La «Ley Frenazo» no es una solución solidaria; es la ratificación de un modelo de despojo donde las pérdidas se socializan entre los trabajadores y las garantías se reservan para los dueños del transporte y las grandes corporaciones.
Julio Maturana Franca. Ex Subsecretario de Energía. Fernando Monsalve, Ex Coordinador Legislativo Ministerio de Energía. 11/11/2026. Hace pocos meses advertíamos, desde este mismo medio, que desmantelar los amortiguadores públicos en nombre de la ortodoxia fiscal no era más que una condena al abandono territorial y al sufrimiento de las mayorías. Lo titulamos, con dolorosa certeza, como el dilema de un Chile arrojado a la intemperie económica, «sin anestesia estatal». En aquel entonces, la administración de José Antonio Kast justificaba con soberbia tecnocrática el golpe de timón de marzo: neutralizar por la vía de un frío decreto administrativo el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO). La consigna era nítida: «sincerar precios», suprimir el costo fiscal y dejar que las sacudidas del mercado petrolero internacional se estrellarán de lleno contra los bolsillos de las familias trabajadoras.
Las consecuencias de ese fundamentalismo de mercado no tardaron en manifestarse. El shock fue brutal e inmediato: un alza del 25,3% en las gasolinas y un disparo inédito del 45,7% en el petróleo diésel en tan solo un mes, empujando la inflación mensual al 1,3% en abril y situando el costo de la vida interanual por sobre el 4,5%. No se trató de una abstracción estadística; en un país donde cerca del 98% de los bienes e insumos se transportan por carretera sobre camiones, el encarecimiento del combustible operó como un impuesto regresivo y silencioso que encareció el pan, las verduras, los fletes, el transporte colectivo y los servicios más elementales. Mientras las pequeñas empresas agonizaban por la asfixia de sus flujos de caja y el desempleo escalaba hacia el 10%, el gobierno exhibió una indolencia de acero. Ante el clamor ciudadano y la desesperación de millones de hogares, la respuesta de La Moneda y de Teatinos 120 fue siempre la misma: disciplina fiscal, resignación y desprecio.
Sin embargo, el supuesto rigor doctrinario de la derecha tiene una frontera de clase muy definida. Bastó que los gremios del transporte de carga, los camioneros, cuya simpatía política y estrecha militancia con el proyecto reaccionario del actual mandatario no son un secreto, decidieran cortar las carreteras y amenazar con paralizar el abastecimiento nacional, para que la pretendida «austeridad» se hiciera trizas en menos de veinticuatro horas. Aquellos mismos ministros que durante meses sermonearon al país diciendo que no había un solo peso para subsidiar la bencina de los trabajadores que madrugan o el diésel del pequeño agricultor, corrieron despavoridos a abrir de par en par la billetera fiscal. El contraste retrata de cuerpo entero las prioridades de este gobierno: ante el reclamo de los sectores populares, intransigencia y represión; ante el chantaje corporativo de sus propios aliados gremiales, capitulación express y concesiones a medida.
En este escenario de crisis desatada, el silencio y la desaparición de ciertas autoridades resulta casi caricaturesca. El Ministerio de Energía, encabezado por Ximena Rincón, ha brillado por su absoluta y calculada ausencia. Tratándose de la crisis energética y de hidrocarburos más grave que ha enfrentado el país en años, la ministra parece haber renunciado a ejercer su investidura, manteniéndose convenientemente al margen de la línea de fuego para eludir todo costo político, evidenciando el vacío de conducción y el oportunismo con que su sector se sumó al engranaje gubernamental. Mientras tanto, en el Ministerio de Hacienda, el ministro Jorge Quiroz se ve forzado a desandar sus propios dogmas, pero lo hace con la trampa y la mezquindad que caracterizan a su gestión.
Esa trampa tiene hoy nombre y apellido: la mal llamada «Ley Frenazo». Con este proyecto, el Ejecutivo intenta vestir de alivio ciudadano lo que no es más que una maniobra de repliegue vergonzante. Hay aquí una hipocresía institucional flagrante: para traspasarle los costos a las personas y desatar el tarifazo de combustibles a comienzos de año, el gobierno actuó entre cuatro paredes, eludiendo el debate democrático mediante un simple decreto ministerial. Pero hoy, cuando necesita salir al rescate de las presiones de sus financistas y bases patronales, acude raudo al Congreso Nacional para blindar un acuerdo corporativo bajo el disfraz de iniciativa legal.
Más grave aún es la sustancia del proyecto. La iniciativa gubernamental no busca, bajo ninguna circunstancia, volver a la situación previa al shock de marzo ni retrotraer las alzas que ya pulverizaron el poder adquisitivo de la clase obrera. Los costos desmedidos que ya se transfirieron a la ciudadanía quedan consolidados y validados como el nuevo piso de precios. La propuesta no congela ni baja las tarifas; se limita, en el mejor de los casos, a «moderar» la velocidad de los futuros incrementos. En buen castellano: el gobierno no está apagando el incendio, solo está graduando el goteo de bencina para que el bolsillo popular siga ardiendo, pero sin hacer demasiado ruido en la carretera.
La «Ley Frenazo» no es una solución solidaria; es la ratificación de un modelo de despojo donde las pérdidas se socializan entre los trabajadores y las garantías se reservan para los dueños del transporte y las grandes corporaciones. Frente a este nuevo golpe, Chile no necesita frenazos cosméticos ni leyes a la medida del gran empresariado. Lo que se requiere con urgencia es una política de soberanía energética, la restitución inmediata de mecanismos reales de estabilización con control de precios a favor de la mayoría y el fin de un régimen indolente que gobierna con el garrote en alto para el pueblo y la chequera abierta para sus amigos de siempre.
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