Así lo informó un grupo de relatores de Naciones Unidas, quienes manifestaron su preocupación por el uso desproporcionado de la fuerza de la policía y las Fuerzas Armadas contra los manifestante del paro nacional que se prolongó por un mes en el país andino, en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel (que elevó su precio de 1,80 a 2,80 dólares por galón), a lo que se sumaron quejas por el aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la implementación de proyectos extractivos sin el consentimiento indígena. Los expertos de la ONU también criticaron la congelación sin orden judicial de cuentas bancarias de dirigentes y organizaciones, las restricciones a los derechos de asociación, reunión y expresión, y la vinculación sin pruebas del paro nacional con acciones terroristas del crimen organizado. Cabe señalar que el 16 de noviembre los ecuatorianos se tendrán que pronunciar en las urnas sobre la posibilidad de instaurar una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución y sobre el eventual retorno de bases militares extranjeras.