Se incrementa la indefensión, frente a la arbitrariedad en que puedan incurrir las jefaturas al poner término a las funciones de alguien que se desempeñe a contrata, restringiendo las posibilidades de revocar ese tipo de decisiones y dificultando el acceso a la defensa de los derechos laborales de quienes no se les renueve su nombramiento o se les ponga término anticipado a sus labores, cualquiera sea el tiempo que se tenga en ese puesto de trabajo.