Temas vigentes de Geopolítica. Selección de información de fuentes verificadas.
Pese al alto el fuego temporal, los efectos del conflicto surgido por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán están pasando de una fase "aguda" a una fase prolongada, advirtió el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en un informe.
Por Equipo El despertar
El último ataque se produjo el 14 de abril contra una lancha que, según el comunicado oficial del Comando Sur, “transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico”. El parte castrense, publicado en redes sociales con un video borroso como única “prueba”, no aportó ningún elemento concreto que demostrara la presencia de drogas a bordo. La fórmula se repite: la Fuerza Operativa Conjunta Lanza del Sur, dirigida por el general Francis Donovan, ejecuta un “ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas”, y cuatro “narcoterroristas varones” aparecen en la columna de bajas.
La ausencia de pruebas no es un descuido, sino una característica estructural de esta guerra. Como ha señalado la propia agencia Associated Press, “la administración Trump ha ofrecido pocas pruebas que respalden sus afirmaciones de haber matado a ‘narcoterroristas’”. Expertos en derecho internacional y grupos de derechos humanos coinciden en que estos ataques “probablemente constituyen ejecuciones extrajudiciales, ya que han atacado aparentemente a civiles que no representan una amenaza inminente para Estados Unidos”. La única certeza que deja el Pentágono es la muerte de decenas de personas cuyos rostros, identidades y oficios reales nadie se ha molestado en investigar.
La doctrina jurídica que sustenta esta escalada es, cuando menos, peculiar. La Casa Blanca sostiene que Estados Unidos se encuentra en un “conflicto armado formal” con los cárteles de la droga y que, por lo tanto, las tripulaciones de las embarcaciones sospechosas de narcotráfico deben ser tratadas como “combatientes”. Sin embargo, como ha señalado el New York Times en su monitoreo de estos ataques, “un grupo variado de especialistas jurídicos en el uso de la fuerza letal han dicho que los ataques son ejecuciones extrajudiciales ilegales porque el ejército no está autorizado a atacar de manera deliberada a civiles —ni siquiera a presuntos delincuentes— que no sean una amenaza inminente de violencia”.
La falacia del argumento oficial se revela cuando se examina el contenido de los propios videos difundidos por el Comando Sur. En las imágenes, tomadas desde aeronaves militares, se observan pequeñas embarcaciones —muchas de ellas con aparejos de pesca artesanal a la vista— siendo alcanzadas por proyectiles de alta precisión mientras se mantienen detenidas en el agua o navegan a baja velocidad. No hay escenas de persecución, no hay advertencias previas, no hay indicios de que esas lanchas representaran un peligro inmediato para nadie. Como ha reportado Al Jazeera, “las imágenes muestran un bote estacionario con motores fuera de borda y lo que parecen ser flotadores de redes de pesca cerca”. Pescadores, no traficantes.
El presidente Donald Trump justifica esta ofensiva como una medida necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y reducir las muertes por sobredosis que afectan a su país. Pero incluso esta coartada se resquebraja ante el más mínimo análisis. Como ha documentado el New York Times, “el aumento de las sobredosis en la última década ha sido causado principalmente por el fentanilo procedente de laboratorios en México, no por la cocaína que llega en embarcaciones desde Sudamérica”.
Detrás de la retórica antinarcóticos se oculta una lógica más primitiva: la necesidad del imperio de proyectar poder en una región que considera su patio trasero. Los bombardeos en el Pacífico y el Caribe no comenzaron por casualidad en septiembre de 2025, sino como antesala de una intervención mucho más audaz: la captura del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro en enero de 2026, ejecutada mediante el bombardeo de Caracas y la ocupación del palacio presidencial. Las 32 víctimas cubanas de aquella incursión, junto con las 174 acumuladas en el Pacífico, dibujan el mapa de sangre de una campaña que no tiene fronteras ni escrúpulos.
Desde una perspectiva de clase, lo que estos bombardeos revelan es la capacidad del imperialismo para fabricar un “enemigo” abstracto —el “narcoterrorista”— al que se puede aniquilar sin juicio, sin pruebas y sin consecuencias políticas. La administración Trump no ha proporcionado “ninguna evidencia definitiva de que las embarcaciones atacadas desde el año pasado estuvieran involucradas en el tráfico de drogas”. Pero la falta de pruebas es irrelevante para el discurso oficial: la mera sospecha, la mera ubicación en una “ruta conocida”, basta para justificar un ataque con misiles.
Mientras tanto, las verdaderas víctimas de esta guerra —pescadores artesanales, migrantes, trabajadores del mar que apenas sobreviven en la economía informal del Pacífico— permanecen en el anonimato. El Comando Sur no ha dado a conocer sus nombres, ni sus nacionalidades, ni las circunstancias que los llevaron a estar en ese lugar y en ese momento. Para el imperio, no son personas: son “bajas enemigas” en una guerra que libra contra un fantasma. Como escribió el sociólogo Loïc Wacquant, “el Estado penal no persigue delitos, persigue poblaciones”. En el Pacífico oriental, esa persecución se hace con misiles teledirigidos y sin otra coartada que el silencio cómplice de los grandes medios.
La pregunta que flota sobre las aguas ensangrentadas del Pacífico es incómoda pero necesaria: ¿cuántos pescadores más tendrán que morir antes de que el mundo se atreva a llamar a esto por su nombre? No es guerra contra las drogas. Es guerra contra los pobres. Y mientras el imperio siga disparando sin presentar pruebas, cada nueva explosión será solo otro capítulo en la larga historia de la impunidad del poderoso.
El nombramiento del empresario Andrés Ergas Heymann como embajador en Estados Unidos ha destapado una madeja de conflictos de interés que la narrativa oficial intenta desenredar con paños tibios. El flamante representante en Washington —ingeniero comercial de 59 años sin experiencia diplomática alguna— mantiene inversiones inmobiliarias activas en el país que se supone debe representar. El propio canciller Francisco Pérez Mackenna había planteado públicamente dudas sobre eventuales incompatibilidades asociadas a mantener negocios en el mismo país donde se ejerce la representación diplomática. Pero el diseño político se impuso sobre la prudencia técnica: Kast mantuvo el respaldo al empresario y terminó cerrando el nombramiento, apostando por su perfil económico y sus redes en el mundo empresarial norteamericano.
No es casualidad que el canciller y Ergas compartieran durante 11 años en el directorio del Banco de Chile. Es la misma lógica que explica por qué el abogado Gabriel Zaliasnik —compañero de colegio de Ergas en el exclusivo Nido de Águilas— sería el próximo embajador chileno en Israel. Como ha escrito el filósofo Slavoj Žižek, “el lawfare no es una desviación de la justicia, sino la justicia misma funcionando como un aparato de clase”. Aquí no hay jueces: hay una red de intereses que se autoperpetúa en las cúpulas del poder.
La primera tanda de designaciones ante organismos internacionales, anunciada el 18 de marzo, dejó en evidencia la segunda función de estas embajadas: servir de cajón de sastre para excandidatos que no lograron retener sus escaños. José Miguel Castro, médico veterinario de profesión, fue diputado durante dos períodos y en la última elección fue derrotado, perdiendo la reelección. Juan Manuel Santa Cruz, ingeniero comercial, fue candidato a diputado y también fue derrotado. Ambos terminaron en la OEA y la OCDE respectivamente, como si la derrota electoral mereciera un ascenso diplomático.
El caso más emblemático es el de Roberto Ampuero, el escritor devenido en embajador ante la ONU. Excomunista confeso que hoy ejerce como columnista de El Mercurio, Ampuero encarna la traición de clase que la burguesía recompensa con generosidad. “La diplomacia debería ser una herramienta de Estado, no un botín para los amigos del Presidente”, ha denunciado la oposición, que desde el primer momento criticó los nombramientos argumentando que hubo mucho “pituto”. Pero el oficialismo no se inmuta: en el gobierno recalcan que se trata de una atribución exclusiva del Presidente de la República.
El desembarco político en las representaciones exteriores ha abierto un choque con los diplomáticos de carrera, que ven con preocupación cómo la institucionalidad se pliega a los designios del mercado. De los cinco embajadores nombrados ante organismos multilaterales, solo dos —Luis Plaza y Marta Bonet— son funcionarios de carrera. El resto responde a criterios de lealtad política, no a méritos profesionales.
En sectores de la Cancillería persiste el malestar frente a la designación de embajadores políticos en desmedro de diplomáticos de carrera, y particularmente por los perfiles que se han puesto sobre la mesa en esta etapa. Algunos más controvertidos que otros, como el de Ricardo Rincón —exdiputado democratacristiano hermano de la ministra Ximena Rincón— sobre el cual pesa un proceso en la justicia por violencia intrafamiliar en el pasado. Esto último, advierten algunos en el Ejecutivo, abrirá un flanco de críticas innecesario.
El problema de fondo no es la falta de experiencia diplomática de estos nombramientos, sino lo que representan: la colonización de la política exterior por los intereses de una clase que confunde la representación del Estado con la administración de sus propios negocios. Como advierte un reciente análisis, la arquitectura institucional chilena mantiene una elevada discrecionalidad presidencial en la conducción de la política exterior, y en contextos de alta incertidumbre global y ascenso de liderazgos populistas, la ausencia de mecanismos de control puede traducirse en nombramientos poco idóneos o definiciones estratégicas basadas en criterios coyunturales.
La misión de Ergas en Washington es explícita: normalizar las relaciones con Estados Unidos tras los roces del gobierno anterior y atraer inversiones para Chile. Un empresario con inversiones en el país donde debe atraer capital extranjero no es un diplomático: es un lobista con credenciales oficiales. Como escribió el intelectual francés Pierre Bourdieu, “el Estado es el banco central de la ilusión de la universalidad”. En el Chile de Kast, esa ilusión se ha vuelto demasiado cara de sostener: los embajadores ya no representan a la nación, representan sus propias chequeras. La pregunta que queda flotando en el ambiente diplomático es si algún día la Cancillería dejará de ser un botín de guerra para convertirse en lo que nunca ha sido: una herramienta al servicio del pueblo, no de sus amos.
Por Equipo El Despertar
El diputado Ricardo Neumann (UDI) sentenció esta semana que “Chile Vamos murió. Cumplió un rol histórico importante, pero su ciclo terminó”. La frase, lejos de ser un exabrupto aislado, cristaliza la crisis terminal que atraviesa la coalición que durante años articuló los intereses del gran capital y la derecha tradicional en Chile. Mientras las dirigencias debaten en comisiones políticas sobre si abandonar el barco o resistir, lo que subyace es una lucha intestina por la representación de la clase dominante, fragmentada entre los resabios del pinochetismo institucional, un empresariado que exige resultados inmediatos y el ascenso de un republicanismo más extremo que amenaza con fagocitar a sus aliados menores. La “centroderecha”, en su intento por administrar la crisis estructural del modelo neoliberal, se devora a sí misma.
Lejos de las narrativas hegemónicas que atribuyen las divisiones a “diferencias programáticas menores” o a “personalismos”, la crisis de Chile Vamos responde a una contradicción irresoluble: ¿cómo representar los intereses de una burguesía que ya no cree en los acuerdos institucionales amplios y exige un giro autoritario y punitivista? El resultado electoral del 16 de noviembre de 2025 fue un campanazo: la candidata presidencial de la coalición, Evelyn Matthei, que por meses lideró todas las encuestas, terminó relegada al quinto lugar. El golpe fue demoledor. La UDI y RN retrocedieron en su representación parlamentaria, y Evópoli —el partido de la “nueva derecha” liberal— quedó disuelto al no alcanzar el mínimo legal de cuatro legisladores.
Para la clase política tradicional, el fracaso fue total. Cristián Monckeberg, extimonel de RN, lo escribió sin ambages en una carta a la militancia: “Chile Vamos ha cumplido su ciclo”. Y agregó, en un diagnóstico lapidario: “Las sucesivas derrotas presidenciales, la decisión de no realizar primarias, una fórmula parlamentaria que no maximizó el rendimiento electoral y un relato político que no hizo eco en la ciudadanía, nos obligan a romper inercias”. No se trata de una mera derrota electoral, sino del agotamiento de un dispositivo político que, durante años, logró disciplinar a las fracciones de la burguesía en torno a un proyecto común de acumulación.
La descomposición del bloque adquiere ribetes de guerra intestina. En la UDI, la paciencia se ha agotado. Fuentes al interior de la comisión política revelan que están “hartos de que parlamentarios de Renovación Nacional (RN) como Diego Schalper y Ximena Ossandón salgan a hablar ‘en nombre de Chile Vamos’ sobre cosas que nadie ha conversado al interior de la coalición”. Como explica un dirigente: “Si tienes que cargar con las declaraciones del vecino, tarde o temprano te preguntas por qué estás en el mismo edificio”. La metáfora inmobiliaria es reveladora: la derecha no es una comunidad, sino un conjunto de propietarios que comparten un terreno por pura conveniencia electoral.
El malestar se extiende a la evaluación de Evópoli, descrita en la interna como un partido “prácticamente extinto”. En la UDI no quieren “aparecer como corresponsables de esa muerte lenta”. La lógica es simple: en el cementerio de los partidos pequeños, nadie quiere cargar el ataúd. Este diagnóstico ha llevado a que la comisión política de la UDI, en una reunión de dos horas, debatiera abiertamente la posibilidad de abandonar la coalición. La decisión final se tomará en mayo, pero el escenario que se baraja es una nueva alianza con el Partido Republicano de José Antonio Kast, un movimiento que, para muchos, es “muy cómodo ya que provienen de la misma base”.
El Partido Republicano emerge como el gran factor de desestabilización del statu quo de la derecha. José Antonio Kast, quien gobierna con una agenda de shock, ya ha dejado claro que no participará en primarias con Chile Vamos de cara a la presidencial del próximo año. Su estrategia es clara: presentarse como la única opción pura y sin componendas frente a una coalición que percibe como débil y transaccional. La respuesta de Evelyn Matthei no se hizo esperar. En un intento desesperado por contener la hemorragia, la alcaldesa de Providencia advirtió: “Republicanos no va a ir a primarias de ninguna manera (…) tenemos que jugar con esas reglas y tenemos que ganarles en primera vuelta, porque si no les ganamos en primera vuelta, vamos a tener otro gobierno de izquierda”.
Pero la presión no solo viene desde el extremo del espectro político. El gran capital, históricamente articulado a través de gremios y lobbies, también está moviendo fichas. El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), ha sido explícito: “Chile Vamos tiene que agrandarse y reformularse para dar sustento a Kast”. Para Alessandri, el problema es la escala: se necesita una coalición que abarque a todas las fuerzas del 62% del Rechazo, en una suerte de “Concertación de derecha” que asegure la gobernabilidad del proyecto. Esta postura, sin embargo, choca de frente con la de los sectores más intransigentes de RN y la UDI, que ven en esa operación una claudicación frente al “populismo” republicano.
Mientras las cúpulas se desgarran en el Congreso y en las sedes partidarias, un nuevo actor comienza a perfilarse en el tablero. Un grupo de alcaldes de derecha, liderados por figuras como Jaime Bellolio y Sebastián Sichel, han creado una instancia paralela para adquirir protagonismo y disputarle el relato a los jefes comunales progresistas. Esta “Red de Coordinación Municipal” busca llenar el vacío dejado por una coalición en retirada, demostrando que la lucha por la hegemonía no solo se libra en las cúpulas, sino también en los territorios.
El escenario que se abre es el de una recomposición política por la vía de la fuerza. La fragmentación de Chile Vamos no anuncia el fin de la derecha, sino su mutación hacia formas más autoritarias y menos mediadas institucionalmente. El Partido Republicano, con su discurso de mano dura y su rechazo a los acuerdos, se perfila como el heredero natural de un electorado que ya no cree en las reglas del juego de la transición. Como ha señalado el analista, “la aparente moderación de Kast es un caballo de Troya”. En ese caballo, la burguesía chilena monta sus esperanzas de un nuevo orden que le permita administrar la crisis sin los costos políticos de la institucionalidad vigente. Chile Vamos, entretanto, agoniza como lo que siempre fue: un paraguas precario para los negocios de una élite que hoy, dividida y acorralada, busca refugio en la ultraderecha.
El 27 de noviembre de 2025, el expresidente Pedro Castillo fue condenado a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de “conspiración para la rebelión”. Lejos de un hecho aislado, esta sentencia es interpretada como un nuevo capítulo en la guerra jurídica contra los líderes populares en la región. Desde una perspectiva de clase, el lawfare es entendido como una “guerra política por la vía judicial-mediática, con intereses económicos, políticos y geopolíticos deliberadamente ocultos a la opinión pública”.
Castillo, un profesor rural y dirigente sindical llegado al poder desde las provincias andinas, nunca fue aceptado por la élite limeña. Su gobierno enfrentó un “asedio judicial, mediático y de buena parte del Congreso, controlado por el fujimorismo” en un “claro y sostenido intento desestabilizador”. Dos intentos de destitución fueron rechazados por el Parlamento antes del golpe institucional que terminó con su encarcelamiento.
La naturaleza política del proceso resulta evidente. Juristas como Eugenio Zaffaroni han advertido que el lawfare opera mediante fallos que “fingen legalidad y producen legitimidad moral, mientras destruyen adversarios políticos sin necesidad de probar delitos”. El tribunal no demostró que el “acto” imputado tuviera efectos concretos, ignorando que “ni hubo armas, ni plan operativo, ni cadena de mando, ni siquiera un cuerpo policial o militar dispuesto a obedecerlo”. Es un golpe judicial contra el campesinado y los sectores populares que se atrevieron a romper el cerco oligárquico a través del voto.
En medio de este contexto de persecución, el domingo 12 de abril de 2026 se celebraron las elecciones generales. El escenario parecía diseñado para la derecha: la candidata Keiko Fujimori se posicionó primera con un 17% de los votos. Sin embargo, en un giro que contradice las proyecciones hegemónicas, el candidato de izquierda Roberto Sánchez remontó posiciones impulsado por el voto de las zonas rurales, esas que los grandes medios y las encuestas limeñas suelen ignorar.
Con el 91% del escrutinio oficial, Roberto Sánchez alcanzó el 12,1% de los sufragios, superando por apenas 31.000 votos al ultraconservador Rafael López Aliaga. Fue el denominado “voto del interior”, el de las provincias del sur andino, el que le dio la espalda a la derecha de Lima y le abrió las puertas al balotaje del 7 de junio.
Como ha señalado el historiador José Carlos Agüero, se trata de un “voto de protesta y reivindicación que considera que, más allá del autogolpe, las élites y el Parlamento minaron a Castillo y propiciaron su caída”. Es la memoria viva de un pueblo que no ha olvidado la embestida contra su presidente.
Roberto Sánchez, exministro de Comercio Exterior y Turismo durante el gobierno de Castillo y único miembro de su gabinete que se mantuvo hasta el final, se ha erigido como el abanderado de esta causa popular. No se desprende del sombrero de ala ancha que el expresidente le regaló en la cárcel.
El candidato de Juntos por el Perú se define a sí mismo como el “candidato presidencial castillista” y ha prometido, como una de sus banderas de campaña, indultar a Castillo si llega al poder. Su discurso apunta a refundar la patria: propone una Asamblea Constituyente, la nacionalización de los recursos naturales y una nueva ley que proteja a los mineros artesanales, los mismos que el sistema formal ha criminalizado.
Su ascenso ha generado el pánico en las cúpulas del poder económico. La respuesta de la derecha no se hizo esperar. El candidato trumpista Rafael López Aliaga, al verse desplazado del segundo lugar, amenazó con convocar a sus seguidores a declarar la “insurgencia civil” si se consumaba el fraude que él denuncia sin pruebas. Por su parte, la candidata Keiko Fujimori —quien en 2021 sostuvo durante semanas denuncias de “fraude electoral” para deslegitimar la victoria de Castillo— ahora llama a López Aliaga a “aportar pruebas” y a no quebrantar el orden.
La jornada electoral no estuvo exenta de contradicciones. Decenas de miles de electores no pudieron sufragar por la falta de material electoral, una crisis logística que las autoridades no supieron gestionar. El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, fue denunciado penalmente por el Jurado Nacional de Elecciones, alimentando la desconfianza en un sistema que se resquebraja.
Pero más allá de las denuncias formales, lo que subyace es una lucha de clases que el sistema intenta contener por todas las vías, incluyendo la judicial. El hecho de que Roberto Sánchez haya alcanzado la segunda vuelta, a pesar del encarcelamiento de su mentor, demuestra que el proyecto de transformación sigue vivo en las mayorías.
La pregunta que ahora se impone en el horizonte es si las urnas podrán revertir lo que las togas sentenciaron, o si la justicia, en su versión clasista, volverá a imponerse sobre la voluntad popular.
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