originalmente en la revista #LaMarea105. Puedes conseguir un ejemplar aquí o suscribirte y seguir apoyando el periodismo independiente.
Fuente: https://climatica.coop/guatemala-empresa-antes-que-pueblo/