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Estos ataques masivos ocurren en medio de una nueva ronda de conversaciones diplomáticas para un posible alto el fuego.

Pocos saben su nombre original: Lucila Godoy y Alcayaga. Ella fue quien encontró en el valle de Elqui, el surtidor inagotable de la poesía e impuso definitivamente el seudónimo de Gabriela Mistral (1889-1957), para resumir toda la grandeza de la lírica hispanoamericana en la voz de una mujer

Claves Ipsos: 78% de los hogares en Chile están preparando estrategias para enfrentar alzas de precios por el fin del MEPCOLos hogares planean comprar marcas más baratas, reducir gastos en entretención y restaurantes o cafeterías, usar menos el auto, postergar compras y disminuir gasto en vestuario.

Santiago, 9 de abril de 2026. Ipsos presentó su informe N°49 “Claves Ipsos”, que encuesta cada mes a 1.000 personas sobre sus opiniones y comportamientos en torno a temas de interés para el país. En esta edición, el estudio abordó el impacto de la eliminación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) y sus consecuencias en los presupuestos de los hogares.

Consecuencias del alza de la bencina y medidas en hogares

Hay preocupación ciudadana por el aumento del costo de vida tras el alza de los combustibles. El 93% de las personas consultadas cree que el alza de la bencina y el diésel golpeará directamente en el presupuesto de su familia. De ellos, un 57% anticipa un impacto importante y un 36% afirma que deberá realizar ajustes en sus cuentas.

Se espera un alza del costo de vida, donde 8 de cada 10 personas consideran muy probable que se produzca un aumento en el precio de frutas, verduras y otros alimentos, además del transporte interurbano, el delivery y la inflación general.

“Los hogares del país están preocupados porque observan un inminente aumento del costo de la vida, e indican que ya están movilizados buscando estrategias para ajustar sus presupuestos. Este escenario será un desafío para las empresas en la generación de alternativas que se ajusten al tamaño de la billetera de los hogares. Pero también es una oportunidad para confirmar el propósito social y acompañar a los clientes en un período económico complejo”, indica Alejandra Ojeda Mayorga, directora de Estudios Públicos en Ipsos Chile.

Frente a este escenario, 78% indica que en sus hogares ya están pensando en ajustar el presupuesto familiar frente a un posible aumento de precios. Y las tres estrategias principales planeadas para enfrentar un alza de precios son comprar marcas o productos más económicos (49%), disminuir gastos en entretención (46%) y reducir el gasto en salir a comer a restaurantes y cafeterías (46%). Un segundo grupo de medidas corresponde a usar menos el auto (43%), postergar compras o la renovación de tecnología (42%) y disminuir el gasto en ropa o calzado (41%).

En cuanto a la movilidad, 7 de cada 10 dueños de vehículos están planeando estrategias para bajar el gasto en combustible, priorizando el uso del transporte público (58%), caminar más (49%), organizar los viajes y horarios frecuentes dentro de la familia para viajar en grupo (34%), usar bicicleta (26%) y compartir el viaje con otras personas que van en la misma dirección (18%). En menor medida se está planeando la compra de un auto híbrido o de auto eléctrico (7%) o usar scooter eléctrico (4%).

Eliminación del MEPCO

Frente a la eliminación del MEPCO, 55% cree que era una medida que se podía evitar: 35% indica que era evitable y que se debía haber estudiado cómo mejorar al mecanismo y 23% piensa era evitable y se podría haber esperado al menos un año mientras se buscaban otras medidas. Sólo 17% cree que fue correcto terminarlo de una vez. A lo que se agrega que sólo 34% cree que cumplirá el objetivo de aumentar el presupuesto fiscal y 47% considera que no será así.

Sobre la consecuente del alza de la bencina y diésel tras la eliminación del MEPCO, hay una opinión dividida donde 38% cree que la responsabilidad del alza es de la guerra en Medio Oriente y 38% opina que es responsabilidad del gobierno del presidente Kast. En menor medida, un 19% responsabiliza al gobierno del expresidente Boric.

El alza de la bencina y diésel genera principalmente preocupación en las personas consultadas (50%). Mientras que 17% expresa enojo, 11% decepción, 10% angustia y 9% conformidad.

“La eliminación del MEPCO no es entendida ni compartida por la ciudadanía. Y tampoco se le atribuye efectividad en aumentar el presupuesto fiscal, lo que podría haberla instalado como una medida legítima, aunque impopular. Las personas saben que cuando se produce una crisis económica es el cliente final el que paga el costo. Por tanto, se instala la preocupación como el estado de ánimo nacional”, señala Alejandra Ojeda Mayorga, directora de Estudios en Públicos Ipsos Chile.

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Diputados de oposición presentan reforma constitucional para restablecer el MEPCO y revertir alza de combustibles En la mañana de hoy el diputado Luis Cuello (PC), junto a las diputadas Gael Yeomans (FA), Irací Hassler (PC) y Daniela Serrano (PC) y los diputados Juan Santana (PS), Marcos Barraza (PC), Boris Barrera (PC), ingresaron un proyecto de reforma constitucional que busca dejar sin efecto los decretos que provocaron el incremento registrado el pasado 26 de marzo, con el objetivo de restablecer el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) y aliviar el impacto en el costo de vida de las familias.

La iniciativa plantea incorporar una norma transitoria en la Constitución para derogar los decretos dictados por el Ejecutivo —incluidos los del Ministerio de Hacienda y Energía— que modificaron el cálculo del precio de los combustibles, permitiendo así volver a los valores vigentes al 25 de marzo.

Además, el proyecto establece que, en caso de ser necesario, se podrán utilizar recursos del Fondo de Estabilización Económico y Social para sostener el mecanismo y evitar nuevas alzas.

En ese sentido, el diputado Luis Cuello, explicó la iniciativa:

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Volver a activar el MEPCO es deber, adujo el diputado: “Hoy queda en evidencia que el gobierno está más preocupado de beneficiar al 1% de mayores ingresos, mientras desatiende a la gran mayoría de las familias del país.”

Asimismo, el parlamentario agregó: “Esperamos que este proyecto se tramite con rapidez en la Comisión de Constitución, porque aquí hay una urgencia evidente: bajar los precios de los combustibles. Las medidas paliativas han sido parches, insuficientes, mal aplicados e improvisados, y la ciudadanía lo está viendo. Esto también explica la caída en el respaldo al gobierno del presidente Kast, que está generando una crisis económica y social que afecta directamente a las familias chilenas.”

En esa línea, el diputado Juan Santana indicó: “Hemos presentado, junto al Diputado Cuello, una reforma constitucional para agregar una disposición transitoria que deroga los decretos que traspasaron el costo directo del alza del combustible a los chilenos y chilenas, conjuntamente la misma norma extiende la vigencia de los decretos anteriores que mantenían plenamente vigente el mepco y las reglas de estabilización previo a la intromisión de este gobierno. Se trata de utilizar las herramientas que están a nuestra disposición, como una reforma constitucional para hacer frente a una decisión que claramente la ciudadanía ha rechazado y que la perjudica directamente”.

A su vez, la diputada Gael Yeomans sostuvo que los parlamentarios unidos en torno al proyecto, insistirán “en que no sean las personas las afectadas, por eso hoy respaldamos esta reforma para que queden sin efecto los decretos y se restaure el funcionamiento del MEPCO tal como estaba. Aún hay tiempo de apoyar a las familias de Chile”.

Asimismo, la diputada Irací Hassler rechazó la política del recorte fiscal en paralelo a proponer bajar bajar los impuestos a las grandes empresas de Chile:

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En tanto, el diputado Marcos Barraza concluyó: “El alza de los combustibles del 26 de marzo fue la mayor en 46 años. El kilo de pan ya está sobre los $2.000 y subirá un 10% más en abril. Los economistas proyectan inflación”:

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“Las familias chilenas no merecen esto y por eso ingresamos un proyecto de reforma constitucional para restablecer el MEPCO de inmediato”, puntualizó.

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Experta advierte que foco punitivo en seguridad escolar “no aborda el problema de fondo”La socióloga y académica UOH María Paz Trebilcock plantea que los proyectos de ley impulsados -esta semana- por el Gobierno deben complementarse con una agenda de convivencia y salud socioemocional, advirtiendo que sanciones como la pérdida de la gratuidad podrían ser desmedidas y poco efectivas.

En medio del debate por los proyectos de ley ingresados al Congreso para fortalecer la seguridad en los establecimientos educacionales, la socióloga y académica del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins (UOH) e investigadora adjunta de VIODEMOS, María Paz Trebilcock, realizó un análisis crítico respecto del alcance y las limitaciones de las medidas propuestas, enfatizando la necesidad de abordar el fenómeno desde una mirada más integral.

Si bien reconoce que iniciativas como la revisión de mochilas, detectores de metales o el aumento de controles pueden contribuir a mejorar la sensación de seguridad en el corto plazo, advierte que estas responden principalmente a una lógica punitiva que no logra hacerse cargo de las causas profundas de la violencia escolar. “Poner el acento solo en sanciones no reconoce la importancia de enfoques restitutivos o restaurativos, especialmente en la etapa escolar, donde el objetivo principal es formar”, sostiene.

Desde su perspectiva, uno de los principales déficits de las propuestas es la ausencia de una estrategia robusta orientada a fortalecer la convivencia al interior de las comunidades educativas. En ese sentido, subraya que tras la pandemia se han agudizado diversos factores que inciden directamente en el clima escolar, como el debilitamiento de los vínculos entre estudiantes, el aumento del bullying, el estrés, la sobreexposición a estímulos y la presencia de múltiples distractores en la sala de clases.

“La violencia no surge de manera aislada, sino que está vinculada a procesos sociales más amplios”, explica la académica, advirtiendo que limitar la respuesta a medidas de control puede incluso reforzar dinámicas de desconfianza al interior de los establecimientos. A su juicio, esto corre el riesgo de institucionalizar una lógica de sospecha que tensiona aún más las relaciones entre estudiantes, docentes y comunidades educativas.

Para Trebilcock, enfrentar estos desafíos requiere avanzar en transformaciones estructurales que permitan reconfigurar los espacios escolares como entornos de cuidado. Entre las medidas que propone, destaca la necesidad de capacitar a docentes en herramientas de gestión de la convivencia, fomentar el aprendizaje colaborativo, desarrollar habilidades socioemocionales en los estudiantes y promover el sentido de pertenencia a la escuela. Asimismo, releva la importancia de fortalecer liderazgos internos y generar instancias de participación activa de apoderados, familias y estudiantes.

“El enfoque punitivo se queda en la primera capa del problema; no lo resuelve. Si no se intervienen las condiciones que generan la violencia, las medidas terminan siendo reactivas y de corto alcance”, enfatiza.

Respecto a las sanciones más severas contempladas en el debate, como la eventual pérdida de la gratuidad, la socióloga es categórica al señalar que pueden resultar desproporcionadas y contraproducentes. A su juicio, este tipo de medidas extiende el castigo en el tiempo sin considerar la capacidad de restitución o reparación, lo que contradice el carácter formativo del sistema escolar y puede profundizar trayectorias de exclusión.

Finalmente, la experta advierte que la evidencia y recomendaciones de organismos internacionales apuntan en una dirección distinta: priorizar la construcción de entornos socioemocionales adecuados, donde el orden y la seguridad sean consecuencia de relaciones basadas en la confianza, el respeto y el cuidado mutuo. “Responder a la violencia solo con más control puede terminar perpetuando aquello que se busca erradicar. El desafío es más complejo, pero también más profundo: reconstruir vínculos y fortalecer el sentido de comunidad en la escuela”, concluye

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Joaquín Pincheira: “La salud mental y la educación emocional no se han tratado en Chile como se debería”Por Carolina Millalen

¿Qué importancia tiene la educación emocional para el desarrollo personal? ¿Cuánto incide en la salud mental de las personas? ¿Es el bienestar emocional una tarea personal o debe participar la institución pública también en ese fin?.

La encuesta IPSOS el 2025 señaló que en Chile un 73% de las personas manifestó haberse sentido estresada hasta el punto de ver afectada su vida cotidiana y en una proporción similar, indicaron que su nivel de estrés les ha hecho sentir incapacidad de lidiar con sus asuntos.

“Esto se siente en la sociedad, lo vemos a través de las noticias, en los hechos que han ocurrido últimamente”, observa el periodista, coach y especialista en inteligencia emocional, Joaquín Pincheira: “Creo que la salud mental y la educación emocional es un tema que no se ha tratado en Chile como se debería”.

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Las emociones constituyen un pilar fundamental en la vida humana que no está aislado de la inteligencia. El llamado es a no negar su intensidad, frecuencia o duración, sino a regularlas.

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“Entonces, ¿qué tan equilibrados o gestionadores somos de las emociones que vamos sintiendo? ¿Cuánto nos conocemos? Creo que ahí está el gran problema de nuestra sociedad donde no podemos aún identificar por qué siento lo que siento”, reflexiona.

Asimismo, el autor de libros como “Sea un inteligente emocional” o “Plenamente”, señala que existe un estado de anafabetismo emocional y eso “porque no sabemos observar lo que sentimos (…) Cuando una persona logra identificar la emociones las logra contener”:

Una urgencia

“Entonces, creo que hoy nos falta demasiado”, acota el comunicador. “Falta que el Estado, el gobierno, entes, ONGs. se pongan las pilas con respecto a la educación emocional. Los medios de comunicación o las mismas redes sociales han fomentado una dopamina fácil, un placer instantáneo, pero no han fomentado el autoconocimiento que finalmente va a fortalecer tu autoestima y te va a dar una mejor inteligencia emocional”.

Recordando el terrible episodio en Atacama, donde un estudiante dio muerte a una inspectora al interior de su establecimiento escolar y dejó a cuatro personas heridas, Pincheira indica que esta crisis del bienestar emocional se ha profundizado entre las nuevas generaciones:

“La juventud junto con ser analfabeta en lo emocional, está desilusionada con lo que ve. Ellos mismos, creo, adolecen de autoestima, de valorarse porque a los adultos tampoco les enseñaron. No hay una narrativa que hable de felicidad, de cómo nos sentimos”:

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“Hay un proyecto de educación en el Congreso que todavía está ahí, que no pasa nada, está durmiendo, no tiene urgencia” agrega sobre la necesidad de que exista una asignatura de educación emocional y que el gobierno y el Estado den garantías sobre cómo vamos a abordar estos temas.

“Más allá de registrar o colocar en cada colegio un detector de metales, creo que hay que redoblar la capacitación de los procesos reflexivos que tenemos en nuestras escuelas, nuestros colegios y nuestras universidades”, precisa Joaquín Pincheira.

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A 50 años del secuestro y desaparición por la “Operación Cóndor”Por Ricardo Klapp en Le Monde Diplomatique

Enfrentamos un presente incierto, con un modelo de sociedad con escasa memoria histórica, donde algunos aspiran al revanchismo de los brutalistas. Los que somos parte de una izquierda con visión crítica, que enfrentó la barbarie, el exterminio y el aniquilamiento, que tiene razones para indignarse contra las injusticias del presente y los abusos de las élites, continuamos homenajeando a los nuestros y a las nuestras.

El 3 de abril, se conmemoran los 50 años del secuestro de tres jóvenes chilenos, por el Departamento Exterior de la (DINA), y la Policía Federal Argentina y el Ejército en Mendoza, en el marco de la siniestra Operación Cóndor, que fundamentalmente operó en el Cono-Sur de América-Latina. El día 24 abril de 1976, (hacia una semana), se había producido un golpe de Estado en Argentina. Cóndor (Operación o Plan), fue un pacto de organizaciones criminales de las dictaduras, de América del Sur, Paraguay en 1954. Brasil en 1964, Bolivia en 1971, en Uruguay y Chile en 1973 y Argentina en 1976, se sumaron Ecuador y Perú. Aplicaron el terrorismo de Estado (asesinatos y secuestros conjuntos), en coordinación con los Estados Unidos, a fin de eliminar opositores, principalmente a militantes y dirigentes de izquierda.

El sábado 3 de abril, los secuestraron en Mendoza, en Av. Belgrano con Necochea, alrededor de las 17:30 horas, fueron testigos presenciales y sobrevivieron a los secuestros; José Cerda Herrera, Cecilia Muñoz Muñoz y Alex Muñoz Velásquez (QEPD). El abogado argentino Carlos Roberto Estévez, (QEPD), con oficina en Mendoza, hizo gestiones y obtuvo los datos respectivos. Los secuestradores, los llevaron en un camión militar al Regimiento Maipo de Mendoza a 4 cuadras de distancia, para dar comienzo a una búsqueda eterna y a un largo camino de innombrables penurias de nuestros compañeros.

La (DINA), buscaba secuestrar y exterminar a los dirigentes sociales y políticos clandestinos, que se oponían al terrorismo de Estado. A los jóvenes socialistas los vieron con vida, por última vez en el centro de tortura y exterminio Villa Grimaldi, ubicado en Peñalolén.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ha entregado a algunas familias carpetas reservadas de calificación de antecedentes, testimonios y tramitaciones sobre los crímenes, como reconocimiento estatal. Fueron parte de una generación de jóvenes imprescindibles, de gran madures política y con precariedad, generosidad y heroísmo enfrentaron un régimen distópico y el atroz exterminio y genocidio.

Declaraciones Judiciales

Según el abogado de la Comisión Rettig, Sergio Corvalán, estarían también involucrados en los secuestros, Jerónimo Pantoja (DINA/CNI) y Salvador Délano, Cónsul de Chile en Mendoza. El presidente de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, Alejandro González, pidió al Archivo Nacional, información certificada Estatal de los tres compañeros, secuestrados en el Exterior como parte de la Operación Cóndor.

El prisionero en Villa Grimaldi, Juan Carlos Feres Nazarala, apresado el 15 de abril declaró, “en esa celda permanecí por cinco o seis días. Había al otro lado del tabique otro prisionero a quien yo no podía ver, pero si escuchar sus permanentes quejidos y lamentos. Aproximadamente en dos días, él me dijo que su nombre era Luis Muñoz Velásquez, militante socialista y que había sido detenido junto a dos compañeros suyos en la ciudad de Mendoza Argentina”. “Que el secuestro lo había realizado la DINA. Que habían sido trasladados, a nuestro país en la parte trasera de una camioneta, permanentemente vendados, atados de pies y manos y amordazados. La camioneta estaba cubierta de un toldo”.

“Durante el viaje, les toco pasar una noche en la camioneta, que era muy fría y estuvieron a punto de congelarse”. En Villa Grimaldi “había sido separado de sus compañeros y nunca más volvió a verlos”. Luis Muñoz me contó, “que había sido sometido a innumerables torturas desde el momento mismo de su llegada”.

Me dijo que, “nadie de su familia sabía que podía estar detenido en Chile”. “Me dio el nombre y dirección de su hermana en Puente Alto, que y memorice”. “Él estaba debilitado por la tortura que le afectaron sus pulmones, ya que no paraba de toser”. “Le hacían preguntas cruzadas y chequeadas, que por lo tanto sus dos compañeros estaban en la Villa”. Sospecho, que también chequeaban la información con el colaborador de la (DINA) Jaime López, alcohólico y bipolar, le decían la computadora, posteriormente expulsado del PS.

El ex Ministro de Justicia Jaime Castillo Velasco, ante la petición del padre de Luis Muñoz constata, “tuve oportunidad de saber de él, mayo de 1976, información que me diera una persona que venía saliendo de un arresto de 15 días en villa Grimaldi. Conversó con su hijo en el recinto. Supo que había sido detenido en Mendoza. Le entregó nombre y dirección de una hermana, con domicilio en Puente Alto”.

Por..

FENADAJ enfatiza al Ministerio de Justicia la necesidad de cumplir “compromisos de Estado”La Federación advirtió que los eventuales recortes presupuestarios podrían impactar directamente en el acceso a la justicia de los sectores más vulnerables, insistiendo en la urgencia de priorizar servicios con presencia territorial y en el cumplimiento de compromisos pendientes del Estado.

Dirigentas y dirigentes de las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ), durante la primera reunión sostenida con el subsecretario de Justicia, Luis Silva, manifestaron a la autoridad su preocupación por los anuncios de recortes presupuestarios en las distintas carteras y cómo esta medida “puede afectar directamente a los sectores más vulnerables”.

Desde la Federación Nacional del Acceso a la Justicia (FENADAJ), los representantes gremiales enfatizaron que el servicio y la función pública “no son una consigna”, pues tienen un correlato directo con el bienestar y el resguardo de la población.

Tal como lo señaló la presidenta del organismo, Victoria Escalante, si bien este primer encuentro tuvo un carácter protocolar, también permitió entregar un breve diagnóstico, en particular sobre la situación que viven las CAJ en el territorio y las dificultades que enfrentan para acercar la justicia a quienes cuentan con menos recursos.

“Hemos planteado a la autoridad una serie de compromisos incumplidos por parte de la administración anterior en materias como infraestructura, dotación, brechas salariales y diversas áreas en las que creemos debe avanzarse, al construirse políticas de Estado, más allá de un gobierno de turno”, aseveró.

La representante gremial detalló que hicieron presente al subsecretario de Justicia que, en el contexto de recortes presupuestarios, debe aplicarse una adecuada ponderación y una cuota de realidad en cada situación particular.

“Sabemos que los recursos son escasos, y por ello creemos urgente priorizar aquellos servicios que cuentan con una presencia concreta en los territorios y que se vinculan de manera directa con la ciudadanía, como son las Corporaciones de Asistencia Judicial”, sentenció Escalante.

Finalmente, desde FENADAJ reafirmaron que el fortalecimiento del sistema de acceso a la justicia debe ser una prioridad país, destacando el valor histórico y territorial de las Corporaciones. En ese marco, valoraron la creación del futuro Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas como una oportunidad de avance, pero fueron enfáticos en señalar que no permitirán retrocesos en derechos y garantías ya conquistadas por las y los trabajadores ni por la ciudadanía.

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Entregan carta al Presidente Kast tras señales contrarias a los derechos LGBTIQ+El Movilh llegó hasta el Palacio de La Moneda para dejar una carta al Presidente, solicitando la continuidad del Plan Nacional de Derechos Humanos, de la Encuesta Diversidades y de la política nacional e internacional de Chile en favor de los derechos LGBTIQ+, luego de decisiones gubernamentales contrarias a dichas medidas.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) entregó hoy una carta al presidente José Antonio Kast para expresar su preocupación por algunas señales gubernamentales contrarias a los derechos LGBTIQ+ y por la falta de claridad respecto a cual será la bajada a largo plazo del Ejecutivo en temáticas de diversidad sexual y de género.

Dicha preocupación “se sustenta en diversos hechos ocurridos en las últimas semanas, entre ellos: el retiro del Plan Nacional de Derechos Humanos 2026–2029 desde la Contraloría; la pérdida de financiamiento para la Encuesta Diversidades que debe continuar implementando el Instituto Nacional de Estadísticas; el distanciamiento del Estado de Chile respecto de una declaración contra la discriminación impulsada por el Grupo Núcleo LGBTIQ+ de la Organización de los Estados Americanos (OEA), de la cual nuestro país es miembro fundador; y el respaldo otorgado, en la 70ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas, a una estrategia impulsada por Estados Unidos que buscaba someter a votación una propuesta que limita la interpretación del género exclusivamente a hombre o mujer”, precisó el Movilh en su misiva.

Acto seguido, el Movimiento solicitó al Ejecutivo, “que se gestione el reingreso del Plan Nacional de Derechos Humanos con participación ciudadana en las eventuales modificaciones; que se garantice la continuidad de la Encuesta Diversidades mediante un plan de financiamiento adecuado; que el Estado de Chile se alinee con las decisiones democráticas adoptadas por el Grupo Núcleo LGBTIQ+ de la OEA; y que, en el ámbito internacional, se mantenga el respaldo a todas las iniciativas orientadas a la igualdad de derechos de las personas LGBTIQ+, así como el rechazo a aquellas que apunten en sentido contrario”.

“Asimismo, y considerando su decisión, durante la pasada campaña, de no involucrarse en materias que no calificó como urgentes o prioritarias, solicitamos especialmente que ningún derecho de las personas LGBTIQ+ actualmente garantizado en leyes o políticas públicas sea afectado o recortado”, apuntó la misiva.

Finalmente, el Movilh pidió a Kast claridad del Ejecutivo sobre “diversas demandas de las personas LGBTIQ+, tales como la reforma a la Ley Antidiscriminación y la aprobación de una Ley de Educación Sexual Integral, así como los mecanismos de diálogo que el Gobierno establecerá con las organizaciones y personas de las diversidades sexuales y de género”.

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