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Comunidades denuncian ataque no espontáneo en funeral de cementerio Maihue CarimallinUn grave ataque violento sufrieron comunidades del territorio El Roble de la Región de los Ríos y familiares de Jaime Uribe Montiel, esposo de la machi Millaray Huichalaf, quien falleció en un accidente automovilístico y cuyo funeral se realizó el 15 de abril en el cementerio Maihue Carimallin.

Los afectados denunciaron que hubo amenazas previas y que informaron a la seremía de seguridad. No obstante, no se tomaron medidas precautorias. También se constató la presencia del abogado Branislav Marelic, representante de quienes propinaron las agresiones y quien tendría vínculos con la trasnacional hidroeléctrica, señalan.

Frente a los hechos, las comunidades que sufrieron este ataque en medio del duelo de Uribe Montiel, extendieron un comunicado:

DECLARACIÓN PÚBLICA

Las comunidades, organizaciones y autoridades ancestrales Mapuche-Williche abajo firmantes, declaramos ante la opinión pública, las autoridades del Estado de Chile y los organismos de derechos humanos lo siguiente:

PRIMERO. Hoy, 15 de abril de 2026, siendo las 12:30 horas, la familia de nuestro peñi Jaime Javier Uribe Montiel —encabezada por su viuda, la machi Millaray Huichalaf Pradines—, junto a diversas comunidades y autoridades ancestrales mapuche williche, concurrieron al Cementerio Ancestral de Maihue-Carimallin, comuna de Río Bueno, para dar sepultura a sus restos. Al llegar, la comitiva fúnebre fue bloqueada por un grupo de aproximadamente 20 personas que impedían el acceso al cementerio con vehículos. Varios de estos individuos se encontraban encapuchados, en evidente estado de ebriedad, y armados con palos, fierros, motosierras y hachas. Este grupo agredió físicamente a las personas presentes y a los caballos en que se desplazaban, dejando como resultado varias personas heridas, incluyendo lesiones graves con traumatismos encefalocraneanos abiertos en tres familiares del difunto. Todas estas agresiones ocurrieron en presencia de niños, niñas y adultos mayores que formaban parte de la comitiva fúnebre, exponiéndolos a una situación de extrema violencia y peligro.

Durante estos hechos, los agresores profirieron amenazas de muerte directas contra integrantes de la familia, autoridades ancestrales y personas presentes, intensificando el clima de terror y vulnerabilidad. Asimismo, amenazaron con profanar la tumba de Jaime Uribe en caso de que sus restos fueran sepultados en el cementerio, poniendo en riesgo no solo la integridad de los vivos, sino también el respeto y la protección debida a sus restos y al espacio sagrado. Cabe preguntarse: ¿qué clase de personas amenazan con profanar la tumba de un difunto? ¿Qué clase de seres humanos, encapuchados, ebrios y armados, son capaces de agredir a una familia en duelo y amenazar con desenterrar a un muerto? Estos actos revelan un nivel de degradación moral que no tiene justificación alguna y que debe ser investigado y sancionado con todo el rigor de la ley.

SEGUNDO. Estos actos de violencia no son espontáneos. Ya en los días previos, el mismo grupo —vinculado a organizaciones que negocian y reciben financiamiento directo de la empresa estatal noruega Statkraft— había intentado prohibir el entierro del peñi Jaime. Frente a esta amenaza, la familia y las autoridades ancestrales del territorio realizaron todas las gestiones posibles para evitar esta situación: con fecha 14 de abril presentaron una carta de aclaración al Seremi de Seguridad Pública de la Región de Los Ríos, exponiendo los derechos consuetudinarios e históricos de la familia sobre el cementerio y la ilegitimidad de dicha prohibición. Sin embargo, no hubo respuesta alguna de parte de las autoridades. Esta omisión institucional generó las condiciones para que los agresores actuaran en la más absoluta impunidad.

TERCERO. Durante años, Statkraft y las organizaciones que reciben su financiamiento han intentado construir sistemáticamente una narrativa que presenta a la machi Millaray Huichalaf y a las comunidades que se oponen a los proyectos hidroeléctricos en el río Pilmaiquén como actores violentos. Lo que el día de hoy quedó en evidencia ante decenas de testigos es exactamente lo contrario: la violencia es ejercida por los grupos financiados por Statkraft. Fueron ellos quienes, encapuchados y armados, agredieron a una familia en duelo y a autoridades ancestrales que solo buscaban ejercer su derecho a enterrar a un ser querido en paz.

CUARTO. Las divisiones y rupturas del tejido social en este territorio no han sido solo materiales y organizativas. Han venido acompañadas de la instalación sistemática de discursos de odio y racismo dirigidos contra las formas de ejercer y vivir la cultura mapuche williche, y particularmente orientados a estigmatizar y desacreditar a la machi Millaray Huichalaf en su condición de autoridad ancestral. Estos discursos, fomentados al amparo del financiamiento de Statkraft, han creado el clima de hostilidad que hoy se tr..

Abogada chileno-australiana señala que extradición de Adriana Rivas podría ejecutarse en los próximos mesesPor Carolina Millalen

La abogada, Adriana Navarro, informó sobre la situación de la ex agente de la DINA, Adriana Rivas, cuya extradición desde Australia está vigente, pese a los recursos legales que ha utilizado la imputada y que han demorado esa orden judicial.

“Es un juicio entre Estados”, precisa la especialista, conversando en el programa Sin Fronteras de Radio Chile FM. Allí señaló que en el caso de Chile, “a través de la Corte Suprema se ha solicitado la extradición de Rivas, mientras que el Estado australiano representa al Estado de Chile en dicho país, frente a los tribunales y al ejecutivo”.

La abogada de origen chileno y que vive en Australia desde 1976 tras la expatriación de su familia, indica que la ex agente de la DINA tuvo directa participación en el centro de tortura y exterminio Simón Bolívar. En ese lugar, todos los detenidos y prisioneros fueron torturados salvajemente, asesinados y sus cuerpos hechos desaparecer por diversos métodos. “Muchos de los casos que vemos de allí, Conferencia I y II y el cuaderno anexo de Reinalda Pereira, muchos de sus restos no han sido encontrados”, señala.

Rivas se encuentra procesada por el secuestro calificado, en calidad de coautora, de los dirigentes comunistas Víctor Díaz López, Fernando Navarro Allendes, Lincoyán Berríos Cataldo, Horacio Cepeda Marinkovic, Juan Ortiz Letelier, Héctor Véliz y Reinalda Pereira Plaza.

La abogada Navarro el año 2013 supo de la residencia de Adriana Rivas allá, luego de que la ex agente diera una entrevista por un medio radial nacional:

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“Ella ya era conocida en la comunidad chilena”, indica, pero se ignoraba sobre su participación en la DINA: “En ese momento nos enteramos que Chile había estado buscando a la señora Rivas desde el año 2011 cuando se fugó de Chile a Australia”.

“A todo el mundo le causó horror, un rechazo, una repulsión sobre lo que ella hablaba y la forma en la que hablaba, causando una repulsión tremenda”, recuerda la abogada Navarro.

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Acerca de la resolución de la justicia australiana comentó que el caso ha sido larguísimo, muy complejo y el primero en su especie en manos de dos Estados con dos sistemas judiciales distintos: “No tenemos precedente alguno en extradiciones y menos por cargos de secuestros por agravantes en el contexto de graves violaciones de derechos humanos”.

Respeto a las familias de las víctimas, el caso ha sido llevado por los abogados Francisco Ugás y Alberto Espinoza quienes “son los promotores en este caso de conseguir justicia y tratar de extraditar a Rivas”. En su rol como especialista, ella ha aportado en la facilitación del sistema judicial australiano, aunque criticó que las víctimas y sus familias no tengan participación directa.

Respecto a la extradición, indicó que fue declarada el 2020, sin embargo la imputada “ha usado todos los recursos disponibles en la ley australiana y las avenidas judiciales y ejecutivas”.

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Acerca del juez Michael Lee de la Corte Federal de Nueva Gales del Sur de Australia, en su última indicación señaló que todas las decisiones tomadas por la ministra en el proceso fueron entregadas correctamente “y tomó todas las consideraciones necesarias para concluir que debe ser entregada a Chile”.

Si bien, Rivas pudiese apelar a una Corte en pleno si los ministros hubiesen incurrido en un error -lo que corresponde a una materia meramente técnica- el caso podría extenderse hasta fin de año, mientras que si la imputada diese su consentimiento, el proceso tardaría un mes, pudiendo concretarse su regreso a Chile en los próximos meses, sostuvo la abogada: “El fallo es muy contundente, es muy claro”.

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ANFUNTCH denuncia hostigamiento a funcionarios de la Inspección del Trabajo y acusa show mediático de diputado Javier OlivaresCompartimos comunicado: El Consejo Metropolitano ANFUNTCH denuncia ante la comunidad la compleja y gratuita situación de hostilidad vivida el día de ayer por nuestros trabajadores en las dependencias de la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago, ubicada en calle Moneda 723. Durante la jornada de la mañana, el Diputado en ejercicio por el distrito 6, Javier Olivares (PDG), ingresó a las oficinas de atención de usuarios sin previo aviso. Lo hizo acompañado por un equipo destinado a registrar los hechos como si se tratara de un espectáculo de televisión, mientras utilizaba un tono de prepotencia bajo el argumento de estar ejerciendo sus facultades de fiscalización.

Durante el incidente, el parlamentario increpó a viva voz a nuestros colegas encargados de la atención de público, realizando críticas descarnadas contra nuestra labor. Resulta especialmente grave que, lejos de buscar soluciones institucionales, el señor Olivares se dedicara a azuzar a los usuarios presentes en contra de los funcionarios, utilizando los tiempos de espera como un elemento de agitación. Asimismo, observamos con preocupación que sus asistentes tomaran nota de las críticas de los usuarios para intervenir en funciones que son exclusivas de la Dirección del Trabajo, lo cual representa una transgresión a la autonomía de nuestra institución y a la debida separación de poderes del Estado.

Ante la falta de una notificación previa de esta visita hacia el Director Nacional del Trabajo, David Oddó Beas, las jefaturas de las dependencias —nuestra Directora Regional, doña Ana María Ruiz, y la Inspectora Provincial, doña Carla Torres— debieron apersonarse para manejar la situación. Como organización, subrayamos que no cuestionamos las prerrogativas que el Artículo 52 de la Constitución Política concede a los Diputados en su labor fiscalizadora; por el contrario, valoramos dicha facultad. Sin embargo, somos enfáticos en rechazar cualquier escenario que ponga en riesgo la integridad física y psicológica de nuestros funcionarios, un hecho que bajo ninguna circunstancia permitiremos que quede como una simple anécdota. Como Consejo Metropolitano ANFUNTCH, repudiamos tajantemente la actitud y la forma de hacer política del señor Olivares, quien pretende convertir a las instituciones públicas en parte de un “reality show”. Recordamos a todos los interesados que existen canales institucionales y autoridades ya nombradas para canalizar inquietudes y solicitudes de manera formal. Nuestra prioridad seguirá siendo la defensa de la dignidad de los trabajadores públicos y el respeto a la institucionalidad vigente.

CONSEJO METROPOLITANO ANFUNTCH

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¿Por qué algunas partículas se cargan más que otras? Investigación de científicos chilenos entrega nuevas pistas
El estudio, publicado en Physical Review Materials, revela que el tamaño de las partículas juega un rol clave en cómo adquieren carga eléctrica, incluso cuando son químicamente idénticas.

¿Por qué dos partículas aparentemente iguales terminan con cargas eléctricas muy distintas? Esta es una de las preguntas que buscaba responder un nuevo estudio de investigadores internacionales que contó con la participación de científicos nacionales y extranjeros, quienes se adentraron en un fenómeno tan cotidiano como enigmático: la electrificación por fricción.

La investigación contó con la participación de los académicos del Departamento de Física (DFI) de la FCFM de la Universidad de Chile, Dr. Nicolás Mujica, y Dr. Marcos Flores, el profesor de la Universidad de O’Higgins, Dr. Gustavo Castillo, el académico PUC, Santiago Tassara, el Dr. Scott R. Waitukaitis, del Instituto de Ciencia y Tecnología de Austria (ISTA) y la estudiante de Magíster del DFI Macarena Lara, fue publicada en la revista Physical Review Materials, revelando que el tamaño de las partículas influye de manera decisiva en la forma en que se distribuye su carga eléctrica.

Efectos del Tamaño

Según explica el Dr. Nicolás Mujica, la investigación concluye que las partículas más grandes tienen mayor probabilidad de adquirir cargas significativamente altas, en una relación que crece proporcionalmente con su área superficial.

“Este nuevo estudio revela una ley fundamental que vincula tamaño y comportamiento eléctrico en la naturaleza. Los resultados obtenidos permiten comprender mejor cómo se cargan partículas de distinto tamaño, lo que incide tanto en fenómenos naturales como en contextos industriales, abriendo la posibilidad de desarrollar modelos predictivos sobre la generación de descargas”, dice Mujica.

La investigación detalla que la electrificación por fricción, también conocida como efecto triboeléctrico, ocurre cuando materiales entran en contacto y se transfieren carga eléctrica. Aunque es un fenómeno ampliamente observado -desde tormentas de polvo hasta procesos en la industria-, aún presenta interrogantes fundamentales, especialmente cuando ocurre entre materiales idénticos, donde en principio no debería haber transferencia neta de carga.

Para abordar este problema, el equipo estudió sistemas compuestos por grandes cantidades de partículas aislantes de óxido, todas con la misma composición química y propiedades superficiales similares, pero con tamaños controlados, labor que fue desarrollada en los laboratorios de la FCFM de la Universidad de Chile y del Instituto de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de O’Higgins. Los resultados mostraron que las distribuciones de carga presentan una alta frecuencia de valores extremos, mucho mayor que la predicha por modelos simples.

“Lo interesante es que estas diferencias emergen incluso cuando las partículas son prácticamente indistinguibles en su composición. El tamaño, por sí solo, introduce un sesgo significativo en cómo se distribuye la carga”, distinguen los autores.

Industria, volcanes y planetas

El académico de la UOH, Dr. Gustavo Castillo, destaca que estos avances no solo aportan luces a este enigma físico, sino que también ofrecen herramientas críticas de aplicabilidad tanto en la industria como en la ciencia.

“Por ejemplo, en la industria farmacéutica, comprender esta distribución de carga permitiría que los medicamentos en polvo se mezclen con mayor precisión, evitando que las partículas se agrupen por estática y garantizando dosis exactas en cada comprimido. Por otro lado, es posible aplicarlo en estudios que busquen por ejemplo perfeccionar las tecnologías de exploración espacial, donde la estática en superficies planetarias representa un desafío constante para equipos y astronautas”, señala el Dr. Castillo.

Los resultados de esta investigación también son claves para entender ciertos fenómenos naturales, e incluso para reforzar la seguridad en contextos industriales, donde la acumulación de carga puede afectar la eficiencia de procesos o generar riesgos. “Podría ayudar a entender fenómenos como las tormentas eléctricas en volcanes, donde las partículas grandes y pequeñas se cargan de manera diferente. También podría contribuir a hacer más seguros los procesos industriales, al permitir predecir la probabilidad de cargas altas que pueden causar explosiones y, posiblemente, reducir el tamaño de las partículas para evitar estos riesgos”, explica el Dr. Mujica.

Con estos resultados, la investigación aporta nuevas restricciones para las teorías microscópicas que intentan explicar cómo se genera y distribuye la carga en sistemas de partículas aislantes, abriendo nuevas preguntas sobre un fenómeno que, aunque común, sigue lejos de ser completamente comprendido.

Dada la relevancia de este estudio para avanzar en el conocimiento de este mecanismo presente en la naturale..

Mantienen condenas a ex miembros del Ejército por la incineración de archivos de la dictaduraLos ex militares habrían participado en la destrucción de archivos microfilmados y documentos de la Central Nacional de Informaciones, CNI, correspondientes al periodo 1980-1982, cuyo contenido fue destruido entre 2000 y 2001, en los que existía información de inteligencia relevante para el esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos que se investigaban en la justicia; así como operaciones de inteligencia orquestadas contra el ex Presidente Eduardo Frei Montalva.

La Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, dictó sentencia y confirmó el fallo de primera instancia, con declaración, en contra de tres ex miembros del Ejército, entre ellos a dos generales, por su responsabilidad en la destrucción de archivos de la CNI, perpetrada entre los años 2000 y 2001, al interior de la Escuela de Inteligencia del Ejército de Chile, ubicada en la localidad de Nos, comuna de San Bernardo.

Los ministros Alejandro Rivera, Sandra Lorena Araya y Pamela Quiroga condenaron al ex general de brigada del Ejército Eduardo Jara Hallad y a la teniente coronel Mercedes del Carmen Rojas Kuschevich, a 3 años y un día de reclusión menor en su grado máximo y multa de 21 UTM, como autores del delito de infidelidad de custodia de documentos con grave daño a la causa pública. Mientras que el ex general de división del Ejército Carlos Chacón Guerrero fue condenado a 200 días de reclusión más una multa de idéntica cuantía, en calidad de encubridor del mismo delito.

El abogado Francisco Ugás Tapia, jefe Jurídico del Estudio Caucoto Abogados y uno de los querellantes en la causa valoró el fallo, pero cuestionó las bajas penas confirmadas.

“Como representación letrada de doña Carmen Frei Ruiz Tagle, estamos en gran medida satisfechos con la decisión confirmatoria dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago en esta causa, ya que hace propio los fundamentos de la sentencia de primera instancia dictada por la Ministra Paola Plaza, pero consideramos que hay un error jurídico en relación a la desestimación de la reiteración de delitos de una misma especie. Si se hubiese considerado esta reiteración, se hubiese producido un incremento sustantivo de la pena, a una que represente una mayor proporcionalidad, atendido el delito cometido y sus perniciosas consecuencias”, sostuvo Ugás.

A lo anterior, se suma, señala Ugás, “la consideración de la extensión del mal causado con el delito, el que en este caso se expresa, por ejemplo, en la imposibilidad de que la justicia cuente con antecedentes muy relevantes para el establecimiento de la verdad y sanción de crímenes de lesa humanidad en múltiples casos en que intervino la CNI”.

A juicio del abogado, “eso tiene que expresarse en una mayor sanción punitiva, y es por eso que vamos a recurrir de casación esta sentencia, para cuestionar particularmente estos aspectos jurídicos que hemos señalado. En ese sentido, discutiremos estos planteamientos ante nuestro Máximo Tribunal”.

Francisco Ugás recuerda que “este proceso surge del caso del homicidio de don Eduardo Frei Montalva, en que se indagó la existencia de antecedentes que la Central Nacional de Informaciones había microfilmado, relativo al período 1977-1990, en que operó, ejerciendo, entre sus acciones, seguimientos al ex mandatario”.

De acuerdo a la investigación, se trata concretamente de la destrucción mediante incineración de archivos microfilmados de la Central Nacional de Informaciones, CNI, correspondientes al periodo 1980-1982, mantenidos bajo custodia en la Dirección de Inteligencia del Ejército, DINE, y que fueron quemados a comienzos del 2000, en el marco del desarrollo de la “Mesa del Diálogo”, instancia que reunió a los estamentos más representativos de la sociedad nacional y que incluyó representantes de las instituciones civiles, militares y religiosas, cuya finalidad fue justamente esclarecer la verdad respecto a lo ocurrido con víctimas de crímenes o delitos de lesa humanidad cometidas por agentes estatales durante la dictadura, con especial énfasis en el destino de detenidos desaparecidos.

Los antecedentes que resultaron eliminados, de acuerdo al fallo, contenían información clave del cómo operaba la CNI, organismo que se encargó de perseguir, detener, secuestrar, torturar, desaparecer y/o asesinar a opositores a la dictadura militar en aquella época, lo que pudo ser información relevante para los procesos judiciales que se investigaban en ese entonces, así como las operaciones orquestadas contra el ex Presidente Eduardo Frei Montalva.

Si bien el Ejército negó durante mucho tiempo lo ocurrido con el material, la institución realizó un sumario el 2015 que arrojó los primeros indicios y se estableció que no se dio cumplimiento a la reglamentación vigente sobre el tratamiento de dicha documentación, pero no hubo sumarios por encontrarse los responsables en situación de retiro.

En 2017, la organización Londres 38, a través d..

Redes sociales y política: entre el conflicto y la deliberación ciudadana• Académica de la PUCV analiza interacciones digitales para identificar cómo las personas debatieron, argumentaron y participaron en la discusión pública en torno a la pasada segunda vuelta presidencial.

Una mirada diferente para analizar el discurso político es la que propone la académica del Instituto de Literatura y Ciencias de Lenguaje (ILCL) y jefa de carrera de Licenciatura en Lingüística y Literatura de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), Daniela Ibarra, a través de un estudio cualitativo sobre las interacciones de la ciudadanía en plataformas digitales durante la segunda vuelta presidencial de 2025.

El valor distintivo de esta investigación titulada “Análisis discursivo multiplataforma de comentarios a campañas electorales: una propuesta desde los estudios críticos del discurso a la segunda vuelta presidencial en Chile 2025” radica en su objeto de estudio: los comentarios de las personas comunes. Según explicó la académica, “mi foco no está en lo que dicen los candidatos, sino en lo que dice la gente sobre los candidatos”. Para ello, el análisis se extiende a diversas plataformas como X (antes Twitter), Instagram y TikTok, examinando cómo los usuarios reaccionan y discuten las publicaciones de los aspirantes a la presidencia.

A diferencia de los estudios tradicionales que examinan a los candidatos, este proyecto utiliza una metodología cualitativa para observar cómo las personas interactúan, debaten y contribuyen a la construcción del debate público en torno a la segunda vuelta presidencial de 2025.

“Pienso que siempre es importante estudiar el discurso político, tanto el discurso de los propios protagonistas como lo que se hace en torno a la política y las reacciones que genera. En este caso particular, vincular la investigación lingüística que hacemos en el Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje de la PUCV con temas país que nos afectan a todos es sumamente valioso y representa un aporte real de la academia a la sociedad”, subrayó Ibarra.

Redes sociales: ¿Espacios de odio o deliberación?

Frente a la visión predominante de que las redes sociales son entornos puramente dañinos para la democracia, el estudio de Ibarra ofrece una perspectiva matizada. Si bien reconoce la falta de filtros, la investigadora afirmó que las redes también funcionan como espacios legítimos de deliberación democrática y expresión ideológica.

Asimismo, Ibarra señaló que el análisis de los textos permite ver que la interacción digital “también provoca debates y discusiones que no son ni inciviles ni odiosas, sino que debate político real y que fundamenta en cierta parte la deliberación democrática”. Esta apertura de espacios permite que las personas compartan creencias, ideologías y presenten ideas de una forma que trasciende la imagen negativa de la polarización extrema.

El estudio busca identificar patrones de argumentación y el uso de elementos multimedia para comprender mejor el estado actual del debate público, hallazgos que pueden orientar políticas públicas y fomentar la formación de nuevos investigadores.

Metodología y formación académica

El proyecto se aparta de la tendencia habitual de la cuantificación de datos masivos para optar por un enfoque cualitativo. Mediante una herramienta de recolección semiautomática, el equipo analizará los textos de forma nativa —tal como los ve el usuario al “scrolear”—, para luego realizar una codificación temática y un análisis exhaustivo basado en los estudios críticos del discurso.

Además de la generación de conocimiento y su potencial aporte a la orientación de políticas públicas y regulaciones de medios, Daniela Ibarra destacó que el apoyo institucional que entrega la PUCV a través del concurso DI Iniciación de la Dirección de Investigación, ha sido clave para la formación de nuevos investigadores, permitiéndoles constituir un equipo de trabajo que incluye a estudiantes y tesistas.

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Bárbara Figueroa cuestiona al Ejecutivo por falta de proyecto de reforma tributaria: “Es absurdo debatir sin conocer el texto”En la sede del Partido Socialista, los secretarios y secretarias generales de los partidos de oposición sostuvieron una reunión con centros de estudio y economistas, con el objetivo de analizar las propuestas del Ejecutivo en materia económica, las que han sido calificadas como una “reforma tributaria encubierta”, presentada bajo la denominada “ley miscelánea” o “ley de reconstrucción”.

La instancia se enmarca en una serie de encuentros de coordinación política y técnica impulsados por la oposición, en medio de cuestionamientos al gobierno por la falta de presentación formal del proyecto anunciado.

Tras la reunión, la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, centró sus críticas en la ausencia de un texto concreto y en lo que calificó como una instalación anticipada de un debate sin contenido. “Lo primero es que el gobierno cumpla con lo básico. Le dijo a Chile que va a presentar una reforma, que hasta el día de hoy no presenta”, sostuvo, marcando el tono de la oposición frente al escenario actual.

En esa línea, enfatizó que cualquier pronunciamiento debe basarse en información concreta: “Nosotros lo que esperamos es conocer el texto, sobre ese texto nos vamos a pronunciar”, agregando que resulta improcedente exigir definiciones sin que exista un proyecto formal.

Figueroa también cuestionó el enfoque comunicacional del Ejecutivo y el emplazamiento hacia la oposición, señalando que el foco del debate está mal planteado: “Es absurdo que discutamos hoy día cuál va a ser la posición de la oposición cuando aquí el emplazado es el gobierno”.

Asimismo, desmintió que exista un consenso en torno a rebajas tributarias sin compensación, apuntando directamente al relato oficial: “Le están mintiendo a los chilenos y chilenas cuando les dicen que todos queríamos rebajar impuestos porque eso no es verdad”.

La dirigenta insistió en la necesidad de transparencia y diálogo político amplio, acusando falta de disposición por parte del Ejecutivo: “No se puede decir en una cadena nacional que quien rechace este proyecto es obstruccionista cuando ni siquiera han tenido la voluntad de conversar con todas las bancadas”.

En ese contexto, reiteró que la prioridad es que el gobierno cumpla con el envío del proyecto y abra espacios de conversación: “Nuestra primera invitación es a que el gobierno cumpla con el envío del proyecto y ojalá además se abra a dialogar con todas las bancadas”.

Junto con ello, Figueroa destacó el trabajo de articulación que está desarrollando la oposición tanto a nivel político como técnico, señalando que estas coordinaciones continuarán en los próximos días con el objetivo de fortalecer una postura común.

Desde el equipo económico que asesora a la oposición, el economista Luis Eduardo Escobar planteó que, a partir de los anuncios conocidos, existen preocupaciones significativas en distintos ámbitos. En términos generales, advirtió que la propuesta tendría efectos negativos en las finanzas públicas, al tiempo que implicaría una redistribución de ingresos favorable a los sectores de mayores ingresos.

Además, sostuvo que las medidas anunciadas no tendrían un impacto real en la generación de empleo, operando más bien como subsidios a empresas sin exigencias concretas, y alertó sobre el debilitamiento de herramientas clave para la capacitación y reinserción laboral. También expresó reparos frente a la eventual venta de activos estratégicos, en un contexto de estrechez fiscal.

Por su parte, el economista Osvaldo Rosales cuestionó los fundamentos teóricos de la propuesta del Ejecutivo, particularmente en relación con la rebaja de impuestos a los sectores de mayores ingresos. “No hay ninguna experiencia donde la rebaja de impuestos corporativos haya generado incrementos sustantivos en el crecimiento y en el empleo”, afirmó, señalando que este tipo de medidas ha sido ampliamente desmentido por la evidencia empírica.

Asimismo, advirtió sobre los efectos macroeconómicos que podría generar la implementación de estas políticas sin mecanismos de compensación: “Esto va a significar mayor déficit fiscal, mayor deuda pública (…) es una bomba de tiempo que podría amenazar la economía chilena”.

Finalmente, desde la oposición recalcaron que el debate debe darse con información clara y sobre la base de un proyecto concreto, insistiendo en que hasta ahora el Ejecutivo no ha generado las condiciones mínimas para una discusión democrática y transparente.

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