Redaccion

Esta semana se han cumplido setenta y siete años del inicio de la Nakba,
la expulsión por fuerzas israelíes de más de 700.000 palestinos de sus
hogares en 1947 y 1948, con masacres y amenazas. Desde entonces hasta
hoy esa voluntad de dejar fuera de su tierra a la población palestina se mantiene, a través de crímenes, desposesión, desplazamientos forzados y segregación.

En 1967 se produjo la Naksa, otra expulsión masiva de más de
300.000 palestinos. En las décadas siguientes Israel ha seguido
impulsando medidas para apropiarse de tierras ajenas, para anexionarse
más territorio, para demoler viviendas y negar derechos básicos a la
gente palestina.

“La Nakba no es un acontecimiento del pasado”, ha escrito esta semana la relatora de la ONU,
Francesca Albanese. “Es una continua violación del artículo 49 de la
Cuarta Convención de Ginebra, del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, del artículo 1 de la Carta de Naciones Unidas y de
los principios más básicos de la dignidad humana”.

El sistema de apartheid israelí, desarrollado con más intensidad
en las últimas tres décadas, discrimina, arrincona y castiga
diariamente a los habitantes de los territorios ocupados palestinos, más
de seis millones. Además, niega el derecho al regreso a su hogar a las
personas expulsadas en 1948, en 1967 y en décadas posteriores, así como a
sus hijos y nietos.

Nada de esto empezó ayer, ni en octubre de 2023. Y, sin embargo,
durante todas esas décadas, durante todos estos años, la Unión Europea
ha ido estrechando sus relaciones con Israel con acuerdos y alianzas
preferenciales, hasta el punto de que este país es integrante de
Eurovisión y de la UEFA, a pesar de que no forma parte del territorio
europeo y de que aplica apartheid y limpieza étnica contra la población
palestina.

Israel en Eurovisión

Esta semana nuestro continente celebraba con palomitas y alegría
Eurovisión, con Israel como participante. Ninguna nación europea
consideró necesario ausentarse o condicionar su presencia a la
suspensión de Tel Aviv o a la entrada de alimentos en Gaza, o a un alto
el fuego, o al fin de las masacres. Nada. Todos los países estuvieron
presentes. La Europa del impudor celebró la final del concurso, emitida
en prime time, mientras aviones israelíes bombardeaban otro campo de refugiados en la Franja.

Este sábado por la noche RTVE mostró en pantalla un mensaje escrito,
antes del inicio de la emisión del concurso europeo: “Frente a los
derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y Justicia para
Palestina”, se pudo leer. Este mensaje representa más de lo que han
hecho la mayoría de las cadenas públicas europeas. Pero las palabras no
bastan, y deberíamos saberlo a estas alturas. Frente a la violación
sistemática de los derechos humanos, no solo hay que condenar el
silencio. Frente a las masacres y el apartheid, la falta de acción
política y diplomática no es una opción. El mantenimiento de las
relaciones con Israel no es una opción. Lo han entendido bien las
personas que llevan más de un año manifestándose y movilizándose en todo el mundo, exigiendo reacción a sus gobiernos.

La presencia de Israel en Eurovisión merecía un boicot
coordinado. Lo confirma la respuesta de la Unión de Radiodifusión
Europea (UER), amenazando con multar a RTVE porque durante una emisión
en directo dos locutores recordaron que hay más de 50.000 personas
muertas en Gaza. Para la UER lo sancionable es la mínima mención de algo
que no termina de ser nombrado, y no los crímenes en sí. La persecución
a los pronunciamientos y manifestaciones en defensa de los derechos
humanos de los palestinos es una realidad que va a más en numerosos
países. Advirtió de ello, hace ya más de un año, la relatora de la ONU, Irene Khan: “La crisis de Gaza se está convirtiendo en una crisis global de la libertad de expresión con repercusiones duraderas”.

La normalización del genocidio en Occidente atraviesa y
condiciona nuestro presente, de forma obscena. Hay una Europa
indiferente y ciega en la que la realidad se reduce a mera teoría, a
banalidad, como si todo fuera un juego virtual sin consecuencias. Como
si no hubiera cuerpos abrasados por las bombas.

Manifestación multitudinaria en Londres este sábado contra el genocidio en Gaza y el apoyo de Reino Unido a Israel.

Carros de Gedeón

Eurovisión se ha celebrado mientras el Gobierno de Netanyahu
anuncia la ocupación permanente de más territorio de la Franja y
despliega su nueva operación de exterminio en Gaza, bautizada como
Carros de Gedeón. Este nombre bíblico hace referencia al Libro de los
Jueces, en el que se narra y se celebra la masacre de los madianitas,
enemigos de los israelitas, y la conquista absoluta guiada por la
divinidad.

Tanto Netanyahu como su protector, Donald Trump –como antes lo fueron
Joe Biden y otros- han mencionado en varias ocasiones la posibilidad de
forzar el desplazamiento de población palestina de Gaza hacia otros ..

No hay ningún país donde al desaparecer la
generación política que tuvo experiencia directa del fascismo no se haya
producido un cambio importante, aunque a menudo silencioso, en su política, en
su perspectiva histórica del pasado y en su imaginario colectivo.

En ‘El ocaso de la democracia:
la seducción del autoritarismo’ Anne Applebaumaborda este
escenario: “La generación actual de jóvenes de Europa y EEUU ha crecido en un
mundo sin guerras, sin dictaduras. Dan por sentado que hay democracia, que ésta
siempre va a existir. Pero la democracia no es inevitable, requiere esfuerzo y
tiempo. Me preocupa que no hayamos transmitido esa verdad a los jóvenes”. En
septiembre de 2023, la Open Society Foundation de George Soros, hizo público un
estudio basado en más de 36.000 entrevistas en treinta países en la que el 42%
de los menores de 36 años estaba convencido de que una dictadura militar sería
una buena forma de gobierno. Un 35% decía que aceptaría tener un
líder fuerte, aunque jamás convocase elecciones. España no es una excepción: un
estudio del CIS de este 2025 apunta a que el 17,3% de los jóvenes entre 18 y 24
años y el 17,4% de los ciudadanos entre 25 y 34 cree que “en algunas
circunstancias, un Gobierno autoritario es preferible a un sistema
democrático”.

Si un país hizo la revolución
más alegre de la contemporaneidad, fue Portugal en 1974. Ahora, su Parlamento
se contamina con los herederos del salazarismo. Las políticas de memoria que
siguieron a la revolución del 25 de abril se materializaron en iniciativas como
la creación del Museu do Aljube Resistência e Liberdade con el objetivo
fundacional de combatir la “amnesia cómplice con respecto a la dictadura que
enfrentamos entre 1926 y 1974” y promover “la historia y memoria de la lucha
contra la dictadura, y el reconocimiento de la resistencia a favor de la
libertad y la democracia”. El edificio se alberga desde 2013 en la que fue sede
de la Policía Internacional de Defensa del Estado (PIDE), lugar de detención y
tortura bajo el régimen del Estado Novo. Pero la entropía y el
revisionismo han afectado a la que fue modelo de revolución incruenta en Europa
y a la larga dictadura derechista que la precedió.

Durante los años de la
rendición a los dictados austericidas de la Comisión Europea, el Banco Central
Europeo y el Fondo Monetario Internacional se desarrolló una tendencia a
considerar la revolución de los claveles como un brote indeseado, surgido en un
momento en que ya se estaba dando en el país una transición natural hacia la
democratización. La revolución habría venido a interrumpir una tendencia
modernizadora ya en marcha que hubiera permitido asegurar un cambio tranquilo
sin comprometer la estabilidad del Estado como ocurrió peligrosamente durante
el denominado Proceso Revolucionario en Curso (PREC), el periodo comprendido
entre el 25 de abril de 1974 y el 25 de noviembre de 1975, durante el que la
radicalización de la revolución –ocupación de tierras en el Alentejo,
socialización de industrias, nacionalización de la banca, confrontación con los
pequeños propietarios y el conservadurismo católico– parecía abocar a una vía
portuguesa al socialismo bajo el control del Movimiento de las Fuerzas Armadas
(MFA). Los excesos socializantes habrían sido, en definitiva, responsables del
endeudamiento al que los conservadores debían hacer frente ofrendado al país en
holocausto a la troika comunitaria.

De la revisión de la revolución
de los claveles se pasó al rescate del salazarismo con motivo del cuadragésimo
aniversario de la muerte del dictador. En 2010, un concurso televisivo sobre
los “grandes portugueses de la historia”, alzó al primer lugar del podio al
dictador Antonio de Oliveira Salazar, seguido del legendario secretario general
del Partido Comunista, Álvaro Cunhal. Las biografías de Salazar, celebrado como
un hombre de Estado ajeno a la corrupción que se cernía en torno a él sin saber
nada –al estilo de los monarcas del Antiguo Régimen («¡Viva el rey y muera el
mal gobierno!»)–inundaron los anaqueles de los supermercados de libros.

El debate más reciente se
cierne en torno al proyecto de creación de un museo dedicado a la
interpretación del Estado Novo en Vimiero, localidad natal de
Salazar. Ubicado en la escuela-cantina del pueblo, que aún ostenta el nombre
del dictador, es concebida por José Pacheco Pereira, fundador de la asociación
Ephemera, como un lugar para la preservación del legado documental del régimen
salazarista, para la investigación sobre su historia, sobre la resistencia que
se le opuso y de los mecanismos de consentimiento que explicaron su larga
duración (1926-1974). Para ello, deberá sortear los riesgos de una nostalgia no
desdeñable y de incurrir en un mensaje emoliente que no se vería contrarrestado
en las aulas por la reducción del horario de la materia de Historia.

La erosión generacional de la
memoria de la dictadura se manifiesta en las respuestas estereotipadas de las
generaciones más jóvenes: “Se habla de la falta..

En otra de las jornadas comiciales del domingo en Europa, el europeísta Rafal Trzaskowski, de la centrista Coalición Cívica (KO), apenas logró adelantar a su rival de Ley y Justicia (PiS, por sus siglas en polaco), el ultraconservador Karol Nawrocki, aunque el resultado definitivo deberá dirimirse en una segunda vuelta dentro de dos semanas.

En el caso de Portugal, el alza de la
extrema derecha resulta particularmente descorazonador si se tiene en cuenta
que hace 50 años la población civil y los militares de ese país ibérico
protagonizaron la llamada Revolución de los Claveles, que puso fin a una
dictadura fascistoide muy semejante al franquismo vecino y que se había
mantenido en el poder durante medio siglo.

Aunque en lo inmediato las corrientes de
ultraderecha y neofascistas no han logrado hacerse con el poder en ninguno de
los tres países europeos que ayer fueron a las urnas, los resultados reafirman
su progresivo avance hacia el poder y el retroceso tendencial de las
formaciones socialdemócratas y de derecha a secas en el viejo continente.

Tal escenario presenta una perspectiva
alarmante, si se considera el avance mundial de la extrema derecha, que
gobierna ya en Italia, Estados Unidos, Argentina y otros países, y lo que ello
conlleva en el sentido del reforzamiento del autoritarismo, el desprecio a la
legalidad, el atropello a los derechos humanos, el acotamiento o la supresión
de libertades, la regresión en materia de protección al medio ambiente y el
fortalecimiento de la xenofobia, el racismo y el chovinismo, además de la
implantación de políticas públicas que perjudican a los menos favorecidos,
entregan el Estado en bandeja de plata a los potentados y las grandes
corporaciones.

No debe soslayarse, sin embargo, que en
Europa este fenómeno no necesariamente surge de un atractivo programático
intrínseco de la ultraderecha, sino que es alimentado en primer lugar por el
agotamiento y la claudicación de los partidos socialdemócratas, democristianos,
laboristas y liberales tradicionales, los cuales fueron reduciendo la vida
política a una mera alternancia en el poder de nombres y siglas y terminaron
por convertirse en administradores del modelo neoliberal que destruyó buena
parte de las conquistas sociales logradas en el viejo continente durante la
segunda mitrad del siglo pasado.

En ese contexto, el desencanto y la
frustración de las mayorías ante la erosión de las condiciones de vida de
éstas, el deterioro de la institucionalidad y la pérdida de sentido de la
política han sido, en conjunto, el terreno fértil para nutrir partidos y
movimientos autoritarios, patrioteros, antimigrantes, contrarios a los derechos
de mujeres y minorías y vendedores de quiméricos resurgimientos nacionales.

Cabe esperar, por último, que las
sociedades europeas sean capaces de organizarse para enfrentar este peligroso
fenómeno, cuyos antecedentes ideológicos en Alema-nia e Italia condujeron al
estallido de la Segunda Guerra Mundial y a una destrucción generalizada.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/noticia/2025/05/19/editorial/europa-avanza-la-ultraderecha

El Congreso español ha dado un primer paso para establecer un embargo integral de armamento,
lo que supondría prohibir las exportaciones, importaciones y tránsitos
que han seguido produciéndose en estos diecinueve meses de genocidio
israelí en Gaza. La proposición de ley, impulsada por más de 500 organizaciones sociales
y presentada por Sumar, Podemos y BNG, fue aprobada este martes también
con los votos a favor de PSOE, ERC, EH Bildu, PNV y Junts.

La familia del periodista Mohammed Amin Abu Dhaka, muerto por un ataque israelí, llora su muerte en Khan Yunis, Gaza, este martes 20 de mayo de 2025

Ahora comienza un periodo de tramitación, que puede prolongarse
durante un tiempo indefinido, mientras las masacres, la ocupación ilegal
y la limpieza étnica continúan en la Franja de Gaza. Un embargo
integral es una medida de presión concreta y con efectos. Por eso, las
organizaciones impulsoras de la proposición de ley vuelven a pedir, como
han hecho en los meses de atrás, “un Real Decreto Ley que el Gobierno
puede aprobar mañana mismo” para establecer el embargo integral de forma
inmediata.

“¿Qué le impide hacerlo?”, preguntan en un comunicado enviado
este martes por la noche, en el que definen la votación de este martes
en el Congreso como “un primer paso importante”, “pero no es una
respuesta urgente al genocidio contra el pueblo palestino”. También el
Centre Delàs de Estudios por la Paz ha pedido en varias ocasiones una
aprobación urgente en Consejo de Ministros.

Desde octubre de 2023 hasta hoy, 52 relatores y relatoras de la ONU han solicitado sanciones y embargos
a Israel, la Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado
resoluciones en ese sentido y las Cortes de La Haya han emitido órdenes y
dictámenes que establecen obligaciones para los Estados firmantes del
Estatuto de Roma -todas las naciones de la UE lo son- e integrantes de
Naciones Unidas.

Qué pide a España la relatora de la ONU

La relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, publicó ayer un mensaje
en sus redes sociales en el que solicitaba al Congreso español “votar
sí” a la proposición de ley que ahora comienza su andadura.

En declaraciones a elDiario.es este martes, Albanese destaca que
prohibir las importaciones, los tránsitos y las exportaciones de
armamento a Israel “es precisamente lo que exige el cumplimiento del
derecho internacional, incluida la Convención sobre el Genocidio y la
jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia”.

Francesca Albanese lamenta que durante diecinueve meses Europa
no haya adoptado ninguna medida para suspender sus relaciones
preferenciales y alianzas con Israel, y señala que “varios gobiernos” no
solo “son cómplices de los crímenes de Israel, sino que han llegado
incluso a restringir las libertades fundamentales de sus propios
ciudadanos” para “proteger a Israel de la rendición de cuentas”.

La relatora también denuncia “la corrupción moral y cobardía que
Europa ha demostrado”. Ante ello, respondiendo a preguntas de este
medio sobre la propuesta para un embargo integral de armas, destaca el
empuje del “pueblo español” y el papel que España puede desempeñar para
“marcar una diferencia histórica”, como “un faro de esperanza” para
“garantizar la rendición de cuentas que contribuya a detener el
genocidio” y para “desmantelar la jaula de titanio de la ocupación
permanente de Israel”.

Corte Internacional de Justicia de La Haya, máximo tribunal de la ONU

El dictamen de la Corte de La Haya

La Corte Internacional de Justicia, en su dictamen del pasado mes de julio, solicita a los países medidas “para impedir las relaciones comerciales o de inversión que contribuyan al mantenimiento de la situación ilegal creada por Israel en el Territorio Palestino Ocupado”.

Esto significa tener que evitar las relaciones armamentísticas
que a día de hoy los países europeos -incluido España- siguen mantiendo
con Israel. Pero también supone la obligación de suspender las
transacciones de todo tipo -no solo armamentísticas- con entidades o
empresas que contribuyen a la ocupación ilegal israelí o hacen negocio
en los Territorios Ocupados Palestinos, lo que incluye al Estado de
Israel, máximo impulsor de esta ocupación ilegal.

Al hilo de este dictamen, la Asamblea General de la ONU aprobó en septiembre una resolución de condena
a la ocupación ilegal israelí y con la misma petición de la Corte de La
Haya, para suspender “comercio e inversiones” que puedan contribuir a
la ocupación de los territorios palestinos. Ciento veinticuatro naciones
votaron a favor, entre ellas España, pero a día de hoy el Gobierno
español mantiene relaciones comerciales y armamentísticas con empresas
israelíes.

Tras la aprobación de esa resolución, España siguió formalizando o adjudicando contratos a empresas armamentísticas israelíes,
al menos hasta abril de este año, como adelantó este diario. También
realizó una pequeña exportación, en enero de 2025, y varias..

Lo acabamos de ver en Francia. La Asamblea Nacional ha dado un paso hacia el retorno de los neonicotinoides, esos plaguicidas cuyo impacto devastador sobre las abejas y los ecosistemas está sobradamente documentado. Pese a estar prohibidos por la Comisión Europea desde 2018, el pasado viernes 17 de mayo de 2025, la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional francesa aprobó el proyecto de ley conocido como «Ley Duplomb», que contempla la reintroducción excepcional de acetamiprid, un insecticida prohibido en Francia desde 2018 por su impacto negativo en los polinizadores, especialmente las abejas. Con 26 votos a favor y 13 en contra, el texto avanza hacia su debate en el pleno de la cámara, que tendrá lugar el próximo 26 de mayo.

Su vuelta se justifica con el argumento de que “no hay alternativas
viables” para ciertos cultivos. Y así, lo excepcional se convierte en
norma, y lo prohibido, en práctica habitual.

Se trata de un paso más en la ofensiva llevada a cabo desde las
pasadas protestas impulsadas por las mayores patronales agrarias
francesas en el 2024, que también tuvo su impacto en las protestas
agrarias en España, que, con la excusa de reivindicar mejoras para el
campo, lo que realmente estaba en su agenda era cargarse el pacto verde y
las medidas medioambientales aprobadas por la UE. Ya echaron abajo el
reglamento de reducción de uso de pesticidas, y ahora ya directamente a
reivindicar el uso de tóxicos.

Este no es un caso aislado. Es el síntoma de un sistema roto. En la
UE, los Estados miembros pueden autorizar de forma “excepcional” el uso
de productos prohibidos, si justifican que no existen alternativas
comerciales. Pero lo que debería ser una herramienta limitada y rigurosa
se ha convertido en una puerta giratoria que permite seguir usando
sustancias tóxicas bajo el paraguas de la legalidad. Lo llaman
“flexibilidad regulatoria”. En realidad, es impunidad química.

La normativa concede autorizaciones excepcionales de 120 días para el
uso de sustancias altamente tóxicas. Solamente el 2024, el Estado
español ha concedido 39 autorizaciones excepcionales.

El problema no es solo jurídico. Es político y estructural. La visión
sobre el futuro de la PAC lo deja claro: no se deberían prohibir
fitosanitarios si no hay alternativas rentables. ¿Rentables para quién?
¿Para la gran distribución que impone precios de ruina a los
agricultores? ¿Para las empresas que monopolizan las semillas, los insumos y los agrotóxicos? ¿O para un modelo agrario que ha externalizado todos sus costes sobre la salud y el planeta?

Porque alternativas hay. Pero implican cambiar de modelo. No se trata
de sustituir un pesticida por otro menos dañino (que ya es decir), sino
de romper con la lógica de la agricultura química, intensiva y
dependiente. Y eso significa apoyar la transición agroecológica: otra
manera de cultivar, de producir y de comer, que no contamina, no
envenena y no destruye la biodiversidad.

Desde Justicia Alimentaria
llevamos años denunciando cómo se ha construido una estrategia de
fabricación de la duda que recuerda peligrosamente a lo que hizo la
industria del tabaco. Las grandes empresas químicas financian estudios,
presionan a los gobiernos y promueven campañas para sembrar confusión
sobre los riesgos de sus productos. Mientras tanto, millones de personas
se exponen cada día a residuos de plaguicidas en su dieta, como
demuestra el informe Buena Suerte.

Y lo peor es que el sistema europeo de evaluación de riesgos no es
neutral. Depende de estudios presentados por las propias empresas, a
menudo ocultando o maquillando resultados negativos. Cuando se prohibió
el glifosato en Francia, se presentó una demanda millonaria contra el
Estado. Así se gobierna hoy la agricultura: entre lobbies, amenazas
judiciales y complicidades institucionales.

Europa necesita con urgencia una legislación que defienda de verdad
la salud pública, la biodiversidad y la soberanía alimentaria. No
podemos seguir permitiendo que se nos diga que “no hay alternativa”
mientras se bloquean las ayudas a la agroecología y se fomenta un modelo
insostenible desde la PAC.

El principio de precaución no puede ser un eslogan vacío. Debe
convertirse en el eje de toda la política agraria y alimentaria. Y para
ello, hay que escuchar a la ciencia independiente, a los movimientos
campesinos, a quienes cultivan sin veneno y a quienes exigen el derecho a
una alimentación sana.

La puerta de los pesticidas nunca debió abrirse.

Fuente: https://www.nuevatribuna.es/articulo/sostenibilidad/francia-abre-puerta-pesticidas-toxicos-prohibidos/20250521182406238540.html