Colegio de Arquitectos de Chile rechaza desalojos violentos en campamentosDeclaración Pública

Frente a las amenazas y ejecuciones de desalojos forzosos de campamentos, que se repiten a lo largo del país, el Colegio de Arquitectos de Chile expresa su rechazo al uso de la violencia y reafirma su compromiso con el derecho de toda persona a vivir en un lugar seguro, en paz y con dignidad.

En primer lugar, invitamos a la ciudadanía a velar por el cumplimiento de los estándares de derechos humanos que Chile ha suscrito en tratados internacionales y que constituyen una obligación del Estado, también en materia de desalojos forzosos. Estos tratados priorizan la negociación entre todas las partes involucradas, es decir, tanto las comunidades vulneradas en sus derechos sociales como los propietarios afectados.

Reconocemos la complejidad y gravedad de la emergencia habitacional en el país. En este sentido, hacemos un llamado al diálogo entre colegas y otros gremios para continuar promoviendo nuestra responsabilidad en la mejora de la calidad de vida en nuestras ciudades y territorios.

Respetamos y defendemos el pleno ejercicio de nuestros valores constitucionales, incluyendo los derechos sociales de quienes no logran acceder a la vivienda y el derecho de propiedad de quienes se ven afectados en sus intereses. Sin embargo, somos conscientes de que ni el mercado ni el Estado, a través del subsidio habitacional, han sido capaces de responder a la urgente necesidad habitacional de la población más vulnerable.

Como profesionales de la arquitectura, expresamos nuestra disposición para colaborar con el Estado en el diseño de políticas sociales orientadas a solucionar el grave déficit habitacional que empuja a cientos de familias a la ocupación de terrenos. Abogamos por el fin de los desalojos sin alternativas habitacionales y por la promoción del diálogo como vía para la construcción de soluciones. Creemos en la interacción entre el Estado, las comunidades y los privados en la producción y gestión del hábitat, con el objetivo de garantizar una vida digna en los barrios, especialmente para las mujeres y las personas migrantes, evitando que nadie quede en situación de calle.

Colegio de Arquitectos de Chile A.G.

Comité de Hábitat y Vivienda

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Gobierno valora aprobación de diputadas y diputados del proyecto que crea Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados
La Sala de la corporación despachó la iniciativa al Senado, a su segundo trámite legislativo.

Luego de siete meses de tramitación, y con un trabajo transversal de los distintos sectores políticos, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por 104 votos a favor el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, debate en el que participaron diversas organizaciones de personas cuidadoras.

La iniciativa reconoce el derecho a recibir cuidados, a cuidar y al autocuidado de todas las personas, creando el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, que busca promover la autonomía y prevenir la dependencia, además de dar más dignidad a quienes requieren cuidados y sus cuidadores y cuidadoras. Este proyecto avanza en la corresponsabilidad social de los cuidados, involucrando formalmente al Estado en las labores que realizan principalmente mujeres, con infraestructura y servicios; y también a los privados y la comunidad.

La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, enfatizó que “estamos muy contentos y contentas en este momento. En Chile tenemos un sistema de protección social donde la salud, la educación y la previsión social son tres pilares bien consolidados y con esto estamos avanzando a que los cuidados sean un cuarto pilar transversal de la protección social. Lamentamos que no estuvieran todos los votos, pero tuvimos un apoyo muy mayoritario y transversal de este proyecto que pasa al Senado. Quiero agradecer a las organizaciones de cuidadoras que nos han acompañado en todas las comisiones, mostrando también que este no es un proyecto que se hace en el Congreso a puertas cerradas, sino que ha incluido a la sociedad y también a todos los diputados y diputadas que nos han acompañado, en especial de la Comisión de Desarrollo Social y hoy día en la Sala. Esperamos que en el Senado tengamos también una aprobación tan transversal como la que hoy día vimos en la Cámara”, señaló.

Mientras, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, celebró que una mayoría se expresó “independiente del sector político para que tengamos una política de Estado que apoya a quienes cuidan” y agradeció “a las 1.500 personas que participaron en los diálogos en las 16 regiones del país, así como a las organizaciones de cuidadores de personas mayores y con discapacidad que impulsaron esta discusión. Gracias a su trabajo,hoy logramos un respaldo mayoritario para avanzar hacia una Ley que cree formalmente el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados pensado para quienes cuidan, como también para quienes necesitan cuidado, ya sea en el hogar, en los centros comunitarios o a través de diversas iniciativas”.

Romina Fuentealba, de Yo Cuido, resaltó que “hoy es un día súper relevante para nosotras, las personas que cuidamos, y para nuestras familias. Hoy se sientan las bases de un proceso que sabemos va a ser largo, pero es un cambio en la vida de miles de personas que han esperado por años, y estamos muy contentas, estamos felices de que las políticas se hagan con perspectiva y con enfoque de género, porque cambian totalmente la vida de las mujeres de nuestro país. Esperamos con mucha esperanza que se pueda votar con celeridad en el Senado y que sea un buen vivir para todas y todos los chilenos”.

Paola Reyes, de K-uidadores de la Familia CAM, afirmó que “han sido muchos años donde las mujeres hemos estado invisibilizadas y creo que Chile cambió. Las mujeres cambiamos, ahora miramos la vida desde otra perspectiva y el cuidado que era invisible, ahora es visible. Esto es un hito histórico. Creemos que este es el comienzo de lo que viene y esperamos que los señores parlamentarios puedan mirar esto como una necesidad social, no un debate político como ha sido hasta ahora. Gracias por permitirnos ser parte de los cambios en nuestro país y creo que cada mujer y hombre que hoy día cuida se siente orgulloso de ser chileno”.

En la votación estuvieron presentes las subsecretarias de Servicios Sociales, Francisca Gallegos, y de Evaluación Social, Paula Poblete, quienes han impulsado la inscripción de las personas cuidadoras en el Registro Social de Hogares, la implementación de los dispositivos de cuidados en el país y la incorporación de los privados a la Red.

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Grupo transversal de diputadas y diputados oficialistas anuncian solicitud de remoción de fiscal CooperRepresentantes del PC, FRVS, AH, PS, PPD y el FA firmaron la solicitud de remoción ante la Corte Suprema sosteniendo que existen méritos suficientes para su salida tras las filtraciones a los medios de comunicación, indicando que “socavan los cimientos democráticos”.

La diputada del PC, Carmen Hertz, impulsora de la remoción del fiscal Patricio Cooper ante la Corte Suprema indicó que están los antecedentes para pedir su salida al Máximo Tribunal, documento que se ingresaría a más tardar el lunes 24.

“Este es un escrito que, sin duda, necesita fundamentos de derecho muy sólidos porque se interpone ante un tribunal de derecho. Los elementos fácticos como ustedes ven son dinámicos”, sostuvo la legisladora.

Así, Hertz insistió en que las filtraciones conocidas en los últimos días ponen en duda la idoneidad de Cooper, afirmando que “nosotros creemos que la actuación del fiscal Cooper y la actuaciones de la Fiscalía Nacional en otros casos, socava sin duda los cimientos democráticos”.

La diputada del PC criticó duramente las declaraciones vertidas por el fiscal a los medios de comunicación:

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Por su parte, el diputado Jaime Naranjo (PS) afirmó que”la situación de filtraciones en la Fiscalía no puede continuar”, dijo señalando que la respuesta del fiscal nacional que le atribuye a un problema estructural, es insuficiente y poco seria, así como también cuestionó la parcialidad de estos actos:

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En tanto, la diputada independiente-PPD, Marta González agregó que “nos parecen gravísimas las filtraciones que han afectado a la diputada Karol Cariola, que lamentablemente se han replicado en distintas causas sin que existan pesquisas de donde se producen y la sanciones correspondientes”.

Por su parte, la diputada Ana María Gazmuri destacó que el fiscal Cooper sale de la investigación apuntando a un actuar desprolijo del funcionario. A su vez, manifestó su cuestionamiento hacia el Fiscal Nacional Ángel Valencia:

https://radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2025/03/gazmuri-cuna-3.mp3
Las diputadas y diputados firmantes son Carmen Hertz y Lorena Pizarro del PC; Ana María Gazmuri de Acción Humanista, Jaime Naranjo y Juan Santana del PS, Marta González del PPD, Gael Yeomans , Javiera Morales y Roberto Celedón por el Frente Amplio y Jaime Mulet de FRVS.

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Consejo para la transparencia alerta: 30% de comunas no tiene Plan de Emergencia y un 80% no tiene Plan de Reducción de Riesgos de Desastres​El Consejo para la Transparencia (CPLT) realizó una fiscalización extraordinaria sobre el acceso a información pública relativa a los instrumentos de gestión de desastres en el país. En ella se detectó una preocupante falta de disponibilidad a estos documentos clave. La fiscalización abarcó al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), las 16 Delegaciones Presidenciales y las 345 municipalidades. Respecto a estas últimas, reveló que, si bien 253 municipalidades cuenta con un Plan de Emergencia Comunal (73% del total), solo 99 de éstos han sido aprobados en los últimos 3 años y, de ellos, un 39% no está disponible en sus plataformas de transparencia activa, dificultando el acceso de la ciudadanía a información crucial en situaciones de catástrofe.

Además, la fiscalización constató que solo el 20% de las comunas del país posee un Plan de Reducción de Riesgos de Desastres aprobado, evidenciando un cumplimiento insuficiente con la normativa vigente, que busca prevenir y mitigar los efectos de emergencias naturales antes de que ocurran.

El informe también reveló que, en algunas regiones, como Ñuble y Aysén, menos del 50% de los municipios cuentan con un Plan de Emergencia, mientras que en otras como Arica y Atacama, la totalidad de los municipios poseen este instrumento. Asimismo, en cinco regiones del país, ninguna comuna ha implementado un Plan Comunal de Reducción de Riesgos de Desastres, lo que representa una grave carencia en la planificación preventiva. En total, el 25% de las municipalidades no poseen ninguno de los dos instrumentos de gestión de desastres, mientras que solo 19% de los municipios cumple con ambas obligaciones.

A nivel regional, el panorama de las Delegaciones Presidenciales es distinto; si bien todas cuentan con Planes de Emergencia y Planes de Reducción de Riesgos de Desastres, solo la mitad de los primeros y dos de los segundos han sido actualizados en los últimos tres años.

En general, las principales falencias detectadas en el informe incluyen:

Falta de actualización: Solo el 50% de las Delegaciones Presidenciales Regionales han actualizado sus Planes de Emergencia en los últimos tres años y un 12,5% sus Planes de Reducción de Riesgos de Desastres.

Falta de publicidad: Un 39% de los municipios con Planes de Emergencia aprobados en los últimos 3 años no los han publicado en transparencia activa, esto es en sus plataformas digitales.

Planes incompletos: Del 61% de los municipios con Planes de Emergencia aprobados en los últimos 3 años, cerca de un 40% los ha publicado de manera deficiente, ya sea omitiendo el acto administrativo de aprobación o el plan mismo.

Baja implementación de planes preventivos: Solo el 20% de las comunas cuenta con un Plan de Reducción de Riesgos de Desastres aprobado, y cinco regiones no tienen ninguna comuna con este tipo de instrumento.

En este contexto, Bernardo Navarrete, presidente del Consejo para la Transparencia, enfatizó la urgencia de mejorar el acceso a esta información: “La falta de transparencia en la publicación de estos instrumentos no solo representa un incumplimiento normativo, sino que pone en riesgo la seguridad y preparación de las comunidades frente a desastres. La ciudadanía tiene derecho a conocer los planes de acción y prevención ante emergencias que existen en su territorio. Nuestro llamado es a que los organismos responsables cumplan con su deber de hacer accesible esta información de manera clara y oportuna.”

El Consejo para la Transparencia reitera su compromiso con la supervisión del acceso a la información pública y continuará realizando fiscalizaciones en esta materia para garantizar que los ciudadanos puedan acceder a documentos esenciales para la protección y prevención ante desastres naturales.

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