El Mercurio, Canal 13, La Tercera, TVN y Mega: los medios favoritos del gobierno para reclutar periodistas

Un equipo de INTERFERENCIA revisó, a través del Portal de Transparencia, la planilla de funcionarios de 18 ministerios y de la Presidencia que se desempeñaron en 2020, extrayendo de ella la lista de periodistas de profesión que alguna vez habían trabajado en medios de comunicación. 

Suman 67 periodistas, algunos de los cuales han trabajado en más de un medio, como Christian Rendic, quien fue director de la Secom -tal vez el cargo periodístico más alto de La Moneda- y alto editor de Canal 13 La Tercera

Al revisar sus currículums y cruzarlos con los medios establecidos en los que trabajaron, se obtuvo que 15 de ellos han trabajado en El Mercurio, 14 en Canal 13 (ya sea en el área de prensa o en T13.cl), 13 en La Tercera, 11 en TVN, 10 en Mega, 7 en el Diario Financiero, 6 en CNN, 5 en El Líbero4 en Radio Bío Bío, por mencionar aquellos medios en que más se repiten periodistas que cruzaron la línea. 

Según información publicada en sus redes sociales, de los 67 periodistas -quienes ganan casi $ 3 millones y medio de pesos mensuales, en promedio- nueve de ellos ya no trabajan en lo registrado hasta noviembre de 2020 en el Portal de Transparencia. De estos nueve, cinco cumplen labores como periodistas en otras carteras, una trabaja en una agencia de comunicaciones y tres volvieron a los medios de comunicación.

En estos tres casos están Phillip Durán, quien fue jefe de prensa del Ministerio de Obras Públicas y hoy editor en Canal 13; Cristián Steffens, editor del Departamento de Prensa de TVN, quien hasta 2019 trabajó en el Ministerio de Educación, y Flavia Cordella, quien también se incorporó a TVN, habiendo estado hasta octubre de 2020 en el Ministerio del Trabajo.

Algunos profesionales han participado en ambos gobiernos de Piñera. Es el caso del periodista Juan Pablo Cañas Montt, actual asesor de la primera dama, Cecilia Morel, con un salario brutos de $4.050.930. Entre 2010 y 2014 trabajó como periodista del Ministerio del Trabajo. Tras su salida del Estado, trabajó como editor de prensa en La Red y en Canal 13.

También es el caso de Macarena Fernández Ureta, quien trabajó en Presidencia en 2013 y que entre 2014 y 2018 reporteó para el medio El Definido, enfocada en “Notas diarias, entrevistas en profundidad a líderes sociales y agentes de cambio nacionales e internacionales, análisis e investigación de temas país y mundiales de forma constante, notas de emprendimiento y soluciones sociales”, según define en su Linkedin. En abril de 2018, Fernández volvió a trabajar para el gobierno de Piñera, esta vez en su segundo periodo, pero en la Secretaría General de Gobierno, por un sueldo mensual de $ 3,3 millones de pesos.

La mayoría de los periodistas indagados entraron a trabajar a ministerios relacionados con sus coberturas periodísticas. Es el caso de Juan Nicolás Gamboa, del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien era corresponsal de medios españoles en Chile y quien colaboró en El Mercurio La Segunda.

También es el caso de Camila Miranda Krauss, quien fue editora de Economía y Negocios de El Mercurio y quien coordina el área de Comunicaciones del Ministerio de Hacienda; y de Consuelo Cifuentes Silva, quien fue editora de El Mercurio de la sección Política los fines de semana, y que ahora trabaja Ministerio Secretaría General de Gobierno.

La lista de 67 periodista, y los medios de comunicación y reparticiones del Ejecutivo donde trabajaron, está en el archivo descargable, al final de este reportaje.

Periodistas y poder

Ya desde hace unos años y más aún desde el estallido social, la atención de los ciudadanos ha puesto el foco en los medios de comunicación. Casi todas las semanas es tendencia en redes sociales la cobertura de algún medio de comunicación sobre algún tema y los vínculos con poderes públicos y privados de los medios chilenos. 

Para la ciudadanía, la reunión entre los editores de canales de televisión y el gobierno en La Moneda, pocos días después del estallido social, no hizo más que acrecentar las dudas en torno a la cobertura de los canales de televisión y diarios nacionales ante vulneraciones a los derechos humanos y las masivas manifestaciones en todo el país.

Con ello, resurge el debate sobre los conflictos de intereses de los periodistas, ya sea trabajando en medios o como asesores comunicacionales y/o estratégicos.

A pesar de que en las salas de redacción de diarios, web y televisión temas como el recibir regalos de fuentes tiene sanciones, hay otros conflictos de intereses que se relacionan con parentesco, con conocimiento y la misma red de contactos de los comunicadores.

Uno de esos potenciales conflictos de intereses que han identificado estudios estadounidenses, es el vínculo que tiene un periodista de un medio, con el tema que cubre. Por ejemplo, un periodista que reportea temas políticos y es militante de algún partido u organización, o un periodista que reportea sobre un municipio, habiendo sido empleado del alcalde.

Aunque no hay una respuesta simple a las preguntas éticas de estos casos, hay consenso entre editores, reporteros y estudiosos del tema, de que se trata de un tema peliagudo. 

“Para la mayoría de los periodistas, es poco probable que esté totalmente libre de obligaciones. Los periodistas son personas reales que viven en familias, votan y animan al equipo local. Sus conflictos no monetarios de interés -aquellos que no involucran obsequios, favores o servicios de fuentes- son abordados por códigos de ética solo en declaraciones amplias sobre las lealtades y obligaciones de los periodistas”, plantea en un estudio de 1986 la académica Katherine C. MacAdams.

Para MacAdams, un conflicto de intereses no monetario es la relación de periodistas con antiguos empleadores, cuando éste había trabajado en el estado o con políticos. 

En contexto en que se da este conflicto de intereses también es relevante: la crisis de los medios de comunicación, despidos masivos en medios tradicionales y bajos salarios. 

“También puede ser más complejo para aquellos periodistas que reportean que para los que tienen cargo en el gobierno. Tampoco es lo mismo para alguien que fue o es editor que para un reportero. Es distinto cuando una persona tiene responsabilidades editoriales y cuando no”, comenta sobre el tema la académica de la Universidad de Chile, Claudia Lagos, quien también es editora de la revista Comunicación y Medios.

“Hasta que yo recuerde no hay estándares o códigos éticos que impidan o establezcan normas que se refieran a esto. Hay más referencias a menciones comerciales, códigos sobre periodistas en campañas comerciales”, agrega Lagos.

El tema parece ser tratado históricamente por los periodistas caso a caso, o conversando cuando se da el conflicto entre los editores y sus reporteros. “Los códigos de ética publicados para periodistas definen el ‘conflicto de intereses’ de manera bastante restringida. Los reporteros, editores y editores enfrentan muchos tipos de conflictos de intereses diariamente al tomar decisiones profesionales, pero el único tipo de conflicto de intereses abordado en la mayoría de los códigos publicados o discutido en los libros tiene que ver con el dinero”, planteaba en su estudio MacAdams.

La estadounidense Caroline Fisher, incluso, en un estudio de 2016 sobre la «silla musical” de periodistas pasando de redacciones a cargos públicos y volviendo después a los medios, recomienda que los periodistas debiesen evitar cubrir los temas relacionados con sus trabajos en el Estado por un tiempo. 

“Basado en las reflexiones de estos practicantes y la posibilidad muy real de que se confronten con conflictos de intereses potenciales y reales una vez que hicieron la carrera transición del asesoramiento político a la creación de artículos, este documento sostiene que se debiese implementar un período uniforme de ‘reflexión’, como es habitual en los países de la OCDE cuando las personas se mueven entre el empleo del sector público y el privado. Es posible que la estrategia de ‘enfriamiento no garantice una ‘limpieza’ completa de todos los asesores políticos que hacen la transición al periodismo, pero proporcionaría un conjunto predecible de directrices para garantizar que se evitaran los riesgos inmediatos de conflicto de intereses”, concluye Fisher.

Para Claudia Lagos, el conflicto de intereses del caso chileno debiese analizarse desde las coberturas que esos periodistas hicieron o hacen en sus labores en los medios. Sin embargo, la académica dice que también se puede indagar en las escuelas de periodismo y colegios en común de los periodistas en cuestión, pues eso puede explicar mejor la relación que tienen las elites con los medios y el gobierno.

Para la académica, es importante tener en cuenta que el periodista lleva consigo su red de contactos y fuentes al lugar de trabajo, lo que puede ser útil en el caso de que entre de un medio al gobierno, pero lo que eventualmente debe ser observado por sus editores en caso de volver a los medios.

Este punto está en una zona gris en la ética del periodismo, pero actualmente es observado con suspicacia por el público, cada vez más desconfiado de los medios y sus líneas editoriales.

En muchos casos, como en NewsweekEl Comercio de Perú o The Washington Post, es una situación que es evaluada por los editores del medio caso a caso, o simplemente se evita contratar profesionales ligados o que trabajaron en el sector público.


Fuente: «Interferencia.cl»
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