Temas vigentes de Geopolítica. Selección de información de fuentes verificadas.
Estos ataques masivos ocurren en medio de una nueva ronda de conversaciones diplomáticas para un posible alto el fuego.
Lo que inició en 2003 como un despliegue de médicos cubanos en los sectores más populares, evolucionó hacia la conformación de un robusto Sistema Público Nacional de Salud.
Pocos saben su nombre original: Lucila Godoy y Alcayaga. Ella fue quien encontró en el valle de Elqui, el surtidor inagotable de la poesía e impuso definitivamente el seudónimo de Gabriela Mistral (1889-1957), para resumir toda la grandeza de la lírica hispanoamericana en la voz de una mujer
Aref precisó que "por primera vez en la historia un alto funcionario de un Gobierno ofrece informes diarios al líder de otro país",
El gobierno de José Antonio Kast presentó esta semana su Plan de Reconstrucción Nacional, un megapaquete de más de 40 medidas que, bajo el manto de la urgencia por los incendios, esconde una verdadera ofensiva de clase: rebaja de impuestos a las grandes empresas por miles de millones de dólares, flexibilización ambiental para acelerar proyectos extractivistas y, como contrapartida, un brutal ajuste fiscal que recorta la gratuidad universitaria y congela el ingreso de nuevas universidades al sistema. Mientras el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defiende la necesidad de “ordenar las finanzas” y “recuperar la confianza inversionista”, los gremios de la salud advierten que el recorte del 3% al presupuesto del ministerio —parte del mismo ajuste— dejará sin atención a millones de chilenos. La clase trabajadora, una vez más, asiste a la consolidación del modelo que la oprime: las ganancias del capital se protegen con rebajas tributarias, mientras los derechos sociales se desmantelan bajo el discurso de la “responsabilidad fiscal”.
Por Equipo El despertar
Santiago de Chile. A casi un mes de la asunción de José Antonio Kast, el gobierno ha puesto sobre la mesa su primera gran apuesta legislativa. El miércoles 15 de abril, en cadena nacional, el Presidente anunciará formalmente el Plan de Reconstrucción Nacional, un proyecto de ley que ingresará al Congreso con más de 40 medidas concentradas en cinco ejes: reconstrucción física de zonas afectadas por incendios, reactivación económica, reconstrucción institucional, orden fiscal y seguridad. Sin embargo, bajo el paraguas de la emergencia, el Ejecutivo ha colado reformas estructurales que poco tienen que ver con la reconstrucción de viviendas en el Biobío y Ñuble.
El regalo millonario a las grandes empresas
En el eje de “reactivación económica”, el proyecto contempla un verdadero festín para los sectores más concentrados del capital: la reducción de la tasa corporativa del 27% al 23%, la eliminación del impuesto a las ganancias de capital y la reintegración del sistema tributario. El diputado del Frente Amplio Jorge Brito fue lapidario: “Primera vez en la historia de este Congreso que se habla de un plan de reconstrucción, a raíz de una tragedia, bajándole el impuesto a las grandes empresas”. Y añadió: “Si fue el Presidente Piñera quien hizo un alza transitoria de impuestos para enfrentar la reconstrucción del terremoto y tsunami del 2010, fue la Presidenta Bachelet quien trajo distintos planes de reconstrucción que recaudaban más. Sin embargo, el ministro Quiroz quiere reconstruir recaudando menos”.
La rebaja del impuesto corporativo, que representa una pérdida de ingresos fiscales estimada en cerca de 4 mil millones de dólares anuales, es presentada por el gobierno como un incentivo para “reactivar la inversión privada” y “entregar mayor certeza tributaria”. El ministro Quiroz ha sido explícito: “El dinero no aparece de la nada. Se genera cuando hay trabajo, cuando hay inversión y cuando la economía crece”. Pero lo que el gobierno calla es que ese “dinero que no aparece de la nada” es el mismo que se dejará de recaudar para financiar salud, educación y vivienda, mientras los grupos económicos engordan sus arcas.
La flexibilización ambiental: un cheque en blanco al extractivismo
El proyecto también incluye reformas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) para “mayor rapidez e imprevisibilidad reducida”, la agilización de concesiones marítimas y mecanismos de reembolso cuando el Estado anula resoluciones propias. En otras palabras: menos control, más permisos, más rápido. Es la carta blanca que las forestales, las mineras y las hidroeléctricas esperaban para acelerar sus proyectos sin la “molestia” de la participación ciudadana y la evaluación técnica rigurosa.
El ajuste que paga la clase trabajadora
La contracara del proyecto es el cuarto eje: “reconstrucción fiscal”. Allí, el gobierno propone una “contención del gasto mediante ajustes a la gratuidad universitaria: limitar gratuidad a estudiantes menores de 30 años y frenar extensión a nuevos deciles”, además de una moratoria para el ingreso de nuevas universidades al sistema y el fortalecimiento de los mecanismos de cobro del CAE. El diputado Luis Cuello (PC) fue categórico al denunciar que esta medida “está dirigida contra aquellos estudiantes que no pueden pagar la universidad”, mientras “aquellos que sí pueden pagar sus estudios no están expuestos a ninguna consecuencia”.
El mismo ajuste del 3% al presupuesto del Ministerio de Salud, anunciado en paralelo, ha sido rechazado transversalmente por los gremios del sector. La Federación Nacional de Asociaciones de Enfermeras y Enfermeros (FENASENF), FENPRUSS, FENATS Nacional y CONFEDEPRUS entregaron una carta al Presidente advirtiendo que el recorte “pone en riesgo la calidad, la continuidad y la seguridad de la atención” de un sistema que atiende a más del 80% de la población. El presidente de FENPRUSS, Rodrigo Rocha, criticó la coherencia del gobierno y alertó sobre el impacto en la red asistencial.
La “ley tutifruti” y la batalla política
La oposición ha calificado la iniciativa como una “ley tutifruti” que mezcla, en un solo texto, medidas de emergencia con reformas estructurales que nada tienen que ver con la contingencia. La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, afirmó que el proyecto “lleva de todo” y que sus ingredientes aún no están claros. Los diputados Luis Cuello y Daniela Serrano (PC), junto a Juan Santana (PS), ingresaron un requerimiento para que el proyecto sea derivado a más de una comisión, y no solo a la de Hacienda, como pretendía el gobierno. El objetivo es fragmentar la iniciativa para discutir por separado las medidas que realmente tienen urgencia de aquellas que responden a la agenda ideológica de la derecha.
El analista político de la Universidad de Talca, Mario Herrera, advirtió que presentar un megaproyecto es “aplicar un todo o nada”, una estrategia “peligrosa en gobiernos que bajan su aprobación tan rápido”. “Un proyecto de reconstrucción que cubra múltiples temas puede terminar siendo un contrasentido. Más que encontrar una solución rápida se puede transformar en una discusión eterna sobre cada uno de los puntos y terminar congelando la agenda legislativa de Kast”.
El discurso de la “emergencia” como coartada
La lógica de clase que subyace al Plan de Reconstrucción Nacional es la misma que ha guiado a la derecha chilena desde la dictadura: aprovechar las catástrofes para imponer su agenda. Los incendios que arrasaron el Biobío y Ñuble, una tragedia que dejó miles de damnificados, son utilizados como un caballo de Troya para introducir rebajas tributarias y flexibilización ambiental que nada tienen que ver con la reconstrucción de viviendas. La “emergencia” se convierte así en la coartada perfecta para consolidar un modelo que concentra la riqueza en los sectores más poderosos mientras desmantela los pocos derechos sociales conquistados por la clase trabajadora.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), ha defendido la iniciativa argumentando que es “importante apoyar la forma en que el Gobierno termina ingresando el proyecto”. El ministro de Vivienda, Iván Poduje, ha advertido que si el Congreso no aprueba la ley, “sería bueno que lo explicaran a la ciudadanía y que nos digan cómo lo vamos a hacer, porque yo no tengo de dónde sacar la plata”. La amenaza es clara: o se acepta el paquete completo, o los damnificados se quedarán sin casas. Es el chantaje de siempre: la vida de los pobres como moneda de cambio para aprobar las políticas de los ricos.
Mientras tanto, los gremios de la salud han anunciado movilizaciones para frenar el recorte presupuestario. Los estudiantes se preparan para defender la gratuidad. Y la clase trabajadora comienza a organizarse frente a la ofensiva más brutal del nuevo gobierno. El Plan de Reconstrucción Nacional no es un plan para reconstruir Chile; es un plan para reconstruir las ganancias del capital a costa del sacrificio de las mayorías. La batalla recién comienza.
Mientras sus bombas siguen cayendo sobre civiles en Oriente Medio, Donald Trump ha desatado una andanada sin precedentes contra el Papa León XIV, a quien acusó de ser “débil con el crimen” y “pésimo en política exterior”. La respuesta del Pontífice no se hizo esperar: “No tengo miedo de la administración Trump, ni de proclamar en voz alta el mensaje del Evangelio”. La diatriba del mandatario contra el líder de los 1.400 millones de católicos del mundo no es un exabrupto aislado, sino la expresión de un poder que no tolera ninguna voz moral que se atreva a cuestionar su lógica de destrucción. La guerra del imperio contra Irán, el asedio a los inmigrantes y el apoyo al genocidio en Gaza han encontrado en el Vaticano un inesperado muro de contención. Y Trump, furioso, ha decidido disparar contra el altar.
Por Equipo El Despertar
Roma / Washington. La escalada retórica alcanzó este fin de semana un punto de inflexión histórico. Donald Trump, en un extenso mensaje publicado en su red Truth Social, calificó al Papa León XIV como “WEAK on Crime and terrible for Foreign Policy” (“DÉBIL con el crimen y pésimo en política exterior”), una andanada que, según los analistas, no tiene precedentes en las relaciones entre la Casa Blanca y el Vaticano en décadas . El presidente no se detuvo ahí: sugirió que la elección del Pontífice —el primer estadounidense en la historia de la Iglesia— fue una maniobra para lidiar con él, escribiendo: “Si yo no estuviera en la Casa Blanca, Leo no estaría en el Vaticano” .
Las críticas del Papa habían sido constantes en las últimas semanas. León XIV calificó las amenazas de Trump de destruir la “civilización” iraní como “verdaderamente inaceptables” y pidió al mandatario que encontrara una “salida” al conflicto . En su mensaje de Pascua, el Pontífice clamó sin ambages: “Que aquellos que tienen armas las depongan. Que aquellos que tienen el poder de desatar guerras, elijan la paz. No una paz impuesta por la fuerza, sino a través del diálogo” .
La guerra como negocio y la paz como herejía
Desde una perspectiva marxista, lo que Trump no puede tolerar no es una disputa teológica, sino la existencia de una institución con capacidad de movilizar conciencias que se atreve a denunciar la barbarie del capitalismo en su fase imperialista. La guerra contra Irán, presentada por Washington como una “operación por la seguridad”, es en realidad un conflicto por el control de las rutas energéticas y la hegemonía regional. El Papa, al calificar la retórica bélica como “inaceptable” y al clamar “¡Basta de guerra!”, se convierte en un obstáculo moral para la maquinaria de destrucción que genera millonarios dividendos a la industria armamentística.
La reacción de Trump ha sido la de un poder que se sabe cuestionado. “No quiero un Papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear”, escribió el mandatario, tergiversando las palabras del Pontífice, quien nunca ha respaldado la nuclearización de Teherán . Es la lógica del imperio: si no estás conmigo, estás contra mí; si criticas mis bombas, eres un aliado del enemigo.
La hipocresía de la “vida” y la crueldad de las políticas
Trump también atacó al Papa por su defensa de los inmigrantes, cuestionando si alguien que aboga por el “tratamiento inhumano de los migrantes” puede ser considerado “provida”, un término que la derecha religiosa estadounidense reserva exclusivamente para la oposición al aborto . La hipocresía es brutal: mientras Trump se presenta como defensor de la vida por oponerse al aborto, sus políticas de deportaciones masivas separan familias, encierran a niños en jaulas y criminalizan a quienes huyen del hambre y la violencia.
León XIV ha sido implacable al respecto, siguiendo la estela de su predecesor Francisco, quien llegó a calificar a Trump de “no cristiano” por su lenguaje antiinmigrante . Frente al ataque, el Papa respondió con la entereza de quien sabe que la historia lo juzgará del lado correcto. En pleno vuelo hacia Argelia, en el inicio de su gira africana de once días, declaró a los periodistas: “No tengo miedo de la administración Trump, ni de proclamar en voz alta el mensaje del Evangelio” . Y añadió una frase que resume la esencia del conflicto: “Demasiadas personas inocentes están siendo asesinadas. Y creo que alguien tiene que levantarse y decir que hay una mejor manera de hacer esto” .
El silencio cómplice de los “provida”
Uno de los elementos más reveladores de esta crisis es el silencio de la jerarquía católica conservadora estadounidense. Aquellos obispos y cardenales que durante años se presentaron como los defensores de la “vida” contra el aborto, hoy no encuentran palabras para condenar las políticas migratorias del presidente ni su retórica bélica. El historiador Massimo Faggioli fue lapidario al comparar el ataque con los totalitarismos del siglo XX: “Ni siquiera Hitler o Mussolini atacaron al Papa de manera tan directa y pública” . La frase resuena como una advertencia: cuando el poder político se ensaña contra una voz moral, es porque no logra contenerla .
El portavoz vaticano, Matteo Bruni, salió al paso de las informaciones que hablaban de una supuesta “reprimenda” del Pentágono al enviado vaticano, calificándolas de falsas. Sin embargo, la tensión es real y creciente. La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos expresó su “desaliento” por los ataques de Trump, pero evitó una condena explícita. La Iglesia estadounidense, atrapada entre su doctrina social y su alianza con el partido republicano, prefiere el silencio cómplice antes que enfrentar al poder.
El precio de la disidencia
León XIV ha dejado claro que no cejará en su empeño. Su mensaje de paz resuena con fuerza en un mundo donde la industria de la muerte genera ganancias récord. El Pontífice ha dicho que el Evangelio está siendo “abusado” por quienes lo utilizan para justificar la violencia . Y ha recordado que la Iglesia tiene la “obligación moral de ir contra la guerra” .
La lucha de clases también se libra en el terreno de las ideas y la moral. Mientras Trump promete “hacer grande a América” arrasando naciones y empujando a los pobres fuera de sus fronteras, el Papa León XIV levanta la voz por los que no tienen voz. No es casualidad que el magnate se sienta tan amenazado por un anciano con sotana blanca. Porque las palabras del Pontífice, cuando hablan de paz y justicia, interpelan directamente a la conciencia de los opresores.
El conflicto entre la Casa Blanca y el Vaticano está lejos de resolverse. Mientras Trump siga necesitando la guerra para sostener su popularidad y alimentar a sus aliados de la industria militar, cualquier voz que clame por la paz será vista como una traición. Pero la historia ha demostrado que los imperios pasan y las palabras de los profetas perduran. Y León XIV, como líder de la Iglesia católica, ha decidido de qué lado de la historia quiere estar. “Seguiré hablando en voz alta contra la guerra”, prometió . Frente al poder de las bombas, la fuerza de la palabra sigue siendo la única esperanza de la humanidad.
María Pía Adriasola, esposa del Presidente José Antonio Kast, ha cumplido un mes en La Moneda y ha “descubierto” una “silenciosa realidad”: el abandono y la soledad que afectan a miles de chilenos, especialmente niños y adultos mayores. En una carta publicada en El Mercurio, la primera dama advierte que “detrás de cada puerta hay personas que anhelan sentir que alguien se acuerda de ellos”. Lo que la esposa del mandatario presenta como una revelación personal es, en realidad, la constatación de una herida estructural que el capitalismo chileno lleva décadas profundizando: la atomización social, la precarización de los lazos comunitarios y el desmantelamiento de las redes de contención que el mercado no puede —ni quiere— proveer.
Por Equippo El Despertar
Santiago de Chile. Al cumplirse un mes desde que José Antonio Kast asumió la presidencia, su esposa, María Pía Adriasola, quiso hacer un balance de su nuevo rol. En una carta dirigida al diario El Mercurio, la primera dama describió las visitas que ha realizado a hogares, residencias y fundaciones de niños y adultos mayores, y concluyó: “existe una silenciosa realidad: el abandono y la soledad que afectan a muchas personas en nuestra sociedad”. “Son rostros que esperan. Manos que buscan ser tomadas. Voces que necesitan ser escuchadas. Detrás de cada puerta hay personas que anhelan algo tan simple y tan profundo como sentir que alguien se acuerda de ellos, que alguien va a buscarlos, que alguien llega hasta donde están”, escribió la abogada de profesión.
La solución que propone Adriasola es tan íntima como insuficiente: “Un abrazo a tiempo, una mirada que dice ‘aquí estoy’ o una llamada, puede cambiar completamente el horizonte de alguien que se siente olvidado”. Apela al “corazón de los chilenos” y a “canalizar” el espíritu solidario que, según ella, “no es un recurso escaso, es nuestra mayor riqueza”. Lo que la primera dama presenta como una epifanía personal es, en rigor, la constatación de un problema estructural que los indicadores sociales vienen alertando desde hace años, pero que la clase dirigente ha preferido ignorar.
La soledad no es una casualidad, es una producción del sistema
La “silenciosa realidad” que hoy conmueve a la primera dama tiene cifras que no admiten interpretación edulcorada. Según el Termómetro de la Salud Mental UC–ACHS (2025), uno de cada cuatro chilenos entre 30 y 39 años se siente solo con frecuencia. Entre los adultos mayores, la situación es aún más crítica: el 49,2% de ellos declara sentirse en soledad no deseada, y un 55,5% presenta un alto riesgo de aislamiento social. La soledad no es un accidente ni un capricho del destino. Es el resultado lógico de un modelo económico que ha fragmentado las comunidades, precarizado el trabajo, debilitado la familia y convertido al individuo en una mercancía más, aislada en su lucha por sobrevivir.
El capitalismo chileno ha sido especialmente eficaz en destruir los lazos sociales. La búsqueda incesante de plusvalía, la flexibilización laboral que obliga a jornadas extenuantes, el endeudamiento crónico que consume la vida de los trabajadores y la lógica de la competencia individual han desmantelado las redes de apoyo comunitario. El resultado es una sociedad de individuos aislados, donde el anciano sobra, el niño estorba y el afecto se ha convertido en un lujo que pocos pueden permitirse. La “soledad no deseada” no es un fallo del sistema: es una de sus características más brutales.
El abrazo de la primera dama y el recorte del ministerio
La paradoja se vuelve insostenible cuando se compara la retórica de la primera dama con las políticas concretas del gobierno que encabeza su esposo. Mientras Adriasola convoca a “ser ese alguien que llama, abraza, llega”, el Ejecutivo de Kast ha instruido a todos los ministerios realizar un recorte del 3% en sus presupuestos operativos. La salud, precisamente uno de los sectores donde la soledad y el abandono se manifiestan con mayor crudeza —ancianos que esperan meses por una cirugía, pacientes terminales sin cuidados paliativos, enfermos mentales abandonados a su suerte—, será una de las carteras más golpeadas por el ajuste. El mismo Estado que la primera dama invoca para “canalizar” la solidaridad es el mismo que su gobierno está vaciando de recursos.
No se trata, por supuesto, de que la primera dama deba abstenerse de hablar sobre la soledad. El problema es que lo hace desde una posición de privilegio inexpugnable, y con una propuesta que no solo es ingenua, sino profundamente funcional a la ideología de su gobierno. Al reducir la solución a un “abrazo a tiempo” y a la “generosidad” individual, Adriasola desplaza la responsabilidad del Estado hacia la caridad privada y el voluntarismo emocional. Es la misma lógica que promueve la “subsidiariedad” que tanto defiende su sector: el Estado se retira, y la sociedad civil (léase, las fundaciones de la élite, las iglesias y los bolsillos generosos) debe hacerse cargo. Es la privatización de la contención afectiva.
El retorno de un cargo que la izquierda había abolido
La carta de Adriasola no es un gesto aislado, sino parte del relanzamiento institucional del cargo de primera dama, que el gobierno de Gabriel Boric había disuelto en 2022 precisamente por considerarlo anacrónico y contrario a los principios de un Estado laico y democrático. Con la llegada de Kast a La Moneda, el rol ha sido restablecido, y Adriasola ha asumido un activo protagonismo que incluye desde visitas a hogares de ancianos hasta presentaciones artísticas en eventos oficiales.
La ironía es mayúscula. Mientras la izquierda avanzaba hacia la despresidencialización y la horizontalidad, la derecha restaura la figura de la “madre nutricia” de la nación, con todo el peso patriarcal y clasista que esa imagen conlleva. La primera dama se erige así en una suerte de aristócrata filantrópica, que desde su palacio descubre las miserias del pueblo y llama a la solidaridad, mientras su gobierno profundiza las políticas que generan esas miserias. No es casualidad que el primer acto público de Adriasola se haya viralizado rápidamente y derivara en una denuncia: la ciudadanía percibe con claridad la hipocresía de una élite que se emociona con los pobres pero se niega a redistribuir la riqueza.
La soledad que no se cura con abrazos
Los datos son tozudos. En Chile, el 43,5% de las personas mayores reporta sentimientos de soledad, superando el promedio regional. Un 30,7% experimenta soledad no deseada y alto riesgo de aislamiento social de manera simultánea. Detrás de estas cifras hay cuerpos reales: mujeres que han pasado décadas cuidando a otros y hoy viven solas en departamentos precarios; hombres que perdieron sus redes laborales y con ellas el último lazo social que los mantenía en pie; familias enteras fracturadas por la migración forzada en busca de trabajo. La soledad que describe Adriasola no es un problema de “falta de abrazos”, sino de falta de políticas públicas que garanticen ingresos dignos, viviendas integradas, salud mental accesible y tiempo para el cuidado.
El gobierno de Kast, en cambio, ha optado por profundizar el modelo que produce esta soledad. La reforma miscelánea que ingresará al Congreso esta semana ha sido calificada por el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, como una iniciativa que busca “privilegiar a una élite” y que profundiza la desigualdad en la redistribución de la riqueza. Mientras la primera dama escribe cartas conmovedoras, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, prepara una batería de medidas que descargan el costo del ajuste sobre los hombros de la clase trabajadora.
Epílogo: la función de clase de la compasión
La carta de María Pía Adriasola es un documento revelador de la ideología de la nueva derecha chilena. Por un lado, reconoce —aunque sea de manera superficial y despolitizada— la existencia de un sufrimiento social real. Por otro, propone una salida individualista y voluntarista que no cuestiona en nada las bases del sistema que genera ese sufrimiento. Es la compasión de la burguesía: la que se conmueve pero no se compromete; la que ofrece el abrazo pero niega el presupuesto; la que llama a la solidaridad mientras recorta los derechos.
La clase trabajadora chilena no necesita que la primera dama “descubra” su soledad. Necesita que el Estado garantice pensiones dignas, acceso universal a la salud mental, fortalecimiento de las redes comunitarias y una redistribución de la riqueza que permita a las familias tener tiempo y recursos para cuidarse entre sí. Ninguna de esas cosas se logra con un “abrazo a tiempo”. Se logran con organización, con lucha y con la conciencia de que la soledad no es un destino inevitable, sino una producción política que puede —y debe— ser revertida.
Mientras la primera dama escribe sus reflexiones en El Mercurio, los adultos mayores siguen esperando en las listas del sistema público, los niños siguen creciendo en la precariedad y la maquinaria del capital sigue produciendo individuos aislados. La “silenciosa realidad” que hoy conmueve a la esposa del Presidente lleva décadas gritando. El problema no es que nadie la haya visto. El problema es que a quienes podrían cambiarla no les conviene escucharla.
Las bancadas de oposición, encabezadas por el Partido Comunista y el Frente Amplio, rechazaron de plano el proyecto “Escuelas Protegidas” del gobierno de José Antonio Kast, al considerar que se trata de una batería de medidas punitivas y clasistas que no aborda las causas de la violencia escolar, sino que busca disciplinar, controlar y perseguir a los estudiantes de sectores populares, mientras los hijos de la burguesía siguen sin ser tocados.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. A tres semanas del debut del gobierno de José Antonio Kast, el primer gran enfrentamiento legislativo se perfila en el horizonte. El Ejecutivo ingresó esta semana a la Cámara de Diputados y Diputadas dos proyectos de ley orientados a reforzar la seguridad en los establecimientos educacionales, en un contexto marcado por una seguidilla de episodios de violencia escolar que han conmocionado al país. El primero, denominado “Escuelas Protegidas”, contempla una serie de medidas preventivas; el segundo modifica el Código Penal para establecer agravantes para los delitos cometidos en recintos educacionales o en sus inmediaciones.
La reacción de la oposición de izquierda no se hizo esperar. Diputados del Partido Comunista (PC) y del Frente Amplio (FA) rechazaron de manera categórica la iniciativa, advirtiendo que bajo el manto de la “seguridad” se esconde una ofensiva represiva contra los sectores más vulnerables. Desde la bancada PC, el diputado Luis Cuello fue lapidario: “Esta propuesta sancionatoria, punitiva, que no resuelve nada, es profundamente discriminatoria y clasista, porque está dirigida contra aquellos estudiantes que no pueden pagar la universidad. En cambio, aquellos que sí pueden pagar sus estudios no están expuestos a ninguna consecuencia” . Su compañera de bancada, Lorena Pizarro, fue igualmente tajante: “La preocupación se resuelve por parte del Gobierno con medidas represivas que está demostrado nunca han resuelto nada; es cavernario. Nunca lo voy a apoyar” .
El verdadero rostro del proyecto: más control y menos derechos
La iniciativa “Escuelas Protegidas” incluye, entre otras medidas, la facultad para que los sostenedores implementen la revisión de mochilas, bolsos y pertenencias personales de los estudiantes, incluso con auxilio de Carabineros. También establece sanciones por la interrupción de clases, la obligación de que los reglamentos internos prohíban el uso de accesorios que impidan la identificación facial (como gorros, capuchas o pasamontañas), y otorga a los docentes la posibilidad de aplicar medidas “pedagógicas, correctivas y disciplinarias”. El proyecto más controvertido es el que condiciona el acceso a la gratuidad en la educación superior a no haber sido condenado por delitos que atenten contra la vida, la integridad física o psíquica de las personas, o contra la propiedad o la infraestructura pública.
Desde la izquierda se ha denunciado que esta última medida es un claro intento de desmantelar una de las pocas conquistas sociales de las últimas décadas. “En realidad, esto tiene que ver con una obsesión del gobierno por ir eliminando progresivamente esta conquista social que es la gratuidad en la educación superior”, sentenció Cuello. La diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider, fue igualmente crítica, señalando que las medidas del Ejecutivo son “insuficientes, muchas de ellas son simbólicas, algunas incluso ya se pueden hacer con las herramientas que tenemos, y no van al problema de fondo”.
La criminalización de la protesta estudiantil
Uno de los aspectos más cuestionados del proyecto es la sanción a la interrupción de clases. Según el análisis de La Izquierda Diario, esta medida se establece como una causal de afectación grave de la convivencia escolar, lo que actualmente conlleva la expulsión y la cancelación de matrícula. La norma, advierten, es “un directo ataque a la organización y manifestación estudiantil”, ya que criminaliza herramientas históricas del movimiento estudiantil como las tomas, los paros, los brazos caídos y las manifestaciones culturales. La secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Alejandra Krauss, también manifestó su preocupación por el “sesgo envuelto en el proyecto de ley que me preocupa brutalmente, porque es como los pobres están condenados a ser delincuentes”.
Mientras tanto, desde el Colegio de Profesores surgieron reparos adicionales, especialmente frente a la interrupción de clases, advirtiendo que el proyecto podría criminalizar protestas estudiantiles al no diferenciarlas adecuadamente de actos delictivos graves como el uso de artefactos incendiarios. La diputada Daniela Serrano (PC) acusó que el proyecto traslada la responsabilidad a los profesores sin incorporar nuevas herramientas ni financiamiento: “No hay mayor inversión pública para hacerse cargo del problema y, es más, están poniendo la responsabilidad en el cuerpo docente”.
El oficialismo aprieta las tuercas
En la vereda del frente, el oficialismo ha salido en defensa de la iniciativa. El diputado Ricardo Neumann (UDI) sostuvo que “es de sentido común que quienes han cometido actos violentos no accedan a beneficios financiados por todos los chilenos”. El diputado Diego Schalper (RN) expresó que apoyan la idea de “restablecer el orden en los colegios”, aunque advirtió que es necesario revisar el proyecto en detalle y que cualquier política de seguridad debe tener “perspectivas de reinserción y de rehabilitación”.
El gobierno ha ingresado los proyectos con suma urgencia, y el llamado del Ejecutivo a legislar con rapidez busca capitalizar el clima de conmoción generado por el crimen en Calama, donde un alumno dio muerte a una inspectora. El Presidente Kast ha afirmado que la violencia escolar “no la podemos tolerar ni menos normalizar”.
La función de clase del proyecto “Escuelas Protegidas”
Desde una perspectiva marxista, lo que está en juego no es la seguridad de los estudiantes, sino la lógica de clase que subyace a esta ofensiva legislativa. La derecha chilena, que ha basado su campaña electoral en la promesa de “mano dura” y “orden”, encuentra en la violencia escolar la excusa perfecta para instalar un dispositivo de control y disciplina que apunta directamente a los sectores populares. La revisión de mochilas, la prohibición de cubrir el rostro y la pérdida de la gratuidad para los condenados son medidas que afectan desproporcionadamente a los estudiantes de la educación pública, es decir, a los hijos de la clase trabajadora.
Mientras tanto, los estudiantes de colegios particulares pagados —los hijos de la burguesía— siguen sin ser alcanzados por estas medidas. La gratuidad, una conquista social arrancada al Estado después de décadas de lucha, se convierte en un arma de doble filo: un derecho que puede ser arrebatado en cualquier momento a quienes el sistema considera “indignos”. El diputado Cuello fue claro al señalar que el proyecto “está dirigida contra aquellos estudiantes que no pueden pagar la universidad”.
La diputada Lorena Pizarro fue contundente: “No se resuelven temas sociales” con medidas represivas. Y la diputada Emilia Schneider advirtió que “no se puede hacer políticas públicas solo en base a lo que es popular en un momento”. La clase trabajadora debe estar alerta: lo que está en juego no es solo la seguridad en los colegios, sino la posibilidad de que el derecho a la educación, conquistado con tanto esfuerzo, sea utilizado como un mecanismo de exclusión más al servicio del capital.
El Juzgado de Garantía de Los Lagos revocó este viernes el arresto domiciliario de Jeannette Troncoso Chuñil y Pablo San Martín Chuñil, dos de los hijos de la dirigenta mapuche desaparecida Julia Chuñil, dejándolos sin medidas cautelares por considerarlos “encubridores” y no autores del parricidio que investiga la Fiscalía.
Por Equpo El Despertar
Máfil, Región de Los Ríos. A más de un año de la desaparición de Julia del Carmen Chuñil Catricura, presidenta de la comunidad mapuche Putreguel, la justicia chilena ha dictado una nueva página en este caso que conmocionó al país. La mujer de 73 años, defensora del bosque nativo en una zona de históricos conflictos por la usurpación de tierras ancestrales por parte de forestales, desapareció el 8 de noviembre de 2024. Durante meses, organizaciones sociales y ambientalistas señalaron un posible crimen político vinculado a su rol como activista. El entonces presidente Gabriel Boric incluso vinculó su desaparición con la defensa medioambiental.
Sin embargo, el rumbo de la investigación dio un giro radical en enero de 2026, cuando la Fiscalía formalizó cargos por parricidio contra tres de sus hijos: Javier, Jeannette y Pablo, junto a un exyerno. Este viernes, en una audiencia de revisión de medidas cautelares, el tribunal decidió mantener la prisión preventiva para Javier Troncoso Chuñil, señalado como autor material del homicidio, quien habría asfixiado a su madre en el contexto de un intento de robo a un adulto mayor que residía en el mismo terreno.
La exención penal que no aplica para los pobres
La decisión más controversial recayó sobre Jeannette Troncoso Chuñil y Pablo San Martín Chuñil. El juez estimó que ambos habrían actuado como encubridores del delito de parricidio y no como autores, como sostenía la Fiscalía. Al tratarse de hermanos del autor del crimen, la legislación vigente los exime de responsabilidad penal por ese delito, lo que llevó a la revocación de su arresto domiciliario y su liberación.
La ley, en su aparente neutralidad, muestra aquí su función de clase. La exención de pena por parentesco es un privilegio que el sistema jurídico burgués otorga a determinados vínculos familiares, pero que no se aplica cuando el delito afecta los intereses del capital o del Estado. La misma lógica que libera a estos dos imputados es la que mantiene en prisión preventiva a centenares de jóvenes mapuche acusados por la Ley Antiterrorista, donde los lazos familiares no eximen de nada y la presunción de inocencia es una ficción.
La osamenta que no habla
En medio de la audiencia, la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, informó un hallazgo que podría ser clave para determinar la verdad sobre el paradero del cuerpo de Julia Chuñil. El 16 de enero de 2026, a pocos metros de la vivienda de la víctima, se encontró una bolsa enterrada con más de 60 restos óseos. Según los primeros análisis científicos, uno de esos restos corresponde a origen humano, aunque se requieren nuevos peritajes para determinar su identidad.
Un informe genético del laboratorio Austral Omics de la Universidad Austral reveló “la presencia de ADN de humano en ocho (08) de las diez (10) muestras procesadas”, las que serán comparadas con el ADN de la dirigente mapuche. Mientras la ciencia forense avanza a paso lento, la justicia de clase se mueve con rapidez para cerrar el caso y absolver a los implicados que no representan una amenaza para el orden establecido.
El símbolo que el Estado quiere enterrar
Julia Chuñil no era una mujer cualquiera. Era la presidenta de la Comunidad Mapuche de Putreguel, constituida en 2010 en la comuna de Máfil, y una incansable defensora del bosque nativo en una zona donde las forestales han arrasado con ecosistemas ancestrales. Su desaparición se convirtió en un símbolo de la lucha por la tierra y el territorio en el Wallmapu. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluso emitió medidas cautelares a su favor, exigiendo al Estado chileno redoblar los esfuerzos para determinar su paradero y proteger a su familia.
Sin embargo, la hipótesis del crimen político que durante meses impulsaron sus propios hijos y organizaciones sociales se desvaneció ante la formalización de cargos por parricidio. La pregunta que flota en el aire es si el Estado chileno, históricamente negligente en la investigación de crímenes contra defensores de derechos humanos, no habrá utilizado la figura del parricidio como una salida fácil para cerrar un caso incómodo. La misma fiscalía que hoy acusa a los hijos de Julia Chuñil es la que durante décadas ha desestimado denuncias de violencia policial y allanamientos ilegales en comunidades mapuche.
El silencio de los imputados y la complicidad mediática
Durante la audiencia, los imputados guardaron silencio, mientras la fiscalía sostenía que la investigación tiene “un fuerte componente forense, porque el cuerpo de doña Julia del Carmen Chuñil Catricura aún no ha sido encontrado y porque los imputados han guardado silencio”. La prensa hegemónica, por su parte, ha replicado acríticamente la versión de la Fiscalía, presentando el caso como un parricidio “familiar” y enterrando la dimensión política de la lucha de Julia Chuñil. El mismo sistema mediático que hoy titula sobre “hermanos encubridores” es el que silencia las denuncias de comunidades mapuche sobre el avance de las forestales y la usurpación de sus territorios.
Desde una perspectiva marxista, este caso expone con crudeza las contradicciones del sistema judicial burgués. Por un lado, aplica con rigor la letra de la ley para eximir de responsabilidad a quienes no amenazan el orden establecido. Por otro, utiliza todo el peso del aparato represivo contra quienes cuestionan la propiedad privada y el extractivismo. La liberación de dos hijos de Julia Chuñil no es un acto de justicia, sino la confirmación de que la ley se aplica de manera desigual: blanda con los crímenes “familiares” que no interpelan al poder, feroz con las luchas territoriales que sí lo hacen.
El cuerpo de Julia Chuñil sigue sin aparecer. Las más de 60 osamentas encontradas en su terreno no han sido identificadas. Y mientras la justicia de clase dicta sentencia sobre sus hijos, la pregunta por la verdad material y por los responsables políticos de su desaparición sigue abierta. La clase trabajadora y el pueblo mapuche no pueden permitir que este caso se cierre con la letra chica de un código penal que protege a los poderosos mientras criminaliza a los que luchan. La lucha por justicia para Julia Chuñil es también la lucha por un sistema judicial que no sea un instrumento de dominación de clase.