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Investigadora italiana invita a repensar la alimentación en tiempos de crisis
La doctora Mónica Di Donato, investigadora de la Fundación FUHEM de Madrid y miembro asociado del Grupo GEEDS de la Universidad de Valladolid, visitó la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valparaíso, donde expuso sobre economía ecológica y compartió con académicas e investigadoras de la Escuela de Nutrición y Dietética.

Con una invitación a repensar el sistema alimentario como parte de las soluciones frente a la crisis global, la doctora en Economía Mónica Di Donato visitó la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valparaíso, en el marco de una agenda académica que combinó divulgación científica, diálogo interdisciplinario y proyección de futuras colaboraciones.

La investigadora italiana, actualmente vinculada al área Ecosocial de la Fundación FUHEM de Madrid y miembro asociado del Grupo GEEDS de la Universidad de Valladolid, fue invitada por la doctora en Salud Pública Catalina González, académica de la Escuela de Nutrición y Dietética y coordinadora nacional del Observatorio del Derecho a la Alimentación en Chile (ODA Chile), red que —con apoyo de la FAO— busca incidir en políticas públicas orientadas a garantizar la seguridad y soberanía alimentaria.

La principal actividad de su visita fue la conferencia titulada “Crisis ecosocial y metabolismo alimentario de los hogares: un análisis de las desigualdades en el uso de los recursos naturales y sus impactos ambientales”, realizada en el auditorio de la Facultad de Farmacia. La instancia convocó a cerca de treinta personas, entre autoridades de la Facultad y de la Escuela de Nutrición y Dietética, académicos, académicas, investigadoras y estudiantes.

Convergencia de factores

Durante su presentación, la doctora Di Donato planteó que el actual escenario global debe entenderse como una “multicrisis”, donde convergen factores ambientales, sociales y económicos. En ese contexto, enfatizó la necesidad de avanzar hacia transformaciones estructurales: “Es importante tener en cuenta que es necesario pensar una transición ecológica justa, sostenible para todas las personas y, sobre todo, que el sistema alimentario dentro de ese escenario puede contribuir, y mucho”, afirmó.

La investigadora explicó que si bien el sistema alimentario es parte del problema, también constituye un espacio estratégico de intervención. En esa línea, destacó el potencial de modelos agroecológicos: “Si transitamos hacia un modelo productivo agroecológico, donde la población pueda tener un acceso más justo a alimentos más sanos y sostenibles, seguramente el sistema alimentario aligerará sus presiones ambientales y sociales”.

Consultada sobre las oportunidades para Chile, la académica advirtió sobre los desafíos de impulsar una transición ecológica en un contexto de alta demanda de recursos naturales: “Hay que ser críticos con ese marco. La transición hay que pensarla para la gente del país, para los recursos que tenemos, entendiendo que la sostenibilidad es el único camino que nos queda”, señaló.

Para ampliar enfoques

La visita se enmarcó en un proyecto de investigación que la economista desarrolla en Santiago y que permitió articular su participación con la red ODA en América Latina. Según explicó la doctora Catalina González, el encuentro respondió a la necesidad de ampliar enfoques en el estudio del comportamiento alimentario: “Ella trabaja justo en temas que a nosotros nos parecen relevantes y que pueden abrir nuevas miradas a la línea de investigación que ya tienen las profesoras de la Escuela de Nutrición UV”, indicó.

En particular, destacó el aporte de la economía ecológica para complementar investigaciones centradas en consumo alimentario, incorporando dimensiones como el uso de recursos naturales y los impactos ambientales.

Tras la conferencia, la jornada continuó con un espacio de preguntas, un encuentro protocolar con autoridades académicas y una reunión de trabajo con investigadoras del Centro de Investigación del Comportamiento Alimentario (CEIC-UV), donde se identificaron puntos de convergencia para futuras colaboraciones científicas.

Para la doctora González, la evaluación de la actividad fue muy positiva: “Me parece un tema relevante, innovador y necesario”, concluyó.

Con más de once publicaciones en el ámbito de la economía ecológica, la doctora Mónica Di Donato ha centrado su investigación en el análisis de la dimensión energética y material de los sistemas económicos, particularmente del sistema alimentario. Su visita invitó a reflexionar sobre la necesidad de integrar conocimiento científico, políticas públicas y prácticas sociales para avanzar hacia modelos de desarrollo más sostenibles y equitativos.

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Realizan en Maipú “operativo social barrio digno Eduardo Miño”Con una alta participación de vecinas y vecinos, este fin de semana se realizó en la Villa San Luis Tres el “Operativo Barrio Digno Eduardo Miño”, impulsado por el Partido Comunista y las Juventudes Comunistas de la comuna de Maipú.

La jornada incluyó atención de médicos generales, asesoría jurídica, veterinaria, peluquería, podología, servicio social, espacio infantil y música en vivo. Todos los servicios fueron gratuitos y estuvieron a cargo de voluntarios que, en su mayoría, son militantes, profesionales y vecinos de la misma comuna.

En la actividad participaron el concejal Ariel Ramos y el diputado Marcos Barraza, quienes trabajaron junto a sus equipos durante la jornada sabatina.

El secretario político del PC Maipú, Adrián Prieto, afirmó que hoy los trabajadores y trabajadoras de Maipú viven un escenario adverso que responde al “mal gobierno de ultraderecha”, apuntando al alza del costo de la vida y al deterioro en el acceso a derechos básicos de niños, jóvenes, adultos y personas mayores. “Es imperioso que la resistencia provenga del mismo pueblo, desde la organización y la solidaridad en los barrios”, señaló. Además, adelantó que el operativo continuará replicándose en sectores con mayores niveles de abandono y necesidades como los que tiene la comuna de Maipú, indicó el dirigente político local.

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Eric Campos por negociación del salario mínimo: “Se va instalando la idea de un gobierno cruel”Durante la jornada de este martes, la Central Unitaria de Trabajadores mantuvo la quinta reunión con el Ministerio de Hacienda en relación con la discusión del aumento del sueldo mínimo, donde el gobierno de ultraderecha rechazó la propuesta de la CUT para que se alcance la suma de 647 mil pesos y ofreció apenas un alza de 23 mil.

El secretario general de la CUT, Eric Campos Bonta, señaló que, “el gobierno defiende los intereses de los grandes empresarios, lo ha dejado claro en su ley miscelánea, y nosotros estamos defendiendo el derecho a las familias trabajadoras a llegar a fin de mes”, asegurando que el ejecutivo actúa además de actuar indolencia ante el alza del costo de la vida, busca recortar programas y beneficios sociales.

“Se va constituyendo la idea de un gobierno cruel”, concluye, el dirigente sindical.

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Sobre los pasos a seguir, Eric Campos, sostiene que desde la CUT entrarán en conversaciones con parlamentarios, para lograr que la discusión sobre el salario mínimo se base en criterios de subsistencia para las familias trabajadoras y no en términos macroeconómicos. “Esta demostrado que el alza del salario mínimo no impacta como ha intentado instalar la derecha y el gobierno”, asegura Campos Bonta.

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Por último, el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores, hizo un llamado a este primero de mayo para manifestarse en forma masiva. “Tenemos que darle esperanzas al pueblo de Chile para oponernos a una agenda regresiva, anti popular, anti derechos y por sobre todo, basada en la crueldad del gobierno”, remató el dirigente sindical.

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Este viernes se vivirá el primer 1 de Mayo en el mandato del presidente Jose Antonio Kast, en medio de una ascendente desaprobación, un alza del costo de la vida muy elevado, y la discusi´+on de una mega reforma tributaria, catalogada cómo “Ley de los Superricos”, por parlamentarios de oposición. Por otra parte, no existen proyectos de ley o medidas concretas para la clase trabajadora, en cuanto a calidad de vida, ni en salario, ni en seguridad.

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CPLT detecta 50 entidades municipales sin página de transparencia y otras con fallas principalmente en publicación de escala de sueldos, contratos y presupuesto50 organismos municipales del país operan sin siquiera una página web en que den cumplimiento a sus obligaciones legales de transparencia activa, según detectó el Consejo para la Transparencia (CPLT) en su más reciente fiscalización correspondiente al período 2025 a organismos vinculados a municipios. Específicamente se revisó el nivel de cumplimiento de 257 instituciones: corporaciones municipales (181), asociaciones de municipalidades y junta de alcaldes (58), fundaciones municipales (8) y entidades regionales (10).

Pero la opacidad no se limita a quienes no tienen página web. La fiscalización muestra un problema más profundo: incluso entre quienes sí publican, la información clave muchas veces no está disponible o está incompleta. El resultado global lo confirma: el cumplimiento promedio de las entidades que sí publican alcanza solo un 73,7% (se asigna un 100% cuando la entidad publica de forma completa y actualizada toda la información que mandata la Ley de Transparencia).

Si los resultados se clasifican por niveles de cumplimiento, 90 organismos se encuentran en un nivel “Bajo”, con un promedio de 53,7%; 89 en un nivel “Medio”, promediando éstos un 78,6%; y 78 está en un nivel “Alto”, alcanzando un índice de cumplimiento promedio de 91,5%.

Si el análisis de desagrega por materias, las principales infracciones se concentran en la publicación de la escala de remuneraciones, con menos de un 21% de cumplimiento, seguida por información sobre participación ciudadana, presupuesto y su ejecución, y adquisiciones y contrataciones.

En este contexto, la presidenta del CPLT, Natalia González, advirtió que “cuando no existe siquiera una página donde publicar información, lo que hay es opacidad total. Y cuando la información está incompleta o desactualizada, el efecto es el mismo: la ciudadanía no puede saber cómo se usan los recursos públicos”.

“Las principales brechas se concentran precisamente en lo más relevante para el control ciudadano: cuánto se paga, a quién se contrata y en qué se gastan los recursos. Es decir, información básica que permite seguir la ruta del dinero público”. Agregó que “estos espacios no pueden quedar fuera del escrutinio. La transparencia es una condición básica para prevenir riesgos y fortalecer la confianza pública”.

Finalmente, sostuvo que “por eso estamos impulsando una propuesta de modernización a la Ley de Transparencia, con el objeto de ampliar expresamente su alcance a todo el Estado, incluidas entidades que se forman bajo el alero del derecho privado, pero que cumplen una función administrativa con recursos públicos. Hoy este grupo de entidades han sido incorporadas al sistema de transparencia, a través de un esfuerzo jurisprudencial del Consejo y la Contraloría General de la República. Sin embargo, y a pesar de una serie de fallos en su contra por parte de los Tribunales de Justicia, todavía discuten ante estos su calidad de obligadas, generando una verdadera dilación en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia”.

Desde el CPLT recalcaron que el acceso a esta información no es opcional. Es un derecho establecido por ley, y cualquier persona puede exigirlo y reclamar cuando no se cumple. Ante infracciones, el CPLT puede sancionar con multas al jefe de servicio del órgano infractor y, en ciertos casos, a todos los demás funcionarios que comparten responsabilidad hacia abajo.

Revisa el documento: Reporte corporaciones municipales, asociaciones de municipalidades y otros organismos del ámbito local y regional

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Banco Central mantiene la tasa en 4,5% y refuerza cautela ante incertidumbre internacionalEn su Reunión de Política Monetaria, el Consejo del Banco Central de Chile acordó mantener la tasa de interés de política monetaria en 4,5%. La decisión fue adoptada por la unanimidad de sus miembros.

La evolución del panorama internacional continúa marcada por la incertidumbre en torno a la guerra en Medio Oriente. Si bien los contratos futuros del precio del petróleo siguen previendo un descenso, la prolongación del conflicto ha aumentado los riesgos de que los precios permanezcan elevados. De momento, los mayores efectos se concentran en la inflación efectiva y sus proyecciones —producto del alza del precio del petróleo y de otras materias primas—, lo que ha reforzado la cautela por parte de los bancos centrales. Por el lado de la actividad, el panorama no ofrece mayores cambios, aunque con diferencias entre regiones.

En este contexto, comparado con la Reunión anterior, los mercados financieros globales han mostrado un desempeño favorable. En parte, esto refleja una percepción de que la economía mundial se mantendrá resiliente. En la mayoría de las economías, incluido Chile, las bolsas muestran una recuperación y las monedas se han apreciado frente al dólar. En cuanto a las materias primas, el precio del petróleo se ha ubicado en niveles por sobre los previstos en el Informe de Política Monetaria (IPoM) de marzo. Por su lado, el precio del cobre aumentó, situándose en torno a los US$6 la libra.

En febrero, el Imacec no minero se contrajo 0,3% anual (-0,3% mensual en su serie desestacionalizada). Esta cifra se ubicó por debajo de lo coherente con la proyección del IPoM de marzo. La diferencia fue explicada principalmente por factores de oferta ligados a recursos naturales. En cuanto al gasto, indicadores de alta frecuencia del primer trimestre sugieren que el desempeño del consumo privado habría estado acorde con lo esperado, mientras que la formación bruta de capital fijo se habría desacelerado algo más que lo anticipado, en particular en su componente de maquinaria y equipo. En todo caso, el último catastro de la Corporación de Bienes de Capital reportó un significativo aumento en el monto de proyectos de inversión para el período 2026-2029. En el mercado laboral, la tasa de desocupación no mostró cambios y la creación de empleo se mantuvo acotada.

En marzo, la variación anual del IPC total fue de 2,8%. Este valor fue algo superior a lo previsto en el último IPoM, producto del mayor aumento de los precios volátiles distintos de la energía. De hecho, el incremento anual de la inflación subyacente —3,4% en marzo— se situó en línea con lo esperado. Las expectativas de inflación a dos años plazo de la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) se ubica en 3% y la de la Encuesta de Operadores Financieros (EOF) en 3,2%.

El desarrollo de la guerra en Medio Oriente ha sido más adverso que el considerado en el escenario central del IPoM de marzo, elevando la probabilidad de resultados más negativos para la inflación y la actividad global. Por su parte, en lo interno, las proyecciones de inflación de corto plazo han aumentado. El Consejo estará particularmente atento a los factores que puedan incidir en una mayor transmisión y/o persistencia de la inflación.

El escenario macroeconómico sigue sujeto a un grado de incertidumbre mayor al habitual. Por ello, el Consejo estima que será necesaria la constante evaluación de los escenarios alternativos en que la respuesta de la economía mundial y local pueda configurar presiones inflacionarias distintas de las esperadas y requiera de cambios en la política monetaria. De este modo, la evolución futura de la TPM irá evaluándose Reunión a Reunión en función del desarrollo de los acontecimientos. El Consejo reafirma que tomará las decisiones necesarias para cumplir con su objetivo de que la inflación proyectada se ubique en 3% en un horizonte de dos años.

La Minuta de esta Reunión de Política Monetaria se publicará a las 8:30 horas del jueves 7 de mayo de 2026. La próxima Reunión de Política Monetaria se efectuará el martes 16 de junio de 2026. El Comunicado respectivo será publicado a partir de las 18 horas de ese día.

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Denuncian discriminación por identidad de género en Clínica Alemana La DehesaEl hombre acudió de urgencia al recinto tras un accidente sufrido por su esposa. Sin embargo, la cajera desconoció tanto su identidad como el vínculo, pese a que el cónyuge había rectificado su partida de nacimiento y mostró su certificado de matrimonio como respaldo.

Un inusual y grave episodio de discriminación sufrieron en la Clínica Alemana La Dehesa un hombre de 30 años y su esposa, luego de que la cajera del recinto se opusiera a reconocer la identidad de género del cónyuge, y con ello su matrimonio, aún cuando el afectado había rectificado su partida de nacimiento hace seis años y portaba su cédula.

“Al momento del check out de la atención de urgencia de mi esposa, me presenté para firmar el pagaré correspondiente en mi calidad de cónyuge. Tenía mi cédula de identidad vigente en mano. La funcionaria de caja ingresó mi RUT y al aparecer mis datos anteriores en el sistema, se negó a aceptar mi firma y mi cédula vigente como documentos válidos, tratándome con desconfianza y extrañeza”, señaló.

Más aún, y pese a ser la cédula de identidad un documento válido y que el esposo le mostró desde su teléfono su certificado de matrimonio, “ambos documentos fueron ignorados por los funcionarios. La cajera me indicó que debía haber realizado previamente una solicitud de auditoría interna con la clínica para que evalúen la actualización de mis datos, y que sin ese trámite previo no podía ejercer el derecho a firmar”.

“Cabe destacar que en otras clínicas privadas donde hemos concurrido a urgencias, como Clínica Dávila, jamás se me ha exigido este tipo de trámite previo ni se ha cuestionado mi identidad. Este es el único caso en que he enfrentado esta situación”, añadió tras precisar que debido a la urgencia que atravesaba su esposa ella había salido de su casa sin su cédula.

“La clínica cometió un error y una falta gravísima, explicada solo por discriminación en razón de la identidad de genero, toda vez que el esposo portaba su cédula y mostró el certificado de matrimonio, generando un estrés innecesario y mayor en la paciente y su cónyuge. Es deber de toda institución pública aceptar como válidos documentos legales y vigentes, así como actualizarlos, en vez de cuestionarlos y traspasar su ineficiencia y burocracias a los pacientes”, señaló el encargado del Área Trans del Movilh, Nicolás Morales

“Exigimos a la clínica Alemana que ofrezca disculpas públicas a la pareja afectada, que capacite a sus funcionarios en temas de diversidad sexual y de género y que modifique sus protocolos, pues a nadie debe negársele la atención o un trámite en el servicio de salud en razón de la identidad de género de las personas, menos cuando sus documentos oficiales están al día , vigentes y reconocidos”, finalizó, tras señalar que la abogada del Movilh ya envió un reclamo formal al recinto.

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Influenza aviar y comercio exterior: claves para entender el impacto en la industria chilena
Académica UOH explica cómo los brotes sanitarios inciden en las exportaciones, los desafíos de control epidemiológico y la importancia de la bioseguridad para resguardar la competitividad del sector

La reciente detección de un brote de influenza aviar de alta patogenicidad en Chile ha puesto en evidencia la estrecha relación entre sanidad animal y comercio internacional, generando efectos inmediatos en mercados altamente exigentes. Así lo analiza la académica del Instituto de Ciencias Agroalimentarias, Animales y Ambientales (ICA3) de la Universidad de O’Higgins (UOH), la Dra. Paula Toro Mujica, quien aborda las principales implicancias de este escenario para el sector avícola nacional.

De acuerdo con la especialista, la confirmación de un foco en aves de corral puede activar rápidamente restricciones comerciales por parte de países importadores, pues “la detección de un brote es extremadamente relevante para el comercio internacional, ya que se interpreta como una pérdida temporal del estatus sanitario libre del país o zona de origen”, explica. En ese contexto, Chile activó una autosuspensión de sus exportaciones avícolas tras la confirmación de un brote en la Región Metropolitana, en línea con los protocolos internacionales.

La Dra. Toro detalla que estas decisiones se sustentan en marcos regulatorios globales como el Código Sanitario para los Animales Terrestres de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que establecen criterios para resguardar la sanidad y el comercio seguro, incluyendo herramientas como la zonificación, la certificación veterinaria y la vigilancia epidemiológica.

En cuanto a los desafíos que enfrenta la industria, la investigadora sostiene que el principal objetivo es controlar rápidamente el brote, evitar su propagación y demostrar la ausencia de circulación viral.

“Esto implica una coordinación estrecha entre el sector público y privado, junto con medidas como el sacrificio sanitario, la limpieza y desinfección de los planteles afectados, la restricción de movimientos y una vigilancia activa”, señala la académica.

Desde el punto de vista productivo, la bioseguridad se posiciona como una herramienta fundamental para prevenir nuevos focos. En ese sentido, la especialista indica que las medidas deben centrarse en reducir tanto la entrada como la salida del virus en los planteles comerciales, ya que “es clave reforzar el aislamiento de las aves, controlar el ingreso de personas, vehículos e insumos, proteger las fuentes de agua y alimento, y mantener protocolos estrictos de limpieza y desinfección”, afirma. A ello se suma la capacitación del personal, el fortalecimiento de la infraestructura y la notificación oportuna de cualquier signo sospechoso ante el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

En este escenario, Paula Toro también enfatiza la relevancia de fortalecer la comunicación de riesgo hacia la ciudadanía y los actores productivos, ya que en estos casos “la gestión de este tipo de crisis no solo depende de las medidas sanitarias, sino también de la capacidad de informar adecuadamente, generar confianza y alinear a todos los actores en torno a una respuesta coordinada”.

Respecto a los impactos económicos, la académica advierte que la suspensión de importaciones por parte de China podría generar efectos inmediatos en los ingresos del sector, considerando la relevancia de este mercado para las exportaciones avícolas chilenas y la necesidad de una reorganización logística por parte de la industria ante este nuevo escenario.

Finalmente, destaca que este tipo de situaciones representa también un desafío estratégico para el país, dado que “más allá del impacto económico inmediato, estos episodios obligan a fortalecer la bioseguridad, la trazabilidad y la diversificación de mercados, con el objetivo de sostener la confianza internacional y asegurar la continuidad del comercio exterior”, concluye la Dra. Toro.

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Uno de cada cinco trabajadores en Chile no tiene cobertura ante un accidente: ¿sabes si eres uno de ellos
En Chile, una persona que trabaja sufre un accidente cada dos minutos y medio. En el día en que se conmemora el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, es importante que conozcas los derechos y coberturas que tu empleador debe garantizar.

Según el último informe de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), presentado en abril de 2025, el país registró 199.874 accidentes del trabajo y de trayecto. La mayoría de los trabajadores saben que su empresa debe afiliarlos a una mutualidad. Pero ahí suele terminar el conocimiento. Pocos saben si existe cobertura complementaria, cuál es el monto asegurado o si su nombre siquiera figura en la nómina correcta.

El mismo informe registró 287 fallecidos en accidentes laborales y de trayecto: 154 ocurridos en el lugar de trabajo y 133 durante el desplazamiento entre el hogar y el trabajo. Lo que muchos trabajadores y sus familias ignoran es que, frente a un accidente fatal o una invalidez permanente, la Ley 16.744 no agota la responsabilidad del empleador. Los tribunales chilenos han condenado a empresas al pago de entre $100 y $325 millones de pesos por daño moral en casos de accidentes laborales fatales. Esas condenas civiles van más allá de lo que cubre la mutual y recaen sobre el patrimonio de la empresa o sobre el vacío, cuando no existe un seguro que las respalde.

A eso se suma que el 22% de la fuerza laboral ocupada en Chile no está cubierta por el seguro social obligatorio de la Ley 16.744: más de dos millones de personas que trabajan, muchas en modalidad de honorarios o de manera informal, sin ningún respaldo institucional frente a un accidente. Y entre quienes sí están cubiertos, persisten brechas concretas que pocas familias han identificado hasta que las necesitan.

En un nuevo día internacional de la Seguridad y Salud en el trabajo Felipe Gimenez, especialista en Accidentes Personales y Protección Financiera de Viento Sur Corredores de Seguros, entrega consejos para los trabajadores y aclara: “No se trata de que los trabajadores desconfíen de su empresa. Se trata de que conozcan sus derechos y su cobertura real. Eso no es desconfianza: es información. Y la información es lo primero que protege”.

Las cinco preguntas que todo trabajador debería hacerse hoy

El seguro de accidentes laborales no es un trámite que le corresponde solo a la empresa. Es una cobertura que afecta directamente la vida del trabajador y la de su familia, y conocerla es un derecho. El problema es que la información pocas veces llega sola: nadie envía un resumen anual explicando qué cubre la póliza, cuánto vale y quién figura como beneficiario. Esa información existe, pero hay que pedirla.

A continuación, cinco preguntas concretas que cualquier trabajador puede hacer hoy mismo a su empleador o a su departamento de recursos humanos. No requieren conocimientos técnicos ni formación en seguros: solo la disposición de preguntar.

1. ¿Está afiliado a una mutualidad o al Instituto de Seguridad Laboral?

Si trabaja como dependiente, su empleador tiene la obligación legal de afiliarlo a una mutualidad o al ISL desde el primer día de contrato. Si trabaja a honorarios, la situación es distinta: la Ley 21.133 incorporó a los trabajadores a honorarios al sistema de manera gradual, pero su cobertura es anual y está condicionada a la Operación Renta. Si no sabe a cuál organismo está afiliado, consulte a su empleador o en RR.HH.

2. ¿Su empresa tiene un seguro de Accidentes Personales complementario?

Este seguro es voluntario y lo contrata la empresa como beneficio adicional. No todas las organizaciones lo tienen. A diferencia del seguro de la Ley 16.744, que opera en el contexto laboral, un seguro de Accidentes Personales complementario ofrece un capital predefinido en UF para el trabajador o su familia en caso de muerte o invalidez, independiente de la mutualidad y de lo que esté pasando en el proceso legal o administrativo.

3. ¿Cuál es el capital asegurado en esa póliza?

No basta con saber que existe un seguro: hay que saber el monto. Muchas pólizas tienen sumas aseguradas que no se han actualizado en años y que no guardan ninguna relación con el sueldo actual del trabajador ni con las necesidades reales de su grupo familiar. Una póliza con un capital de 200 UF contratada hace cinco años puede ser completamente insuficiente hoy.

4. ¿Está en la lista de asegurados?

En empresas con rotación, trabajo estacional o contrataciones frecuentes, es habitual que trabajadores nuevos o recontratados no estén incorporados en la nómina del seguro complementario. El contrato vigente no garantiza automáticamente la inclusión en la póliza. Confirmarlo con RR.HH. es un paso simple que puede evitar una sorpresa mayor.

5. ¿Qué exclusiones tiene la póliza?

Toda póliza tiene condiciones y exclusiones. Algunas no cubren ciertas condiciones de salud preexistentes, otras tienen límites de edad,..

FENADAJ acusa vulneración de derechos: “Impedir las 42 horas efectivas es una transgresión a la ley”La medida afectaría a trabajadores de corporaciones de asistencia judicial y servicios descentralizados, quienes deberán permanecer más tiempo en sus labores pese a la entrada en vigencia de las 42 horas.

La Federación Nacional del Acceso a la Justicia (FENADAJ) manifestó su más enérgico rechazo a la forma en que se está implementando el segundo tramo de la ley de reducción de la jornada laboral a 40 horas, advirtiendo que la interpretación administrativa vigente implica, en la práctica, un retroceso en los derechos de las y los trabajadores del sector público.

Desde el 26 de abril comenzó a regir la jornada de 42 horas semanales en Chile. Sin embargo, la entidad que reúne a las y los trabajadores de las Corporaciones de Asistencia Judicial, alerta que un número importante de trabajadores del Estado —especialmente quienes se desempeñan en Corporaciones de Asistencia Judicial y otros organismos descentralizados regidos por el Código del Trabajo— no se están viendo beneficiados con la reducción efectiva de su jornada

Esto se debe a que, según la interpretación administrativa emanada de la Contraloría General de la República, el tiempo de colación dejaría de ser imputable a la jornada laboral. En la práctica, esto implica que los funcionarios deberán permanecer hasta 44,5 horas semanales vinculados al trabajo, superando incluso el límite aplicable a otros regímenes del sector público.

“Impedir la reducción de la jornada laboral a 42 horas efectivas representa no solo una transgresión a la ley, sino también indolencia ante los avances sociales”, señaló la presidenta de FENADAJ, Victoria Escalante.

La representante sindical sostuvo además que esta medida “contradice el espíritu de la ley, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores”. En esa línea, denunció que la normativa “estaría siendo utilizada como una herramienta de precarización”.

Asimismo, desde FENADAJ emplazaron a las autoridades políticas a asumir su responsabilidad frente a lo que califican como una interpretación errática, advirtiendo que no aceptarán aumentos encubiertos de la carga laboral ni retrocesos en derechos ya conquistados.

La federación anunció que exigirá el cumplimiento estricto de la legislación laboral, incluyendo el pago de recargos y sanciones en caso de incumplimientos.

Además, confirmó que se encuentra evaluando acciones judiciales y administrativas para revertir la situación, haciendo un llamado a sus bases a no firmar modificaciones contractuales que vulneren sus derechos laborales y a mantenerse en alerta frente a eventuales imposiciones administrativas.

Finalmente, la organización informó que se encuentra articulando una estrategia conjunta con otras entidades del sector público, reafirmando su compromiso con la defensa de la jornada laboral y la dignidad de las y los trabajadores.

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Conflicto no es violencia: claves para abordar la convivencia escolar más allá del castigoAcadémica advierte que centrarse solo en sanciones no resuelve la violencia en escuelas y plantea la urgencia de fortalecer enfoques formativos que promuevan el diálogo, la confianza y la convivencia democrática.

La creciente preocupación por la violencia en establecimientos educacionales ha impulsado propuestas centradas en el control y el castigo. Sin embargo, la evidencia y la investigación en convivencia escolar sugieren que este enfoque, aunque necesario en casos graves, resulta insuficiente para abordar un fenómeno complejo y de múltiples causas.

Así lo plantea la antropóloga social y académica de la Universidad de O’Higgins (UOH), Manuela Mendoza, quien enfatiza la necesidad de distinguir entre conflicto y violencia, dos conceptos que suelen confundirse en el debate público.

Mientras la violencia implica daño físico o psicológico y requiere sanciones proporcionales a su gravedad, el conflicto —explica— es una condición inherente a la vida social.

“Siempre que existan dos o más personas, habrá diferencias o incluso oposición de intereses, opiniones o visiones. Eso es el conflicto, y no es negativo en sí mismo”, sostiene. El desafío, entonces, no es eliminarlo, sino gestionarlo de manera constructiva para evitar que escale hacia situaciones violentas.

En esa línea, la académica advierte que las políticas basadas exclusivamente en la lógica punitiva —como la instalación de detectores de metales o el aumento de sanciones— no han demostrado ser eficaces en la disminución de la violencia escolar. Por el contrario, pueden generar ambientes de desconfianza que afectan las relaciones entre estudiantes y docentes, debilitando el rol formativo de la escuela.

“La evidencia internacional muestra que las medidas de tolerancia cero no logran los efectos deseados. Si solo reaccionamos con castigos, no abordamos las causas profundas del problema”, señala.

Frente a este escenario, Mendoza propone avanzar hacia estrategias preventivas que prioricen la formación en convivencia democrática. Esto implica generar espacios donde el estudiantado pueda expresar sus diferencias, dialogar y participar activamente en la vida escolar.

El enfoque formativo, explica, se basa en principios de inclusión, equidad y participación, y busca fortalecer relaciones de respeto mutuo y buen trato. En este contexto, la escuela no debe aspirar a eliminar los conflictos, sino a transformarlos en oportunidades de aprendizaje.

No obstante, la implementación de este tipo de estrategias enfrenta importantes desafíos. Entre ellos, la falta de tiempo, recursos y capacitación para que los equipos educativos puedan planificar y sostener acciones preventivas. Esto, en la práctica, empuja a muchos establecimientos a privilegiar respuestas reactivas frente a situaciones urgentes.

Para la académica, es fundamental que las políticas públicas no solo establezcan la importancia de la convivencia escolar, sino que también aseguren las condiciones necesarias para su desarrollo. “No basta con exigir enfoques formativos si no se entregan herramientas concretas para implementarlos”, advierte.

Finalmente, Mendoza plantea una reflexión de fondo: el tipo de escuela que se quiere construir. “Debemos preguntarnos si queremos espacios educativos basados en la vigilancia y la desconfianza, o comunidades de aprendizaje donde prime el respeto y la confianza”, afirma.

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