Webmaster

Más de 61.000 votantes están llamados a las urnas en los comicios que se desarrollarán en las 17 circunscripciones de la nación insular.

Entre quienes se endeudan para subsistir, un 82.8% lo hizo para comprar alimentos, un 60.7% para pagar servicios básicos y un 45% para saldar deudas asumidas con anterioridad ante las alzas de precios en Argentina.

La decisión de la Corte Suprema sobre la facultad de la Administración Trump para revocar este beneficio migratorio afectará a 1.3 millones de personas procedentes de 17 naciones.

Cruzeiro derrotó 1-0 a Boca Juniors con un gol del colombiano Néiser Villarreal. El club brasileño quebró el invicto ‘Xeneize’ y generó un empate de seis puntos en la cima del Grupo D de la Libertadores

Los archivos ilustran intento de garantizar el retorno de Hernández a la Presidencia con respaldo de Trump y apoyo de sectores vinculados a Israel

Especialistas advierten que esta medida puede seguir profundizando un modelo punitivo que vulnera derechos de las infancias y el tejido social de las futuras generaciones salvadoreñas.

Desde el estado Aragua la mandataria venezolana exigió el levantamiento inmediato de las 1.081…

Conflicto no es violencia: claves para abordar la convivencia escolar más allá del castigoAcadémica advierte que centrarse solo en sanciones no resuelve la violencia en escuelas y plantea la urgencia de fortalecer enfoques formativos que promuevan el diálogo, la confianza y la convivencia democrática.

La creciente preocupación por la violencia en establecimientos educacionales ha impulsado propuestas centradas en el control y el castigo. Sin embargo, la evidencia y la investigación en convivencia escolar sugieren que este enfoque, aunque necesario en casos graves, resulta insuficiente para abordar un fenómeno complejo y de múltiples causas.

Así lo plantea la antropóloga social y académica de la Universidad de O’Higgins (UOH), Manuela Mendoza, quien enfatiza la necesidad de distinguir entre conflicto y violencia, dos conceptos que suelen confundirse en el debate público.

Mientras la violencia implica daño físico o psicológico y requiere sanciones proporcionales a su gravedad, el conflicto —explica— es una condición inherente a la vida social.

“Siempre que existan dos o más personas, habrá diferencias o incluso oposición de intereses, opiniones o visiones. Eso es el conflicto, y no es negativo en sí mismo”, sostiene. El desafío, entonces, no es eliminarlo, sino gestionarlo de manera constructiva para evitar que escale hacia situaciones violentas.

En esa línea, la académica advierte que las políticas basadas exclusivamente en la lógica punitiva —como la instalación de detectores de metales o el aumento de sanciones— no han demostrado ser eficaces en la disminución de la violencia escolar. Por el contrario, pueden generar ambientes de desconfianza que afectan las relaciones entre estudiantes y docentes, debilitando el rol formativo de la escuela.

“La evidencia internacional muestra que las medidas de tolerancia cero no logran los efectos deseados. Si solo reaccionamos con castigos, no abordamos las causas profundas del problema”, señala.

Frente a este escenario, Mendoza propone avanzar hacia estrategias preventivas que prioricen la formación en convivencia democrática. Esto implica generar espacios donde el estudiantado pueda expresar sus diferencias, dialogar y participar activamente en la vida escolar.

El enfoque formativo, explica, se basa en principios de inclusión, equidad y participación, y busca fortalecer relaciones de respeto mutuo y buen trato. En este contexto, la escuela no debe aspirar a eliminar los conflictos, sino a transformarlos en oportunidades de aprendizaje.

No obstante, la implementación de este tipo de estrategias enfrenta importantes desafíos. Entre ellos, la falta de tiempo, recursos y capacitación para que los equipos educativos puedan planificar y sostener acciones preventivas. Esto, en la práctica, empuja a muchos establecimientos a privilegiar respuestas reactivas frente a situaciones urgentes.

Para la académica, es fundamental que las políticas públicas no solo establezcan la importancia de la convivencia escolar, sino que también aseguren las condiciones necesarias para su desarrollo. “No basta con exigir enfoques formativos si no se entregan herramientas concretas para implementarlos”, advierte.

Finalmente, Mendoza plantea una reflexión de fondo: el tipo de escuela que se quiere construir. “Debemos preguntarnos si queremos espacios educativos basados en la vigilancia y la desconfianza, o comunidades de aprendizaje donde prime el respeto y la confianza”, afirma.

Descarga como PDFImprime este artículo

Comunidades denuncian ataque no espontáneo en funeral de cementerio Maihue CarimallinUn grave ataque violento sufrieron comunidades del territorio El Roble de la Región de los Ríos y familiares de Jaime Uribe Montiel, esposo de la machi Millaray Huichalaf, quien falleció en un accidente automovilístico y cuyo funeral se realizó el 15 de abril en el cementerio Maihue Carimallin.

Los afectados denunciaron que hubo amenazas previas y que informaron a la seremía de seguridad. No obstante, no se tomaron medidas precautorias. También se constató la presencia del abogado Branislav Marelic, representante de quienes propinaron las agresiones y quien tendría vínculos con la trasnacional hidroeléctrica, señalan.

Frente a los hechos, las comunidades que sufrieron este ataque en medio del duelo de Uribe Montiel, extendieron un comunicado:

DECLARACIÓN PÚBLICA

Las comunidades, organizaciones y autoridades ancestrales Mapuche-Williche abajo firmantes, declaramos ante la opinión pública, las autoridades del Estado de Chile y los organismos de derechos humanos lo siguiente:

PRIMERO. Hoy, 15 de abril de 2026, siendo las 12:30 horas, la familia de nuestro peñi Jaime Javier Uribe Montiel —encabezada por su viuda, la machi Millaray Huichalaf Pradines—, junto a diversas comunidades y autoridades ancestrales mapuche williche, concurrieron al Cementerio Ancestral de Maihue-Carimallin, comuna de Río Bueno, para dar sepultura a sus restos. Al llegar, la comitiva fúnebre fue bloqueada por un grupo de aproximadamente 20 personas que impedían el acceso al cementerio con vehículos. Varios de estos individuos se encontraban encapuchados, en evidente estado de ebriedad, y armados con palos, fierros, motosierras y hachas. Este grupo agredió físicamente a las personas presentes y a los caballos en que se desplazaban, dejando como resultado varias personas heridas, incluyendo lesiones graves con traumatismos encefalocraneanos abiertos en tres familiares del difunto. Todas estas agresiones ocurrieron en presencia de niños, niñas y adultos mayores que formaban parte de la comitiva fúnebre, exponiéndolos a una situación de extrema violencia y peligro.

Durante estos hechos, los agresores profirieron amenazas de muerte directas contra integrantes de la familia, autoridades ancestrales y personas presentes, intensificando el clima de terror y vulnerabilidad. Asimismo, amenazaron con profanar la tumba de Jaime Uribe en caso de que sus restos fueran sepultados en el cementerio, poniendo en riesgo no solo la integridad de los vivos, sino también el respeto y la protección debida a sus restos y al espacio sagrado. Cabe preguntarse: ¿qué clase de personas amenazan con profanar la tumba de un difunto? ¿Qué clase de seres humanos, encapuchados, ebrios y armados, son capaces de agredir a una familia en duelo y amenazar con desenterrar a un muerto? Estos actos revelan un nivel de degradación moral que no tiene justificación alguna y que debe ser investigado y sancionado con todo el rigor de la ley.

SEGUNDO. Estos actos de violencia no son espontáneos. Ya en los días previos, el mismo grupo —vinculado a organizaciones que negocian y reciben financiamiento directo de la empresa estatal noruega Statkraft— había intentado prohibir el entierro del peñi Jaime. Frente a esta amenaza, la familia y las autoridades ancestrales del territorio realizaron todas las gestiones posibles para evitar esta situación: con fecha 14 de abril presentaron una carta de aclaración al Seremi de Seguridad Pública de la Región de Los Ríos, exponiendo los derechos consuetudinarios e históricos de la familia sobre el cementerio y la ilegitimidad de dicha prohibición. Sin embargo, no hubo respuesta alguna de parte de las autoridades. Esta omisión institucional generó las condiciones para que los agresores actuaran en la más absoluta impunidad.

TERCERO. Durante años, Statkraft y las organizaciones que reciben su financiamiento han intentado construir sistemáticamente una narrativa que presenta a la machi Millaray Huichalaf y a las comunidades que se oponen a los proyectos hidroeléctricos en el río Pilmaiquén como actores violentos. Lo que el día de hoy quedó en evidencia ante decenas de testigos es exactamente lo contrario: la violencia es ejercida por los grupos financiados por Statkraft. Fueron ellos quienes, encapuchados y armados, agredieron a una familia en duelo y a autoridades ancestrales que solo buscaban ejercer su derecho a enterrar a un ser querido en paz.

CUARTO. Las divisiones y rupturas del tejido social en este territorio no han sido solo materiales y organizativas. Han venido acompañadas de la instalación sistemática de discursos de odio y racismo dirigidos contra las formas de ejercer y vivir la cultura mapuche williche, y particularmente orientados a estigmatizar y desacreditar a la machi Millaray Huichalaf en su condición de autoridad ancestral. Estos discursos, fomentados al amparo del financiamiento de Statkraft, han creado el clima de hostilidad que hoy se tr..

Abogada chileno-australiana señala que extradición de Adriana Rivas podría ejecutarse en los próximos mesesPor Carolina Millalen

La abogada, Adriana Navarro, informó sobre la situación de la ex agente de la DINA, Adriana Rivas, cuya extradición desde Australia está vigente, pese a los recursos legales que ha utilizado la imputada y que han demorado esa orden judicial.

“Es un juicio entre Estados”, precisa la especialista, conversando en el programa Sin Fronteras de Radio Chile FM. Allí señaló que en el caso de Chile, “a través de la Corte Suprema se ha solicitado la extradición de Rivas, mientras que el Estado australiano representa al Estado de Chile en dicho país, frente a los tribunales y al ejecutivo”.

La abogada de origen chileno y que vive en Australia desde 1976 tras la expatriación de su familia, indica que la ex agente de la DINA tuvo directa participación en el centro de tortura y exterminio Simón Bolívar. En ese lugar, todos los detenidos y prisioneros fueron torturados salvajemente, asesinados y sus cuerpos hechos desaparecer por diversos métodos. “Muchos de los casos que vemos de allí, Conferencia I y II y el cuaderno anexo de Reinalda Pereira, muchos de sus restos no han sido encontrados”, señala.

Rivas se encuentra procesada por el secuestro calificado, en calidad de coautora, de los dirigentes comunistas Víctor Díaz López, Fernando Navarro Allendes, Lincoyán Berríos Cataldo, Horacio Cepeda Marinkovic, Juan Ortiz Letelier, Héctor Véliz y Reinalda Pereira Plaza.

La abogada Navarro el año 2013 supo de la residencia de Adriana Rivas allá, luego de que la ex agente diera una entrevista por un medio radial nacional:

https://radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2026/04/adriana-navarro-cuna-1.mp3
“Ella ya era conocida en la comunidad chilena”, indica, pero se ignoraba sobre su participación en la DINA: “En ese momento nos enteramos que Chile había estado buscando a la señora Rivas desde el año 2011 cuando se fugó de Chile a Australia”.

“A todo el mundo le causó horror, un rechazo, una repulsión sobre lo que ella hablaba y la forma en la que hablaba, causando una repulsión tremenda”, recuerda la abogada Navarro.

https://radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2026/04/adriana-navarro-cuna-2.mp3
Acerca de la resolución de la justicia australiana comentó que el caso ha sido larguísimo, muy complejo y el primero en su especie en manos de dos Estados con dos sistemas judiciales distintos: “No tenemos precedente alguno en extradiciones y menos por cargos de secuestros por agravantes en el contexto de graves violaciones de derechos humanos”.

Respeto a las familias de las víctimas, el caso ha sido llevado por los abogados Francisco Ugás y Alberto Espinoza quienes “son los promotores en este caso de conseguir justicia y tratar de extraditar a Rivas”. En su rol como especialista, ella ha aportado en la facilitación del sistema judicial australiano, aunque criticó que las víctimas y sus familias no tengan participación directa.

Respecto a la extradición, indicó que fue declarada el 2020, sin embargo la imputada “ha usado todos los recursos disponibles en la ley australiana y las avenidas judiciales y ejecutivas”.

https://radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2026/04/adriana-navarro-cuna-3.mp3
Acerca del juez Michael Lee de la Corte Federal de Nueva Gales del Sur de Australia, en su última indicación señaló que todas las decisiones tomadas por la ministra en el proceso fueron entregadas correctamente “y tomó todas las consideraciones necesarias para concluir que debe ser entregada a Chile”.

Si bien, Rivas pudiese apelar a una Corte en pleno si los ministros hubiesen incurrido en un error -lo que corresponde a una materia meramente técnica- el caso podría extenderse hasta fin de año, mientras que si la imputada diese su consentimiento, el proceso tardaría un mes, pudiendo concretarse su regreso a Chile en los próximos meses, sostuvo la abogada: “El fallo es muy contundente, es muy claro”.

Descarga como PDFImprime este artículo