Temas vigentes de Geopolítica. Selección de información de fuentes verificadas.
La tregua rota quedó atrás. Con los ataques estadounidenses contra objetivos iraníes y la respuesta de la nación persa como telón del fondo, Oriente Medio alcanza niveles máximos de tensión, con implicaciones para toda la región.
Con el cierre de una nueva semana, llega el momento de revivir los acontecimientos que marcaron los últimos siete días. El noruego Erling Braut Haaland regresa de la Copa del Mundo con un 'amigo' inusual, humo por incendios forestales en Nueva York y las pintorescas Fiestas de San Fermín en Pamplona son algunas de las fotos que no hay que perderse.
Las FFAA de Rusia atacaron centros logísticos e instalaciones de la industria militar en Kiev y sus alrededores, así como en la región de Odesa, señalaron desde el Ministerio de Defensa ruso. En concreto, fueron alcanzadas empresas relacionadas con la fabricación de misiles Flamingo y Neptun, entre otros objetivos de importancia.
Las FFAA de Rusia derribaron 774 aeronaves no tripuladas en una jornada de la operación militar especial, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. En cuanto a las bajas, Kiev perdió unos 1.540 militares en las últimas 24 horas de combates.
La Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial y la Reunión de Alto Nivel sobre Gobernanza Global de la IA, inauguradas recientemente en Shanghái, confirman al gigante asiático como un actor central en la definición del futuro tecnológico, afirma el diario 'Global Times'.
Por Equipo El Despertar
Buenos Aires. El 29 de mayo de 2025, Javier Milei firmó el DNU 366/2025, una reforma migratoria que, en menos de un año, ha transformado el paradigma de integración regional que rigió durante dos décadas. La Ley 25.871, sancionada en 2003, reconocía a la migración como “un derecho esencial e inalienable” y garantizaba el acceso universal a la salud, la educación y la asistencia social. La nueva normativa, en cambio, reinstaló una lógica centrada en el control, la selectividad económica y el endurecimiento de las condiciones de permanencia.
El DNU 366/2025 recorta derechos en múltiples frentes: exige acreditar “medios económicos suficientes para subsistir en el país” para acceder a la residencia permanente, sin definir qué significa eso, lo que otorga un margen discrecional enorme a la administración; permite la deportación de cualquier extranjero condenado por un delito, incluso si la pena es leve, revocando la práctica anterior que solo permitía la expulsión por penas superiores a cinco años; exige seguro de salud para ingresar al país y establece el cobro por atención en hospitales públicos, así como la posibilidad de cobrar matrículas en universidades públicas a extranjeros con residencia temporal; y acelera los procesos de expulsión, incluso antes de que exista una condena firme.
La contradicción es brutal. El gobierno de Milei, que llegó al poder prometiendo “menos Estado” y “libertad”, está construyendo el aparato represivo más grande de la historia argentina en materia migratoria. La creación de la Agencia de Seguridad Migratoria, una suerte de ICE argentino, es la prueba de que la “libertad” que pregona la derecha es solo para el capital, no para los trabajadores. El nuevo organismo, que dependerá del Ministerio de Seguridad y no de Migraciones, consolidará el giro conceptual del gobierno: la migración ya no es una política de integración, sino una cuestión de control y orden interno . El modelo de referencia, según reconocen fuentes oficiales, es el ICE de Estados Unidos , la misma agencia que ha sido objeto de decenas de denuncias por redadas, detenciones y abusos contra migrantes.
La decisión de poner al frente de este organismo a Diego Valenzuela, exintendente de Tres de Febrero y primer intendente del PRO en sumarse al proyecto libertario, confirma que la política migratoria de Milei no es una medida técnica, sino un instrumento político para disciplinar a los de abajo.
El discurso del gobierno es una reedición de la retórica antiinmigrante que la ultraderecha global ha puesto en circulación. En la conferencia de prensa del 14 de mayo de 2025, el vocero presidencial estableció una distinción entre “buenos” y “malos” migrantes: la migración europea de fines del siglo XIX es “virtuosa”, mientras que las migraciones actuales son asociadas al caos, al abuso y a la delincuencia. Esta narrativa selecciona, racializa y criminaliza a ciertos grupos para adjudicarles la culpa de los problemas sociales y justificar el brutal ajuste neoliberal. Como señala un análisis de la Revista Común, “bajo el gobierno de Milei, lxs migrantes indeseables son acusados de abusar de los servicios públicos, cometer delitos, vivir al margen de la ley o atentar contra la prosperidad del país”.
Las cifras, sin embargo, desmienten esta narrativa. Según datos de la Defensoría del Pueblo, más del 80% de las personas migrantes en Argentina son trabajadores formales o informales que sostienen la economía del país, y los datos oficiales muestran que los extranjeros cometen menos delitos que los argentinos. Pero la verdad no importa cuando lo que se busca es un chivo expiatorio para ocultar los costos de la devaluación, la inflación y el empobrecimiento generalizado.
El impacto del DNU 366/2025 se ha hecho sentir con crudeza en el primer año de vigencia. Las expulsiones de extranjeros han aumentado de manera sostenida: en 2024 se expulsaron 620 personas, un promedio de 1,69 por día, y en los primeros tres meses de 2025 ya se contabilizaron 157 expulsiones, lo que representa un promedio de 1,74 por día, el más alto de toda la serie. Si se mantiene la tendencia, 2025 podría cerrar con un nuevo récord.
Pero las cifras oficiales ocultan el verdadero drama: las “conminaciones a abandonar el país”, un mecanismo que no obliga materialmente a irse, pero que coloca a las personas en una situación de extrema vulnerabilidad. Quien no puede irse queda expuesto a la irregularidad migratoria, la precarización documental y el riesgo permanente de futuras sanciones o expulsiones. La política migratoria, denuncia la Defensoría del Pueblo, comienza a producir mecanismos de expulsión indirecta o encubierta, especialmente sobre sectores empobrecidos o atravesados por relaciones laborales informales.
Desde una perspectiva marxista, la política migratoria de Milei no es una medida de seguridad ni una respuesta a la “crisis migratoria”. Es un instrumento de dominación de clase que cumple tres funciones fundamentales. Primero, criminaliza a los trabajadores migrantes, desviando la atención de la verdadera crisis económica y el brutal ajuste que el gobierno de Milei ha impuesto sobre la clase trabajadora argentina. Segundo, profundiza la precarización de la fuerza de trabajo, creando un ejército de reserva de migrantes en situación irregular, vulnerables a la explotación y la competencia a la baja de los salarios. Tercero, divide a la clase trabajadora entre “nacionales” y “extranjeros”, debilitando la solidaridad de clase y reforzando la hegemonía del capital.
La hipocresía es monumental. El mismo gobierno que pregona el “libre mercado” y la “libertad” erige muros para los trabajadores, mientras abre las puertas al capital financiero y a las grandes corporaciones. La misma derecha que prometió “menos Estado” construye un aparato represivo de control migratorio. La misma élite que se beneficia de la mano de obra migrante barata para sostener su modelo económico, ahora criminaliza a quienes sostienen con su trabajo la economía del país.
La política migratoria de Milei no es un fenómeno aislado. Se inscribe en una ofensiva global de la ultraderecha que, desde Trump hasta Bukele, utiliza el miedo al migrante para consolidar su poder y desmantelar los derechos sociales. Pero la historia enseña que el racismo y la xenofobia son armas del capital para dividir a los de abajo. La clase trabajadora argentina y latinoamericana no debe dejarse engañar. El enemigo no está en la frontera, sino en los palacios del poder que deciden la guerra, el ajuste y la exclusión.
Como han señalado las organizaciones de migrantes y derechos humanos, “no estamos pidiendo que nos regalen nada, nosotras trabajamos y aportamos a este país”. La lucha contra la criminalización de la migración es parte de la lucha por un mundo donde los trabajadores, sin importar su nacionalidad, puedan vivir con dignidad. Mientras el gobierno de Milei construye muros, la clase trabajadora debe construir puentes de solidaridad. La resistencia es la única salida.
Por Equipo El Despertar
El mapa de la devastación es ya un atlas de la desidia del capital. La península ibérica arde sin tregua. En España, la provincia de Guadalajara alberga el incendio más grande del año, con más de 26 mil hectáreas calcinadas y más de mil evacuados, mientras el termómetro marca 44°C en varias regiones y las tormentas secas amenazan con avivar aún más las llamas. En el sur de Francia, el fuego se ha cobrado tres campings y 281 bungalós en los Pirineos Orientales, obligando a evacuar a más de 3.000 personas y forzando la suspensión del tráfico ferroviario en la Costa Azul. En Portugal, 10 mil hectáreas han ardido solo en una semana y el gobierno se ha visto obligado a activar el mecanismo europeo de protección civil y solicitar refuerzos a España y Marruecos.
El dato más escalofriante es la precocidad del desastre. La temporada de incendios se ha adelantado un mes completo respecto a lo habitual. Un invierno excepcionalmente húmedo hizo brotar una vegetación exuberante que las tres olas de calor sucesivas convirtieron en pólvora lista para arder . El resultado es el doble de grandes incendios que en 2025: 314 fuegos de más de 30 hectáreas, la segunda cifra más alta desde 2016 . La Unión Europea está siendo “devastada por las llamas” y la Comisión ya ha movilizado aviones cisterna para intentar contener el desastre.
Las cifras de muertos y heridos convierten la estadística en tragedia. En Almería, el incendio de Los Gallardos se ha cobrado 13 vidas, convirtiéndose en el más letal de los últimos años. Los cuerpos de varias víctimas fueron encontrados dentro de vehículos que fueron devorados por las llamas mientras intentaban escapar. Las autoridades regionales confirman que la tragedia no ha terminado: cerca de 20 personas continúan desaparecidas. La onda expansiva del calor no se limita a los incendios. Francia ha registrado su día más caluroso de la historia el 24 de junio, provocando más de 2.000 muertes en la última semana de ese mes, un incremento del 29% respecto a la semana anterior, el 85% de ellas entre personas de 65 años o más. Las personas mayores y los sectores más empobrecidos pagan el precio más alto de una crisis que no han provocado.
Las consecuencias para la salud pública se extienden más allá de las cifras de muertos. La investigación ha demostrado que los incendios del año pasado en España y Portugal causaron más de 2.000 muertes prematuras por exposición al humo tóxico, y la energía liberada por esos fuegos fue equiparable a la producción anual de un reactor nuclear de 1.000 megavatios. El patrón es claro y aterrador: “los grandes incendios se están haciendo más grandes” y la intensidad no deja de aumentar.
La crisis climática se cuela en la vida cotidiana de los trabajadores europeos a través de cada uno de sus bolsillos. La producción de maíz de la UE ha caído en picado: la asociación de comercio de granos Coceral ha reducido su previsión de cosecha a 52,7 millones de toneladas, frente a los 57,2 millones previstos el mes pasado. La cosecha de maíz en Francia caerá por debajo de los 10 millones de toneladas, su nivel más bajo en dos décadas. El resultado será una inflación alimentaria que golpeará con más fuerza a los hogares trabajadores.
La generación de energía, esencial para la vida y la producción, también se está viendo afectada. Las centrales nucleares francesas han tenido que reducir su producción porque las altas temperaturas del agua de los ríos superan los límites permitidos. Cuando el sistema energético se resquebraja, son los trabajadores quienes sufren cortes de suministro y subidas de tarifas.
Esta catástrofe no es un capricho de la naturaleza. Es la factura que el “fósil-capitalismo” está pasando a la humanidad. La Organización Meteorológica Mundial ya había advertido que las temperaturas récord de finales de junio agravarían el riesgo de incendios. La propia BBC ha señalado que el cambio climático está elevando las temperaturas en todo el mundo, y Europa es el continente que se calienta más rápido, al doble de la media global. El estudio del World Weather Attribution, de Imperial College London, vincula directamente el empeoramiento de la temporada de incendios en el Mediterráneo al cambio climático.
No hay solución posible dentro de los márgenes de este sistema. El capitalismo, como señalan los análisis más lúcidos de la izquierda internacional, “prioriza la ganancia por sobre un medio ambiente en colapso y la vida de la clase trabajadora”. La catástrofe climática “es, junto con la guerra y la crisis económica global, una prueba contundente de la crítica marxista al capitalismo y la exigencia de una revolución social”. Los intentos de parchear el sistema con medidas de mercado no son más que un espejismo.
Mientras los gobiernos europeos se limitan a declarar alertas rojas y movilizar bomberos, la respuesta a esta crisis solo puede venir de la organización de la clase trabajadora a nivel internacional. La solución no es un capitalismo “verde” que siga permitiendo que las grandes corporaciones acumulen beneficios mientras esquilman el planeta. La solución es la planificación socialista y democrática de la economía. La clase trabajadora tiene el poder de detener la maquinaria de producción y distribución que alimenta este desastre.
No se trata de salvar a Europa de las llamas para que el capital pueda seguir acumulando. Se trata de construir un nuevo modelo de sociedad donde los recursos energéticos y alimentarios estén al servicio de las necesidades de las personas, no de las ganancias de unos pocos. La ola de calor que derrite Europa no es un fenómeno natural: es la manifestación más brutal de la crisis terminal del capitalismo. Y como tal, no requiere solo de bomberos, sino de una transformación revolucionaria. Mientras el capital siga ardiendo, los trabajadores seguiremos sufriendo.
Por Equipo El Despertar
Budapest. El 21 de julio de 2026 quedará grabado en la memoria política húngara como el día en que la “guerra de los tribunales” alcanzó un nuevo nivel de intensidad. Sin previo aviso, investigadores de la Fiscalía del condado de Bács-Kiskun, en el sur del país, irrumpieron en el centro de datos que alberga los servidores de Fidesz, el partido del ex primer ministro Viktor Orbán, con el objetivo de incautar “todo el sistema de comunicaciones y las bases de datos” de la organización.
La operación, confirmada por una portavoz de la Fiscalía a la agencia Associated Press, se enmarca en una investigación por la “supuesta malversación” de unos 17.000 millones de florines (aproximadamente 53,5 millones de dólares) del Fondo Nacional de Cultura (NKA). Se acusa a seis exfuncionarios y actuales funcionarios de haber canalizado estas subvenciones estatales de forma “opaca” hacia artistas y organizaciones vinculadas a Fidesz, muchos de los cuales hicieron campaña activa por el partido en las elecciones de abril. Los implicados niegan las acusaciones.
El allanamiento no es un hecho aislado, sino el último capítulo de una ofensiva sin cuartel del nuevo gobierno de Péter Magyar contra el legado de Orbán. En abril de 2026, el partido Tisza, de corte proeuropeo y conservador, asestó un golpe electoral histórico a Fidesz, poniendo fin a 16 años de dominio nacionalista en Hungría. Magyar llegó al poder con la promesa de una “limpieza” institucional y un “cambio de régimen”.
Desde entonces, su gobierno ha actuado con celeridad para desmantelar el entramado de poder de su predecesor: ha aprobado una ola de medidas anticorrupción, ha modificado la constitución para impedir que Orbán se presente de nuevo y ha destituido a decenas de figuras afines al exmandatario, a las que califica de “títeres”. La semana pasada, el parlamento eliminó al impopular expresidente Tamas Sulyok por enmienda constitucional.
Desde una perspectiva marxista, esta contienda no es una lucha entre el “bien” y el “mal”, sino un conflicto intestino entre dos facciones de la burguesía húngara por la hegemonía del Estado. Una de ellas, la de Orbán, construyó durante 16 años un sistema de acumulación basado en el clientelismo y la cercanía al capital ruso. La otra, la de Magyar, busca reemplazarla, utilizando la bandera de la “lucha contra la corrupción” para deslegitimar a sus rivales y justificar su propio ascenso al poder, todo ello bajo la mirada cómplice de la Unión Europea, que ve en este giro la oportunidad de desbloquear los 16.000 millones de euros en fondos comunitarios congelados por las políticas iliberales de Orbán.
La reacción de Fidesz no se ha hecho esperar. En un comunicado publicado en Facebook, el partido denunció que “no existe ningún precedente de este tipo en Hungría desde 1990, cuando terminó el comunismo”. La formación de Orbán acusó al gobierno de Tisza de intentar “incapacitar legalmente” a la oposición al no haber podido eliminarla políticamente, y habló de “tiranía agresiva” para describir las acciones del Ejecutivo. El primer ministro Magyar, por su parte, afirmó en redes sociales que se enteró del allanamiento por el comunicado de Fidesz y que está “a la espera de información de la Fiscalía”.
La ironía de esta situación es la esencia de la comedia burguesa. Durante 16 años, Fidesz y Orbán fueron acusados de minar la democracia, controlar los medios de comunicación y gobernar de forma autoritaria. Ahora, al verse aplicadas tácticas similares en su contra, claman por el estado de derecho. Como ha señalado la prensa internacional, Fidesz ha calificado las medidas de Magyar como “autocráticas”, un calificativo que durante años se utilizó contra el propio Orbán.
La clase trabajadora no debe dejarse engañar por el espectáculo de una “cruzada anticorrupción” que, en el fondo, es una guerra entre depredadores. Mientras los fiscales registran los servidores de Fidesz y los políticos se acusan mutuamente de “tiranía”, los trabajadores húngaros y europeos siguen viendo cómo sus salarios se estancan, los servicios públicos se deterioran y las grandes corporaciones, tanto húngaras como europeas, continúan acumulando ganancias, ajenas a este melodrama político que no es más que la confirmación de que, bajo el capitalismo, el Estado siempre es un botín que se disputan las élites.
