La decisión del tribunal se dio luego de escuchar los alegatos de los abogados querellantes Nelson Caucoto, representante de la familia de Tohá, e Ilan Sandberg del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, quienes solicitaron la reapertura del caso al considerar que están todas las pruebas para demostrar que el ex ministro fue asesinado y que no se trata de un suicidio como lo informó la versión oficial de la dictadura en su momento.