Internacional

Esta semana se han cumplido setenta y siete años del inicio de la Nakba,
la expulsión por fuerzas israelíes de más de 700.000 palestinos de sus
hogares en 1947 y 1948, con masacres y amenazas. Desde entonces hasta
hoy esa voluntad de dejar fuera de su tierra a la población palestina se mantiene, a través de crímenes, desposesión, desplazamientos forzados y segregación.

En 1967 se produjo la Naksa, otra expulsión masiva de más de
300.000 palestinos. En las décadas siguientes Israel ha seguido
impulsando medidas para apropiarse de tierras ajenas, para anexionarse
más territorio, para demoler viviendas y negar derechos básicos a la
gente palestina.

“La Nakba no es un acontecimiento del pasado”, ha escrito esta semana la relatora de la ONU,
Francesca Albanese. “Es una continua violación del artículo 49 de la
Cuarta Convención de Ginebra, del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, del artículo 1 de la Carta de Naciones Unidas y de
los principios más básicos de la dignidad humana”.

El sistema de apartheid israelí, desarrollado con más intensidad
en las últimas tres décadas, discrimina, arrincona y castiga
diariamente a los habitantes de los territorios ocupados palestinos, más
de seis millones. Además, niega el derecho al regreso a su hogar a las
personas expulsadas en 1948, en 1967 y en décadas posteriores, así como a
sus hijos y nietos.

Nada de esto empezó ayer, ni en octubre de 2023. Y, sin embargo,
durante todas esas décadas, durante todos estos años, la Unión Europea
ha ido estrechando sus relaciones con Israel con acuerdos y alianzas
preferenciales, hasta el punto de que este país es integrante de
Eurovisión y de la UEFA, a pesar de que no forma parte del territorio
europeo y de que aplica apartheid y limpieza étnica contra la población
palestina.

Israel en Eurovisión

Esta semana nuestro continente celebraba con palomitas y alegría
Eurovisión, con Israel como participante. Ninguna nación europea
consideró necesario ausentarse o condicionar su presencia a la
suspensión de Tel Aviv o a la entrada de alimentos en Gaza, o a un alto
el fuego, o al fin de las masacres. Nada. Todos los países estuvieron
presentes. La Europa del impudor celebró la final del concurso, emitida
en prime time, mientras aviones israelíes bombardeaban otro campo de refugiados en la Franja.

Este sábado por la noche RTVE mostró en pantalla un mensaje escrito,
antes del inicio de la emisión del concurso europeo: “Frente a los
derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y Justicia para
Palestina”, se pudo leer. Este mensaje representa más de lo que han
hecho la mayoría de las cadenas públicas europeas. Pero las palabras no
bastan, y deberíamos saberlo a estas alturas. Frente a la violación
sistemática de los derechos humanos, no solo hay que condenar el
silencio. Frente a las masacres y el apartheid, la falta de acción
política y diplomática no es una opción. El mantenimiento de las
relaciones con Israel no es una opción. Lo han entendido bien las
personas que llevan más de un año manifestándose y movilizándose en todo el mundo, exigiendo reacción a sus gobiernos.

La presencia de Israel en Eurovisión merecía un boicot
coordinado. Lo confirma la respuesta de la Unión de Radiodifusión
Europea (UER), amenazando con multar a RTVE porque durante una emisión
en directo dos locutores recordaron que hay más de 50.000 personas
muertas en Gaza. Para la UER lo sancionable es la mínima mención de algo
que no termina de ser nombrado, y no los crímenes en sí. La persecución
a los pronunciamientos y manifestaciones en defensa de los derechos
humanos de los palestinos es una realidad que va a más en numerosos
países. Advirtió de ello, hace ya más de un año, la relatora de la ONU, Irene Khan: “La crisis de Gaza se está convirtiendo en una crisis global de la libertad de expresión con repercusiones duraderas”.

La normalización del genocidio en Occidente atraviesa y
condiciona nuestro presente, de forma obscena. Hay una Europa
indiferente y ciega en la que la realidad se reduce a mera teoría, a
banalidad, como si todo fuera un juego virtual sin consecuencias. Como
si no hubiera cuerpos abrasados por las bombas.

Manifestación multitudinaria en Londres este sábado contra el genocidio en Gaza y el apoyo de Reino Unido a Israel.

Carros de Gedeón

Eurovisión se ha celebrado mientras el Gobierno de Netanyahu
anuncia la ocupación permanente de más territorio de la Franja y
despliega su nueva operación de exterminio en Gaza, bautizada como
Carros de Gedeón. Este nombre bíblico hace referencia al Libro de los
Jueces, en el que se narra y se celebra la masacre de los madianitas,
enemigos de los israelitas, y la conquista absoluta guiada por la
divinidad.

Tanto Netanyahu como su protector, Donald Trump –como antes lo fueron
Joe Biden y otros- han mencionado en varias ocasiones la posibilidad de
forzar el desplazamiento de población palestina de Gaza hacia otros ..

No hay ningún país donde al desaparecer la
generación política que tuvo experiencia directa del fascismo no se haya
producido un cambio importante, aunque a menudo silencioso, en su política, en
su perspectiva histórica del pasado y en su imaginario colectivo.

En ‘El ocaso de la democracia:
la seducción del autoritarismo’ Anne Applebaumaborda este
escenario: “La generación actual de jóvenes de Europa y EEUU ha crecido en un
mundo sin guerras, sin dictaduras. Dan por sentado que hay democracia, que ésta
siempre va a existir. Pero la democracia no es inevitable, requiere esfuerzo y
tiempo. Me preocupa que no hayamos transmitido esa verdad a los jóvenes”. En
septiembre de 2023, la Open Society Foundation de George Soros, hizo público un
estudio basado en más de 36.000 entrevistas en treinta países en la que el 42%
de los menores de 36 años estaba convencido de que una dictadura militar sería
una buena forma de gobierno. Un 35% decía que aceptaría tener un
líder fuerte, aunque jamás convocase elecciones. España no es una excepción: un
estudio del CIS de este 2025 apunta a que el 17,3% de los jóvenes entre 18 y 24
años y el 17,4% de los ciudadanos entre 25 y 34 cree que “en algunas
circunstancias, un Gobierno autoritario es preferible a un sistema
democrático”.

Si un país hizo la revolución
más alegre de la contemporaneidad, fue Portugal en 1974. Ahora, su Parlamento
se contamina con los herederos del salazarismo. Las políticas de memoria que
siguieron a la revolución del 25 de abril se materializaron en iniciativas como
la creación del Museu do Aljube Resistência e Liberdade con el objetivo
fundacional de combatir la “amnesia cómplice con respecto a la dictadura que
enfrentamos entre 1926 y 1974” y promover “la historia y memoria de la lucha
contra la dictadura, y el reconocimiento de la resistencia a favor de la
libertad y la democracia”. El edificio se alberga desde 2013 en la que fue sede
de la Policía Internacional de Defensa del Estado (PIDE), lugar de detención y
tortura bajo el régimen del Estado Novo. Pero la entropía y el
revisionismo han afectado a la que fue modelo de revolución incruenta en Europa
y a la larga dictadura derechista que la precedió.

Durante los años de la
rendición a los dictados austericidas de la Comisión Europea, el Banco Central
Europeo y el Fondo Monetario Internacional se desarrolló una tendencia a
considerar la revolución de los claveles como un brote indeseado, surgido en un
momento en que ya se estaba dando en el país una transición natural hacia la
democratización. La revolución habría venido a interrumpir una tendencia
modernizadora ya en marcha que hubiera permitido asegurar un cambio tranquilo
sin comprometer la estabilidad del Estado como ocurrió peligrosamente durante
el denominado Proceso Revolucionario en Curso (PREC), el periodo comprendido
entre el 25 de abril de 1974 y el 25 de noviembre de 1975, durante el que la
radicalización de la revolución –ocupación de tierras en el Alentejo,
socialización de industrias, nacionalización de la banca, confrontación con los
pequeños propietarios y el conservadurismo católico– parecía abocar a una vía
portuguesa al socialismo bajo el control del Movimiento de las Fuerzas Armadas
(MFA). Los excesos socializantes habrían sido, en definitiva, responsables del
endeudamiento al que los conservadores debían hacer frente ofrendado al país en
holocausto a la troika comunitaria.

De la revisión de la revolución
de los claveles se pasó al rescate del salazarismo con motivo del cuadragésimo
aniversario de la muerte del dictador. En 2010, un concurso televisivo sobre
los “grandes portugueses de la historia”, alzó al primer lugar del podio al
dictador Antonio de Oliveira Salazar, seguido del legendario secretario general
del Partido Comunista, Álvaro Cunhal. Las biografías de Salazar, celebrado como
un hombre de Estado ajeno a la corrupción que se cernía en torno a él sin saber
nada –al estilo de los monarcas del Antiguo Régimen («¡Viva el rey y muera el
mal gobierno!»)–inundaron los anaqueles de los supermercados de libros.

El debate más reciente se
cierne en torno al proyecto de creación de un museo dedicado a la
interpretación del Estado Novo en Vimiero, localidad natal de
Salazar. Ubicado en la escuela-cantina del pueblo, que aún ostenta el nombre
del dictador, es concebida por José Pacheco Pereira, fundador de la asociación
Ephemera, como un lugar para la preservación del legado documental del régimen
salazarista, para la investigación sobre su historia, sobre la resistencia que
se le opuso y de los mecanismos de consentimiento que explicaron su larga
duración (1926-1974). Para ello, deberá sortear los riesgos de una nostalgia no
desdeñable y de incurrir en un mensaje emoliente que no se vería contrarrestado
en las aulas por la reducción del horario de la materia de Historia.

La erosión generacional de la
memoria de la dictadura se manifiesta en las respuestas estereotipadas de las
generaciones más jóvenes: “Se habla de la falta..

En otra de las jornadas comiciales del domingo en Europa, el europeísta Rafal Trzaskowski, de la centrista Coalición Cívica (KO), apenas logró adelantar a su rival de Ley y Justicia (PiS, por sus siglas en polaco), el ultraconservador Karol Nawrocki, aunque el resultado definitivo deberá dirimirse en una segunda vuelta dentro de dos semanas.

En el caso de Portugal, el alza de la
extrema derecha resulta particularmente descorazonador si se tiene en cuenta
que hace 50 años la población civil y los militares de ese país ibérico
protagonizaron la llamada Revolución de los Claveles, que puso fin a una
dictadura fascistoide muy semejante al franquismo vecino y que se había
mantenido en el poder durante medio siglo.

Aunque en lo inmediato las corrientes de
ultraderecha y neofascistas no han logrado hacerse con el poder en ninguno de
los tres países europeos que ayer fueron a las urnas, los resultados reafirman
su progresivo avance hacia el poder y el retroceso tendencial de las
formaciones socialdemócratas y de derecha a secas en el viejo continente.

Tal escenario presenta una perspectiva
alarmante, si se considera el avance mundial de la extrema derecha, que
gobierna ya en Italia, Estados Unidos, Argentina y otros países, y lo que ello
conlleva en el sentido del reforzamiento del autoritarismo, el desprecio a la
legalidad, el atropello a los derechos humanos, el acotamiento o la supresión
de libertades, la regresión en materia de protección al medio ambiente y el
fortalecimiento de la xenofobia, el racismo y el chovinismo, además de la
implantación de políticas públicas que perjudican a los menos favorecidos,
entregan el Estado en bandeja de plata a los potentados y las grandes
corporaciones.

No debe soslayarse, sin embargo, que en
Europa este fenómeno no necesariamente surge de un atractivo programático
intrínseco de la ultraderecha, sino que es alimentado en primer lugar por el
agotamiento y la claudicación de los partidos socialdemócratas, democristianos,
laboristas y liberales tradicionales, los cuales fueron reduciendo la vida
política a una mera alternancia en el poder de nombres y siglas y terminaron
por convertirse en administradores del modelo neoliberal que destruyó buena
parte de las conquistas sociales logradas en el viejo continente durante la
segunda mitrad del siglo pasado.

En ese contexto, el desencanto y la
frustración de las mayorías ante la erosión de las condiciones de vida de
éstas, el deterioro de la institucionalidad y la pérdida de sentido de la
política han sido, en conjunto, el terreno fértil para nutrir partidos y
movimientos autoritarios, patrioteros, antimigrantes, contrarios a los derechos
de mujeres y minorías y vendedores de quiméricos resurgimientos nacionales.

Cabe esperar, por último, que las
sociedades europeas sean capaces de organizarse para enfrentar este peligroso
fenómeno, cuyos antecedentes ideológicos en Alema-nia e Italia condujeron al
estallido de la Segunda Guerra Mundial y a una destrucción generalizada.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/noticia/2025/05/19/editorial/europa-avanza-la-ultraderecha

El Congreso español ha dado un primer paso para establecer un embargo integral de armamento,
lo que supondría prohibir las exportaciones, importaciones y tránsitos
que han seguido produciéndose en estos diecinueve meses de genocidio
israelí en Gaza. La proposición de ley, impulsada por más de 500 organizaciones sociales
y presentada por Sumar, Podemos y BNG, fue aprobada este martes también
con los votos a favor de PSOE, ERC, EH Bildu, PNV y Junts.

La familia del periodista Mohammed Amin Abu Dhaka, muerto por un ataque israelí, llora su muerte en Khan Yunis, Gaza, este martes 20 de mayo de 2025

Ahora comienza un periodo de tramitación, que puede prolongarse
durante un tiempo indefinido, mientras las masacres, la ocupación ilegal
y la limpieza étnica continúan en la Franja de Gaza. Un embargo
integral es una medida de presión concreta y con efectos. Por eso, las
organizaciones impulsoras de la proposición de ley vuelven a pedir, como
han hecho en los meses de atrás, “un Real Decreto Ley que el Gobierno
puede aprobar mañana mismo” para establecer el embargo integral de forma
inmediata.

“¿Qué le impide hacerlo?”, preguntan en un comunicado enviado
este martes por la noche, en el que definen la votación de este martes
en el Congreso como “un primer paso importante”, “pero no es una
respuesta urgente al genocidio contra el pueblo palestino”. También el
Centre Delàs de Estudios por la Paz ha pedido en varias ocasiones una
aprobación urgente en Consejo de Ministros.

Desde octubre de 2023 hasta hoy, 52 relatores y relatoras de la ONU han solicitado sanciones y embargos
a Israel, la Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado
resoluciones en ese sentido y las Cortes de La Haya han emitido órdenes y
dictámenes que establecen obligaciones para los Estados firmantes del
Estatuto de Roma -todas las naciones de la UE lo son- e integrantes de
Naciones Unidas.

Qué pide a España la relatora de la ONU

La relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, publicó ayer un mensaje
en sus redes sociales en el que solicitaba al Congreso español “votar
sí” a la proposición de ley que ahora comienza su andadura.

En declaraciones a elDiario.es este martes, Albanese destaca que
prohibir las importaciones, los tránsitos y las exportaciones de
armamento a Israel “es precisamente lo que exige el cumplimiento del
derecho internacional, incluida la Convención sobre el Genocidio y la
jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia”.

Francesca Albanese lamenta que durante diecinueve meses Europa
no haya adoptado ninguna medida para suspender sus relaciones
preferenciales y alianzas con Israel, y señala que “varios gobiernos” no
solo “son cómplices de los crímenes de Israel, sino que han llegado
incluso a restringir las libertades fundamentales de sus propios
ciudadanos” para “proteger a Israel de la rendición de cuentas”.

La relatora también denuncia “la corrupción moral y cobardía que
Europa ha demostrado”. Ante ello, respondiendo a preguntas de este
medio sobre la propuesta para un embargo integral de armas, destaca el
empuje del “pueblo español” y el papel que España puede desempeñar para
“marcar una diferencia histórica”, como “un faro de esperanza” para
“garantizar la rendición de cuentas que contribuya a detener el
genocidio” y para “desmantelar la jaula de titanio de la ocupación
permanente de Israel”.

Corte Internacional de Justicia de La Haya, máximo tribunal de la ONU

El dictamen de la Corte de La Haya

La Corte Internacional de Justicia, en su dictamen del pasado mes de julio, solicita a los países medidas “para impedir las relaciones comerciales o de inversión que contribuyan al mantenimiento de la situación ilegal creada por Israel en el Territorio Palestino Ocupado”.

Esto significa tener que evitar las relaciones armamentísticas
que a día de hoy los países europeos -incluido España- siguen mantiendo
con Israel. Pero también supone la obligación de suspender las
transacciones de todo tipo -no solo armamentísticas- con entidades o
empresas que contribuyen a la ocupación ilegal israelí o hacen negocio
en los Territorios Ocupados Palestinos, lo que incluye al Estado de
Israel, máximo impulsor de esta ocupación ilegal.

Al hilo de este dictamen, la Asamblea General de la ONU aprobó en septiembre una resolución de condena
a la ocupación ilegal israelí y con la misma petición de la Corte de La
Haya, para suspender “comercio e inversiones” que puedan contribuir a
la ocupación de los territorios palestinos. Ciento veinticuatro naciones
votaron a favor, entre ellas España, pero a día de hoy el Gobierno
español mantiene relaciones comerciales y armamentísticas con empresas
israelíes.

Tras la aprobación de esa resolución, España siguió formalizando o adjudicando contratos a empresas armamentísticas israelíes,
al menos hasta abril de este año, como adelantó este diario. También
realizó una pequeña exportación, en enero de 2025, y varias..

Lo acabamos de ver en Francia. La Asamblea Nacional ha dado un paso hacia el retorno de los neonicotinoides, esos plaguicidas cuyo impacto devastador sobre las abejas y los ecosistemas está sobradamente documentado. Pese a estar prohibidos por la Comisión Europea desde 2018, el pasado viernes 17 de mayo de 2025, la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional francesa aprobó el proyecto de ley conocido como «Ley Duplomb», que contempla la reintroducción excepcional de acetamiprid, un insecticida prohibido en Francia desde 2018 por su impacto negativo en los polinizadores, especialmente las abejas. Con 26 votos a favor y 13 en contra, el texto avanza hacia su debate en el pleno de la cámara, que tendrá lugar el próximo 26 de mayo.

Su vuelta se justifica con el argumento de que “no hay alternativas
viables” para ciertos cultivos. Y así, lo excepcional se convierte en
norma, y lo prohibido, en práctica habitual.

Se trata de un paso más en la ofensiva llevada a cabo desde las
pasadas protestas impulsadas por las mayores patronales agrarias
francesas en el 2024, que también tuvo su impacto en las protestas
agrarias en España, que, con la excusa de reivindicar mejoras para el
campo, lo que realmente estaba en su agenda era cargarse el pacto verde y
las medidas medioambientales aprobadas por la UE. Ya echaron abajo el
reglamento de reducción de uso de pesticidas, y ahora ya directamente a
reivindicar el uso de tóxicos.

Este no es un caso aislado. Es el síntoma de un sistema roto. En la
UE, los Estados miembros pueden autorizar de forma “excepcional” el uso
de productos prohibidos, si justifican que no existen alternativas
comerciales. Pero lo que debería ser una herramienta limitada y rigurosa
se ha convertido en una puerta giratoria que permite seguir usando
sustancias tóxicas bajo el paraguas de la legalidad. Lo llaman
“flexibilidad regulatoria”. En realidad, es impunidad química.

La normativa concede autorizaciones excepcionales de 120 días para el
uso de sustancias altamente tóxicas. Solamente el 2024, el Estado
español ha concedido 39 autorizaciones excepcionales.

El problema no es solo jurídico. Es político y estructural. La visión
sobre el futuro de la PAC lo deja claro: no se deberían prohibir
fitosanitarios si no hay alternativas rentables. ¿Rentables para quién?
¿Para la gran distribución que impone precios de ruina a los
agricultores? ¿Para las empresas que monopolizan las semillas, los insumos y los agrotóxicos? ¿O para un modelo agrario que ha externalizado todos sus costes sobre la salud y el planeta?

Porque alternativas hay. Pero implican cambiar de modelo. No se trata
de sustituir un pesticida por otro menos dañino (que ya es decir), sino
de romper con la lógica de la agricultura química, intensiva y
dependiente. Y eso significa apoyar la transición agroecológica: otra
manera de cultivar, de producir y de comer, que no contamina, no
envenena y no destruye la biodiversidad.

Desde Justicia Alimentaria
llevamos años denunciando cómo se ha construido una estrategia de
fabricación de la duda que recuerda peligrosamente a lo que hizo la
industria del tabaco. Las grandes empresas químicas financian estudios,
presionan a los gobiernos y promueven campañas para sembrar confusión
sobre los riesgos de sus productos. Mientras tanto, millones de personas
se exponen cada día a residuos de plaguicidas en su dieta, como
demuestra el informe Buena Suerte.

Y lo peor es que el sistema europeo de evaluación de riesgos no es
neutral. Depende de estudios presentados por las propias empresas, a
menudo ocultando o maquillando resultados negativos. Cuando se prohibió
el glifosato en Francia, se presentó una demanda millonaria contra el
Estado. Así se gobierna hoy la agricultura: entre lobbies, amenazas
judiciales y complicidades institucionales.

Europa necesita con urgencia una legislación que defienda de verdad
la salud pública, la biodiversidad y la soberanía alimentaria. No
podemos seguir permitiendo que se nos diga que “no hay alternativa”
mientras se bloquean las ayudas a la agroecología y se fomenta un modelo
insostenible desde la PAC.

El principio de precaución no puede ser un eslogan vacío. Debe
convertirse en el eje de toda la política agraria y alimentaria. Y para
ello, hay que escuchar a la ciencia independiente, a los movimientos
campesinos, a quienes cultivan sin veneno y a quienes exigen el derecho a
una alimentación sana.

La puerta de los pesticidas nunca debió abrirse.

Fuente: https://www.nuevatribuna.es/articulo/sostenibilidad/francia-abre-puerta-pesticidas-toxicos-prohibidos/20250521182406238540.html

El comunicado de prensa del nuevo canciller Merz durante la visita del Presidente de Israel a Alemania comienza exponiendo el fundamento de la política alemana en Oriente Próximo: La defensa a ultranza del derecho de existencia de Israel (das Existenzrecht Israels) como razón de Estados alemana (Staatsraison). Este principio es compartido por todo el arco parlamentario y es el fundamento de la política del gobierno actual y también de la del anterior. El canciller Scholz usó la misma frase durante su viaje a Israel el 18 de Octubre 2023.El derecho de existencia de Israel lo defienden a capa y espada tanto los Anti-Deutsch, muy influyentes en la izquierda extraparlamentaria, como los funcionarios del gobierno encargados de velar por la lucha contra el antisemitismo (Antisemitismus Beauftragter). Tocar el derecho de existencia de Israel es poner fin a cualquier discusión educada. Amén. Es la religión civil del holocausto en Alemania y el derecho de existencia de Israel es un dogma incuestionable.

Sin
embargo, el derecho de existencia de un Estado no está
legislado
en el derecho internacional. Es un concepto pseudojurídico que se
encuentra más a su aire en la apología de la nación de Ernest
Renan
(la
nación, esa conciencia moral creada por hombres sanos de espíritu,
es legítima, tiene derecho a existir).
Fuera
de la prosa nacionalista, la fundación de Estados es como el
matrimonio, básicamente una cuestión de voluntad y oportunidad. En
este caso concreto, Israel es fruto de una resolución de las
Naciones Unidas.
Existir
no es un derecho.
La creación
de Estados procede más
bien de una reivindicación
política.
Aunque los defensores alemanes del derecho de existencia del Estado
lo deduzcan de una serie de artículos de ley, los Estados se fundan
y se disuelven sin que la ley tenga que proteger su existencia como
tal. La lista de Estados desaparecidos es larguísima, pero no se
habla del derecho de existencia de la DDR (República Democrática
Alemana) o de la República de Weimar. El derecho de existencia es
una característica de Israel por su excepcional naturaleza derivada
del Holocausto.

En
el fondo, “la
existencia de un Estado”
no es
más
que una
figura retórica
que mezcla biología y política.
Los
Estados no existen.La
existencia es una cualidad del viviente, del que respira. Los Estados
son una construcción que aceptamos y con consecuencias reales, pero
hablar de la su existencia es tan sólo una forma de hablar. El
Estado no llora
cuando le pegas. Ni siquiera Israel. Son los pueblos, las personas
los que existen y los que tienen protección en el derecho
internacional. Los Estados pueden desmembrarse como en el caso de
Tercer Reich
o sufrir
innumerables vicisitudes
históricas,
pero se trata tan sólo de metáforas.
Personificar un Estado, como si se tratase de un emoticón con cara
triste, pretende inducirnos a sentir una emoción. ¡Pobrecito
mío,
el Estado!

En
un último
comunicado,
el partido Die Linke (La Izquierda) critica un mapa de Palestina
publicado en Twitter como ataque inadmisible dirigido a la
aniquilación
(Auslöschung)
de Israel. Nos encontramos en un marco puramente simbólico, de
juegos de palabras, frente a la realidad de la inmensidad de la
destrucción de Gaza. Actualmente, Israel ni siquiera está
amenazado
en su existencia como implica el uso repetido del concepto sino todo
lo contrario, es Israel el que está
amenazando
la existencia física del pueblo palestino. Y al contrario del
derecho a la existencia, el derecho a la vida de la población de
Gaza está protegido
directamente por la ley y declinado en muchas formas. Es el derecho a
la vida.

El
concepto de Existenzrecht,
mezcla de metáfora florida y derecho fulero, sirve más bien para
justificar los crímenes de Israel, Estado que defiende actualmente
su derecho de existencia contra los civiles desarmados de Gaza y
Cisjordania. Existenzrecht
recuerda como imagen al
Lebensraum
(espacio vital) de otro gobierno alemán, conceptos instrumentales
para justificar
la expansión territorial y limpieza étnica
con una metáfora
biopolítica.
La necesidad de espacio vital
(Lebensraum)
del Estado alemán fue el concepto usado tanto en la Primera Guerra
Mundial como por Hitler para justificar sus conquistas territoriales.
De forma parecida la metáfora Existenzrecht
justifica la ocupación y los crímenes de guerra de Israel por la
necesidad de existencia de un Estado judío.

El
gobierno alemán ha hecho de la defensa del Lebensraum
sionista su razón
de Estado.
Pero la razón de Estado tampoco es un término jurídico porque los
valores máximos de un Estado están expuestos en la Constitución y
ahí no aparece Israel. La razón de Estado se mueve en un mundo
moral paralelo. Desde
Maquiavelo este
concepto se define como el valor moral que justifica que el Estado
pueda hacer lo que considere necesario.
Una
licencia para matar. Como el Estado de excepción, la razón de
Estado es una ausencia de legalidad autoproclamada y justificada por
una fuerza mayor. En el caso de la razón d..

Caelainn Hogan abrió un melón muy gordo, ya en 2019, con la publicación de su libro Republic of shame, cuya traducción al castellano fue presentada en Madrid el pasado 7 de mayo, en Olavide bar de libros, de la mano de la editorial Errata Naturae, bajo el título La república de la vergüenza.

En su libro Hogan desentraña la oscura historia de cómo Irlanda trató a las mujeres consideradas “descarriadas” y a sus criaturas. A través de una investigación meticulosa, revela el complejo entramado de Iglesia, Estado y sociedad que, bajo un manto de secretismo, buscó ocultar, castigar y explotar a las mujeres que quedaban embarazadas fuera del matrimonio. De nuevo, una historia de maternidades robadas, donde el ejercicio de la maternidad desde la disidencia es penalizado, herencia que sigue vigente en la actualidad.

Portada del libro en castellano.

El descubrimiento de la historiadora Catherine Corless en
2014 de una fosa común en el hogar de Tuam, con los restos de
aproximadamente 800 niños, niñas y bebés, destapó una serie de
investigaciones que sacaron a la luz la cruel realidad de las Lavanderías de la Magdalena
y otras instituciones similares. Estas instituciones, operativas desde
el siglo XVIII hasta mediados de la década de los 90, dirigidas
principalmente por diferentes congregaciones de la Iglesia católica,
obligaban a las mujeres a realizar trabajos forzados en condiciones de
violencia y abusos constantes, mientras eran despojadas de sus
criaturas para darlas en adopción a familias pudientes. Hogan ha
recorrido conventos y residencias, entrevistando a supervivientes y
miembros de las órdenes religiosas, además de examinar documentos de la
Iglesia y el Estado. Su trabajo ofrece un relato espeluznante y
revelador de cómo una sociedad entera se confabuló para reprimir a las
mujeres que se desviaban de las normas establecidas, sin importar el
costo humano, ni el sufrimiento infligido.

Algo similar a la distopía futurista El cuento de la criada,
sucedió hace algunos años en el contexto de las mujeres en situación
de exclusión social de, entre otros países, Irlanda y España. Estas instituciones irlandesas guardan similitudes con el Patronato
de Protección a la Mujer durante la época franquista en España, cuyo
último centro cerró en 1985. En Irlanda, la última cerró ya en 2006, lo
que pone de manifiesto, una vez más, que los sistemas represivos y la
conquista de derechos no son tan lejanos como parecen.

Que
la realidad supera la ficción es en este caso un hecho, uno muy
lamentable, cimentado sobre el dolor de las víctimas que protagonizaron
estos sucesos que se narran en La república de la vergüenza.

Caelainn Hogan visitó Madrid para presentar la traducción de su libro. David F. Sabadell

En tu libro, exploras cómo una sociedad entera se confabuló con un sistema represivo que causó un daño profundo a los afectados y sus familias. ¿Podrías compartir tu perspectiva sobre los mecanismos sociales y culturales que permitieron esta complicidad?

Creo que es una combinación de un incentivo económico para institucionalizar y almacenar a las personas marginalizadas que el Estado no quería apoyar y que no podía ofrecer apoyos, y también el dogma, la ideología religiosa de la Iglesia que condena a la gente por tener sexo fuera del matrimonio y por tener hijos fuera del matrimonio, considerando esto un pecado absoluto. Los hijos de estas madres, y las madres mismas al estar embarazadas, eran un desafío directo a la autoridad de la Iglesia católica y al Estado irlandés, que se modeló como una nación católica y realmente era una teocracia de facto en ese momento.

Mencionas el ‘entramado industrial de la vergüenza’. ¿Podrías explicar cómo se estructuró este sistema y de qué manera las instituciones y la sociedad en general contribuyeron a su perpetuación?

Este entramado incluía hogares materno-infantiles, lavanderías y casas de trabajo del sistema colonial anterior, donde colaboraban el Estado y la Iglesia Católica, para quienes era una vergüenza tener niños fuera del matrimonio, siendo estos niños la manifestación física de esa vergüenza, de ese concepto de la vergüenza.

Este sistema
de instituciones surgió de un sistema colonial bajo la regla británica,
donde los trabajadores pobres eran forzados a trabajar y permanecer en
las instituciones para obtener cualquier tipo de apoyo estatal.

A pesar de las disculpas públicas, y de las compensaciones que las órdenes religiosas y el gobierno han ofrecido ¿Qué pasos consideras necesarios para lograr una verdadera justicia para las víctimas?

Creo que toda solución, todo plan de reparación, debe ser liderado por los supervivientes. Yo he escuchado sus testimonios y muchos de ellos siguen pensando que no ha habido justicia. En este plan de reparación liderado por la comisión, miles de personas, miles de afectados, han quedado fuera y no han podido percibir las ayudas por unos límites arbitrarios, como por ejemplo, que si habían pasado menos de se..

¿Qué hacemos con este individuo que está llevando a la ruina nuestro gran proyecto “histórico” en Oriente Medio? Es la gran pregunta que se hacen los dirigentes occidentales desde hace unos meses, en primer lugar los europeos. No saben qué hacer con el primer ministro del régimen de Tel Aviv, ni con su Gobierno, plagado de energúmenos zafios e inconsistentes que gritan a los cuatro vientos lo que el sionismo (“histórico”) ha tratado de ocultar o al menos disimular desde hace lustros.

Le habían dejado un margen de meses para culminar la tarea de arrasar Gaza
y reimponer la pax israeliana que estaba cerca, o eso pensaban allá por
septiembre de 2023, de culminar la inserción del proyecto sionista en
la región y naturalizar su existencia como potencia predominante. Luego
vino el imprevisto —o no— golpe de Hamás y se entró en esta nueva etapa
que comienza a resultar excesivamente larga. Y sin final previsible.

Colonización y neutralización

El
proyecto sionista en Palestina, un artefacto ideológico y operativo
inspirado e incoado por las élites europeas económicas y políticas de
finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se basó en dos grandes
pilares: la colonización por parte de un grupo racial-religioso
diferenciado; y la neutralización de la hostilidad de los pueblos
circundantes a la Palestina ocupada, en concreto los árabes, en los
cuales se englobaba al pueblo palestino.

Todo esto se llevó a cabo
mediante una estrategia de espejo organizativo; es decir, con el
reflejo del modelo institucional europeo en aquellas tierras
subdesarrolladas, “a-modernas”. De ahí los lemas propagandísticos sobre
la “única democracia de Oriente Medio”, el milagro “político y
económico” israelí o el respeto de los valores humanos básicos mientras
todo el aparato jurídico y legal del aparato sionista se ponía en
servicio del primer gran pilar, la colonización. Esto último se llevó a
cabo a través de la expropiación de tierras, siempre de forma muy legal e
impecablemente justificada según su corpus jurídico “democrático”. Las
familias palestinas fueron sustituídas por elementos traídos del
exterior, elegidos en función de su pertenencia étnico-religiosa, con la
generosa financiación de una red de asociaciones, centros culturales,
personalidades y gobiernos (occidentales).

La cosa no marchaba mal, porque el segundo pilar, la
eliminación de la supuesta amenaza sustanciada en los países árabes del
entorno, iba camino de completarse la víspera del 7 de octubre. Cerca de
la mitad de los países árabes habían firmado, o parecían dispuestos de
hacerlo, acuerdos de paz con el régimen de Tel Aviv.

La cuestión
palestina quedó ausente del discurso político en el interior de estas
naciones, cuyos gobiernos, en la tónica de sus pares occidentales, se
mostraban convencidos de que un nuevo modelo dirigido por Israel sería
beneficioso para ellos. Sin embargo, había un problema: los proyectos
colonialistas precisan de eso, de colonos, máxime cuando se trata de una
propuesta basada en la excelencia racial de una comunidad determinada.
Mas en la Palestina de 2023 ya había casi una paridad entre judíos y no
judíos (árabes, en su inmensa mayoría) contando los territorios ocupados
de 1948, Gaza y Cisjordania. Los asentamientos seguían creciendo y
salvo algunas voces aisladas, nadie en Occidente, ni en ese mundo árabe
casi domesticado, protestaba por las acciones contra el pueblo
palestino. No obstante, hacía falta algo más.

La oportunidad que estaban esperando

Entonces
llegó el 7 de octubre. Con independencia de las teorías más o menos
conspirativas que tienden a pensar que el propio régimen israelí
inspiró, o al menos permitió, el ataque; surgió la oportunidad que los
representantes genuinos del sionismo religioso ultraortodoxo,
representado por sujetos como los ya tristemente célebres Smotrich y Ben Gvir, estaban esperando.

Había
llegado el momento de pasar a la etapa final, la deportación del mayor
número posible de palestinos, en pos del gran objetivo: un Israel
habitado por una población con una mayoría racial irreversible. Lo
estamos viendo en la actualidad: no solo las hordas del ejército israelí
han asesinado, hecho desaparecer o herido de gravedad al 10% de la
población de Gaza; también han iniciado una depuración étnica en amplias
zonas de Cisjordania, la mayor desde su ocupación militar en 1967. El
sionismo se ha desatado y camina sin pudor hacia la gran apuesta de un
todo o nada que preocupa seriamente a sus valedores occidentales.

Veinte meses después de iniciadas las masacres en el
enclave, determinados dirigentes europeos se han dado cuenta de la
“situación insostenible” que sufre la población, inerme; algunos hablan
incluso de “acciones que podrían concurrir en crímenes de guerra”.
Otros, representantes de países con un peso específico menor, hablan de
genocidio y limpieza étnica y promueven sanciones en
el seno de la Unión Europea que pocos piensan terminen en a..