En completo sigilo, en diciembre del año pasado la Superintendencia de Educación Superior formuló cargos contra la Universidad San Sebastián (USS). El expediente de esa investigación es explosivo, y hasta ahora se mantiene bajo reserva.

La investigación se inició en septiembre de 2024, luego de que El Mostrador reveló que Marcela Cubillos, ex ministra de Educación, percibía un sueldo de $17 millones brutos, y que el trabajo que realizaba la también exdiputada no era concordante con esa cifra. Entonces la Superintendencia solicitó antecedentes a la USS y definió iniciar una indagatoria.

Después de 15 meses las conclusiones estuvieron listas, y en diciembre pasado los directivos de la USS recibieron la formulación de cargos. Cuando leyeron el documento, según le dijeron a Reportea dos fuentes del plantel que tuvieron acceso al informe, se sorprendieron al descubrir que el regulador estaba objetando las contrataciones y los pagos de cerca de 15 personas, la mayoría vinculados con partid..

En las oficinas del Ministerio de Educación, a solo pasos de La Moneda, en el centro de Santiago, el actual Superintendente de Educación Superior, José Miguel Salazar, se enteró de la decisión del gobierno de apartarlo de su cargo. Eso ocurrió durante la mañana de este jueves, cuando fue citado a las oficinas del jefe de la Unidad Jurídica de la Subsecretaría de Educación Superior, Francisco Zambrano, según publicó La Tercera.

Zambrano le notificó que debía presentar la renuncia inmediata a su cargo. Fuentes el gabinete del Ministerio de Educación indicaron que la decisión fue tomada por «pérdida de confianza».

El gobierno definió solicitar la renuncia a Salazar un día después de que Reportea hizó públicas las conclusiones de la investigación de la superintendencia en contra de la Universidad San Sebastián, por las contrataciones y los sueldos fuera de norma que se pagaron a dirigentes políticos cercanos al gobierno, como la ex ministra Marcela Cubillos, y el senador y presidente del..

No hubo ni un solo ministro que entregara un argumento a favor del sancionado. El viernes pasado, cuando el pleno de la Corte de Apelaciones de San Miguel se reunió para definir el futuro del sumario contra el conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, la decisión fue unánime: debe ser destituido del Poder Judicial.

Por ello la opción de los ministros fue definir la apertura de un cuaderno de remoción contra Yáber, según le confirmaron a Reportea dos ministros de la Corte de San Miguel que participaron de la decisión. Actualmente la definición de la causa está siendo redactada por la relatora del pleno de San Miguel, para luego ser publicada en la web del Poder Judicial. El cuaderno de remoción estará a cargo de la Corte Suprema.

La decisión se fundó en los hallazgos del sumario que se inició contra Yáber en noviembre del año pasado, cuando se hizo pública la llamada “trama bielorrusa”, una causa donde la fiscalía acusa a la exministra de la Suprema, Ángela Vivanco, d..

Mónica González —Premio Mundial Unesco de la Libertad de Prensa, Premio Nacional de Periodismo y Presidenta del Consejo Rector de la Fundación Gabo— analiza las principales amenazas que enfrenta la sociedad y la democracia. Texto original publicado por la Fundación Carolina en su serie Análisis Carolina, nº 05/2026. El texto se reproduce con autorización.

Rutas para fortalecer la democracia en iberoamérica

1. Cómo corroe la “industria de la desinformación” la democracia y el derecho a la vida

La erosión de las instituciones democráticas, que hoy también remece a Estados Unidos, sí se anunció. Las alertas se encendieron y hubo hitos. Como la gran luz roja que emergió el 6 de enero de 2021, cuando desde distintos lugares del mundo asistimos a un acto de terrorismo en el Capitolio, símbolo del poder democrático en EE.UU. Una turba de partidarios del presidente saliente Donald Trump se introdujo con violencia en el edificio, cuando se oficializaba el triunfo de Joe Biden a la presidenc..

“Lo que se imputa en esta causa es del todo falso”, señaló Eduardo Lagos cuando el abogado de Codelco, Julián López, le preguntó si la exministra Ángela Vivanco había cometido algún delito. Lo dijo cuando llevaba dos horas y 45 minutos siendo interrogado por López, en el mano a mano más tenso de las tres jornadas en las que Lagos declaró ante el Séptimo Juzgado de Garantía.

La declaración judicial de Lagos se extendió durante tres jornadas —en total, diez horas y 50 minutos—, donde entregó su testimonio, pero también enfrentó los interrogatorios de la fiscalía, los querellantes y las defensas de la llamada “trama bielorrusa”.

Lagos está imputado por delitos de cohecho y lavado de activos, ya que la fiscalía detectó pagos bajo cuerda a Gonzalo Migueles, pareja de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Según el Ministerio Público, Lagos y su socio, Mario Vargas, pagaron coimas a Vivanco a cambio de los fallos que ella firmó y que beneficiaron al consorcio chileno bielorruso..

El 3 de noviembre del año pasado venció el plazo para que la fiscalía intentara revertir el mazazo que le propinó el Tribunal Oral en lo Penal de Iquique, al absolver a todos los acusados que llegaron a juicio en el llamado caso “Cajas de alimentos”, una de las causas por corrupción más bulladas de los últimos años en Tarapacá. Quién debía definir la estrategia era la entonces Fiscal Regional Trinidad Steinert.

La causa se inició en 2020 cuando la Contraloría detectó sobreprecios por $514 millones en la compra de más de 45.000 cajas de alimentos para repartir a la población durante la pandemia. El encargado de la compra fue el entonces intendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada, militante de la UDI y un cuadro político cercano a quien ejercía como senadora del mismo partido en la región, Luz Ebensperger. Buena parte del aparato regional de ese partido, y también de RN, quedó comprometido por la investigación penal, incluidos algunos proveedores de sus campañas electorales.

Cinco añ..

La trama que hoy tiene bajo férreo cuestionamiento a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y al director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, citado al Congreso para dar explicaciones, y que ha sido leída como trama pasional, en realidad esconde una disputa clave para la institucionalidad democrática del país: el control de la policía y del aparato de seguridad que ejecuta el combate al crimen organizado y que también permite el acceso al flujo de información de las causas más sensibles para el poder político y económico.

La disputa por el control de la PDI comenzó mucho antes de que en enero pasado la exjefa de Inteligencia, Consuelo Peña, ordenara el traslado de cuatro funcionarios que trabajaban junto a Steinert cuando ella era Fiscal Regional de Tarapacá y que provocó el enojo de la ahora ministra, lo que ha sido señalado como el origen del conflicto.

Ya durante el segundo semestre del año pasado el alto mando de la policía civil detectó una opera..

Cuando el gobierno presentó en marzo el Informe Nacional de Homicidios 2025, omitió un dato que sí figuraba en la versión original del documento: el número de muertes causadas por agentes estatales, incluido inicialmente en el reporte elaborado por el Ministerio de Seguridad, la fiscalía, la PDI, Carabineros y Gendarmería.

La cifra estaba incorporada en el capítulo sobre delincuentes fallecidos “en el contexto de su propio delito”, categoría que agrupa las muertes ocurridas durante la comisión de un ilícito. Pero el desglose fue retirado por solicitud del Ministerio Público.

Esa categoría —que agrupa muertes causadas tanto por civiles como por agentes estatales— muestra un aumento explosivo desde 2023, año en que se promulgó la Ley Naín Retamal (normativa que entregó mayores resguardos legales a uniformados y creó la figura de la “legítima defensa privilegiada”), lo que a juicio de los expertos consultados para este reportaje podría haber influido en que ahora funcionarios de Carabin..

Por austeridad decidió usar el palacio de La Moneda como su residencia de lunes a viernes, lo que no impidió que dispusiera de uno de los salones para celebrar con la generación 84 de Derecho en la Universidad Católica, con la que estudió, su llegada a la primera magistratura. Reportea accedió a la lista completa de invitados: 62 ex compañeros de universidad. No está claro cuántos asistieron a la cita. Aunque las fotografías que se han compartido del evento permiten concluir que fueron varias decenas.
A todos ellos el mandatario les hizo llegar una elegante invitación —con el membrete en dorado del escudo de Chile— “a un almuerzo ofrecido por el Presidente de la República de Chile S.E José Antonio Kast Rist y señora María Pía Adriasola”.
De entrada, tártaro de tomate; plateada al jugo con puré picante y tomatitos confitados —uno de sus platos favoritos— o lasaña de berenjenas como opción vegetariana de fondos; pavlova de frutos rojos de postre. Y dos vinos: Cabernet Sauvignon Reserva d..